55,4% de los hogares tiene un ingreso mensual entre 10 y 50 dólares

La Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez) presentó el informe Seguridad Alimentaria en Zulia- Marzo 2021, que comprende los resultados de la cuarta encuesta sobre seguridad alimentaria que realizan en la región.

El estudio abarcó una muestra de 1.200 hogares en los cinco municipios de la región zuliana con mayor población: Maracaibo, San Francisco, Cabimas, Mara y Lagunillas, respectivamente, y fue aplicado durante el mes de marzo.

Este estudio da cuenta de la permanencia de la inseguridad alimentaria en los hogares zulianos, configurada tanto en los diversos obstáculos para la producción, distribución y comercialización de alimentos, como por la adaptación de severas estrategias de sobrevivencia, poca variedad dietética y discontinua frecuencia de consumo, malos hábitos alimenticios, y programas estatales de alimentación ineficientes, lo que en conjunto deriva en graves limitaciones para el acceso y la disponibilidad de alimentos entre los hogares zulianos, intensificadas por la pandemia.

Más hambre, menos sueldo

Tras ser consultadas, 9 de cada 10 personas entrevistadas refirieron tener una percepción negativa de la situación actual de la comunidad donde vive, calificándola de mala o muy mala. Aunado a esto, en general, 55,4% de los hogares tiene un ingreso mensual entre USD 10 y 50, es decir, USD 1,66 diarios como máximo. Mientras que 7 de cada 10 hogares gasta entre menos de USD 5 y 50 en compras mensuales de comida.

Esto es consistente con el hecho de que la crisis económica sea la principal preocupación de los zulianos: 4 de cada 10 hogares expresa su malestar por los problemas asociados a la inflación, falta de dinero en efectivo, desempleo, insuficiencia de ingresos, entre otros.

Esta situación ha forzado a que miles de familias zulianas hayan tenido que adaptar estrategias de sobrevivencia para acceder a los alimentos cuando no tienen suficientes recursos o dinero para adquirirlos, ante lo que Codhez vio necesario determinar el índice de estrategias de sobrevivencia (IES) y el puntaje de consumo de alimentos (PCA).

Indicadores en rojo

En esta encuesta se determinó la calificación IES, un indicador de seguridad alimentaria que mide las prácticas aplicadas por los hogares que no pueden acceder a los alimentos, cuyo resultado es una puntuación numérica: un puntaje alto significa que los hogares adoptaron estrategias con mayor frecuencia y más severas para alimentarse.

En este sentido, el promedio del IES reducido de los hogares en el Zulia es de 31 puntos, con un IES mínimo de 6 puntos y un IES máximo de 56 puntos. Se trata de un rango amplio que remarca las brechas de desigualdad entre los hogares.

El IES en los hogares zulianos con niñas, niños y adolescentes (NNA) es de 34 puntos. En este último supuesto se excede el promedio entre los hogares de la región e implica la adopción de estrategias de sobrevivencia con más frecuencia y gravedad para alimentarse, reflejando los sacrificios que realizan los adultos para que los menores tengan una mejor alimentación.

Codhez también destaca la situación de hogares donde una madre o una abuela está a cargo de la familia (25,7% de la población encuestada), en los que se registra un IES reducido promedio de 32 puntos. Así, esta resulta una población que requiere atención prioritaria, puesto que en estas familias a cuyo cargo se encuentran madres o abuelas, solo 21,75% de las jefas de familia tiene empleo fijo, 9,74% están desempleadas y 54,22% trabajan por su cuenta, mientras que 1,3% están jubiladas, y 12,99% son amas de casa.

Y en referencia específica a los municipios encuestados, Maracaibo sobrepasa el promedio de la región con un IES de 35 puntos, seguido de Cabimas con 31 puntos, Lagunillas con 29 puntos, San Francisco con 28 puntos, y Mara con 24 puntos. Sin embargo, en todos los municipios encuestados se registran brechas considerables entre las puntuaciones mínimas y máximas referidas a los hogares que aplican estrategias de sobrevivencia para alimentarse, por lo que existen hogares que deben afrontar las posibilidades de alimentarse de forma más riesgosa y comprometida.

Dificultades para acceder a una alimentación adecuada

De la encuesta realizada por Codhez en los cinco municipios zulianos más poblados, se desprende que en cuatro de cada 10 hogares zulianos consumieron siete veces a la semana alimentos que menos les gusta o más baratos; mientras que 4 de cada 10, afirmó haber dejado de desayunar, almorzar y cenar entre tres y cuatro veces a la semana; y en cuatro de cada 10, se disminuyó el tamaño de las porciones de la comida siete veces a la semana.

También destaca que 6 de cada 10 hogares declaró haber comido una vez o dejado de comer en todo el día, entre una y cuatro veces a la semana. Pedir alimentos prestados entre una y siete veces a la semana fue una situación reportada en 5 de cada 10 hogares. En menor proporción, 3 de cada 10 hogares comió dependiendo de la ayuda de vecinos, amigos o familiares que viven en el país, en lo que 6 de cada 10 hogares dependió de la ayuda de familiares en el exterior para alimentarse.

Además, 8 de cada 10 hogares durante la semana tuvo que vender o intercambiar bienes personales por o para comprar comida; y 7 de cada 10, trabajó a cambio de alimentos entre una y siete veces a la semana. Sin embargo, el elemento que más afecta a las familias zulianas es el alto precio de los alimentos. En efecto, 8 de cada 10 hogares afirmó que la carestía de los alimentos es el gran obstáculo para su compra.

Poca variedad en la dieta

Codhez también evaluó la diversidad dietética y la frecuencia del consumo de alimentos en los hogares del Zulia, en atención a ocho grupos de alimentos diferentes durante el transcurso de una semana, para determinar el puntaje de consumo de alimentos (PCA). De los 1.200 hogares zulianos encuestados, 93% presenta un PCA aceptable; 7% un PCA limitado; y 1% un PCA pobre.

En este orden, 8 de cada 10 hogares consumió cereales, plátanos y tubérculos entre seis y siete días a la semana; 9 de cada 10, consumió granos entre cuatro y siete días a la semana; 8 de cada 10, consumió vegetales entre dos y cuatro días a la semana; 8 de cada 10, no consumió frutas durante la semana; 8 de cada 10, consumió carnes, huevos, pescado y mariscos entre tres y cinco veces a la semana; 5 de cada 10, consumió lácteos entre dos y tres días a la semana; 10 de cada 10, consumió aceites y grasas durante toda la semana; y 5 de cada 10, no consumió azúcares durante la semana.

En 5 de cada 10 hogares zulianos no se desayuna, y en 3 de cada 10 no se cena. En ambas comidas las combinaciones más comunes son arepa con queso y arepa con huevo. En el almuerzo la mayoría come pasta con verduras, huevos con arroz, y arroz con verduras y granos.

Remesas vs. ayudas gubernamentales

Todo lo anterior escenifica un complicado panorama en el día a día de los zulianos, cuya subsistencia depende en gran medida de las remesas o ayudas económicas de familiares en el exterior. Los municipios con mayor tasa de emigración en el Zulia son Mara (78%) y San Francisco (75%): 8 de cada 10 hogares.

En tal sentido, 97,2% de los hogares donde emigró algún familiar percibe apoyo económico. En específico, del total de hogares del Zulia, la ayuda mensual alcanza a 5 de cada 10 hogares, y 4 de cada 10 hogares percibiría entre USD 11 y 50 cada mes de familiares en el exterior.

En el caso concreto las mujeres que viven en hogares que reciben esta ayuda mensual, 66,3% comen dos veces al día, y 73,4% lo hacen tres veces. También, en 68,9% de los hogares donde NNA comen tres veces al día son apoyados cada mes por familiares en el exterior.

Ahora bien, en cuanto a las ayudas del gobierno nacional, si bien el 96,1% de los hogares afirmó haber recibido dinero por parte del gobierno nacional a través de misiones, pensiones o bonos asociados al carnet de la patria, estas ayudas resultan irrisorias e insuficientes como contribución a la alimentación, dado que las mismas oscilan entre USD 5 o menos.

Índices de inseguridad alimentaria demandan acciones urgentes

Codhez insiste en la necesidad urgente de que el Estado venezolano asuma su responsabilidad como garante de los derechos humanos de los zulianos, con especial énfasis en la garantía de la seguridad alimentaria; por lo que estima imperioso planificar y ejecutar medidas sustentables que permitan el restablecimiento de la seguridad alimentaria en la región como elemento necesario para garantizar el derecho a la alimentación.

La organización de derechos humanos reitera que el Estado venezolano debe asumir su obligación constitucional de asegurar la seguridad alimentaria en la región, con la participación de todos los sectores involucrados, en especial de los expertos en la materia y los productores, distribuidores y comerciantes de alimentos, incentivando el rescate y la optimización de la cadena de producción nacional de alimentos, y atendiendo a las poblaciones más vulnerables, sobre todo mujeres, NNA, personas adultas mayores, y con enfermedades crónicas y discapacidad.

56% de los hogares sobrepasa el umbral de adaptaciones negativas extremas, mientras que 16% presenta inseguridad alimentaria

La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) publicó los resultados del sondeo en línea sobre consumo de alimentos y seguridad alimentaria para estudiar los hábitos alimenticios de los hogares en Lara, Táchira y Zulia.

Al verificar las estrategias que adoptan las familias de Maracaibo para acceder a alimentos, se observa que 88% de los hogares adopta estrategias de sobrevivencia para mantener un consumo básico de alimentos. De este porcentaje, 56% sobrepasa el umbral de adaptaciones negativas extremas, mientras que 16% presenta inseguridad alimentaria, 16% está en riesgo de sufrirla, y 12% estaría en una situación normal.

En otros municipios del Zulia, la situación se agrava: en San Francisco, 83% de hogares adopta estrategias de sobrevivencia para mantener un consumo básico de alimentos, en Lagunillas comprende el 93% de hogares, mientras que, en Mara y Cabimas, las estrategias de sobrevivencia abarcan la totalidad de hogares.

Esta sección del sondeo de Codhez se refiere a la indagación sobre las adaptaciones que las familias experimentan para acceder a los alimentos cuando no tienen suficientes recursos o dinero para adquirirlos, con el objetivo de determinar el índice de estrategias de afrontamiento.

Situación similar en otros estados

En el estudio, se reporta también las estrategias que adoptan las familias de Táchira para acceder a alimentos: 38% sobrepasa el umbral de adaptaciones negativas extremas, mientras que 21% presenta inseguridad alimentaria, 16% estaría en riesgo de padecerla, y 25% en una situación normal.

Mientras, en Lara se evidencia que 44% de los hogares sobrepasa el umbral de adaptaciones negativas extremas, mientras que 19% presenta inseguridad alimentaria, 26% estaría en riesgo de sufrirla, y 11% estaría en una situación normal.

Al contrastar los datos relativos a las estrategias de sobrevivencia con los hábitos de consumo de alimentos, se evidencia que persisten graves dificultades para los hogares venezolanos para alcanzar cierta diversidad en la dieta a pesar de sus sacrificios, que consisten en adoptar cambios en la calidad de la dieta, racionar las comidas, disminuir el número de personas que pueden comer en casa, o realizar alguna adaptación para lograr el acceso a los alimentos.

El reporte, que incluye información sobre la experiencia en los hábitos de consumo en los municipios del Área Metropolitana de Maracaibo (Maracaibo y Mara); de la Costa Oriental del Lago (Lagunillas y Cabimas), el municipio Iribarren, en el estado Lara y el municipio San Cristóbal, en el estado Táchira, también presenta datos sobre la calidad de la dieta alimenticia.

Cereales, plátanos, tubérculos, aceites y grasas son los alimentos más consumidos en el contexto de las comidas diarias. En Maracaibo, por ejemplo, la respuesta predominante fue el consumo de cereales (94%), es decir, de arepa, pasta, pan, arroz, harinas de maíz o trigo, entre otros, y, en segundo lugar, el consumo de aceites/grasas (76%), repitiéndose la tendencia del sondeo realizado en noviembre de 2020.

En San Francisco, 83% de hogares consume alimentos menos preferidos o más baratos

En el municipio San Francisco, estado Zulia, 83% de hogares reportó haber consumido alimentos menos preferidos o más baratos durante la semana, mientras que 19% declaró hacerlo los siete días de la semana. Entre tanto que el 52% de los encuestados indicó haber dejado de desayunar, almorzar o cenar al menos una vez durante la semana, cuando 15% lo hizo a diario.

Comer solo una vez o no comer nada en el día fue una situación presentada en al menos una vez en la semana en 41% de hogares, mientras el 29% señaló que sucedió de una a tres veces por semana. Aunado a esto, San Francisco registró la tasa de diversidad de alimentos más baja entre los hogares de las regiones del occidente del país que respondieron el sondeo.

El sacrificio continúa siendo máximo en los hogares de Lara, Táchira y Zulia

En atención a lo observado, Codhez destaca que los sacrificios que implementan los hogares para acceder a los alimentos se han mantenido tanto intensos como cotidianos; una situación que también se presenta en los hogares de Lara y Táchira, de acuerdo con los resultados obtenidos de los sondeos realizados desde octubre de 2020. En general, los datos evidencian que la inseguridad alimentaria se mantiene como constante.

Esta notoria fragilidad —en un contexto cada vez más precario— de la economía familiar para afrontar los gastos en alimentos, concurre con los de otras necesidades básicas como el agua potable, la gasolina o los servicios de educación y salud.

Ante esto, Codhez resalta que, en las circunstancias actuales, un año después de haberse decretado el estado de alarma por la pandemia de la COVID-19 en todo el país, persiste la inquietante inacción del Estado venezolano ante la inseguridad alimentaria.

“Se ha cometido una serie de arbitrariedades contra organizaciones de la sociedad civil que realizan asistencia humanitaria en el ámbito de la alimentación que, entre otras consecuencias, han supuesto la suspensión de los programas de transferencias monetarias que permitían comprar alimentos a familias en situación de vulnerabilidad”, sostiene la organización en su reporte.

En este sentido, se insiste en que el Estado debe diseñar e implementar un plan estratégico que dé respuesta inmediata y eficiente a la inseguridad alimentaria, y que asegure el derecho a no padecer hambre; y a la par de otro orientado a restablecer la independencia económica de las familias para sostenerse; aplicados con particular atención a las especificidades de las poblaciones más vulnerables.

Codhez reitera su llamado a las instancias de protección de los derechos humanos —en específico, a aquellas dedicadas al derecho a la alimentación— para que examinen la situación de este derecho en Venezuela e intercedan para restituir su pronta garantía.

Maracaibo, San Francisco, La Cañada de Urdaneta y Cabimas presentaron los números más elevados 

La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez), registró para el cierre de 2020 un total de 586 muertes por violencia policial en la región zuliana en hechos que involucran a funcionarios de seguridad del Estado venezolano. 

De acuerdo al Boletín de diciembre 2020 sobre la situación general de los derechos humanos en el Zulia publicado por la organización, para el último semestre de 2020 se registró la muerte de 213 personas, en comparación con las 373 personas asesinadas entre los meses de enero y junio de 2020.

Codhez manifiesta “profunda preocupación ante la violencia desplegada por funcionarios del Estado venezolano, cuyas acciones durante el segundo semestre de 2020 generaron 213 muertes en el Zulia, sin que hayan trascendido mayores detalles sobre las investigaciones que se han debido iniciar”. 

Cuerpos policiales letales 

Las muertes registradas en el segundo semestre de 2020 fueron resultado de 158 hechos violentos en los que participó algún cuerpo de seguridad del Estado. De la totalidad de estos 158 hechos violentos, 155 fueron calificados por las autoridades como enfrentamientos entre los cuerpos policiales y presuntos delincuentes, mientras que el resto ocurrió en otras circunstancias.

En cuanto a la distribución de hechos violentos por municipio, en el boletín de Codhez se destaca que Maracaibo, San Francisco, La Cañada de Urdaneta y Cabimas presentaron los números más elevados de violencia policial. Así, en Maracaibo tuvieron lugar 66 hechos violentos (41,77%), en San Francisco 25 (15,82%), en La Cañada de Urdaneta 16 (10,13%) y en Cabimas 12 (7,59%). Por su parte, tanto en Jesús Enrique Lossada como en Santa Rita ocurrieron 9 hechos durante el segundo semestre de 2020.

En el segundo semestre de 2020, el boletín de Codhez establece que el mayor número de muertes es imputable a cuerpos de seguridad adscritos al gobierno regional: 89 (41,78% de los casos del período julio-diciembre). De forma específica, dos de los cuerpos de seguridad regionales provocaron el mayor número de muertes por violencia policial en el Zulia: el SIPEZ con 42 (19,72%) y el ERE con 30 (14,08%).

Por su parte, los cuerpos de seguridad municipales dieron muerte a 54 personas (25,35%). Entre tanto, los cuerpos de seguridad nacionales ocasionaron la muerte de 53 personas (24,88%). Asimismo, en acciones conjuntas de comisiones mixtas se dio muerte a 17 personas (7,98%). 

Cabe destacar que el CICPC, cuerpo de seguridad nacional, produjo 22 muertes por violencia policial (10,33%), cifra que se suma a las 10 muertes causadas por las FAES (4,69%). Mientras que CPBEZ (7,98%), Polimaracaibo (7,98%) y comisiones mixtas (7,98%) sumaron 17 muertes cada uno. 

Se destaca que, en estos casos, la mayoría calificados como presuntos enfrentamientos por las autoridades, no falleció ningún funcionario de seguridad.

Zulia, una de las regiones más violentas 

Durante los últimos seis meses el Zulia continúa ubicándose entre las regiones con mayores incidentes de hechos y muertes por violencia policial, los cuales permanecen impunes ante un sistema judicial que se encuentra en entredicho por ausencia de su independencia y autonomía.

“Las personas víctimas y sus familiares se encuentran frente a un aparato estatal que no responde, dejando en la impunidad este tipo de violaciones, contraviniendo el mandato previsto en el artículo 29 constitucional”, manifiesta Codhez en su informe mensual.  El texto constitucional preceptúa que El Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades. 

Estos casos de uso excesivo de la fuerza y violencia policial se verifican también con situaciones de detenciones arbitrarias, como la ocurrida el 4 de diciembre cuando dos hombres fueron detenidos en el municipio La Cañada de Urdaneta por portar volantes de la consulta popular convocada por la oposición venezolana. Las autoridades que los detuvieron alegaron que se trataban de panfletos alusivos en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Con posterioridad, se informó que las personas fueron presentadas ante los tribunales y se les dictó medida sustitutiva de privación de libertad consistente en un régimen de presentación. Otro suceso que destaca es el ocurrido en noviembre en una finca ubicada en el municipio Francisco Javier Pulgar, en donde en un supuesto procedimiento de las FAES, sin autorización ni razón expresa, amordazaron a personas trabajadoras de una finca y les ordenaron excavar una fosa, situación que estaría siendo investigada por el Ministerio Público.

Ante esto, Codhez reitera que el Estado venezolano debe asumir su obligación constitucional y convencional tanto en lo referente a impedir este tipo de conductas por parte de sus agentes como a castigar y determinar las responsabilidades personales por el uso excesivo de la fuerza pública, que desencadena graves violaciones a los derechos humanos. 

“Las ejecuciones extrajudiciales deben ser investigadas, sancionadas y reparadas como muestra de actitud proactiva del Estado, puesto que estamos en presencia de un tema que interesa a toda la comunidad internacional dada su connotación como delito de lesa humanidad”, manifiesta la organización de derechos humanos en sus consideraciones finales.  

En solo quince días, la Canasta Codhez en Barquisimeto aumentó 10,31%

El salario mínimo en Venezuela, establecido en Bs. 400.000,00, representa un valor cada vez más pírrico para adquirir algún alimento de la cesta básica. Esto se evidencia en Barquisimeto, estado Lara, en donde este ingreso mensual apenas rinde para cubrir el costo de un kilogramo de yuca, cuyo precio promedio es de Bs. 345.715,00 (USD 0,31).

Así lo evidenció la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) en su monitoreo de oferta y precios de alimentos en el municipio Iribarren, correspondiente a la primera quincena de diciembre. Este estudio —realizado entre los días 12 y 14 de diciembre— forma parte de un estudio más amplio sobre la seguridad alimentaria en el occidente venezolano.

De esta manera, el valor de la lista de alimentos monitoreados por Codhez se ubicó en Bs. 51.653.621,90 (USD 46,54), a una tasa de Bs/USD 1.109.875,40, equivalentes a 12.913,41% del salario mínimo mensual.

Esta cifra marca una diferencia de +971% en comparación con los precios acordados por el gobierno nacional para los cortes de carne de res de primera, de segunda y costillas; pollo entero; caraotas, arvejas, lentejas y frijoles; cartón de treinta huevos, queso blanco semiduro, harina precocida de maíz, pasta, arroz blanco de mesa, margarina, y aceite vegetal.

Precios de alimentos por las nubes

El rubro monitoreado por Codhez que registró mayor incremento en su costo fue el tomate, con un precio por kilogramo de Bs. 2.087.416,50, es decir, +77,26% más alto que en la segunda quincena de noviembre.

Asimismo, el aceite vegetal tuvo un aumento de +40,30%, con un precio de Bs. 2.680.660,00, mientras que el kilogramo de cebolla subió +37,00%, ubicándose en Bs. 1.915.590,11.

Entre tanto, el alimento más costoso fue el corte de primera de carne de res, cuyo valor alcanzó los Bs. 5.254.325,57; a pesar de haber disminuido su costo un -6,77% en contraste con la segunda quincena de noviembre.

Por otra parte, Codhez constató la escasez del huevo por unidad en los establecimientos monitoreados. En su lugar, estuvo disponible la presentación de quince unidades, aunque con un incremento de precio de +33,57%.

En términos generales, en solo quince días, la Canasta Codhez en Barquisimeto aumentó +10,31% en los precios representados en bolívares, y +5,99% en términos de dólares estadounidenses.

Ante la acelerada pérdida del poder adquisitivo en el país, Codhez exige al Estado respuestas urgentes que permitan garantizar la seguridad alimentaria en los hogares de Venezuela. Además, la organización de derechos humanos advierte que “postergar la implementación de estrategias reales en esta materia solo desmejora la calidad de vida de la población a un punto de ponerla en riesgo”.

Una familia requiere de Bs. 50.410.860,66 para comprar los 21 alimentos básicos

De la primera a la segunda quincena de noviembre, la brecha entre los precios de los alimentos y el poder adquisitivo de los marabinos se amplió de manera exorbitante, alcanzando un incremento global de los precios de +74% durante este corto periodo.

Así lo evidenció la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) en los resultados de su monitoreo efectuado entre los días 28 y 30 de noviembre en diversos establecimientos de ventas de alimentos de la capital zuliana, y que también reveló que una familia requiere de Bs. 50.410.860,66 para comprar los 21 alimentos básicos monitoreados por Codhez.

Esta suma de precios representa 12.602,72% del salario mínimo mensual vigente, que pese a la crisis palpable continúa siendo de Bs. 400.000,00, según su última actualización en Gaceta Oficial.

Divisas para comprar alimentos

En Maracaibo, la mayoría de los establecimientos de ventas de alimentos fijan sus precios conforme a la tasa de cambio promedio del dólar estadounidense del día. Incluso, en muchos de estos comercios los precios están marcados en los anaqueles en esta moneda.

En este contexto, Codhez resalta que hubo un incremento de la tasa de cambio promedio de +64% en solo 15 días, ubicándose en Bs/USD 1.090.763,36. En términos generales, la suma de 21 alimentos básicos del monitoreo que realiza la organización, equivale a USD 46,22, mientras que el salario mínimo se estima en USD 0,37.

Precios al doble

Todos los alimentos monitoreados mostraron incrementos de sus precios entre +52% y +102%. Para esta quincena, el precio promedio del corte de primera de carne de res se encontró en Bs. 4.355.364,67, registrando un aumento de más de 61% en comparación a la quincena pasada, y +542% por encima de su precio regulado. Por su parte, la costilla de res se ubicó en Bs. 2.031.691,27, con un alza de +72%.

Los incrementos del pollo y sus presentaciones no presentan mayores diferencias con los de la carne de res. En este sentido, los muslos de pollo incrementaron su precio en +71%, con un valor en el mercado de Bs. 2.790.066,83; mientras que las alitas de pollo aumentaron +57%, pues su precio promedio en esta segunda quincena fue de Bs. 2.371.932,00.

Los granos también experimentaron preocupantes alzas en sus precios. Las caraotas tienen un precio en el mercado de Bs. 2.774.040,76, +793% más que el precio regulado. Las arvejas, reguladas en Bs. 249.945,42, se ubicaron en Bs. 2.799.965,44, una diferencia de +1.020% respecto a la regulación.

El kilogramo de queso blanco semiduro alcanzó el valor de Bs. 3.965.347,00, es decir +102% más que hace quince días. En otras palabras, se requiere 991,34% del salario mínimo mensual para comprar un kilo.

La harina de maíz precocida se ubicó en Bs. 1.216.378,50 (+88%), y una diferencia con su precio regulado de +602% (Bs. 173.176,47). El precio de la pasta se elevó a Bs. 1.727.344,86 (+101%) y una diferencia con su precio regulado de +644% (Bs. 232.092,18).

Pan de jamón incomprable

Para cerrar este monitoreo, Codhez hizo seguimiento al precio de uno de los platos tradiciones de la época navideña, como es el pan de jamón.  Hace un año un pan de jamón costaba Bs. 305.549,69 (USD 5,89). En esta quincena ese precio se elevó +2.488,74%, ubicándose en Bs. 7.909.889,00 (USD 7,25), requiriéndose 1.977% del salario mínimo para su adquisición.

En vista de los resultados de este monitoreo de precios de alimentos en Maracaibo, para Codhez se confirman las razones de los altos índices de inseguridad alimentaria existentes en la ciudad, que someten a la población a estrategias de supervivencia para adquirir los alimentos.

“La inercia estatal ante este escenario produce que miles de familias estén sometidas a constantes sacrificios para subsistir”, destaca la organización de derechos humanos en su reporte. Por ello, establece que es urgente la atención inmediata y directa del Estado, mediante acciones puntuales con efectos a corto plazo para rescatar la salud y el bienestar físico de los ciudadanos, con especial consideración a los más vulnerables, así como medidas a mediano y a largo plazo que permitan el rescate de los índices de seguridad alimentaria en la región y su garantía de sostenimiento a lo largo del tiempo.

La Coordinadora del programa de Educación para la Paz de Fe dice que si un niño no come no hay manera de que estudie 

Por Dayanna Palmar 

 En una de las zonas más vulnerables de Maracaibo, Luisa Pernalete empezó su carrera como docente en una escuela de Fe y Alegría. El impacto de conocer a niñas y jóvenes con muchísimas necesidades, solo se recompensaba por el hecho de verlas aprender nuevos conocimientos y herramientas en las aulas de clases.

Para ese tiempo, no estaba familiarizada con los términos de derechos humanos y sus implicaciones, pero a medida que fue involucrándose en sectores con mucha necesidad, asistiendo a programas de formación y conociendo de experiencias de niños y jóvenes en países latinoamericanos que enfrentaban situaciones de violencia y no tenían refugio, fue aprendiendo más sobre los derechos humanos y los incluía en su agenda de formación.

Hoy cuenta con más de 40 años de experiencia en el área educativa, y en la actualidad es Coordinadora del programa de Educación para la Paz de Fe y Alegría y miembro de la Red de Derechos Humanos del Niño, Niña y Adolescente (Redhnna).

Como activista, se inició con trabajos de promoción y formación en materia de derechos humanos en comunidades populares, con el apoyo de sacerdotes y líderes indígenas en el Zulia a principios de los años ochenta.

«Empezamos a buscar contactos en Caracas porque parecía que el vocabulario en derechos humanos solo se conocía en la capital», cuenta la educadora.  Luego de hacer cursos básicos sobre derechos humanos con Provea y otras organizaciones, en su escuela empezaron a publicar papeletas de información sobre derechos humanos.

«Publicábamos una hojita que llamamos ‘Aquí está pasando’, porque no solo en Caracas pasaban cosas de derechos humanos y eso era lo que queríamos dar a conocer. Básicamente en esa hojita se difundían los derechos establecidos en la constitución y denuncias de las comunidades que no tenían agua ni servicios públicos. Ahí empecé a ser más consciente de los derechos humanos como una realidad que teníamos que trabajar». 

Entre sus experiencias más recordadas en la enseñanza de los derechos humanos, recuerda cuando un hombre wayuu le dijo sorprendido ‘que las leyes de los alijunas (personas no indígenas) no son para fregar a los wayuu’ y que esas leyes también estaban para protegerlos a ellos. ‘Los derechos humanos son universales y nos pertenecen a todos y todas’, le había afirmado ella para aquel entonces.

Educación en Emergencia

Para Luisa, «todo derecho en Venezuela es como un sartén sin mango». La realidad del país es un lugar donde todos los derechos humanos están siendo masivamente violados y no se garantiza ni siquiera el derecho a alimentarse.

La educadora recuerda el caso reciente de un niño con desnutrición en una zona de San Feliz, estado Bolívar, donde los niños y niñas se encontraban viendo clases en galpones o al aire libre.

Mientras luchaba porque la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) otorgara un terreno para fundar una escuela en aquella zona tan vulnerable, también empezó a consultar con nutricionistas para hacer evaluaciones antropométricas de talla y peso a los alumnos de la escuela, y para asistir a la recuperación de niños con desnutrición.

«La letra con hambre no entra, si un niño no come no hay manera de que estudie y Venezuela es uno de los países con mayor inseguridad alimentaria severa en América Latina», lamenta la educadora.

Si bien hay derechos muy importantes como el de la salud, la alimentación al ser es masiva genera una urgencia más apremiante, de acuerdo a la defensora. Otro de los temas que más le ocupa también es el salario de los maestros, que en Venezuela se calcula en menos de cuatro dólares al mes.

«¿Qué tiene que ver el salario con la educación? Es que sin salario no tienes maestros y nuestros maestros no pueden vivir con el salario que ganan. Otro problema que tenemos es el transporte. Si los niños tuvieran clases presenciales, el problema sería ese. He conocido de niños que han salido de Fe y Alegría porque la escuela le quedaba muy lejos a pie y no han podido conseguir para su pasaje».

Los testimonios que menciona Luisa, se acompañan de los datos de la más reciente edición de la Encuesta de Condiciones de Vida en Venezuela, publicada antes de la pandemia y que ya presentaba un panorama bastante desolador: 40 % de los estudiantes entre 3 y 17 años falta a clases algunas veces por fallas de servicios, comida, falta de transporte y docentes.

‘Es muy serio lo que está pasando, es una educación en emergencia, una educación amenazada. Hay docentes que son héroes, que aún siguen asistiendo a los niños en las comunidades más vulnerables aún en el contexto de la pandemia. Hay que cuidar a nuestros cuidadores y asistir a las escuelas públicas, darles acompañamiento’.

Para Luisa Pernalete, todos los docentes de alguna manera son defensores y defensoras de derechos humanos, ya sea explícitamente e implícitamente.

«El evangelio dice ‘Bienaventurados los que luchan por la paz y la justicia’. Cuando uno lucha por los derechos de los demás uno no está esperando alguna retribución, uno se siente contento cuando a cualquier persona le garantizan un derecho, más si tuviste algo que ver. Uno se siente alegre cuando escucha que abrieron una escuela en ese barrio, o qué bueno que esa niña consiguió el cupo que buscaba o qué bueno que esa mama consiguió ese trabajo. Uno se siente contento que alguien pueda tener acceso a los derechos humanos. Y eso es lo que esperamos, para nuestros niños, niñas y adolescentes, que pueden disfrutar de sus derechos humanos y desarrollarse como personas sanas y con la capacidad de defender a otros». 

Una familia necesita un promedio de Bs. 19.451.579,28 para adquirir los 21 alimentos de la canasta alimentaria 

La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) dio a conocer los resultados del monitoreo de precios de alimentos realizado en Maracaibo, correspondiente a la primera quincena de octubre, en los que no se vislumbra un mejoramiento en las condiciones de vida y alimentación de los marabinos.

Del estudio realizado en establecimientos de ventas de alimentos de la capital zuliana, entre los días 12 y 15 de octubre, resulta que una familia marabina necesita, en promedio, Bs. 19.451.579,28 para adquirir los 21 alimentos de la canasta Codhez. Esto representa un aumento de +7% en comparación con la segunda quincena de septiembre.

Precios promedio se mantienen en alza

A este respecto, durante esta quincena se vuelve a verificar, aunque en menor medida, aumentos en los precios de los cortes de las carnes de res. El corte de segunda de Bs. 1.583.400,00 a Bs. 1.667.154,17 (+5%), mientras que la costilla de res aumentó de Bs. 795.731,11 a Bs. 885.821,67 (+11%). Por su parte, el pollo entero y la pechuga de pollo experimentaron también un aumento moderado, de +6% y +3%, respectivamente.

Los granos evidenciaron un aumento de precio considerable, salvo el caso de las arvejas que bajaron -7%. Las caraotas aumentaron en +21%, las lentejas en +7% y los frijoles en +24%. También se elevó el valor promedio del cartón de 30 huevos (+22%), ubicándose en Bs. 1.315.820,63.

El queso blanco semiduro, uno de los alimentos más comunes en el plato marabino, sigue incrementando su costo promedio. Para esta quincena, el kilogramo de queso se ubicó en Bs. 1.234.991,56, representando +21% de alza en comparación con la quincena pasada.

El precio de la margarina también mantiene su tendencia al aumento, pues para esta quincena se ubicó en Bs. 793.007,14, +10% más que la quincena pasada. Con el aceite vegetal también ocurre lo mismo: para esta quincena experimentó un aumento de +14%, pasando de Bs. 730.590,10 a Bs. 829.757,00, necesitándose el equivalente a 207,44% del valor del salario mínimo para adquirir un litro.

Embutidos duplicaron su costo en cinco meses

Para la primera quincena de octubre, Codhez revisó la oferta de embutidos: jamón de pierna, jamón de espalda, mortadela de pollo y mortadela de carne. En comparación con el monitoreo de estos rubros realizado hace cinco meses, se evidenció un incremento superior al 100%.

El precio promedio del kilo de jamón de pierna se ubica en Bs. 3.037.282,72, es decir, +110,45% más caro que en la primera quincena de mayo, mientras que el jamón de espalda promedió Bs. 2.445.572,72 (+110,42%).

Por su parte, la mortadela de pollo tiene un precio promedio de Bs. 1.368.722,00 (+114,81%), y la mortadela de carne, la más económica entre estos embutidos, se consigue en Bs. 1.291.393,33 (+120,87%). Vale acotar que la mortadela de carne es el único embutido con precio acordado, y representa una diferencia de +269,05% con su precio real en mercados de Maracaibo.

El costo de la harina de maíz se incrementó 606.995% en dos años

En esta primera quincena de octubre se cumplen dos años desde el primer monitoreo de precios de alimentos realizado por Codhez en Maracaibo. Desde octubre de 2018 los cortes de carne de res han aumentado 488.173%, las presentaciones de pollo 362.572%, y los granos 613.828%. En este mismo periodo, la harina de maíz pre-cocida se ha incrementado 606.995%: en aquella época, un kilo valía Bs. 75 (USD 0,60), mientras que el salario mínimo era de Bs. 1.800 (USD 14,40).

En esta quincena, dos años después, el salario mínimo equivale a USD 0,88 (en atención a una tasa de Bs/USD 453.508,70 transada en los mercados monitoreados) mientras que la sumatoria de los precios de los 21 alimentos revisados por Codhez asciende a USD 42,89, marcando una diferencia abrumadora y sumamente preocupante.

El ingreso mínimo por un mes de trabajo en Venezuela es equivalente a menos de un dólar, y es desproporcionadamente insuficiente para cubrir las necesidades alimentarias, tanto que no alcanza para comprar ni siquiera un kilo de harina pan, que se encuentra disponible en el mercado a un precio de Bs. 455.321.

Por esto, desde Codhez se reitera la exigencia al Estado venezolano de prestar atención a esta realidad. Las circunstancias de indisponibilidad e inaccesibilidad a los alimentos son evidentes y persistentes. Contar con un salario digno que implique un poder adquisitivo real y estable, que permita una calidad de vida en salud y alimentación nutritiva y completa, es un derecho humano, y el Estado está en la obligación normativa, tanto nacional como internacional, de atender y enfocar las medidas necesarias para su cumplimiento cabal.

Más del 80% del sector laboral y comercial se paralizó en la Guajira

Las medidas de confinamiento por la pandemia de Covid-19 han empeorado la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en el Zulia, de acuerdo al boletín de agosto publicado por la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez).

En este informe se documentan las condiciones de vida de las personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas que habitan en las zonas de Guajira y Perijá. Se destaca que la deficiente prestación de los servicios de energía eléctrica, agua potable, gas doméstico, salud, educación, y transporte público, así como las dificultades para acceder a los alimentos se ha agravado desde el mes de marzo con la aplicación de las medidas restrictivas relativas a la cuarentena colectiva y social.

Como consecuencia de las medidas anunciadas por los gobiernos venezolano y colombiano con motivo de la pandemia, más del 80% del sector laboral y comercial se paralizó en la Guajira a partir del segundo trimestre de 2020. Por su parte, en la zona de la sierra de Perijá, las dificultades de acceso a los poblados, la sequía, las inundaciones y la proliferación de enfermedades, presuntamente erradicadas, siguen ocasionando daños irreparables a las comunidades allí asentadas, ante la inacción e inercia estatal.

Guajira sin luz y en sequía

En el transcurso del año han sido comunes las denuncias por fallas eléctricas o cortes prolongados que se extienden más allá de las horas de racionamiento. El boletín de Codhez resalta la situación del 19 de agosto, cuando 80 comunidades de Paraguaipoa, es decir, más de 50.000 personas, quedaron sin servicio eléctrico debido a fuertes lluvias que provocaron una caída de guayas y cinco postes. 

Al respecto, las autoridades manifestaron no contar ni con las herramientas ni el combustible necesario para trasladarse a atender las averías, y varios habitantes debieron organizarse para suministrar combustible a los camiones de Corpoelec. Sin embargo, esta circunstancia persistió varios días.

Después de una semana, y luego de más de 180 horas sin servicio, los vecinos de Paraguaipoa se concentraron en la plaza central para organizar comisiones y exigir la restitución de la electricidad.Este hecho ha sido catalogado por el Comité de Derechos Humanos de la Guajira como “una violación a los derechos humanos de más 50.000 personas”.

Con respecto al suministro de agua, el 21 de enero el Gobernador del Estado Zulia anunció que a partir del siguiente mes el municipio Guajira tendría agua potable por tubería. En esta subregión hay poblados que tienen más de 20 años sin agua corriente y cuyo suministro de agua depende de pozos artesanales, además de que se ven obligados a consumir agua no apta para el consumo humano.

En abril, en pleno aumento de casos de Covid-19, los habitantes de la Guajira continuaban esperando por el servicio de agua corriente. Esta ausencia de agua potable impide la correcta preparación de los alimentos y han trascendido reportes de familias que solo pueden cocinar una comida al día por no contar con agua para su preparación. Asimismo, la carencia de servicio de gas doméstico se suma a la lista de dificultades que deben afrontar los wayuu para preparar alimentos.

Inseguridad alimentaria que persiste

Apenas 15 días después de la declaratoria del estado de alarma y la subsecuente aplicación de medidas restrictivas, los habitantes de la región Guajira afirmaban que “no nos va a matar el virus, nos va a matar el hambre”, dado el cierre de los puntos fronterizos donde, normalmente, compraban sus alimentos.

La inseguridad alimentaria entre los indígenas en el estado Zulia ha sido una problemática sostenida en el tiempo, pues tanto la accesibilidad como la disponibilidad de los alimentos necesarios para la nutrición de estos pueblos no han sido garantizadas por el Estado venezolano.

La mayoría de los habitantes de la Guajira debe trasladarse hasta Colombia para adquirir los pocos alimentos que pueden. Se ha denunciado que para llegar a otras zonas se debe recorrer hasta 12 kilómetros en bicicleta, o en el peor de los casos, caminar para adquirir tan solo tres artículos con bonos proveídos por el gobierno, dado que la mayoría depende de la economía informal y las medidas de confinamiento han afectado sus ingresos y dependen de la ayuda gubernamental para subsistir. La misma situación enfrentan quienes perciben salario fijo, pues este resulta insuficiente ante el alto costo de los alimentos 

Según información de la Alcaldía de Mara, en este municipio y la Guajira se han detectado más de 496 familias con niños malnutridos y deshidratados, asociados con otras patologías como cardiopatías y parasitosis. En agosto se reportaron altos índices de desnutrición en niños de la Guajira. Algunas familias caminan hasta 20 kilómetros para pedir pescado y así contar con un plato de comida al día.

Otras de las situaciones reportadas por Codhez en el boletín se refieren a la precaria atención sanitaria de los pueblos indígenas, agravada en el contexto de la emergencia sanitaria por la pandemia. Además del flagelo de la pandemia, otras enfermedades permanecen desatendidas en la subregión como casos de paludismo, tuberculosis y personas portadoras del VIH con limitado acceso a medicamentos y tratamientos pertinentes.

La problemática en la educación se ha hecho más desoladora, cuando el gobierno nacional declaró la suspensión de clases presenciales y la activación del plan Cada Familia una Escuela, que implica la realización de actividades académicas a distancia mediante el uso de la gestión virtual de la educación. Para la ejecución de este plan se requieren como elementos básicos tanto un servicio continuo de energía eléctrica como un acceso permanente a internet, condiciones de las cuales carece el municipio Guajira.

Perijá en riesgo por falta de combustible

El tema sanitario es uno de los principales problemas del pueblo yukpa, en especial por la reaparición del paludismo, puesto que más de 120 habitantes, entre hombres, mujeres y niños de la sierra de Perijá, están afectados con esta enfermedad y aplican sus propios métodos curativos dado que no cuentan con medios para trasladarse a centros hospitalarios urbanos.

La escasez de gasolina también pone en riesgo la salud del pueblo yukpa. El 1° de mayo un niño mordido por una serpiente falleció por no contar con gasolina para trasladarlo oportunamente a un centro de salud que queda a 6 horas de su comunidad Santa Catalina. En junio se reportaron fallecimientos de personas yukpas por Covid-19. Los caciques yukpas solicitaron la venta de gasoil para el transporte del sector, pues sus pueblos se encuentran aislados y en una posición más vulnerable frente a cualquier tipo de afección contra la salud.

Las dificultades de acceso a los territorios yukpas, se evidencian, además, en acontecimientos como los incendios forestales sucedidos en febrero en la sierra de Perijá, que ocasionaron daños en las comunidades de Apón, Macoita, Toromo y El Tukuko. El cuerpo de bomberos de la zona no cuenta con los vehículos idóneos para este tipo de eventos y de esa magnitud. Cuando lograron apagarse las llamas ya se habían afectado 480 hectáreas de cultivos.

Consideraciones finales

El boletín de Codhez también documenta la deficiencia de servicios hospitalarios, incremento de contagios y muertes del personal sanitario en el contexto de la emergencia sanitaria por Covid19. Desde el inicio de la pandemia hasta agosto, se registraron 33 muertes en el personal de salud en la región. El gremio médico ha continuado con sus constantes llamados de atención y denuncias sobre la necesidad de dotar de implementos de bioseguridad al personal sanitario que se encuentra en la primera línea de control y tratamiento de casos de Covid-19.

Como recomendaciones finales en este boletín, Codhez alerta que los pueblos y comunidades indígenas del Zulia presentan problemas a gran escala que requieren soluciones de fondo y de sostenido alcance en el tiempo, no respuestas inoportunas y coyunturales. La permanente escasez de alimentos, así como la reiterada ineficiencia en la prestación de servicios básicos, en particular de agua potable y electricidad, convierten a estos pueblos en comunidades marginadas y desoladas.

Circunstancias relativas a la pandemia han intensificado la difícil realidad de sus habitantes. Las medidas de restricción y asilamiento han paralizado el sector comercial y productivo, afectando a la gran mayoría dedicada al comercio informal y al intercambio de bienes y servicios. Todo ello empeora los problemas de inseguridad alimentaria y enfermedades que afectan, en gran medida y particularmente, a niños y personas adultas mayores. Codhez recuerda que el Estado venezolano debe garantizar el disfrute pleno, sin ningún tipo de discriminación, a todas las personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas de los derechos humanos reconocidos por instrumentos nacionales e internacionales, y ello implica atender sus necesidades básicas y asegurar el mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales.