2019 es recordado por los venezolanos por el trauma de dos apagones nacionales que dejaron a oscuras el país durante días consecutivos y que demostraron la fragilidad de un sistema eléctrico que sucumbía ante la desinversión.
Mientras Venezuela vivía a oscuras por el colapso eléctrico, la oposición -que había logrado la mayoría legislativa en 2015 tras 17 años de control oficialista e instaurado el interinato de Juan Guaidó- enfrentaba otra crisis.
En paralelo a los intentos opositores de procurar la nueva celebración de elecciones libres, se desarrollaba una sofisticada trama de corrupción política y soborno. El preludio de la denominada “Operación Alacrán” fue la captación de diputados que llegaron a sus curules con el respaldo de partidos adversos al régimen -como Luis Parra, José Brito, Conrado Pérez y José Gregorio- Noriega para emitir cartas a favor de la empresa Salva Foods 2015 –compañía responsable de los CLAP vinculada a Alex Saab- en Colombia y Europa.
En noviembre de 2019, la oposición alertó que estaban intentando sobornar a diputados para impedir la reelección de Juan Guaidó como presidente de dicho Parlamento, y quien para entonces también era reconocido como “presidente interino” de Venezuela por más de 50 gobiernos. Una investigación posterior de la AN determinó que los sobornos alcanzaron entre 50 y 60 millones de euros.
La oposición identificó como presunto líder de la “Operación Alacrán” al exdiputado y exgobernador David de Lima Salas y denunciaron que el dinero provino de las redes de “corrupción y lavado de dinero” de Tareck El Aissami y de Alex Saab.
La consecuencia directa de la “Operación Alacrán” fue la existencia de dos directivas de la AN. Pero también abrió la puerta para que el TSJ judicializara a los principales partidos opositores y para que sus directivas pasaran a manos de los diputados “comprados”, con lo que el gobierno consolidó una “oposición” a su medida.
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