Observatorio Venezolano de Violencia, autor en Runrun

Observatorio Venezolano de Violencia

Muertes y homicidios en averiguación caracterizaron violencia en Amazonas durante 2022
La tasa de muertes violentas aumentó a 38,1 por cada 100 mil habitantes una variación del 28,4% con respecto al año 2021

 

Durante el año 2022, el Observatorio Venezolano de Violencia Amazonas (OVV Amazonas) realizó un proceso de monitoreo de sucesos de violencia interpersonal letal y no letal ocurridos en la región. Entre los principales hallazgos, Amazonas culminó el 2022 con una tasa ampliada de muertes violentas de 34,4 por cada 100 mil habitantes (100/h). Estos resultados forman parte de la sumatoria de las tasas estimadas de las diversas categorías de violencia; homicidios 29 (17,5%) muertes por intervención policial (0,0) y muertes en averiguación 28 (16,9%) ubicando al estado en el puesto 8 del ranking nacional, por debajo del estado Aragua (35) y por encima del estado Trujillo (33).

Al comparar la tasa de muertes violentas del año 2022 (34 por cada 100 mil habitantes), con las tasas registradas en los años 2018 (71), 2019 (58), 2020 (16.6) y 2021 (29.7) el equipo de investigación sostiene que si bien hubo una disminución significativa en el año 2020, asociada al efecto restrictivo por el auge de la pandemia del Covid-19 y que ubicó a Amazonas como la entidad menos violenta del país, ya para el pasado año (2021) se muestra un salto en la magnitud que se refuerza en el 2022, aunque sin alcanzar las elevadas tasas de 2018 y 2019.

Según el informe regional anual 2022, al agregar la categoría desapariciones (seis eventos y una tasa de 3,6) a los resultados antes descritos, la tasa de muertes violentas aumentó a 38,1 por cada 100 mil habitantes (100/h) una variación del 28,4% con respecto al año 2021, cuando se alcanzó una tasa del 29,7 lo que permite ubicar al estado en el lugar 11 del ranking nacional.

A criterio de Héctor Escandell García, coordinador del OVV Amazonas, esta tendencia de los patrones de violencia, donde prevalecen los homicidios y muertes en averiguación, podrían estar relacionada con la prolongación de la crisis económica, que aún no ha cesado, la expansión de la minería ilegal y su repercusión en la cultura de los pueblos indígenas, situación que ha propiciado daños a la sociedad por la creciente división y la confrontación intercomunitaria, en un ambiente marcado por la presencia creciente de grupos armados irregulares en distintos territorios de la entidad. Es importante destacar que este año no hubo registros de muertes por intervención policial o por resistencia a la autoridad, lo que refuerza la tendencia a la baja de la tasa correspondiente, estimada en 2020 en 3,1 y en 2021 en 1,8.

En el 2022 Amazonas ascendió al primer lugar en la tasa de homicidios

Aun cuando el estado Miranda ocupó el primer lugar de muertes (338) según la cantidad de homicidios registrados y Amazonas contabilizó (29), al convertir los resultados en tasa, Amazonas, lideró esta categoría al obtener una tasa de 18 por cada 100 mil habitantes (100/h) duplicando el promedio para el país, estimando 9 homicidios por cada 100 mil habitantes (100/h), saltando repentinamente del puesto 21 (2021) al 1 (2022).

La situación descrita podría estar indicando una tendencia hacia el incremento de la violencia interpersonal causante de muertes, en tanto no hay evidencia de que la minería ilegal pueda reducirse en el corto plazo; por el contrario, parece estar en una fase de ampliación, tanto en el número de personas participando, como el aumento de los territorios ocupados por la actividad.

Violencia a escala municipal en Amazonas

 La data a escala municipal, recopilada por el OVV Amazonas, señala que la concentración de ocurrencia acumulada de muertes violentas (homicidios y muertes en averiguación) se ubica en los municipios Atures (25) Alto Orinoco (13) y Atabapo (13) acumulando 51 de los 57 registrados. En la categoría de muertes en averiguación, la distribución se amplía a cuatro municipios: 12 eventos en Atures, 10 en Atabapo, 4 en Autana y 2 en Maroa, para totalizar 28 casos. Destaca la ausencia de eventos registrados para los municipios Manapiare y Río Negro.

En este periodo, enero-noviembre, se registraron 185 víctimas, de las cuales el 52 % pertenecen al sexo femenino y un 48% masculino, estas cifras son ligeramente superiores a las reportadas el pasado año, aunque no son suficientes para marcar tendencias. Así mismo el 93% de los casos hubo una sola víctima, mientras en los once casos restantes (7%) se reporta polivictimización, en el rango de 2 a 5 víctimas.

En cuanto a grupos de edad de las víctimas, el 71 % de los casos registrados se acumula entre los siguientes rangos: 47 víctimas entre 18 y 29 años (27 %), 52 víctimas entre 30 y 40 años (28 %) y 29 víctimas entre 12 y 17 años (16 %), lo que evidencia que la violencia interpersonal ejercida tiene su principal escenario entre los jóvenes y adultos jóvenes, seguidos por los adolescentes.

Para el OVV Amazonas, la violencia continúa presentando un rostro urbano, sin embargo, se observa una tendencia a su incremento en espacios no convencionales como las comunidades indígenas próximas a las áreas mineras. No obstante, con este informe se pretende sensibilizar a la población amazonense sobre la evolución de la violencia en la entidad y contribuir a minimizar los efectos negativos de este fenómeno.

46 suicidios han sido reportados en Aragua entre enero y noviembre de 2022
El 80,43% de las víctimas son del sexo masculinos y 19.57% femenino

 

Durante los primeros once meses del año 2022, 46 personas decidieron quitarse la vida en el estado Aragua. El 80,43% (37) de las víctimas son del sexo masculinos y 19.57% (9) femenino, cuyas edades oscilan entre 12 y 90 años. 45,75% eran adultos contemporáneos, 23,91% no tenían información de la edad, 13,04% eran adultos mayores, 10,87 adultos jóvenes y 6,52% adolescentes. Estos datos forman parte del monitoreo de la prensa regional realizado por el Observatorio de Prensa del OVV Aragua (OVV Aragua).

En relación a la ocupación de las víctimas, 47,3% (22) de los casos no informa, 6,52% (3) eran agricultores, 6.52% comerciantes, 6.52% estudiantes y 6,52% pacientes psiquiátricos, 4,35% son obreros y 4,35% policías. Las otras ocho victimas, que representan 17,3% restante, se corresponde con: un abogado, un barbero, un colector de autobús, una de oficios del hogar, un presunto abusador sexual, un técnico en computación, un trabajador y un vigilante.

El móvil más frecuente de los suicidios fue la depresión, presente en el 52,17% (24) de los casos. (En 17 no se especifican las causas de la depresión, 4 fueron por asuntos amorosos y en 3 por duelo). En segundo lugar, están los motivos desconocidos con 17 casos que representan el 36,96%. En tercer lugar, 2 (4,35%) suicidios por ira de dos adolescentes femeninas de 12 y 15 años de edad. la primera porque la abuela no le compró un celular con el dinero que le había enviado su mamá y la segunda porque no le dejaron hacerse unas “mechitas” en el cabello. Seguidamente, en el mismo tercer lugar (4,35%), hubo 2 casos de pacientes esquizofrénicos: una mujer de 40 años y un hombre de 66, quienes por separado, hicieron brotes psicóticos debido a una descompensación clínica por falta de tratamiento. Finalmente ocurrió el suicidio de un niño de 12 años en Cagua, quien decidió terminar con su vida, presionado por el bullying al que estaba expuesto en su entorno escolar.

En cuanto al contexto de los suicidios 52% ocurrieron durante el día y durante la semana. En cuanto al lugar de ocurrencia, 80% ocurrió en la casa y 65,22% de los casos utilizaron el ahorcamiento como medio para quitarse la vida.

El mes con mayor número de suicidios fue julio, cuando se reportaron 9 muertes, seguido de mayo con 8 y noviembre con 6, concentrando el 50% del total de suicidios registrados durante enero-noviembre de 2022. Los municipios que reportaron el 63% de los suicidios fueron Girardot con 28,26%, seguido de Ribas con 13.04% y Mariño y Zamora con 10,87% cada uno.

Según la doctora Iris Terán, Coordinadora Regional del OVV Aragua, al referirse al comportamiento de la violencia autoinfligida en la región, explicó que se mantiene tendencia sostenida hacia el ascenso en los últimos tres años, tal como se muestra en el Gráfico anexo. “Estas situaciones reflejan el impacto negativo que ha tenido sobre la salud mental de los aragüeños la conjugación de tres factores fundamentales: la depresión de niños y ancianos, ante la desintegración familiar ocasionada por la diáspora, generada por la Crisis Humanitaria Compleja a la hemos estado expuestos desde el 2015, sumada a la profundización de la caída del poder adquisitivo y el incremento de todas los componentes de la violencia intrafamiliar generada por el confinamiento social ocasionado la pandemia, igualmente hay que tomar en cuenta la falta de capacidad instalada de los servicios de atención a los pacientes con trastornos psiquiátricos por parte del Estado y a la inexistencia de una red pública y gratuita que le brinde herramientas de apoyo a las familias y a los ciudadanos para enfrentar situaciones extremas de desesperanza y estrés”, señaló Terán.

Entre 2017 y 2019 hubo 3.738 muertes violentas de niños y adolescentes en Venezuela
Las cifras corresponden a un informe del Observatorio Venezolano de Violencia, la organización Cecodap y la Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes

Entre 2017 y 2019 se registraron en Venezuela 3.738 muertes violentas de niños, niñas y adolescentes, de las cuales 2.291 fueron homicidios, de acuerdo a un informe del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), la organización Cecodap y la Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes (Redhnna).

Las cifras fueron recabadas de informaciones registradas en distintos puntos del país y los victimarios fueron, en su mayoría, miembros de bandas criminales, «pero también puede ser identificada la responsabilidad de familiares directos, incluso padres”, resalta el informe.

Gloria Perdomo, coordinadora del OVV, destacó que, entre 2017 y el 2020, detectaron 545 muertes de niños, niñas y adolescentes debido a la actuación de cuerpos policiales. Los casos son presentados ante la opinión como muertes en las que hubo “resistencia a la autoridad”, dijo.

“Esto lo que evidencia es una actuación policial desproporcionada, lesiva, violatoria de los derechos humanos. Que tengamos identificadas actuaciones policiales que generaron la muerte de niños significa que un cuerpo policial admite que no tiene, desde el punto de vista de competencia profesional, la idoneidad para desarrollarse de forma apropiada, y en lugar de ser protector de la población, lo que se está es generando daños”, agregó.

Violencia intrafamiliar y pobreza

La investigación también reveló que, como consecuencia del empobrecimiento y las condiciones de vida, ha crecido la captación de adolescentes y jóvenes por parte de bandas armadas que les ofrecen alimentos y recursos, refiere la Voz de América.

Además, el informe resalta el incremento de situaciones de violencia intrafamiliar y cómo el “progresivo empobrecimiento” y la inseguridad alimentaria “han sido causa de una afectación de la convivencia familiar”.

“Vamos comprobando hechos horribles que tienen que ver con maltratos, heridas, lesiones, en algunos casos con un desenlace fatal contra una población muy pequeña, de muy corta edad», expuso Perdomo en una conferencia de prensa virtual. «Hemos visto casos de niños quemados por comerse una ración de arroz. Es el efecto de la miseria traducidos en conflictos dentro del hogar”.

Al presentar el informe, los investigadores advirtieron que desde hace más de una década en Venezuela no hay datos oficiales que informen de la mortalidad por causas violentas de niños, niñas y adolescentes, una situación alarmante porque “sin información pública, no es posible una apropiada política de prevención”.

Según la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, es “obligación” del Estado venezolano “presentar cada año” un informe sobre los derechos de la niñez, agregaron.

Desapariciones forzadas vinculadas a la minería tienen lugar en Bolívar
Desde 2016 a 2020 se contabilizan al menos 100 desapariciones

Aunque lo común es hablar de la lucha por el control y permanencia en las minas del sur del estado, desde el año 2016, aproximadamente, han cobrado mucha fuerza las denuncias por las desapariciones de personas. Desde esa fecha y hasta el 2020, se habían contabilizado al menos 100 desapariciones. Aunque la cifra pueda parecer pequeña frente a las de otros sucesos, resulta importante comprender que solamente el 25% de estas ausencias prolongadas son denunciadas. “Uno no sabe por dónde empezar a buscar. Tampoco vamos a la policía porque ellos preguntan cosas que si uno supiera los buscara uno mismo o te dicen que se los tragó la mina”, señaló Edilia Rodríguez, familiar de una víctima de desaparición.

Además de mineros artesanales, que representan aproximadamente el 50% de los desaparecidos, cualquier persona ligada a las actividades conexas a la extractivista es una potencial víctima. Tal fue el caso de los comerciantes de gas doméstico Liliana Castro y José Ron, quienes en abril de este año salieron a Maramas, municipio El Callao, a vender dos cilindros del preciado combustible. Después de concretar la venta, llamaron a sus familiares para anunciar el retorno; sin embargo, jamás llegaron a su destino. Hasta ahora, no se tiene información alguna de su paradero.

Por iguales circunstancias, desde la Coordinación de FunRedes en el estado Bolívar se han realizado reiteradas denuncias ante el Ministerio Público exigiendo se lleven a cabo las investigaciones necesarias para localizar a los hermanos Jhon Jairo y Yair García, quienes, junto a Dionisio Guzmán, viajaron al sur de la entidad con la esperanza de hallar bonanza en las minas y desde hace poco más de un mes no se sabe de ellos.

La vocera señaló que en los datos documentados se tiene registro de que el 8 de mayo las víctimas salieron de la mina El Kino y, en la segunda alcabala, la cual es manejada por indígenas de la etnia Jivi, desaparecieron. Acotó que de estos puntos de control ilegales existen varios en la zona minera, donde los grupos irregulares someten, amenazan y extorsionan a la población, incluso con la participación de algunos indígenas que han sido reclutados para estas organizaciones criminales.

Igualmente recordó que el 31 de mayo se cumplieron cinco meses de la desaparición de Henry Linares, quien fue visto por última vez en la sierra de Imataca, también en Bolívar, donde trabajaba en una de las minas del sector, y luego de comunicarse con su hermana no se tuvieron más noticias de él.

Incomunicados

Después de seis meses sin tener noticia alguna sobre ellos, María Moceta y su pareja fueron declarados desaparecidos; para alegría de familiares y amigos, después de esos meses volvieron a casa. A su regreso expresaron que “no habían podido comunicarse con ellos porque quienes tienen el control del yacimiento no le permitían utilizar el teléfono hasta que terminara el trabajo acordado, y el irrespeto a las normas impuestas por los sindicatos se paga con la vida”.

De acuerdo con el monitoreo de un colectivo independiente de periodistas en alianza con la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), la cifra de personas desaparecidas vinculadas a la minería entre 2019 y 2020 ascendió, en un año, de 70 a 82 personas.

Por su parte, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnuddhh) afirmó que las dinámicas del modelo económico extractivista aurífero implica quedar en medio del enfrentamiento armado entre grupos irregulares que imponen su voluntad. A base de torturas, desapariciones, asesinatos a mansalva y esclavitud forzada, mantienen en zozobra a los pueblos mineros, grupos guerrilleros extranjeros como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y cuerpos de seguridad militares y civiles como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), por cuyo accionar las ejecuciones extrajudiciales en la zona también están a la orden del día y también facilitan la entrada de guerrillas en el territorio.

Desde el OVV Bolívar reconocemos que las desapariciones forzadas son una violación grave a los derechos fundamentales del hombre, y exhortamos al Estado a cumplir con su obligación de prevenir, sancionar y reparar tanto a las víctimas como a sus familiares.

Repuntan muertes por resistencia a la autoridad en Carabobo durante mayo
Se reportaron 73 asesinatos 

En mayo se incrementó el número de muertes por resistencia a la autoridad en comparación a los meses de febrero, marzo y abril, de acuerdo a la información generada del monitoreo de prensa realizado por el Observatorio Venezolano de Violencia en Carabobo (OVV Carabobo).

El año 2021 inició con 29 muertes violentas por resistencia a la autoridad en enero, en febrero hubo un descenso con un saldo de 8 casos, seguido de 9 hechos de este tipo en marzo, 11 en abril y un aumento a 16 muertes en mayo, para un total de 73 muertes por resistencia a la autoridad durante los primeros cinco meses del año.

Según información suministrada por representantes de los cuerpos de seguridad a través de las redes sociales y prensa regional, la totalidad de estas muertes violentas son el resultado de los enfrentamientos de presuntos delincuentes que al percatarse de la presencia de funcionarios que realizaban labores de patrullaje y resguardo de la seguridad pública en la zona, accionaron sus armas de fuego contra los efectivos y en el intercambio de disparos cayeron muertos por heridas de bala. Estos enfrentamientos se generaron en la vía pública durante el día o entrada la noche.

Los municipios donde ocurrieron estos hechos de violencia en el mes de mayo fueron: Valencia con el mayor número de casos con 9 muertes (56,25%), seguido de Puerto Cabello con 3 casos (18,75%), Diego Ibarra con 2 víctimas (12,50%), Libertador y los Guayos con 1 muerte (6,25%) cada uno. Las 16 muertes se produjeron durante la participación en 12 operativos de patrullaje de los cuerpos policiales en los mencionados municipios.

Los cuerpos de seguridad que intervinieron en enfrentamientos armados con presuntos delincuentes durante un despliegue en la entidad en el mes de mayo fueron: la Policía de Carabobo en nueve (75%) de los doce operativos y un saldo de diez supuestos delincuentes muertos; el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), en el segundo lugar, con dos (16,66%) de los operativos para un resultado de cinco presuntos delincuentes muertos y la Policía Municipal de Valencia en un (8,33%) operativo y un supuesto antisocial muerto.

En estos hechos, dos efectivos resultaron heridos en diferentes enfrentamientos con presuntos delincuentes. El 25 de mayo, dos funcionarios de la Policía de Carabobo fueron emboscados por miembros de una banda delincuencial quienes les dispararon con armas de fuego cuando se trasladaban en una patrulla por el sector La Guaricha del municipio Diego Ibarra. En este suceso, un oficial fue herido de bala. Los uniformados debieron resguardarse hasta que llegó una patrulla de apoyo. El vehículo policial presentó al menos 40 impactos de bala.

Cuatro días después -el 29 de mayo-, en el mismo sector, una comisión conjunta de la Policía de Carabobo, con miembros de la base de homicidios del CICPC, sostuvieron un enfrentamiento con armas de fuego con miembros de la banda delincuencial «Los Guaricheros» que opera en la zona. En el intercambio de disparos un detective resultó herido de bala.

En mayo los aragüeños expresaron su decepción por el bajo poder adquisitivo
Trabajadores, amas de casa, gremios, comerciantes, transportistas e incluso productores coinciden en exigir salarios dignos

Hasta inicios del siglo XXI, mayo había sido un mes de esperanza en el cual los trabajadores esperaban ilusionados los potenciales alcances del esperado aumento salarial, tradicionalmente comunicado por decreto presidencial en conmemoración del Día del Trabajador.

Producto de la compleja crisis humanitaria que sufre Venezuela desde hace aproximadamente seis años y aunado al impacto económico de las medidas de confinamiento social para tratar de contener y/o controlar el avance de la pandemia por Covid-19, los aragüeños, al igual que el resto de la sociedad venezolana, han sufrido, día a día, las consecuencias de la profunda crisis económica. Ésta ha sepultado el poder adquisitivo del bolívar soberano, cuyo valor ha quedado prácticamente desintegrado ante la hiperinflación sostenida que no solo afecta a nuestra moneda, sino que, a través de una dolarización informal de los precios del mercado, arropa incluso el poder adquisitivo de las divisas en el país.

A través del monitoreo de la prensa regional, durante el mes de mayo, se evidencia el impacto de esta situación en la población aragüeña. Trabajadores, amas de casa, gremios, comerciantes, transportistas y trabajadores de la economía informal, e incluso productores, coinciden en exigir salarios dignos y estabilización de los precios del mercado. Mientras que los productores nacionales le exigen al gobierno una política económica que estimule la producción nacional y el acceso a la materia prima, para poder garantizar el abastecimiento local y abaratar los costos.

Los transportistas, por su parte, denuncian las graves fallas de abastecimiento de combustible, que incrementan los costos de traslados y necesariamente terminan cargándose a los golpeados consumidores finales, amén de los incrementos de costos por el cobro de vacuna en alcabalas y puntos de control.

Toda esta errática cadena de producción genera un nerviosismo o paranoia económica que incrementa aún más los precios a los consumidores. Los comerciantes aumentan diariamente los precios de venta en divisas de su mercancía, porque tratan de resguardar su capacidad para reponerla, ante el estresante ritmo que marca la variabilidad de la cotización de la moneda extranjera que se da de lunes a viernes entre 9 am y 5 pm; psicótico ritmo económico que incrementa, hora a hora, el valor de las deudas adquiridas.

Todo este ciclo de violencia estructural, a su vez, castiga a los aragüeños en los impactos que implica la escasez de moneda física, tanto nacional como internacional, que obliga a gastar en compras no programadas, por falta de cambio. Por otra parte, los afecta el profundo deterioro de la calidad del servicio y de la cantidad de unidades operativas de transporte público.

Indígenas de Amazonas obligados a caminar ante la falta de transporte público
Falta de diésel obliga a los transportistas a aumentar el precio del pasaje

Los datos obtenidos mediante el monitoreo de medios de comunicación radiales y redes sociales en Amazonas, realizado durante los meses de enero a mayo del 2021, destacan que usuarios realizaron, al menos, cuatro trancas de vías por falta de transporte colectivo. El quinto mes del año resultó ser el más crítico para trasladarse en el municipio Atures. Los más afectados siguen siendo los habitantes de las comunidades indígenas del norte, sur y sureste del municipio capital, debido a las fallas del servicio de venta de combustible, pocos autobuses y elevados costos del transporte privado.

Los reclamos por los servicios del transporte público, en los programas de noticias, han sido una constante entre los usuarios amazonenses; antes de despedir el 2020, los trabajadores del volante hicieron un aumento inconsulto el 24 de diciembre, a 100 mil bolívares en el casco urbano, asumido por ellos como su aguinaldo. Usuarios reportaron, en el programa radial El Radar de Amazonas, que ese monto se mantuvo durante todo el mes de enero de 2021, ante la inacción de fiscales y otras autoridades locales. En lo que va de año se han realizado dos aumentos, donde el Concejo Municipal ha tenido reacciones tardías para dar respuesta a la colectividad.

Hacia las comunidades indígenas, la situación es mucho más complicada. La falta de diésel en los expendios formales obliga a los transportistas a aumentar el precio del transporte, puesto que el combustible en el mercado negro oscila entre 5 mil y 7 mil pesos colombianos por litro. Desde la comunidad Indígena La Danta, ubicada a 16 kilómetros al sureste de la capital, Juan Díaz (Jivi) señaló que para el mes de febrero el precio del pasaje estaba por el orden de 600 mil bolívares. Para el mes de mayo el monto llegó a 1 millón de bolívares. El indígena indicó que el transporte privado es más costoso para ellos, ya que a ese pago deben sumar el puesto de los productos que trasladan para vender en el centro de Puerto Ayacucho; mientras que la empresa estatal TransAmazonas, donde el costo del pasaje es más económico, no cuenta con suficientes unidades de transporte y solo van a las comunidades una vez a la semana. “Si no tenemos el efectivo, salimos de la comunidad entre la 1 y 2 de la madrugada a pie, al centro de Puerto Ayacucho”, indicó Díaz.

El coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia en Amazonas (OVV Amazonas), Héctor Escandell, explicó que, la situación antes descrita, incide en la proliferación de confrontaciones en las paradas por el acceso a las unidades, lo que contribuye a la no atención de las pautas básicas de protección ante el Covid-19. “Este fenómeno se compone en un contexto de violencia estructural, donde no existen políticas sostenibles de las instituciones, lo que genera insatisfacción de las necesidades más básicas de la población y, bajo esta premisa, el Estado, como ente de garantía, no cumple con su rol”, manifestó el académico.

A esta situación del transporte, se suma el deterioro sostenido de otros servicios públicos, como el gas doméstico, agua potable, tratamiento de aguas residuales y las comunicaciones de telefonía e internet; todo ello, sumado a la crisis económica, degrada, día a día, las condiciones de vida de la población, con consecuencias impredecibles.

Escasez de gasolina afectó desenvolvimiento y calidad de vida de carabobeños en abril
Los conductores deben participar en un sorteo que se realiza antes de las 6 de la mañana de cada día en el que asignan cupo sólo para 150 o 200 vehículos

En el mes de abril regresaron las largas colas de vehículos en las estaciones de servicio para surtir gasolina. La escasez del combustible se presentó tanto en las estaciones dolarizadas como subsidiadas, pues no existe un cronograma para el suministro. El diario “El Carabobeño” reseñó que de 15 estaciones de servicio ubicadas entre los municipios Valencia, San Diego y Naguanagua, al menos 10 estuvieron cerradas y algunas sólo surtieron gas o gasoil.

En las estaciones de servicio a precio dolarizado -0,5 dólares por litro- los ciudadanos deben pagar 20 dólares por 40 litros, lo que representa un alto costo para la gran mayoría de la población que tiene ingresos por debajo de los 5 dólares mensuales. “Muchos pueden pagar sólo 10 dólares y surten al menos medio tanque para poder desplazarse lo necesario. Cuando llega el combustible, los que tienen acceso a pagar esa tarifa tardan entre 2 y 4 horas en la cola para poder dotar a su vehículo, con el riesgo de que no logren abastecerse si se acaba antes de llegar su turno, perdiendo así horas de espera y viéndose en la necesidad de retomar otra cola en otro sitio”, explicó Giannina Fusco, coordinadora del Observatorio Venezolano de Violencia en Carabobo (OVV Carabobo).

Desde que se reinició la escasez, de las estaciones de servicios que suministran gasolina subsidiada en la región solo está operativa la Bomba Santa Ana en el municipio Naguanagua. El suministro, como en todos estos establecimientos, se realiza de acuerdo al terminal del número de placa y, adicional a esto, los conductores deben participar en un sorteo que se realiza antes de las 6 de la mañana de cada día en el que asignan cupo sólo para 150 o 200 vehículos. La situación empeora al considerar que quien no quede seleccionado debe esperar a la siguiente semana, luego de haber estado desde la noche anterior en la cola.

El déficit en el suministro de gasolina somete a los carabobeños a vivir en un clima de vulneración de sus derechos e incertidumbre por no saber si lograrán abastecer sus vehículos, cumplir con sus actividades productivas, laborales y llevar el sustento a sus hogares. “Es una problemática que afecta a todos los sectores de la sociedad en su desempeño diario. Los transeúntes caminan hacia lugares muy distantes para llegar a sus destinos o deben hacer largas colas para abordar un transporte público”, cuestionó Fusco.

Al respecto, de acuerdo al monitoreo de prensa que realizó el OVV Carabobo, se pudo conocer que Adolfo Alfonso, presidente del Sindicato Único del Transporte en Carabobo, en una entrevista concedida a la periodista Sandy Aveledo por Unión Radio, comentó que la entidad sufre un paro técnico de transporte por la escasez de combustible. Detalló, además, que en la ruta Valencia-Naguanagua hay solo 5 unidades operativas y tan solo el 5% de las unidades de transporte están prestando servicio en la región.

Debido a la alta demanda de transporte, éstos sobrepasan su capacidad incumpliendo las medidas de seguridad, así como el distanciamiento requerido entre los usuarios para la prevención del contagio del Covid-19. Los autobuses transitan con personas en la puerta a riesgo de que resbalen exponiendo su integridad física, como en efecto ocurrió el 30 de abril en una parada de autobús en la Parroquia Santa Rosa del municipio Valencia, donde un pasajero se cayó de la unidad. La víctima resultó con lesiones graves en sus piernas.

La falta de suministro de gasolina también afecta el desenvolvimiento de los cuerpos de seguridad. Durante el asesinato del paisajista Chris Baasch, el 24 de abril en el municipio Naguanagua, según versión de los vecinos, al escuchar los gritos en la vivienda de la víctima llamaron a la estación de la Policía Municipal que se encuentra a sólo 5 minutos, pero los funcionarios tardaron en llegar y solicitaron gasolina a la comunidad para poder retirarse del lugar en la patrulla.

“El suministro de gasolina es un servicio básico para el funcionamiento de la actividad productiva en cualquier región y el Estado debe ser garante del derecho que toda persona tiene a un nivel de vida adecuado y que se le aseguren los servicios sociales necesarios, como lo contempla el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, sentenció Fusco.