El informe presentado contabilizó los casos reportados por patologías transmisibles en ocho estados durante marzo de 2023
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Mérida es un hervidero de enfermedades virales y eso lo confirma el reporte de marzo de 2023 del Sistema Alternativo de Monitoreo Epidemiológico (Same) de la asociación civil venezolana Convite. Según el estudio, de los ocho estados analizados, la entidad andina presentó la mayor cantidad de casos en casi todas las patologías transmisibles de notificación obligatoria en el país.
La información levantada en este documento –una alternativa ante la poca disponibilidad de información sanitaria que «no pretende sustituir al Boletín Epidemiológico de Venezuela», de acuerdo con Convite– corresponde a los estados Anzoátegui, Apure, Delta Amacuro, Distrito Capital, Guárico, Mérida, Táchira y Zulia, entre el 26 de febrero y el 1 de abril.
En las ocho entidades, se contabilizaron 271 enfermedades transmitidas por vectores (ETV), que son «aquellas enfermedades infecciosas propagadas por algunos organismos, como insectos y caracoles, que transportan virus, parásitos y bacterias a humanos», según la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Mérida acumuló 70 casos de dengue, 31 de leishmaniasis cutánea más uno de leishmaniasis no específica y ocho de malaria (paludismo). Delta Amacuro contabilizó 67 casos de malaria y 43 de dengue. Táchira tuvo 21 casos de dengue, dos de ellos reportados como graves.
Para la organización es preocupante el aumento de la temperatura y la llegada de la temporada de lluvia en la región, que incide en la propagación del vector y el aumento de la transmisión.
El reporte también contabilizó 5.414 casos de enfermedades transmitidas por alimentos y agua (ETA). Mérida también lideró este apartado con 1.981 casos de diarreas, 155 de amibiasis y cuatro de hepatitis aguda tipo A, mientras que Táchira acumuló 1.695 casos de diarreas y 209 de amibiasis.
Sobre otras enfermedades transmisibles (OET), Convite informó 110 casos para todos los estados. Mérida estuvo al frente con los únicos casos de meningitis viral y de leptospirosis del período, más 23 reportes de varicela y 7 de hepatitis no específicas. Zulia acumuló nueve casos de meningitis bacteriana, Guárico 46 de síndrome viral, y Táchira y Caracas tres casos de hepatitis aguda tipo B y C, respectivamente.
Mérida encabezó además las enfermedades de transmisión aérea y enfermedades prevenibles por vacuna, contabilizando 333 casos de enfermedad tipo influenza y tres de rubéola dentro de los 397 reportes en todos las entidades. Por otro lado, Zulia presentó los únicos dos casos de difteria del período y una parotiditis – paperas- infecciosa, Táchira reportó 10 sospechosos de sarampión y Delta Amacuro 16 casos de tuberculosis.
Convite aclaró que aún se encuentran investigando los reportes por paperas, difteria, rubéola y los casos sospechosos de sarampión.
Sobre las enfermedades del Sistema Respiratorio (ESR), hubo 24.085 casos. Mérida lideró en 10 patologías de las 12 reportadas entre las ESR.
Respecto a las infecciones de transmisión sexual (ITS), Convite registró un total de 198 casos. Táchira se posicionó de primero con 2 reportes de infección gonocócica, siete de sífilis, siete de enfermedad VIH/sida, 15 de tricomoniasis y tres de sífilis congénita. Zulia notificó tres casos de sífilis congénita y de infección por VPH, y tuvo la mayor cantidad de casos de infección asintomática de VIH, con seis. Mérida acumuló cinco de condiloma acuminado, 35 casos de candidiasis genital y tres casos de infección por VPH.
El monitoreo también recordó la confirmación a principios de marzo de tres casos de difteria en el municipio Sifontes – Tumeremo-, al sur del estado Bolívar, a través de la autoridad sanitaria de la entidad, Dr. Manuel Maurera. La organización indicó que la situación se tornó crítica por la descontrolada actividad minera que trae un alto tránsito de personas de diferentes partes del país y de extranjeros.
Sin medicinas para los enfermos
Aunado a los índices epidemiológicos, en marzo de 2023 el indicador de escasez de medicamentos fue del 27,9%, lo cual indica que tres de cada 10 farmacias no tenían los medicamentos necesarios para tratar seis morbilidades de alta incidencia en Venezuela, según información publicada por Convite.
Las morbilidades que enfrentan mayor escasez son las convulsiones (35,7 %), seguido de infecciones respiratorias agudas (33,7 %), y depresión (31,5 %).
En el boletín se estableció que las cinco ciudades donde se registró mayor ausencia de estos fármacos fueron San Fernando, estado Apure, con 55,5 %; Caracas, con 48,5 %; San Juan de los Morros, Guárico, con 35,7%; Porlamar, Nueva Esparta, con 34,2%, y Mérida, con 29,5%.
Un estudio elaborado entre diversas oenegés internacionales analizó las necesidades más apremiantes en los territorios de llegada de los crecientes movimientos migratorios en la región
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Las crecientes movilizaciones humanas a diversos países del continente americano han llevado a los gobiernos locales y nacionales a anexar la migración a sus agendas públicas para el desarrollo de políticas y acciones que permitan contestar este fenómeno.
El documento fue elaborado entre diversas organizaciones internacionales, como la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Fundación Panamericana para el Desarrollo (Padf, en inglés), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), para estudiar las necesidades surgidas frente a los movimientos migratorios masivos.
La información publicada fue obtenida mediante 231 entrevistas en 109 localidades pertenecientes a 25 países del continente en el transcurso de 2021. Dichos testimonios permitieron analizar el panorama, las tendencias y los desafíos asociados a los movimientos migratorios más destacados en la actualidad, como la emigración masiva de venezolanos principalmente a países suramericanos, la migración centroamericana hacia México y Estados Unidos, la de nicaragüenses hacia Costa Rica, entre otros.
A continuación, algunas claves sobre la publicación y sus hallazgos:
Gobiernos con obstáculos
De acuerdo al estudio, se ha identificado una creciente incorporación de la «temática migratoria» por parte de los gobiernos locales en su agenda pública, contemplando diversas políticas públicas, programas y/o acciones a activar. Pero han encontrado obstáculos para implementar soluciones que van desde pocos recursos para garantizar respuestas de las instituciones, pasando por necesarias modificaciones a prácticas administrativas o políticas nacionales hasta el desconocimiento de los funcionarios en materia de migrantes y refugiados, que contribuye a un clima de discriminación, racismo y xenofobia contra estos.
Brindar atención primaria a los migrantes no es una prioridad en los Estados de la región y eso se demuestra en cifras: en las ciudades fronterizas, 54% la mencionó como la principal necesidad, mientras que en las no fronterizas la nombró solo 31%.
Si bien los gobiernos tienen a la atención primaria como la segunda área de mayor prioridad a nivel general, las políticas en torno a esta son escasas, lo que puede deberse a que no siempre se prima su desarrollo y/o asignación de recursos.
En Suramérica, las crecientes movilizaciones terrestres de venezolanos en lapsos muy breves y en condiciones de vulnerabilidad han puesto a prueba a localidades fronterizas como Cúcuta (Colombia), Boa Vista y Pacaraima (Brasil), Rivera (Uruguay), Puerto Montt y Concepción (Chile), y Puerto España (Trinidad y Tobago). En Brasil, la Operación Bienvenida, creada en el 2018, atendió, hasta marzo de 2022, a más de 2 millones de venezolanos, emitió más de 370 mil documentos de identificación y trasladó a cerca de 70 mil personas refugiadas y migrantes a otras partes del país.
En los países caribeños, ante los movimientos migratorios – especialmente de venezolanos-, se rigen a la política de «detener y deportar». Esta práctica es específica de Curazao y Trinidad y Tobago, y menos prevalente en Aruba.
Trabajo como primera necesidad
La integración socio-económica fue indicada como prioritaria (55%) en las localidades no fronterizas y segunda en las ciudades fronterizas. Entre las ciudades analizadas no existen muchos programas o políticas establecidas con algún marco normativo local para garantizar y promover esta integración, pero sí hay un consenso sobre la regularización como una condición esencial (84%) para el éxito de medidas respecto al acceso al empleo (79%), a la vivienda (50%), a condiciones de trabajo dignas y un salario justo (46%), y a la asistencia económica (31%).
El estudio reveló tres áreas de accionar local claves: acceso a viviendas, al sistema financiero y a empleos a través de vinculaciones con el sector privado. En Córdoba y Buenos Aires, Argentina, se desarrollaron programas de inclusión al sistema financiero junto a bancos locales. En México, se evidenció el trabajo compartido entre gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, oenegés y empresas privadas para la inclusión de refugiados. En Canadá y Chile se han promovido iniciativas para fortalecer la institucionalidad local en materia migratoria para la integración socio-económica.
El informe destacó que, en ocasiones, el desempleo en ciudades fronterizas como Cúcuta (Colombia) fue un desafío importante. Para estos casos, localidades de México y Brasil implementaron programas de reubicación e inserción laboral. En este último, el Programa de Interiorización de Brasil – parte de la Operación Bienvenida-, movilizó a más de 72.696 venezolanos a 810 municipios brasileños desde el 2018, en pro de reducir la presión y la xenofobia en las fronteras.
En zonas como el Caribe Sur ha habido resistencia a la integración socio-económica por la «percepción de acaparar recursos locales», pero las oenegés han generado cambios en estas matrices de opinión.
La integración socio-cultural como segunda prioridad
Los aspectos más relevantes de la integración social y cultural fueron el acceso a los servicios de salud (89%) y la educación (70%), seguidos del acceso a servicios de salud mental (55%); inclusión lingüística (53%); tratamientos médicos para enfermedades como VIH/Sida, cáncer, enfermedades renales, diabetes (48%); acceso a pruebas, tratamiento y vacunas contra el Covid-19 (46%); acceso a controles prenatales, parto y post natales (37%), y acceso a la cultura (23%), de acuerdo a las entrevistas.
En las localidades fronterizas fue mayor la necesidad de los servicios de salud frente a las grandes ciudades, donde prevaleció el acceso a la educación.
En el caso de los servicios de salud, el informe analizó el servicio de las «Brigadas Móviles Urbanas» en Perú, donde 85,3% del total de la población migrante es venezolana. El programa, hoy con escasos recursos económicos, no fue específicamente pensada para migrantes y refugiados, pero ofrece respuesta y cuidados específicos para las personas en situación de vulnerabilidad. Respecto al acceso a la educación, en Trinidad y Tobago, uno de los países con más cantidad de desplazados venezolanos per cápita, una organización católica eclesial llamada Living Water Community operaba el programa «Equal Place», de educación informal para niñas y niños solicitantes de asilo, refugiados y migrantes.
En dicho país, los menores migrantes requieren un permiso para estudiar y se estima que 4.000 no tienen acceso a la educación. El programa funcionó de forma paralela a los sistemas educativos del país, brindando un servicio crítico a cientos de menores, pero fue suspendido en 2022.
Integración política para después
Fue una de las necesidades con menor priorización frente a las demás. Es conceptualizada como la promoción de la participación ciudadana de los migrantes y el reconocimiento de sus derechos políticos en donde residan.
Dentro de este apartado, tuvo mayor relevancia el acceso a documentos de identidad (79%), la prevención de la discriminación y la xenofobia (78%), el acceso a la justicia (63%), la nacionalidad (59%), al registro civil (39%) y la prevención y sanción de la trata de personas (36%).
Según el reporte, es casi nula la existencia de mecanismos para la participación política de migrantes y refugiados en la mayoría de las localidades estudiadas . Solo en ciudades como Bogotá (Colombia) y Sao Paulo (Brasil) han desarrollado espacios estables de participación política para estas personas.
En cuanto al acceso a documentos de identidad, Guyana fue el primer país del continente en implementar un sistema electrónico, llamado Ecosistema Poblacional de Registro y Gestión de Identidad (PRIMES, en inglés), para registrar la información biométrica de migrantes venezolanos e información sobre sus necesidades. En Ciudad de México y localidades de Estados Unidos se han adoptado distintos modelos de identificación. El informe concluye que hay mucho camino por recorrer y una gran necesidad de «adoptar una narrativa oficial que presente a las personas migrantes y refugiadas como vecinos» e incentivar la asociatividad en los espacios comunitarios.
La red Voces del Sur publicó un informe donde manifestó que el Estado venezolano es el principal responsable de obstaculizar el trabajo de los periodistas y restringir la libertad de prensa
@Luciapietf
En más de la mitad (52%) de las 367 alertas que se generaron desde Venezuela por violaciones a la libertad de expresión, el agresor fue el gobierno de Nicolás Maduro. Así lo revela el más reciente informe de la red Voces del Sur (VDS), que agrupa a organizaciones latinoamericanas de 17 países (Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Venezuela y Uruguay) que monitorean, analizan y reportan el estado de la libertad de prensa y el derecho de acceso a la información en la región.
El informe sombra –paralelo a la información presentada u omitida por los gobiernos de la región– sobre la implementación de la libertad de expresión en América Latina durante el 2022, se basó en el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16 de la Agenda 2023 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que busca «promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas» y cuya meta (16.10) es «garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales».
En esta entrega se agregó un indicador transversal de género – alerta de género-, con el que se evalúa si el motivo de un ataque o violación se relaciona con la identidad de género, aspecto físico, expresión de género y/o la orientación sexual de la víctima.
El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) fue el encargado de monitorear el territorio venezolano. Aquí las claves del informe:
Gobierno agresor en Venezuela
Se contabilizaron un total de 367 alertas con un asesinato, una desaparición forzada, dos detenciones arbitrarias, 55 agresiones y ataques, 62 discursos estigmatizantes, 27 procesos civiles y penales, 43 restricciones en el acceso a la información, 149 usos abusivos del poder estatal – aunado al cierre arbitrario de 107 emisoras- y 27 restricciones en internet, más dos alertas de género.
De las víctimas, 123 se reconocieron como hombres, 75 como mujeres y los 169 restantes no se identificaron. Entre los agresores, 193 de ellos se determinaron pertenecientes al poder estatal, tres como grupos al margen de la ley, 88 fuera del poder estatal y 83 no fueron identificados.
La Red VDS recordó que en el territorio se han instaurado fuertes políticas de censura y abuso del poder estatal que ha impactado al periodismo. En el reporte de IPYS, Leyes para silenciar, exponen que las normas promulgadas en los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro establecen limitaciones, sanciones penales y terminologías vagas que resultan en «interpretaciones discrecionales».
Respecto a las restricciones en internet, junto a los bloqueos arbitrarios a portales web y redes sociales, en el informe se expuso que la compañía española Movistar Telefónica, uno de los principales proveedores de internet en el país, reveló en su informe de transparencia presentado a España la gran frecuencia con la que el gobierno ha hecho peticiones de información de datos de sus usuarios.
Por último, destacaron en las dos alertas de género: el caso de Nilsa Varela, directora del medio El Vistazo, objeto de mensajes misóginos provenientes de funcionarios públicos, y el de Roberto Deniz, de Armando Info, que fue objeto de discursos estigmatizantes en redes por su trabajo sobre corrupción gubernamental y su orientación sexual.
En 2022, los tres países con más periodistas asesinados en Latinoamérica fueron México (15), Honduras (5) y Ecuador (4). Se contabilizaron 1.953 asaltos mediante agresiones físicas, ataques a la infraestructura, destrucción de equipos, amenazas de muerte, entre otras. Se sumaron 20 casos bajo el indicador de violencia sexual, que afectó más a mujeres y personas de la diversidad sexual según el informe.
Contabilizaron 831 alertas, que equivalen a 17% del total, por discurso estigmatizante en la región, frente a 739, 15% del total, en 2021. Estos discursos erosionan el sistema democrático y fomentan la autocensura.
El aumento de la violencia, principalmente los asesinatos, también refleja el fortalecimiento de grupos del crimen organizado ligados al narcotráfico y con influencia en los gobiernos de la región. De acuerdo a la información recopilada, estos grupos tuvieron un 5% de responsabilidad como agresores.
El Estado abusa de sus poderes para silenciar
En Venezuela, el parlamento aprobó la «Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines», que busca restringir la libertad de expresión, de prensa y el derecho a la asociación.
Según el reporte, las instituciones públicas a menudo son instrumentalizadas para perseguir al periodismo. La Red VDS documentó 802 alertas por uso abusivo del poder estadal, 334 alertas por restricciones en el acceso a la información y 250 detenciones arbitrarias a nivel regional. La situación es más grave en Venezuela, Cuba y Nicaragua.
A su vez, fueron registrados 184 procesos judiciales civiles y penales y 13 alertas por legislaciones contrarias a estándares internacionales, de acuerdo con el informe.
Impunidad y autocensura
Los victimarios de crímenes contra periodistas en la región casi siempre continúan sin sanción, según la Red VDS. La países tienen mecanismos de protección inadecuados ante amenazas a la vida de los comunicadores.
La orquestación del silencio, trabajo de IPYS, detalló que 54% de los periodistas omitieron información de interés público por temor a represalias del Estado.
Los 20 casos de violencia sexual y las 182 alertas de género reportadas en la Latinoamérica demuestran los efectos diferenciados de la violencia en contra de periodistas mujeres y LGBTIQ+. Informaron que las pocas alertas de género en Venezuela indican que los riesgos que enfrentan estas víctimas tienden a ser invisibilizados en contextos altamente represivos.
Las mujeres lidian con amenazas específicas como: desigualdad en el ámbito laboral, comentarios sexistas y misóginos, y violencia sexual. La Red VDS destacó que los problemas se agudizan cuando las periodistas son de origen indígena y/o afrodescendiente.
Medidas que aplicar
Tras el análisis de resultados, la Red VDS ofreció recomendaciones para afrontar los retos presentados:
Ante el fallo de los gobiernos de garantizar la seguridad de los periodistas y la libertad de prensa, la sociedad civil debe continuar el monitoreo, la documentación y divulgación de las violaciones a los derechos. Se debe instruir a las fuerzas policiales y las instituciones judiciales sobre cómo resguardar a los profesionales y sancionar a los victimarios, así como implementar o mejorar los programas de protección existentes.
Fortalecer a los medios y periodistas, empoderar a las audiencias y movilizar alianzas con actores claves del sector público y privado para combatir el discurso estigmatizante contra la prensa, con el reconocimiento de la profesión como pilar para la democracia.
Descriminalizar los delitos de injuria y calumnias para garantizar la libertad de la prensa.
Tras varios años a la cabeza de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), los funcionarios detenidos por la Policía Nacional Anticorrupción dejaron tras de sí la pérdida de beneficios laborales, empleados desincorporados injustificadamente y un hospital cuyas «cuantiosos» gastos no se reflejan en su estructura
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Para los trabajadores y sindicalistas de las empresas básicas en Ciudad Guayana, estado Bolívar, no resultaron sorpresivas las detenciones por corrupción de la cúpula que dirigía la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) en abril pasado. Pero más allá de estos delitos, están las constantes violaciones a los derechos laborales que sufrieron los empleados de la compañía del Estado desde 2018, cuando Pedro Maldonado y sus gerentes asumieron el control de la misma.
Noel Hernández es testigo directo de esas violaciones. Tenía 28 años de carrera en la empresa estadal cuando comenzó una persecución que lo llevó a huir del país. Ocupó el cargo de director laboral de la CVG, fue miembro fundador y secretario general del Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos de la CVG (Sunep-CVG) y, posteriormente, secretario de Prensa y Propaganda de la misma organización.
En 2018, a Hernández le fue abierto un expediente por presunta injuria contra el presidente de la CVG y fue despedido sin explicación. A esta acción le siguió el amedrentamiento de las autoridades de la empresa en forma de amenazas y acosos en las asambleas y marchas sindicales.
En mayo de 2019, al salir de una rueda de prensa donde la ITG se pronunció contra el nombramiento de la comisión del Consejo Nacional Electoral, presuntos cuerpos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dcgim) lo interceptaron a él y a su esposa por «estar organizando actos terroristas en la zona». Hernández comentó que los soltaron gracias a la presencia de gran cantidad de personas grabando los hechos.
Las amenazas continuaron cerca de su vivienda, involucrando a su familia, por lo que el sindicalista decidió salir de Bolívar con rumbo a Estados Unidos en 2020 con las intenciones de visitar a su hijo, bajar su perfil y detener su persecución. Aunque su intención era volver, le advirtieron que lo mejor era quedarse allá.
«Ser despedido injustificadamente, perseguido y luego obligado a salir de mi país es duro, es un cambio radical en la vida de uno, en la vida de cualquier venezolano que tiene todo en Venezuela, pero que de la noche a la mañana cambia la vida«, afirmó.
La razón de su despido devino de la toma de las instalaciones de la Presidencia por parte de los cevegistas en noviembre del 2018, tras meses de protestas continuas ante el desmejoramiento de sus condiciones laborales y la falta de respuesta del presidente.
«No atendía los reclamos de los trabajadores, no se reunía con los trabajadores ni daba instrucciones para que nos atendieran«, declaró sobre la actitud de Maldonado frente a las quejas.
Los trabajadores buscaron forzar una respuesta ante la pérdida progresiva de sus derechos y poder adquisitivo. Cerraron los accesos al edificio por horas, pero lo único que lograron fue las amenazas de funcionarios como Isaac Salazar, consultor jurídico de la CVG, recientemente detenido, y más adelante del general de división Julmer Ochoa, gerente general de seguridad patrimonial de la CVG para ese entonces.
«Ellos argumentan en el acto administrativo para destituirme (…) que el presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, Pedro Maldonado se asustó tanto, tuvo miedo, que no podía ni hablar, no podía gesticular ningún tipo de acciónproducto de que teníamos tomada la presidencia de CVG más de 200 funcionarios«.
El 21 de diciembre, la gerencia de recursos humanos le entregó su calificación de despido. «Ellos quisieron, a mi entender, mandar un mensaje para intimidar a toda la dirigencia sindical de Guayana«, aseveró Hernández.
Su caso no fue aislado, sus compañeros sindicalistas sufrieron destinos similares. Ramón Gómez, secretario general del sindicato, y Cecilio Pineda, ex-secretario de organización de Sunep-CVG, fueron objeto de jubilaciones forzosas comandadas por la directiva a pesar de no cumplir con la edad necesaria ni consentir la decisión.
Esta situación se volvió normalidad en CVG y demás compañías estadales, con despedidos, jubilaciones forzosas, desincorporaciones bajo la figura de «trabajadores no requeridos» y reducciones salariales. Solo desde noviembre de 2018 a abril de 2019, más de 1.000 trabajadores y sindicalistas de la administración pública despedidospor reclamar sus derechos públicamente.
Hasta la fecha, el fiscal general del Ministerio Público, Tarek William Saab, ha anunciado 80 funcionarios detenidos por su presunta vinculación en tramas de corrupción que involucran a la empresa estadal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip), Cartón de Venezuela (Cartoven), CVG y otras entidades públicas.
Entre los detenidos están Ysmel Serrano, exvicepresidente ejecutivo Pdvsa; Joselit Ramírez, superintendente nacional de criptoactivos (Sunacrip); el diputado Hugbel Roa, el empresario Salem Hassoun Atrach, Hugo Cabezas y el fallecido Leoner Azuaje – muerto bajo custodia-, ambos dirigentes de Cartoven.
Pedro Maldonado se desempeñó como director general de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) desde 2010 hasta 2014. Durante su gestión, fue impuesta una multa de 9.4 millones de dólares al canal Globovisión por la cobertura de sucesos violentos en la cárcel de El Rodeo, estado Miranda. Fue presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), nombrado el 16 de mayo del 2017.
Fue nombrado viceministro de Industrias Básicas el 19 de junio de 2018 y el 6 de julio asumió la presidencia de la CVG.
Por otro lado, Nestor Astudillo fue gerente de Mantenimiento Mecánico y de Mantenimiento de Laminación en Frío de Sidor. Ocupó la presidencia de Ferresidor (red de ferreterías socialistas) y fue gerente de Promoacero.
Estuvo involucrado en el escádalo de «La mafia de las cabillas», que denunció la desaparición de 13 gandolas de cabillas que salieron de Sidor para la sede de Ferresidor en Ocumare del Tuy, estado Miranda, las cuales desaparecieron. Astudillo afirmó que esta acusación fue una maniobra en su contra por parte de Luis Velásquez (principal implicado en el caso), luego de que lo denunciara ante el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). En febrero de 2020 es designado presidente de Sidor.
Junto a ellos, fueron aprehendidos:
Edgar Sánchez, vicepresidente de Planificación. Dirigió la Fundación para el Desarrollo del Estado Aragua, durante la gestión de El Aissami como gobernador, informó Efecto Cocuyo. De acuerdo con Nueva Prensa, en septiembre de 2021, la CVG se negó a cancelar una deuda de 2019 de más de 90.000 dólares a un grupo de pequeños empresarios transportistas de material ferroso, aún después de que Sánchez se reuniera con ellos en mayo de ese año y se comprometiera a cancelar la deuda en un mes.
Felipe Contreras, vicepresidente de Hierro y Acero. Fue consultor jurídico de la gobernación de Aragua, también durante la gestión de El Aissami.
Lino Mora, vicepresidente ejecutivo. Fue presidente de la empresa CVG Aluminio de Carabobo, S.A. (Alucasa).
Tulio Medina, vicepresidente de Finanzas. Se desempeñó como secretario del Directorio de Responsabilidad Social de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). Sindicalistas comentaron que Medina era el encargado de todo lo relativo a pagos de proveedores, contratistas y las contrataciones de los mismos, y que muchas de estas transacciones se realizaban sin un análisis de costos ni un proceso legal previo.
Isaac Mouhamad Salazar, gerente de Asuntos Legales. Fue gerente de contratos y licitaciones antes de ser consultor jurídico de la empresa. Dirigentes sindicales indicaron que fue el responsable de abrir los expedientes contra los dirigentes de Sunep-CVG para aplicar jubilaciones forzosas y despidos injustificados tras la toma de la presidencia.
De acuerdo con Correo del Caroní «la firma del memorándum 2792, el apagón que ocasionó la pérdida de más de 90% de las celdas de reducción en CVG Venalum, el acoso a las organizaciones sindicales y la desincorporación de trabajadores son los hechos más graves ocurridos bajo la presidencia de Maldonado en el ente regional«.
El memorándum 2792 fue promulgado por el Ministerio del Proceso Social del Trabajo y firmado en octubre del 2018. Este eliminó los contratos colectivos de la administración pública suscritos previo a esa fecha, determinó el salario mínimo como arranque de las escalas y fijó una sola tabla salarial para todo el sector, reseñó Cronica.uno.
Sindicalistas consultados consideraron que las implicaciones del memorándum desmejoraron las condiciones laborales hasta un 70%. Aunado a esto, fueron despojados de otros beneficios como los incentivos y becas escolares, bono vacacional, póliza HCM, entre otros.
Los trabajadores llamaron a reuniones con la directiva para darle solución a estos problemas en reiteradas oportunidades y enviaron numerosos comunicados, pero su respuesta fue la persecución a trabajadores y dirigentes sindicales.
Los miembros de Sunep-CVG expusieron la situación en una carta dirigida a la Organización Internacional el Trabajo (OIT), donde denunciaron formalmente el desalojo forzado de su sede en Puerto Ordaz, estado Bolívar, la jubilación forzosa de Ramón Gómez, el despido ilegal de Noel Hernández, la injusta privación de libertad del sindicalista Rubén Gonzalez, detenciones temporales y amenazas a trabajadores, así como acciones judiciales contra líderes sindicales, de acuerdo al ex-secretario de organización de Sunep-CVG, Cecilio Pineda.
Noel Hernández explicó que entre las «obras» de la ex-directiva de CVG está el «Hospital Clínico de los Trabajadores de Guayana Dr. José Gregorio Hernández«, cuya meta era convertir unas oficinas de la CVG en un centro médico para atender a a empleados, jubilados y pensionados personal de la empresa estadal y aquellas bajo su tutela. Pero la transformación no llena los requisitos mínimos para operar como hospital, sostuvo.
Foto: William Urdaneta (Correo del Caroní)
Hernández expuso que después de la eliminación de las convenciones colectivas tras el memorándum, la presidencia de la estadal tuvo la idea de crear el hospital para ahorrar el dinero del HCM. «Pero el caso es muy complejo, porque tanto activos como jubilados de la CVG están esparcidos en todo el país y solamente centrarlo en un hospital en Guayana ya trae una consecuencia irremediable para muchos trabajadores que están fuera de la zona», declaró.
Hubo inversiones para acondicionar el recinto, pero nunca hubo un anuncio público respecto a los montos de inversión de parte de los directivos. Los dirigentes sindicales aseguran que las inversiones eran «cuantiosas’’ y que no hubo procesos licitatorios legales, denunciando a su vez la falta de mejoras sustanciales en los servicios del hospital ni en sus instalaciones.
El hospital estaba presuntamente planificado para atender a 200.000 personas, pero no da abasto para los trabajadores y sus familias, según los sindicalistas. Hay áreas aún en remodelación, no hay servicios de radiografía, quirófano, sala de parto, ambulancia ni morgue. El aire acondicionado y los ascensores tampoco se encuentran en condiciones optimas, reseñó Primicia.
A esto se suman la falta de insumos y las quejas de parte de los residentes y especialistas que trabajan allí – alrededor de 90-, los cuales atienden un promedio de 100 pacientes mensuales y se han visto afectados por el impago de honorarios por sus servicios, amenazando la paralización de los servicios de salud en el hospital.
Hernández aclaró que nunca llegó a atenderse en el nuevo hospital, pero mencionó que muchos trabajadores han perecido allí, como su compañera Ismenia Perales, quien después de realizar una bailoterapia en la sede de CVG fue ingresada por un malestar al Hospital de los Trabajadores, donde «no fue atendida adecuadamente» y murió de un infarto el pasado 11 de marzo, informó.
Según Correo del Caroní, la organización sindical Unidad en la Coincidencia reportó que alrededor de 600 trabajadores, jubilados y pensionados de CVG y demás compañías estatales han fallecido por falta de atención médica en el centro médico.
Planta de Pellas de CVG de Ferrominera Orinoco. Foto: Cortesía
Entre las demás «obras» de la cúpula, es digna de mención la inversión de 824 millones de dólares para la construcción de la segunda línea de la Planta de Pellas de CVG Ferrominera Orinoco C.A., un proyecto que tuvo como responsable al Ministerio de Industrias y Producción Nacional y a los funcionarios Pedro Maldonado, Felipe Contreras, Abel Jiménez, Pedro Vásquez y Francisco Marín, la cual generaría 2.100 empleos directos y 6.300 indirectos, según el entonces vicepresidente sectorial de Economía, Tareck El Aissami.
La obra inició en 2012 y su culminación estaba estimada para 2018, pero sigue inconclusa.Cuando el régimen de Nicolás Maduro designó como presidente de la empresa estadal a Maldonado, le encomendó la misión central de «reestructurar las empresas de Guayana afectadas por la baja productividad y conflictos sindicales«, pero la gestión de su directiva pisoteó los derechos laborales y profundizó los conflictos en las empresas básicas del estado.
