Observatorio Venezolano de Prisiones, autor en Runrun

Observatorio Venezolano de Prisiones

21 reclusas fueron castigadas por reclamar sus derechos
Denuncian haber recibido comida descompuesta 

Una semana comiendo dos dedos de sopa de auyama en el desayuno, almuerzo y cena tenían las 187 mujeres que actualmente se encuentran recluidas en el anexo femenino de la Comunidad Penitenciaria Fénix, ubicada al norte de Barquisimeto, estado Lara.

La noche del 11 de febrero les dieron esa misma sopa pero en mal estado, situación que enfureció a las mujeres que decidieron alzar su voz en señal de reclamo por los alimentos que estaban recibiendo.

Esa noche había cuatro custodias haciendo la revisión habitual dentro de las celdas, al mismo tiempo que arribaba la directora del anexo femenino a las instalaciones. Fue en ese momento cuando un grupo de reclusas decidió acercarse hasta las rejas para hacerle el reclamo respectivo por los alimentos.

“No somos animales, no merecemos que nos traten así. ¿Cómo nos van a dar una sopa podrida? Eso nos puede enfermar”, denunció una de las presas de Fénix Lara al Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

Las privadas de libertad además relataron que la discusión las hizo subir la voz a tal punto que se acercó el director del penal, Ender Ávila, acompañado de más de diez hombres del Grupo de Respuesta Inmediata y Custodia (GRIC).

“Llegaron agresivos y dispararon en contra de nosotras, nos arrinconaron en una pared”, denunció una reclusa al equipo del OVP, así como también aclaró que se trataba de perdigones y afortunadamente ninguna resultó herida. Finalmente, la situación fue aclarada y tanto Ávila como la directora del anexo femenino se retiraron.

No obstante, las reclusas ahora se manifiestan preocupadas porque, a pesar de que aseguran que no pasó más allá de unos reclamos por la comida, 21 mujeres recibieron informes negativos en los que son acusadas por el presunto secuestro de la directora y las cuatro custodias que estaban dentro de las celdas.

“Con un informe de esos no tenemos derecho a redimir y tampoco podemos optar por un beneficio. Varias de las señaladas están cerca de salir en libertad, ahora todo esto nos afecta en nuestros procesos”, explicaron las privadas de libertad.

Asimismo, denunciaron  que desde la directiva del Fénix Lara presuntamente las han amenazado con trasladarlas hacia el Centro Penitenciario de Occidente (CPO) en Santa Ana del estado Táchira o el Centro Penitenciario de la Región Andina (CEPRA) en el estado Mérida.

En ese sentido, las reclusas involucradas desmintieron el supuesto secuestro del que fueron acusadas y temen ser trasladadas a otros recintos penitenciarios, lo que implica que estarían lejos de sus familiares que no tienen recursos para visitarlas en otros estados.

Denuncian traslados de presos en dólares
El Covid-19 provocó paralización de los tribunales, suspensión de visitas e ingreso de paquetería

Permanecer tras las rejas es el peor castigo para las personas que cometen un delito, pero aunado a esto los presos venezolanos deben lidiar con el abandono, el hambre y la desidia que azota los recintos penitenciarios de Venezuela.

Los traslados a cárceles lejos de su tierra natal se han instaurado como una especie de castigo para los reclusos que exigen respeto a sus derechos humanos y es por esta razón que, en reiteradas oportunidades, los familiares claman por el retorno a los penales de origen.

En ese sentido, los parientes indicaron al equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) que la situación para los presos foráneos ha empeorado significativamente tras la llegada del COVID-19 a Venezuela en el mes de marzo del 2020, lo que generó la paralización de los tribunales, la suspensión de visitas y el ingreso de paquetería (insumos).

Una vez reanudadas las actividades en los tribunales, los presos foráneos no han podido ser atendidos por la imposibilidad de ser trasladados a causa de la escasez de gasolina u otros factores como consecuencia de la lejanía de las cárceles donde se encuentran.

Cabe destacar que permanecer dentro de su jurisdicción garantiza el debido proceso para los reos, tal como está establecido en el artículo 49 de la Constitución de la República para que sea efectivo su proceso judicial, sin dilaciones indebidas o contradicciones.

Traslados en dólares 

De igual manera se conoció que muchos de los presos han sido abandonados porque sus parientes no se pueden movilizar a otros estados del territorio nacional, considerando el alto costo del transporte que oscila entre 100 y 20 dólares.

“La mayoría somos madres, esposas y hermanas humildes sin recursos. De dónde vamos a sacar para un pasaje si gastamos en comida, no nos queda para el pasaje y si podemos ir será una vez al año porque no tenemos de donde sacar esos recursos”, comentó una de las tantas madres que no quiso identificarse temiendo represalias en contra de su hijo.

“Yo soy de Lara y tengo a mi hijo en El Dorado, tengo más de dos años que no lo veo porque puedo viajar hasta Bolívar. Son muchas horas de camino y soy una persona discapacitada, soy la única familiar con la que cuenta y además no tengo recursos. Yo clamo porque mi hijo sea devuelto a la región”, expresó otra madre en medio de su desesperación.

Son muchos los testimonios que ha recabado el equipo del OVP de madres que tienen a sus hijos recluidos en cárceles del estado Yaracuy, de Aragua, Apure, Barinas, Nueva Esparta y Portuguesa, quienes aseguran que seguirán alzando su voz para exigir el traslado de sus seres queridos.

Ante esta situación resulta válido recordar la regla 59 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Las Reglas Mandela) en la que expresa: “En la medida de lo posible, los reclusos serán internados en establecimientos penitenciarios cercanos a su hogar o a su lugar de reinserción”.

Por otra parte, los familiares de reclusos de Mérida, Bolívar, Sucre, Guárico, Barinas, Zulia, entre otros, solicitaron que los presos de estos estados sean incluidos en el Plan Cayapa y que sean otorgados las libertades a quienes ya les corresponde el beneficio, pues aseguran que son muchos los que tienen cumplidas las penas, así como también solicitaron que sean facilitadas las redenciones y cómputos a los privados de libertad.

Hambre y reventa de comida provocaron motín en Carabobo
La ingesta diaria está basada en agua con pocos granos de arroz o pasta

Antes de que culminara el año 2020 en el Centro de Formación Hombre Nuevo “El Libertador”, ubicado en Tocuyito del estado Carabobo, fueron distribuidas aproximadamente 1.500 unidades de pollo para la alimentación de los presos, además de otro tipo de alimentos.

No obstante, los familiares de los privados de libertad denunciaron al equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) que estos alimentos nunca llegaron a sus bocas y presuntamente son revendidos por custodios y algunos presos con privilegios.

Según los familiares, los pollos son revendidos en 5 millones de bolívares por unidad, mientras que un kilo de harina de maíz cuesta hasta 2.5 millones de bolívares. Cabe destacar que los custodios actuaban en presunta complicidad con un grupo de reos denominados “rancheros”, que son los encargados de cocinar los alimentos en el área de cocina.

Fue en horas de la noche de este viernes 1 de enero cuando gran parte de la población penal decidió amotinarse por estos hechos que atentan contra sus derechos humanos, aunado al daño causado a los mismos familiares que son quienes deben pagar cuantiosas cantidades de dinero por pago móvil para ayudar a sus seres queridos.

El malestar generalizado provocó que los presos subieran a la azotea a quemar colchones y otros objetos, mientras que en la puerta principal del penal se concentraban los familiares que viven en el mismo estado. Fueron estas personas quienes relataron con angustia como el 31 de diciembre los presos vieron a los “rancheros” comiendo y bebiendo a sus anchas, mientras a ellos les dieron “dos dedos de agua de arroz”.

“Nosotros siempre le reclamamos a las autoridades del penal por la comida, porque cada vez estamos más flacos. Cada día mueren más compañeros de hambre y nadie hace nada”, denunció a OVP un detenido que no será identificado por temor a represalias.

En un video difundido por los privados de libertad, reconocieron que su acción no es la correcta, pero es la única forma de que el personal del Ministerio de Servicio Penitenciario se dé por enterado de lo que está sucediendo dentro del penal.

De la misma forma hicieron un llamado a la Organización de Naciones Unidas (ONU) para que atiendan la situación. “Estamos pasando hambre a diario, nos estamos muriendo de hambre”, manifestaron en el video que fue grabado en horas de la noche en medio de la protesta.

Trascendió que fueron más de 160 internos los que subieron a las azoteas de tres torres, así como también se conoció que muchos no pudieron hacerlo porque su estado de salud no les permite tan siquiera moverse de sus celdas.

Tal como hemos denunciado con frecuencia, en el Centro de Formación del Hombre Nuevo “El Libertador” hay presos que han bajado hasta 40 kilos de peso en pocos meses por la falta de alimentos, entre otras condiciones de precariedad a las que sobreviven ante la mirada inerte del Estado.

La ingesta diaria está basada en agua con pocos granos de arroz o pasta, mientras que los últimos días solo les dieron agua de arroz o bollos de harina de maíz.  Además las comidas son servidas entre 1:00 o 4:00 de la madrugada, por lo que los reos permanecen largas horas sin probar bocado.

“Nosotros también somos víctimas a la hora de llevarles comida, botan las tazas y no las devuelven. Botan todo si llevamos la comida en un pote de mantequilla, pero lo más grave es que la mayoría de las veces no les llega lo que llevamos.Nuestros familiares solo están exigiendo el sagrado derecho a la alimentación”, manifestaron los denunciantes.

Sin información 

Desde la puerta principal del recinto penitenciario o a través de llamadas telefónicas, siendo este el caso de los presos que están lejos de su tierra natal, los parientes exigen información detallada sobre la situación dentro de las instalaciones, pues hasta horas de la mañana de este sábado 2 de enero los presos se mantenían en las azoteas para exigir comida y traslados.

Según los denunciantes, vieron llegar algunos autobuses de traslado pero hasta el cierre de esta nota de prensa no había información oficial al respecto. Asimismo, denunciaron la fuerte presencia de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en las adyacencias del penal.

Por su parte, la directora del Observatorio Venezolano de Prisiones, Carolina Girón, lamentó que el 2021 haya iniciado con protestas por hambre, considerando que el Estado es responsable de garantizar los derechos humanos de los presos desde el día de su detención.

En ese sentido, exigió una investigación oportuna, exhaustiva y veraz sobre el desvío de los alimentos denunciado por la población penal, así como también clamó por la integridad física y mental de los reos que protagonizaron la protesta e información detallada e inmediata para los familiares.

Presos del Centro Penitenciario de Occidente comen una vez al día
Su dieta se basa nada más en arroz. No consumen proteína desde hace meses

Debido a la paralización de la justicia, como consecuencia de la cuarentena obligatoria por COVID-19, un gran número de privados de libertad con boleta de excarcelación no han sido liberados a pesar de las consecuencias físicas y psicológicas que esto representa, aunado al incremento del hacinamiento en las cárceles venezolanas.

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) recabó testimonios de un grupo de familiares de privados de libertad, quienes han sido víctimas de la vulneración a sus derechos humanos por el vacío de justicia que reina en el territorio nacional.

El Centro Penitenciario de Occidente (CPO), ubicado en el estado Táchira, consta de tres módulos, un anexo femenino y otro para procesados militares. Este centro alberga aproximadamente 600 privados en el CPO I, 450 en el CPO II, cerca de 220 mujeres en el anexo femenino y una población cercana a 160 en la zona de procesados militares.

Como en la mayoría de las cárceles venezolanas, los privados de este centro comen una vez al día y su dieta se basa nada más en arroz, a veces le dan “aguarote” que es una especie de sopa de auyama, pero no consumen proteína desde hace ya muchos meses. “Es la situación más grave que ha habido en este lugar”, puntualizó Raiza Ramírez, coordinadora del OVP en el estado Táchira.

Las visitas en este recinto penitenciario están suspendidas desde la pandemia, apenas en octubre se reanudaron parcialmente pero no como antes, se turnan por grupos y solo tienen autorizado de 20 a 40 minutos para conversar con sus familiares. La reanudación de las visitas ha permitido que coman un poco mejor, ya que familiares le llevan comida hecha que la consumen nada más ese día que tienen visita. Además de esto, la visita se da a través de una reja, a unos 4 metros de distancia.

“La situación es crítica, aquí en San Cristóbal a diferencia de otros estados, no hay gasolina y como la cárcel queda en otro municipio les cuesta muchísimo a los familiares poder realizar estas visitas porque no hay transporte público”, detalla la abogada.

En este sentido, se pudo conocer cómo de una manera sistemática los presos con condenas específicas como drogas, extorsión u otros delitos vinculados, son a los que menos se les respeta el derecho a rendiciones para reducción de penas y, en la mayoría de los casos, no son liberados a su debido tiempo una vez cumplida su condena.

“Los tribunales alegan que se debe a una resolución que impide estas libertades o hasta los compuntos, siendo esta inexistente. No es legal y esa resolución no existe, todo esto es de boca y está pasando a nivel nacional”,  afirmó Ramírez.

“Son muchos los que están ahí que ya deberían estar libres y no es así, nos llegaron a decir que los jueces de ejecución han renunciado para no darles su libertad”, comentó la madre de un recluso haciendo énfasis en que las respuestas que les dan son excusas mientras la vida de sus hijos está en riesgo.

Mientras que el Estado se libra de responsabilidades y justifica los retardos procesales en la pandemia, los privados de libertad de este centro penitenciario están sucumbiendo ante el hambre y la desnutrición, no hay planes que permitan asegurar que su vida será preservada en su paso por este lugar, así como tampoco velan por su reinserción en la sociedad.

A pesar de que en meses pasados Edward García, director de los Servicios Penitenciarios de la Región sur oriental, informó sobre la creación de siete huertos más en la unidad penitenciaria, un gran número de reclusos pesa menos de 50 kilos, lo que es considerado un grado de desnutrición extrema. Esta situación es clara evidencia de la poca voluntad del Estado en cumplir con su deber de preservar la vida y el bienestar de los privados bajo su custodia, dejando estos huertos como una pantalla ante una realidad palpable.

Lo que dice la ley

Con respecto a los retrasos en liberaciones con pena cumplida, hay que tener siempre presente lo que dice Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual reza que  por obligación adquirida por el Estado para la garantía sobre el goce y ejercicio de los derechos humanos (Art. 19 de la Carta Magna), y en concordancia con los artículos 1 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y 5.1 y 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece en su artículo 44 que la libertad personal es inviolable.

De tal manera que las personas legalmente aprehendidas o privadas de libertad se encuentran bajo el resguardo exclusivo del Estado y por tanto debe velar por la garantía de sus  derechos humanos, especialmente aquellos basados en las reglas de actuación policial (art. 119) y los derechos de los imputados (art. 127) establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal.

Retrasar su liberación no solo vulnera sus derechos, pone en riesgo a más reclusos porque eleva los niveles de hacinamiento, impide la recuperación del privado e incide en el bienestar de sus familiares por tener que alargar el apoyo alimenticio y psicológico por la ausencia absoluta por parte del Estado en el bienestar del privado durante su tiempo de reclusión.

 

Hambre y condiciones inhumanas continúan azotando a reclusas de Uribana
Las privadas de libertad deben lidiar con hacinamiento, hambre y falta de servicios básicos

Fiebre, vómitos y diarrea son los síntomas que presentan una gran cantidad de privadas de libertad en el anexo femenino del Centro Penitenciario David Viloria, mejor conocido como Uribana en el estado Lara, el cual actualmente alberga a 220 mujeres.

Así lo denunció un grupo de familiares ante el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), quienes aseguraron que las reclusas reciben muy pocos alimentos, como por ejemplo una arepa sin relleno en el desayuno y una tacita de pasta o arroz.

Las condiciones inhumanas a las que sobreviven las privadas de libertad en Uribana deja en evidencia el colapso del sistema penitenciario en esta y casi todas las cárceles del territorio nacional. Aunado al hacinamiento, el hambre y la falta de servicios básicos, las reclusas también deben lidiar con las presuntas amenazas de la directora, quien constantemente vocifera que les mandará a hacer la prueba rápida de COVID-19 para impedir el acceso de familiares e hijos, y por ende suspender el suministro de paquetería. 

Tal como denunciamos el pasado 5 de noviembre, dos días atrás se registró una situación irregular cuando una de las detenidas, cansada por no tener agua para beber, bañarse, entre otras cosas, decidió salir al área externa del anexo que es usada para cocinar. Una vez que se encontraba en el lugar una custodia no le permitió abastecerse del líquido. 

Tras una discusión, la funcionaria aparentemente maltrató a la reclusa e intervinieron al resto de la población que alzó su voz en señal de protesta por todas sus carencias. Durante la protesta, el anexo femenino fue tomado por funcionarios del Grupo de Respuesta Inmediata y Custodia (GRIC) del Ministerio de Asuntos Penitenciarios, quienes al parecer estaban armados y dispararon dentro del recinto, según la versión de algunos familiares que estaban visitando a presos de otros módulos en Uribana.

Tras la denuncia oportuna de los familiares, los funcionarios del GRIC se retiraron del penal pero continúan sucediendo irregularidades que atentan contra los derechos humanos de las internas. En ese sentido, desde el mes de abril OVP ha denunciado que los presos de la población masculina en Uribana pagaban en dólares por el suministro de agua potable. 

En tanto, desde hace dos meses las peticiones de dinero por el derecho al agua comenzaron nuevamente y, en esta ocasión, las mujeres del anexo de Uribana también debían pagar si querían tener al menos dos o cinco tobos de agua. El precio del camión cisterna es de 50 dólares y el pago en bolívares depende del cambio de divisas en el día.

En un día murieron dos reclusos en Fénix Lara

El pasado viernes 20 de noviembre fallecieron dos reclusos en la Comunidad Penitenciaria Fénix-Lara, quienes fueron identificados como Jairo Colina, de 48 años de edad, y Juan Carlos Péres Querales, de 45 años de edad. 

El primero presuntamente padecía de cirrosis hepática y tenía varios meses en delicado estado de salud, mientras que el segundo presentó mucha dificultad para respirar y además tenía indicios de desnutrición severa y tuberculosis. Ambos fueron trasladados al Hospital Central Antonio María Pineda, donde lamentablemente perecieron. 

«Esos detenidos se están muriendo de hambre, en el penal no hay comida. Un preso que tenga tuberculosis o cualquier otra enfermedad debe ser bien alimentado, pero eso no se cumple en ninguno de los dos penales de Lara», sentenció un familiar de un recluso, según reseñó La Prensa de Lara. 

OVP: Reos de Yare II intentaron saltar a Yare I por hambre
Al menos 30 presidiarios protagonizaron el suceso que terminó en un enfrentamiento contra funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana

Luego de que este martes se reportara una situación irregular en el Centro Penitenciario Yare II del estado Miranda, familiares de los reclusos revelaron al Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) que estos no planeaban escapar, sino saltar desde el penal con régimen penitenciario hacia una torre del Centro Penitenciario Yare I con régimen abierto, pues según afirman “tienen hambre”.

Expusieron que al ingresar a la torre del otro penal (el cual no está bajo régimen), tendrían la posibilidad de que sus familias les lleven insumos o alimentos crudos que ellos mismos puedan preparar para su alimentación diaria.

Al menos 30 presidiarios protagonizaron el suceso que terminó en un enfrentamiento contra funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana que se encontraban encargados de la custodia externa del penal.

El cuerpo castrense informó que en medio de la situación uno de los reos fue baleado y falleció. A su vez, el recluso Johan Armando Plana León y la inspectora de la Región Capital del Servicio Penitenciario, María Guillermina Fernández resultaron heridos.

Este miércoles 11 de noviembre los familiares de los presos de Yare II estaban angustiados porque no tenían ningún tipo de información acerca de la salud física de la población penal.

Resaltaron que temen que sus presos sean víctimas de algún tipo de castigo por la acción que intentaron llevar a cabo.

Parientes cercanos de los privados de libertad exponen que dentro del centro de reclusión no brindan una alimentación adecuada, y es que según exponen, los presos reciben diariamente solo un plato de arroz o pasta, sin acompañante. En ocasiones, cuando tienen suerte, les ofrecen dos porciones en un día.

Los reclusos comentan que se duermen y despiertan con hambre debido a que el almuerzo es entregado entre las 10 y las 11 de la mañana, mientras que cuando les dan cena, esta les llega a las 4 de la tarde. 

El OVP también expuso que los presos de Yare II no tienen acceso a atención médica y pueden durar hasta 15 días sin que llegue el camión cisterna que los surte de agua potable. En tanto, los pocos tobos de agua que les suministran deben rendirlos al máximo para su aseo diario, el lavado de su ropa y además contribuir con la limpieza del área donde se encuentran recluidos. Por otro lado, piden al Ministerio Público llevar a cabo una investigación que determine si los derechos humanos de los reos se encuentran siendo vulnerados.

Presos de Apure reclaman por agua potable
Deben consumir agua de una laguna aledaña, no apta para el consumo humano

Más de 400 presos que se encuentran distribuidos en diversos calabozos del municipio San Fernando de Apure sufren por la distribución del agua potable.

Aunque la población en general de Apure también padece el problema del agua, hay un centro de detención donde la situación es aún más preocupante. Los familiares explicaron al equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) que ellos mismos deben llevarles el agua a los detenidos.

Los presos que se encuentran en la Comandancia General de la Policía, que en el mes de marzo sumaban 198 según los registros del OVP, en ocasiones deben consumir agua de una laguna aledaña, aunque no es apta para el consumo humano.

En la sede del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) de la Guardia Nacional de Apure, los presos usan tobos para extraer el vital líquido de un tanque; mientras que los 72 privados de libertad del Destacamento 351 de la Guardia Nacional deben esperar más de cinco horas para llenar un pequeño tanque con una manguera y de allí cada reo tiene derecho a dos o tres tazas de agua para aseo personal.

En cuanto a la recepción de alimentos, más de 400 presos que permanecen en los distintos calabozos de la Comandancia General de la Policía; del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales, y Criminalísticas (CICPC), CONAS y GNB de San Fernando de Apure sufren por el suministro irregular de insumos.

Muchos presos han bajado abruptamente de peso, especialmente durante la cuarentena por COVID-19, todo esto a causa de las limitaciones para que los familiares puedan llevarles alimentos u otros insumos a diario

OVP: Presos de Táchira sufren por cortes eléctricos de hasta 12 horas
La directora del OVP, Carolina Girón, indicó que aunque la situación también se vive en otras regiones, el estado Táchira es una de las más afectadas

Los presos de distintos calabozos policiales en Táchira también padecen por cortes eléctricos de entre 9 y 12 horas. Estos cortes azotan a la región desde hace mucho tiempo.

“Aunque el ciudadano común también vive la pesadilla por la falta del fluido eléctrico, el preso la padece doble. Cuando se va la luz los reclusos están encerrados en cuartos pequeños donde no pueden moverse, tienen que turnarse para sentarse y la temperatura aumenta considerablemente”, explicó Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

La abogada y defensora de derechos humanos agregó que, aunque esta situación también se vive en otras regiones, el estado Táchira es una de las más afectadas.

“Esto es inhumano para los presos, aunado a que los funcionarios policiales deben multiplicar esfuerzos para evitar una fuga u otras situaciones irregulares”, detalló Girón, al tiempo que recordó que el personal policial no recibe formación para el tratamiento adecuado de los privados de libertad, pues los centros de detención preventiva no deben albergar detenidos durante más de 48 horas. No obstante, es de público conocimiento que en los calabozos policiales hay presos con hasta cinco años de estadía.

La desnutrición los acecha

Otro de los problemas que aqueja a los presos del Táchira es la falla en el suministro de alimentos, siendo la principal consecuencia el alto índice de desnutrición en esta comunidad.

Según el equipo del OVP en la entidad, se conoció que algunos de los presos han rebajado hasta 50 kilos en los últimos meses.

Cabe destacar que la alimentación de los reclusos en Táchira está a cargo de sus familiares, quienes en su gran mayoría se ven imposibilitados de trasladarse a las sedes policiales por la escasez de gasolina y las restricciones de la cuarentena obligatoria por COVID-19.

Observatorio Venezolano de Prisiones