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Acción Solidaria registró 1.436 casos de vulneración del derecho a la salud durante 2020
Los grupos en mayor situación de vulnerabilidad en medio de la emergencia humanitaria compleja son las mujeres y niños, niñas y adolescentes

Este miércoles 25 de agosto, la Unidad de Exigibilidad de Derechos Humanos de Acción Solidaria presentó su informe Salud en emergencia: El caso de Venezuela, que es el resultado de un monitoreo que se hizo entre enero y diciembre de 2020 y en el que sedocumentaron 1.436 casos relacionados a violaciones al derecho a la salud en 109 centros médicos públicos, ubicados en 22 de los 24 estados del país. 

Natasha Saturno, abogada y coordinadora de la unidad, explicó que la información se recolectó a través de 21 portales web de medios nacionales e internacionales y 27 de organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de identificar patrones con respecto a la falta de garantía del derecho humano a la salud, el deterioro de los centros del sistema público, las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad y el riesgo que enfrenta el personal médico, en medio de la Emergencia Humanitaria Compleja que atraviesa Venezuela.

Los factores evaluados por el equipo para este estudio fueron  los que componen los estándares universales del derecho humano a la salud: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. Saturno insistió en que el informe no pretende ser un estudio estadístico, más bien un registro que fije un precedente acerca de la desatención del Estado y la afectación de la pandemia por COVID-19 sobre las familias más vulnerables.

Juan Manuel Rodrigues, abogado y miembro de la unidad, precisó que de 1.436 casos registrados, 21% fue en centros asistenciales del sistema sanitario público. Además, explicó que de los 109 centros de salud monitoreados, 8 pertenecen a la Misión Barrio Adentro, 9 son ambulatorios, 7 son especializados en diálisis y 85 son hospitales de diversos tipos. 70% de los casos tienen que ver, directamente, con la disponibilidad.

Saturno aseguró, que este monitoreo permitió identificar que los grupos en mayor situación de vulnerabilidad en medio de la Emergencia Humanitaria Compleja son las mujeres y niños, niñas y adolescentes. Además, evidenció que la pandemia por el SARS-COV-2 incrementó los riesgos que ya sufría un grupo invisibilizado: el personal de salud.

Entre las conclusiones, la Unidad de Exigibilidad de Derechos Humanos especificó que las violaciones del derecho a la salud por parte del Estado venezolano son sistemáticas y la emergencia global ha agudizado y evidenciado el deterioro del sistema sanitario público.

Crisis hospitalaria: el agua es un recurso inexistente
70,9% de los centros de salud del país se ven afectados por la crisis del servicio 

Universalmente se le reconoce al agua la cualidad de derecho humano, por lo que su acceso debe ser común para todas las personas con independencia de su género, clase social o preferencia política. Este derecho no se limita a únicamente a contar con agua, sino que se trata de un derecho multifactorial que incluye, entre otros elementos, el derecho de las personas a este recurso; la responsabilidad de los poderes públicos de garantizarlo; el servicio de acceso a todas las personas; y el ámbito de aplicación de los Estados.

En Venezuela, tal como ocurre con otros servicios públicos, el agua presenta diversas fallas en todo el país. El Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP), en un monitoreo reciente a 12 urbes del país, registró un descontento generalizado del 61% de los encuestados que calificaron negativamente la calidad del servicio de agua potable que reciben en sus hogares; de estos, un 71,9% lo hizo debido a la inconstancia en la recepción del recurso.

Asimismo, la muestra de 12 ciudades respecto a la frecuencia con la que se percibe el agua potable en nuestro país arrojó que 9,4% recibe el agua tan sólo una vez a la semana y 8,4% no recibe agua de ninguna forma. Ante esta perspectiva tan difícil de afrontar en los hogares del país resultaría importante conocer cómo afectan estas fallas a los centros de salud venezolanos, que ya enfrentan otras vulnerabilidades propias de una crisis hospitalaria como la falta de insumos, equipos inoperantes, bajos salarios y déficit de especialistas.

¿Qué pasa en los hospitales y centros de salud pública?

Según datos de Monitor Salud, 70,9% de los centros de salud del país se ven afectados por la crisis de servicio de agua potable. La situación se agudiza en el interior del país: en 12 de 16 hospitales del oriente no llega el recurso a la totalidad de las áreas, mientras que en occidente solo en 7 de 20 centros de salud el servicio de agua potable cubre todas las áreas del centro. 

Esta situación ha llevado a quienes laboran en estos hospitales a buscar alternativas tanto para ellos como para las personas que acuden buscando asistencia médica. En 13 de 20 centros de salud del occidente cuando no se obtiene agua a través de las tuberías el servicio es suministrado a través camiones cisternas. En el resto, el servicio llega a través de pozos.

Sin embargo, no es una opción para todos los hospitales que constantemente reportan fallas o racionamiento de este servicio. En uno de los principales centros de salud de la capital, el Hospital Vargas, almacenan agua en envases (algunos de una capacidad menor a 2 litros) para mantener en funcionamiento sus baños cuando no llega el agua a través de las tuberías.

En Zulia, uno de los estados más afectados por las fallas en los servicios públicos, la crisis hospitalaria ha alcanzado niveles particularmente preocupantes. En los principales centros de Maracaibo, el Hospital de Chiquinquirá y el Hospital Universitario de Maracaibo, la falta de agua y las fallas eléctricas afectan en gran medida su funcionamiento.

El tener que enfrentar la pandemia por el virus del SARS-CoV-2 sin contar con agua ha llevado al primer centro centinela del Zulia, el Hospital Universitario de Maracaibo, a solicitar para la atención de personas con la infección por SARS-CoV-2, el agua, tan necesaria para que el personal de salud pueda cumplir con las medidas mínimas para evitar el contagio.

El médico infectólogo Julio Castro, que coordina la Encuesta Nacional de Hospitales (ENH) desde el año 2015, se ha referido a cómo esta ausencia de agua en los centros de salud es un indicador inequívoco de la persistencia de la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC)que atraviesa Venezuela: “60% (de los centros de salud) todavía hoy, después de cinco años, tiene agua intermitente dos veces a la semana o no tiene agua”.

Las personas con condiciones renales son las más afectadas

Las fallas en el servicio de agua en los centros de diálisis del país solo suponen una cosa: la paralización de las jornadas de diálisis; ya sea por la reducción de horas y turnos para distribuir el agua disponible o por la suspensión definitiva de los tratamientos hasta que sea reintegrado el servicio. 

Algunos de estos centros han optado por buscar alternativas para aminorar los efectos que producen las fallas del servicio y contratan camiones cisternas, ello tampoco garantiza el acceso al tratamiento. Muchas veces, son los mismos usuarios quienes buscan reunir el dinero necesario para la contratación de cisternas; como sucedió en Centro Nefrológico del Zulia (Nefrozulia) donde quienes no pudieron dializarse (segundo y tercer turno) reunieron 40 dólares por 10.000 litros de agua teniendo que elegir entre adquirir alimentos o pagar el agua para sus tratamientos.

Esta incertidumbre sobre cuándo podrán dializarse las personas con condiciones renales, ha generado protestas exigiendo el cumplimiento de sus derechos humanos. Quienes requieren diálisis no tienen más opción que esperar el envío de camiones cisterna o que se restablezca el servicio: “Aquí todo depende del agua. Si hay, nos dan tres horas de tratamiento; si no, solo dos, para que rinda para todos”. 

La situación de las personas con condiciones nefrológicas es tan delicada que en una oportunidad un grupo de afectados de la unidad de diálisis ubicada en el Centro Comercial El Sol (Maracaibo) cerró la avenida Sabaneta, Allí, los funcionarios de la Guardia Nacional pararon a camiones cisternas para quitarles el agua y surtir al centro de salud. “Primero agarraron un camión, pero el agua era salada y no servía; después, agarraron otro y esa sí sirvió. El punto es que esto no debe de pasar (…)”, sentenció el familiar de una mujer que requería dializarse.

Lamentablemente, esta inconstancia en el acceso al tratamiento por las fallas en el servicio de agua potable ha causado complicaciones en las personas con condiciones renales e inclusive el fallecimiento de algunos ante la paralización por más de 24 horas de las unidades de diálisis. 

Baños de hospitales: focos de infecciones y bacterias

Según el informe Global progress report on WASH in health care facilities: fundamentals first de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF, en los centros de atención de salud resulta esencial el cumplimiento de los requisitos mínimos en materia de agua, saneamiento e higiene. Los servicios de saneamiento básicos envuelven el acceso a baños o letrinas que garanticen la higiene del espacio sin que implique un riesgo para la salud de quienes los utilizan. 

Usuarios del Centro Cardiológico de Maracay denunciaron en el mes de marzo el colapso del sistema de aguas servidas, vale indicar que esta situación aumenta los riesgos a la salud no solo de quienes asisten en el centro sino también de todo su personal. Mientras que, debido a las aguas negras desbordadas y baños inservibles, quienes se encuentran hospitalizados el Hospital Central de Maturín “se ven obligados a hacer sus necesidades en bolsas”.

Un servicio que debe ser garantizado 

Finalmente, tal como lo indicó el Secretario General de la ONU, António Guterres, el acceso a los servicios de agua, saneamiento e higiene resultan “los requisitos más básicos para prevenir y controlar infecciones y garantizar la calidad de la atención. Son fundamentales para respetar la dignidad y los derechos humanos de cualquier persona que necesite atención médica, y también de los propios trabajadores de la salud”. De allí la importancia de su cumplimiento a todos los venezolanos, teniendo especial énfasis en aquellas poblaciones más vulnerables ante su ausencia, como aquellos que presentan diversas condiciones de salud y personal médico. 

El Estado debe garantizar a sus ciudadanos la disponibilidad y accesibilidad física a estos servicios que constituyen factores determinantes básicos de la salud, como agua limpia potable y condiciones sanitarias adecuadas, desarrollando políticas de salud que aseguren el cumplimiento, distribución y administración de este recurso vital para todos los seres vivos sin distinción.

Codevida propone mecanismos de Cooperación Internacional para atención de la emergencia en salud y nutrición

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Los días 1 y 2 de diciembre organizaciones de la sociedad civil independientes que trabajamos por el derecho a la salud asistimos a República Dominicana, en el marco de las reuniones de negociación política, para presentar mecanismos que pueden contribuir a resolver las apremiantes necesidades en salud y nutrición de más de 4 millones de personas cuya salud y vida están en peligro.

Nuestra propuesta comprende un conjunto de medidas urgentes para salvar vidas y atender de manera inmediata las necesidades de salud y nutrición que afectan a los grupos más vulnerables de la población venezolana, con apoyo de los mecanismos ya existentes que tiene a su disposición el Estado venezolano como parte de organizaciones de cooperación internacional, en condiciones de transparencia, probidad técnica y amplia participación independiente de organizaciones de la sociedad civil y profesionales del área.

Las medidas consisten en la utilización de los fondos de Emergencia, Estratégico y Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS-OMS), los cuales se encuentran en condiciones de proveer medicinas, vacunas e insumos para el tratamiento y diagnóstico de un amplio número de condiciones de salud, transmisibles y no transmisibles. Abarcan igualmente la adquisición de la cantidad necesaria del Botiquín Médico Interinstitucional de Emergencia, que permite atender a 10.000 personas durante 3 meses, y la intermediación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), como vía para la recepción y distribución de insumos nutricionales y terapéuticos dirigido al tratamiento de la Desnutrición Global Aguda, severa o moderada, no contenidos en el Botiquín Médico Interinstitucional de Emergencia.

En tanto estas medidas no pueden estar atadas a los tiempos de negociación política, proponemos la rápida designación de un Grupo de Trabajo interdisciplinario, integrado por funcionarios del Estado venezolano, personas responsables de Agencias del Sistema de las Naciones Unidas, especialistas de las áreas de salud y atención alimentaria y organizaciones de sociedad civil, para su implementación de manera inmediata.

Esta propuesta se enmarca en la responsabilidad del Estado venezolano con hacer uso del máximo de los recursos disponibles para cumplir con su obligación de proteger la vida y la salud de toda la población, incluyendo los que ofrece la cooperación internacional, conforme al derecho internacional de los derechos humanos y tratados suscritos.

Esta responsabilidad es también individual, cuando de manera deliberada no se realizan todos los esfuerzos necesarios por todos los medios disponibles, incluyendo los que corresponden al Estado a través de la cooperación internacional, y como consecuencia de ello existen peligros inminentes de muertes evitables y daños irreparables a la salud.

Los mecanismos que propusimos están sobre la mesa y deben obtener respuesta concreta en 10 días, el 15 de diciembre del presente año. Ese día tendrá lugar la discusión del documento presentado por las Cancillerías que actúan como facilitadoras del proceso de negociación, de buena fe, como ha sido solicitado por la comunidad internacional, incluyendo al Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Seguiremos exigiendo sin descanso que esta propuesta sea implementada, así como otras que puedan contribuir a que cesen las situaciones que ya han causado daños irreparables y pérdidas de vida, así como continuaremos acompañando a las personas que sean víctimas de cualquier retraso en su adopción. Cada día que pasa, es un día más de consecuencias graves para la salud física y mental de la población venezolana.