Observatorio Venezolano de Prisiones, autor en Runrun

Observatorio Venezolano de Prisiones

OVP denunció ante Corte Interamericana precariedad de cárceles venezolanas
Hacinamiento en las prisiones es de 120%

“El sistema penitenciario venezolano no tiene las condiciones mínimas que reúna los estándares internacionales para albergar en los centros penitenciarios a personas de grupos vulnerables, tales como adultos mayores, niños, indígenas, personas LGTBI y mujeres embarazadas, en período de post parto y lactantes”, denunció Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) durante el 141° Período Ordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

En el marco de la audiencia pública de solicitud de opinión consultiva sobre enfoques diferenciados en materia de personas privadas de libertad, Girón enfatizó que el hacinamiento en las cárceles es crítico con un 120%; así como también explicó que la población carcelaria es de 37.500 personas y la capacidad instalada es para 26.238.

Durante su participación, la directora del OVP recalcó que durante 2020 se registraron 292 muertes, de las cuales 184 fueron a causa de desnutrición y tuberculosis. Esto representa más de 60% de los fallecidos en los penales venezolanos.

La abogada y defensora de Derechos Humanos explicó ante la CorteIDH que en Venezuela existen dos modalidades de centros: los abiertos que son controlados por presos, y los que permanecen bajo régimen con estricto control del Ministerio de Servicios Penitenciarios.

“La actual infraestructura data de más de 20 años, en notable deterioro por falta de mantenimiento tanto correctivo como preventivo y la gran mayoría no cuenta con agua potable, esta es surtida mediante camiones cisternas, una vez a la semana los más favorecidos”, indicó Girón.

En ese sentido, recordó que en el país existen nueve centros penitenciarios  que son beneficiarios de medidas provisionales de protección dictadas por la CIDH: Internado Judicial Rodeo I y Rodeo II, Centro Penitenciario Metropolitano Yare I y Yare II, Centro Penitenciario de Aragua, Centro Penitenciario Región Oriental Monagas, Internado Judicial Bolívar, Centro Penitenciario David Viloria y el Centro Penitenciario de la Región Andina Mérida, sin que hasta la presente fecha se hayan cumplido los requerimientos.

Sin pruebas de COVID-19

“Durante el estado de alarma por pandemia, decretado el 13 de marzo de 2020, hasta la fecha no se han practicado pruebas para descartar contagio por la COVID-19, por lo que no se conoce si en las cárceles ha habido contagios o muertes por esta enfermedad”, manifestó Carolina Girón, directora del OVP.

De la misma forma, expresó que los hombres y mujeres que están presos en las cárceles venezolanas carecen de atención médica y el acceso a medicamentos es precario, por lo que son los familiares quienes deben suministrarlos y además solicitar los traslados a los centros de salud.

En cuanto a la alimentación suministrada por los centros penitenciarios, sentenció que es mínima y constantemente escasea. Debido a esta situación, son los familiares quienes deben llevar alimentos y agua potable.

Estado viola los derechos de las personas vulnerables

Durante el periodo de sesiones, la directora de OVP también relató la situación de privados de libertad que forman parte de los grupos más vulnerables.

En el país son 2.200 las mujeres que se encuentran recluidas en centros carcelarios. En Venezuela solo existe una cárcel para mujeres que es el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), ubicado en la ciudad de Los Teques a 20 minutos de Caracas, el resto son anexos construidos al lado de los centros penitenciarios para hombres que no poseen la infraestructura necesaria para la atención de mujeres en la condición especial para mujeres embarazadas, en período de post parto y lactantes.

En este penal y los anexos femeninos no se permite la visita de hombres, por lo que los niños no tienen contacto con sus padres.

Si alguna privada de libertad tiene un niño estando en prisión estos permanecen con la madre hasta los 3 años de edad, en algunos casos los entregan a familiares o a una institución de abrigo.

Ante esta situación es evidente que en los centros de reclusión en Venezuela no se cumplen las Reglas Bangkok.

La directora de OVP añadió que las personas LGBTI sufren discriminación, tratos crueles, degradantes e inhumanos, tanto de la población reclusa como de los custodios, es común el abuso sexual y que sean utilizados para labores de aseo y recolección de desechos.

En cuanto  a las personas indígenas, relató que viven como el resto de la población, no hay respeto para sus creencias ni cultura, deben adaptarse a las normas de convivencia del recinto, así como tampoco cuentan con intérpretes dentro de los centros. El momento fue propicio para recordar el caso del preso político Salvador Franco, indígena de la etnia Pemón, a quien lo dejaron morir en la cárcel Rodeo II teniendo orden de traslado a un centro de salud.

En cuanto a los adolescentes infractores, Girón expresó que son sometidos a ejercicios físicos de orden cerrado. En tanto, no se conoce la cantidad de adolescentes detenidos en el país por la opacidad del Estado, y es de conocimiento público que las instituciones no cuentan con el personal necesario para cumplir con los programas socioeducativos individuales.

Recordemos que la legislación venezolana establece que las personas mayores de 70 años de edad no deben ser sujeto de medidas privativas de libertad, pero esta norma no se cumple porque se privilegia la privación de libertad ante cualquier otra alternativa de enjuiciamiento o cumplimiento de pena.

En calabozos policiales la situación se agrava

En otro orden de idea, Carolina Girón recalcó ante la CorteIDH que el padecimiento del grupo vulnerable en los calabozos policiales es peor aún.

Calificó la situación como preocupante y explicó que en estos centros “no hay acceso ni a la alimentación, agua potable, instalaciones sanitarias, ni a servicios médicos, donde el hacinamiento supera el 400% por capacidad instalada. Solo se mantienen separadas a las mujeres en celdas, sin ventilación y sin oportunidad de desplazamiento, mayormente duermen en el piso y en condiciones muy precarias”,  puntualizó Girón.

La directora de OVP pidió ante la CorteIDH debatir la obligación de los Estados a cumplir las decisiones de la Corte y que no queden ilusorios sus fallos a los fines de reparación y/o protección a las víctimas.

Familiares temen por alimentación de presos durante la cuarentena radical
Altos índices de desnutrición entre la población penitenciaria son alarmantes

La escasa o nula alimentación de los privados de libertad en las cárceles venezolanas es una denuncia constante por parte de sus familiares. Los altos índices de desnutrición entre la población penitenciaria es realmente alarmante, aunado a la alta tasa de mortalidad por enfermedades infecciosas como la tuberculosis.

En conversaciones con algunos reclusos, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha corroborado que su alimentación diaria se basa en granos, arroz o arepa sin relleno. No obstante, los que pueden comer aunque sea un poco al día consideran que tienen mucha suerte, pues en otros recintos solo les suministran caldo de pasta o granos sin sal, así como también tienen prohibido el consumo de azúcar.

Para paliar un poco la situación, familiares de los reos venezolanos les proveen alimentos cocidos, panes y catalinas, cada quince días o al menos dos veces al mes, en los días de visita o cuando permiten el pase de lo que ellos denominan “paquetería”. Gracias a la ayuda de sus seres queridos, muchos presos han sobrevivido al hambre y la desnutrición que ha acabado con la vida de sus compañeros de celda.

Debido a la radicalización de la cuarentena por COVID-19 durante 14 días, los familiares se mostraron preocupados por la salud física y mental de los presos que sucumben ante la desidia de un Estado ausente para la población penitenciaria.

Tal como ha reseñado el OVP en un sinfín de oportunidades, son muchos los reclusos que sobreviven lejos de su tierra natal, lo que representa un calvario para los familiares que deben trasladarse de un estado a otro, considerando el alto costo del transporte, entre otros gastos.

Incluso, aunque vivan en la misma ciudad, son muchos los familiares que no podrán trasladarse hasta los penales por las dificultades propias del contexto pandemia y las restricciones impuestas por el Gobierno nacional.

En ese sentido, los parientes se preguntan ¿Qué comerán los presos durante estos 14 días de cuarentena radical? Es una interrogante difícil de responder cuando ni siquiera se conoce el presupuesto destinado para alimentos por el Ministerio de Servicios Penitenciarios.

Por último, los familiares hicieron un llamado a la encargada del Ministerio de Servicio Penitenciarios para que garantice la alimentación adecuada de cada uno de los presos y como consecuencia evitar el incremento de las muertes por hambre en los recintos penitenciarios.

Reclusas de la PGV denuncian que pagan para recibir paquetes de familiares
Se estima que la “vacuna” sobrepasa los 10 dólares

Un total de 103 mujeres tras las rejas en el anexo femenino de la Penitenciaría General de Venezuela (PGV) en San Juan de los Morros, estado Guárico, denunciaron que además de las condiciones inhumanas a las que sobreviven dentro del penal, también tienen que pagar para recibir la paquetería (alimentos e insumos personales) que les llevan sus familiares.

Según conoció el equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), las reclusas son víctimas de presunta corrupción por parte de funcionarios del Ministerio de Servicios Penitenciarios, quienes supuestamente cobran a los familiares para permitirles el ingreso de alimentos u otros paquetes, no quisieron revelar un monto exacto, pero se estima que sobrepasa los 10 dólares.

Por su parte, los familiares aseguraron que la mayoría no tienen recursos suficientes para proveer a las mujeres detenidas y lo poco que les llevan es producto de un gran esfuerzo, todo esto aunado al gasto de transporte. Es por esta razón que trasladarse hasta la PGV se ha convertido en un calvario.

De la misma forma aseguraron que las 103 privadas de libertad sufrieron demasiado por la escasez de alimentos, pues su dieta diaria estaba basada en bollos, arepa sin relleno o alguna verdura cocida. Tras varios reclamos, la directiva del anexo femenino ha tomado algunos recaudos para mejorar la situación, pero las reclusas temen que en cualquier momento vuelvan a lo mismo.

En cuanto al agua potable, el equipo del OVP conoció que el líquido es suministrado a través de camiones cisternas.

Visitas restringidas

Por el contexto de la pandemia por COVID-19 en Venezuela, las visitas a los privados de libertad fueron restringidas para evitar la propagación del virus; sin embargo, mucho antes de esto ya las mujeres tenían ciertas condiciones para ver a sus familiares.

Dentro de este penal continúan restringiendo las visitas de hombres, por lo que las reclusas tienen mucho tiempo sin contacto con sus padres, hermanos y parejas. Además tienen derecho a visita conyugal siempre y cuando el Ministerio de Servicios Penitenciarios lo permita tras efectuar un papeleo.

En tanto, los niños solo pueden ingresar en fechas especiales como navidad, día de las madres o día del niño. Desde el año pasado las mujeres privadas de libertad en la PGV no han podido abrazar a sus hijos, situación que se repite en los recintos penitenciarios de todo el territorio nacional.

21 reclusas fueron castigadas por reclamar sus derechos
Denuncian haber recibido comida descompuesta 

Una semana comiendo dos dedos de sopa de auyama en el desayuno, almuerzo y cena tenían las 187 mujeres que actualmente se encuentran recluidas en el anexo femenino de la Comunidad Penitenciaria Fénix, ubicada al norte de Barquisimeto, estado Lara.

La noche del 11 de febrero les dieron esa misma sopa pero en mal estado, situación que enfureció a las mujeres que decidieron alzar su voz en señal de reclamo por los alimentos que estaban recibiendo.

Esa noche había cuatro custodias haciendo la revisión habitual dentro de las celdas, al mismo tiempo que arribaba la directora del anexo femenino a las instalaciones. Fue en ese momento cuando un grupo de reclusas decidió acercarse hasta las rejas para hacerle el reclamo respectivo por los alimentos.

“No somos animales, no merecemos que nos traten así. ¿Cómo nos van a dar una sopa podrida? Eso nos puede enfermar”, denunció una de las presas de Fénix Lara al Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

Las privadas de libertad además relataron que la discusión las hizo subir la voz a tal punto que se acercó el director del penal, Ender Ávila, acompañado de más de diez hombres del Grupo de Respuesta Inmediata y Custodia (GRIC).

“Llegaron agresivos y dispararon en contra de nosotras, nos arrinconaron en una pared”, denunció una reclusa al equipo del OVP, así como también aclaró que se trataba de perdigones y afortunadamente ninguna resultó herida. Finalmente, la situación fue aclarada y tanto Ávila como la directora del anexo femenino se retiraron.

No obstante, las reclusas ahora se manifiestan preocupadas porque, a pesar de que aseguran que no pasó más allá de unos reclamos por la comida, 21 mujeres recibieron informes negativos en los que son acusadas por el presunto secuestro de la directora y las cuatro custodias que estaban dentro de las celdas.

“Con un informe de esos no tenemos derecho a redimir y tampoco podemos optar por un beneficio. Varias de las señaladas están cerca de salir en libertad, ahora todo esto nos afecta en nuestros procesos”, explicaron las privadas de libertad.

Asimismo, denunciaron  que desde la directiva del Fénix Lara presuntamente las han amenazado con trasladarlas hacia el Centro Penitenciario de Occidente (CPO) en Santa Ana del estado Táchira o el Centro Penitenciario de la Región Andina (CEPRA) en el estado Mérida.

En ese sentido, las reclusas involucradas desmintieron el supuesto secuestro del que fueron acusadas y temen ser trasladadas a otros recintos penitenciarios, lo que implica que estarían lejos de sus familiares que no tienen recursos para visitarlas en otros estados.

Denuncian traslados de presos en dólares
El Covid-19 provocó paralización de los tribunales, suspensión de visitas e ingreso de paquetería

Permanecer tras las rejas es el peor castigo para las personas que cometen un delito, pero aunado a esto los presos venezolanos deben lidiar con el abandono, el hambre y la desidia que azota los recintos penitenciarios de Venezuela.

Los traslados a cárceles lejos de su tierra natal se han instaurado como una especie de castigo para los reclusos que exigen respeto a sus derechos humanos y es por esta razón que, en reiteradas oportunidades, los familiares claman por el retorno a los penales de origen.

En ese sentido, los parientes indicaron al equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) que la situación para los presos foráneos ha empeorado significativamente tras la llegada del COVID-19 a Venezuela en el mes de marzo del 2020, lo que generó la paralización de los tribunales, la suspensión de visitas y el ingreso de paquetería (insumos).

Una vez reanudadas las actividades en los tribunales, los presos foráneos no han podido ser atendidos por la imposibilidad de ser trasladados a causa de la escasez de gasolina u otros factores como consecuencia de la lejanía de las cárceles donde se encuentran.

Cabe destacar que permanecer dentro de su jurisdicción garantiza el debido proceso para los reos, tal como está establecido en el artículo 49 de la Constitución de la República para que sea efectivo su proceso judicial, sin dilaciones indebidas o contradicciones.

Traslados en dólares 

De igual manera se conoció que muchos de los presos han sido abandonados porque sus parientes no se pueden movilizar a otros estados del territorio nacional, considerando el alto costo del transporte que oscila entre 100 y 20 dólares.

“La mayoría somos madres, esposas y hermanas humildes sin recursos. De dónde vamos a sacar para un pasaje si gastamos en comida, no nos queda para el pasaje y si podemos ir será una vez al año porque no tenemos de donde sacar esos recursos”, comentó una de las tantas madres que no quiso identificarse temiendo represalias en contra de su hijo.

“Yo soy de Lara y tengo a mi hijo en El Dorado, tengo más de dos años que no lo veo porque puedo viajar hasta Bolívar. Son muchas horas de camino y soy una persona discapacitada, soy la única familiar con la que cuenta y además no tengo recursos. Yo clamo porque mi hijo sea devuelto a la región”, expresó otra madre en medio de su desesperación.

Son muchos los testimonios que ha recabado el equipo del OVP de madres que tienen a sus hijos recluidos en cárceles del estado Yaracuy, de Aragua, Apure, Barinas, Nueva Esparta y Portuguesa, quienes aseguran que seguirán alzando su voz para exigir el traslado de sus seres queridos.

Ante esta situación resulta válido recordar la regla 59 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Las Reglas Mandela) en la que expresa: “En la medida de lo posible, los reclusos serán internados en establecimientos penitenciarios cercanos a su hogar o a su lugar de reinserción”.

Por otra parte, los familiares de reclusos de Mérida, Bolívar, Sucre, Guárico, Barinas, Zulia, entre otros, solicitaron que los presos de estos estados sean incluidos en el Plan Cayapa y que sean otorgados las libertades a quienes ya les corresponde el beneficio, pues aseguran que son muchos los que tienen cumplidas las penas, así como también solicitaron que sean facilitadas las redenciones y cómputos a los privados de libertad.

Hambre y reventa de comida provocaron motín en Carabobo
La ingesta diaria está basada en agua con pocos granos de arroz o pasta

Antes de que culminara el año 2020 en el Centro de Formación Hombre Nuevo “El Libertador”, ubicado en Tocuyito del estado Carabobo, fueron distribuidas aproximadamente 1.500 unidades de pollo para la alimentación de los presos, además de otro tipo de alimentos.

No obstante, los familiares de los privados de libertad denunciaron al equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) que estos alimentos nunca llegaron a sus bocas y presuntamente son revendidos por custodios y algunos presos con privilegios.

Según los familiares, los pollos son revendidos en 5 millones de bolívares por unidad, mientras que un kilo de harina de maíz cuesta hasta 2.5 millones de bolívares. Cabe destacar que los custodios actuaban en presunta complicidad con un grupo de reos denominados “rancheros”, que son los encargados de cocinar los alimentos en el área de cocina.

Fue en horas de la noche de este viernes 1 de enero cuando gran parte de la población penal decidió amotinarse por estos hechos que atentan contra sus derechos humanos, aunado al daño causado a los mismos familiares que son quienes deben pagar cuantiosas cantidades de dinero por pago móvil para ayudar a sus seres queridos.

El malestar generalizado provocó que los presos subieran a la azotea a quemar colchones y otros objetos, mientras que en la puerta principal del penal se concentraban los familiares que viven en el mismo estado. Fueron estas personas quienes relataron con angustia como el 31 de diciembre los presos vieron a los “rancheros” comiendo y bebiendo a sus anchas, mientras a ellos les dieron “dos dedos de agua de arroz”.

“Nosotros siempre le reclamamos a las autoridades del penal por la comida, porque cada vez estamos más flacos. Cada día mueren más compañeros de hambre y nadie hace nada”, denunció a OVP un detenido que no será identificado por temor a represalias.

En un video difundido por los privados de libertad, reconocieron que su acción no es la correcta, pero es la única forma de que el personal del Ministerio de Servicio Penitenciario se dé por enterado de lo que está sucediendo dentro del penal.

De la misma forma hicieron un llamado a la Organización de Naciones Unidas (ONU) para que atiendan la situación. “Estamos pasando hambre a diario, nos estamos muriendo de hambre”, manifestaron en el video que fue grabado en horas de la noche en medio de la protesta.

Trascendió que fueron más de 160 internos los que subieron a las azoteas de tres torres, así como también se conoció que muchos no pudieron hacerlo porque su estado de salud no les permite tan siquiera moverse de sus celdas.

Tal como hemos denunciado con frecuencia, en el Centro de Formación del Hombre Nuevo “El Libertador” hay presos que han bajado hasta 40 kilos de peso en pocos meses por la falta de alimentos, entre otras condiciones de precariedad a las que sobreviven ante la mirada inerte del Estado.

La ingesta diaria está basada en agua con pocos granos de arroz o pasta, mientras que los últimos días solo les dieron agua de arroz o bollos de harina de maíz.  Además las comidas son servidas entre 1:00 o 4:00 de la madrugada, por lo que los reos permanecen largas horas sin probar bocado.

“Nosotros también somos víctimas a la hora de llevarles comida, botan las tazas y no las devuelven. Botan todo si llevamos la comida en un pote de mantequilla, pero lo más grave es que la mayoría de las veces no les llega lo que llevamos.Nuestros familiares solo están exigiendo el sagrado derecho a la alimentación”, manifestaron los denunciantes.

Sin información 

Desde la puerta principal del recinto penitenciario o a través de llamadas telefónicas, siendo este el caso de los presos que están lejos de su tierra natal, los parientes exigen información detallada sobre la situación dentro de las instalaciones, pues hasta horas de la mañana de este sábado 2 de enero los presos se mantenían en las azoteas para exigir comida y traslados.

Según los denunciantes, vieron llegar algunos autobuses de traslado pero hasta el cierre de esta nota de prensa no había información oficial al respecto. Asimismo, denunciaron la fuerte presencia de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en las adyacencias del penal.

Por su parte, la directora del Observatorio Venezolano de Prisiones, Carolina Girón, lamentó que el 2021 haya iniciado con protestas por hambre, considerando que el Estado es responsable de garantizar los derechos humanos de los presos desde el día de su detención.

En ese sentido, exigió una investigación oportuna, exhaustiva y veraz sobre el desvío de los alimentos denunciado por la población penal, así como también clamó por la integridad física y mental de los reos que protagonizaron la protesta e información detallada e inmediata para los familiares.

Presos del Centro Penitenciario de Occidente comen una vez al día
Su dieta se basa nada más en arroz. No consumen proteína desde hace meses

Debido a la paralización de la justicia, como consecuencia de la cuarentena obligatoria por COVID-19, un gran número de privados de libertad con boleta de excarcelación no han sido liberados a pesar de las consecuencias físicas y psicológicas que esto representa, aunado al incremento del hacinamiento en las cárceles venezolanas.

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) recabó testimonios de un grupo de familiares de privados de libertad, quienes han sido víctimas de la vulneración a sus derechos humanos por el vacío de justicia que reina en el territorio nacional.

El Centro Penitenciario de Occidente (CPO), ubicado en el estado Táchira, consta de tres módulos, un anexo femenino y otro para procesados militares. Este centro alberga aproximadamente 600 privados en el CPO I, 450 en el CPO II, cerca de 220 mujeres en el anexo femenino y una población cercana a 160 en la zona de procesados militares.

Como en la mayoría de las cárceles venezolanas, los privados de este centro comen una vez al día y su dieta se basa nada más en arroz, a veces le dan “aguarote” que es una especie de sopa de auyama, pero no consumen proteína desde hace ya muchos meses. “Es la situación más grave que ha habido en este lugar”, puntualizó Raiza Ramírez, coordinadora del OVP en el estado Táchira.

Las visitas en este recinto penitenciario están suspendidas desde la pandemia, apenas en octubre se reanudaron parcialmente pero no como antes, se turnan por grupos y solo tienen autorizado de 20 a 40 minutos para conversar con sus familiares. La reanudación de las visitas ha permitido que coman un poco mejor, ya que familiares le llevan comida hecha que la consumen nada más ese día que tienen visita. Además de esto, la visita se da a través de una reja, a unos 4 metros de distancia.

“La situación es crítica, aquí en San Cristóbal a diferencia de otros estados, no hay gasolina y como la cárcel queda en otro municipio les cuesta muchísimo a los familiares poder realizar estas visitas porque no hay transporte público”, detalla la abogada.

En este sentido, se pudo conocer cómo de una manera sistemática los presos con condenas específicas como drogas, extorsión u otros delitos vinculados, son a los que menos se les respeta el derecho a rendiciones para reducción de penas y, en la mayoría de los casos, no son liberados a su debido tiempo una vez cumplida su condena.

“Los tribunales alegan que se debe a una resolución que impide estas libertades o hasta los compuntos, siendo esta inexistente. No es legal y esa resolución no existe, todo esto es de boca y está pasando a nivel nacional”,  afirmó Ramírez.

“Son muchos los que están ahí que ya deberían estar libres y no es así, nos llegaron a decir que los jueces de ejecución han renunciado para no darles su libertad”, comentó la madre de un recluso haciendo énfasis en que las respuestas que les dan son excusas mientras la vida de sus hijos está en riesgo.

Mientras que el Estado se libra de responsabilidades y justifica los retardos procesales en la pandemia, los privados de libertad de este centro penitenciario están sucumbiendo ante el hambre y la desnutrición, no hay planes que permitan asegurar que su vida será preservada en su paso por este lugar, así como tampoco velan por su reinserción en la sociedad.

A pesar de que en meses pasados Edward García, director de los Servicios Penitenciarios de la Región sur oriental, informó sobre la creación de siete huertos más en la unidad penitenciaria, un gran número de reclusos pesa menos de 50 kilos, lo que es considerado un grado de desnutrición extrema. Esta situación es clara evidencia de la poca voluntad del Estado en cumplir con su deber de preservar la vida y el bienestar de los privados bajo su custodia, dejando estos huertos como una pantalla ante una realidad palpable.

Lo que dice la ley

Con respecto a los retrasos en liberaciones con pena cumplida, hay que tener siempre presente lo que dice Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual reza que  por obligación adquirida por el Estado para la garantía sobre el goce y ejercicio de los derechos humanos (Art. 19 de la Carta Magna), y en concordancia con los artículos 1 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y 5.1 y 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece en su artículo 44 que la libertad personal es inviolable.

De tal manera que las personas legalmente aprehendidas o privadas de libertad se encuentran bajo el resguardo exclusivo del Estado y por tanto debe velar por la garantía de sus  derechos humanos, especialmente aquellos basados en las reglas de actuación policial (art. 119) y los derechos de los imputados (art. 127) establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal.

Retrasar su liberación no solo vulnera sus derechos, pone en riesgo a más reclusos porque eleva los niveles de hacinamiento, impide la recuperación del privado e incide en el bienestar de sus familiares por tener que alargar el apoyo alimenticio y psicológico por la ausencia absoluta por parte del Estado en el bienestar del privado durante su tiempo de reclusión.

 

Hambre y condiciones inhumanas continúan azotando a reclusas de Uribana
Las privadas de libertad deben lidiar con hacinamiento, hambre y falta de servicios básicos

Fiebre, vómitos y diarrea son los síntomas que presentan una gran cantidad de privadas de libertad en el anexo femenino del Centro Penitenciario David Viloria, mejor conocido como Uribana en el estado Lara, el cual actualmente alberga a 220 mujeres.

Así lo denunció un grupo de familiares ante el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), quienes aseguraron que las reclusas reciben muy pocos alimentos, como por ejemplo una arepa sin relleno en el desayuno y una tacita de pasta o arroz.

Las condiciones inhumanas a las que sobreviven las privadas de libertad en Uribana deja en evidencia el colapso del sistema penitenciario en esta y casi todas las cárceles del territorio nacional. Aunado al hacinamiento, el hambre y la falta de servicios básicos, las reclusas también deben lidiar con las presuntas amenazas de la directora, quien constantemente vocifera que les mandará a hacer la prueba rápida de COVID-19 para impedir el acceso de familiares e hijos, y por ende suspender el suministro de paquetería. 

Tal como denunciamos el pasado 5 de noviembre, dos días atrás se registró una situación irregular cuando una de las detenidas, cansada por no tener agua para beber, bañarse, entre otras cosas, decidió salir al área externa del anexo que es usada para cocinar. Una vez que se encontraba en el lugar una custodia no le permitió abastecerse del líquido. 

Tras una discusión, la funcionaria aparentemente maltrató a la reclusa e intervinieron al resto de la población que alzó su voz en señal de protesta por todas sus carencias. Durante la protesta, el anexo femenino fue tomado por funcionarios del Grupo de Respuesta Inmediata y Custodia (GRIC) del Ministerio de Asuntos Penitenciarios, quienes al parecer estaban armados y dispararon dentro del recinto, según la versión de algunos familiares que estaban visitando a presos de otros módulos en Uribana.

Tras la denuncia oportuna de los familiares, los funcionarios del GRIC se retiraron del penal pero continúan sucediendo irregularidades que atentan contra los derechos humanos de las internas. En ese sentido, desde el mes de abril OVP ha denunciado que los presos de la población masculina en Uribana pagaban en dólares por el suministro de agua potable. 

En tanto, desde hace dos meses las peticiones de dinero por el derecho al agua comenzaron nuevamente y, en esta ocasión, las mujeres del anexo de Uribana también debían pagar si querían tener al menos dos o cinco tobos de agua. El precio del camión cisterna es de 50 dólares y el pago en bolívares depende del cambio de divisas en el día.

En un día murieron dos reclusos en Fénix Lara

El pasado viernes 20 de noviembre fallecieron dos reclusos en la Comunidad Penitenciaria Fénix-Lara, quienes fueron identificados como Jairo Colina, de 48 años de edad, y Juan Carlos Péres Querales, de 45 años de edad. 

El primero presuntamente padecía de cirrosis hepática y tenía varios meses en delicado estado de salud, mientras que el segundo presentó mucha dificultad para respirar y además tenía indicios de desnutrición severa y tuberculosis. Ambos fueron trasladados al Hospital Central Antonio María Pineda, donde lamentablemente perecieron. 

«Esos detenidos se están muriendo de hambre, en el penal no hay comida. Un preso que tenga tuberculosis o cualquier otra enfermedad debe ser bien alimentado, pero eso no se cumple en ninguno de los dos penales de Lara», sentenció un familiar de un recluso, según reseñó La Prensa de Lara.