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1.348 conflictos laborales registró Inaesin durante 2021
89% provinieron del sector público

Durante 2021 se registraron 1.348 conflictos laborales en Venezuela de acuerdo al Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin).

Datos del Observatorio de Conflictividad Laboral y Gestión Sindical del Inaesin indican que la cifra es casi idéntica a la de 1.350 protestas registradas en 2020.

89% de los conflictos laborales registrados por el Inaesin fueron protagonizados por trabajadores del sector público, lo que quiere decir que unos 1.200 reclamos surgieron de este sector.

«El gobierno de Nicolás Maduro no puede garantizar los beneficios que implica el trabajo decente. Y asumirse como el principal empleador del país es una terrible circunstancia para quienes trabajan para la administración pública», dijo la coordinadora de Inaesin, Thaís López.

30% de las manifestaciones registradas en 2021 fueron hechas por trabajadores de la salud, mientras que los educadores participaron en el 21% de los conflictos laborales.

Un 36% de los reclamos se hicieron para exigir mejoras salariales. Muchos han recurrido al pluriempleo para resistir la crisis y otros se han visto en la obligación de emigrar.

20% de las protestas correspondieron a las condiciones de trabajo, especialmente en instituciones públicas como colegios, escuelas, hospitales, dispensarios y ambulatorios.

Bolívar fue la entidad donde se registró la mayor cantidad de conflictos laborales con un 17% .Le siguieron Distrito Capital (15%), Anzoátegui (10%), Lara (10%), Carabobo (6%) y Falcón (5%).

 

 

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Inaesin: Están aumentado los casos de depresión en trabajadores venezolanos
67 % del personal de salud reportan síntomas de depresión

El Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin) de Venezuela alertó este miércoles sobre el aumento de los casos de depresión entre trabajadores venezolanos y aseguró que se trata de «un problema de salud pública».

«En Venezuela, vemos con preocupación cómo han aumentado los casos de suicidios. Se trata de un problema de salud pública que daña a los trabajadores venezolanos de una forma casi silente», dijo el instituto en un comunicado.

El Inaesin recordó que la depresión puede afectar a «cualquier persona en cualquier momento de su vida», independientemente de su condición social, económica, laboral o familiar y que estas posibilidades aumentan en Venezuela como resultado de la crisis y la «falta de un sustento económico adecuado».

Además, aseguró que «el venezolano vive del día a día de su trabajo, no existen ahorros ni seguridad social» y por ello deciden exponerse a contagios de covid-19 o a sobrecargas laborales que ponen en peligro sus vidas e incrementan las posibilidades de padecer depresión.

«Entre la conflictividad laboral y el ímpetu de algunos para exigir reivindicaciones laborales, queda en segundo plano la situación de aquellos que, ya sin fuerzas para continuar subsistiendo ante la crisis y sin un sustento económico adecuado para cubrir sus necesidades, deciden poner fin a su vida», manifestó el instituto sindical.

La organización citó un estudio de la ONG Médicos Unidos de Venezuela sobre el estado de salud mental del personal de salud venezolano y destacó que se encontró que, «en promedio, 67 % del personal de salud (bioanalistas, enfermeros, médicos y odontólogos) reportaban síntomas de depresión».

Ante esto, el Inaesin manifestó su preocupación por la situación de los trabajadores venezolanos y recordó que las condiciones de este grupo y las posibilidades de sufrir ansiedad o depresión incrementan con la pandemia.

 

 
Derecho a la asociación en terapia intensiva por la intervención del gobierno en los colegios de abogados

«Toda persona tiene derecho de asociarse con fines lícitos, de conformidad con la ley. El Estado estará obligado a facilitar el ejercicio de este derecho». Este mandato previsto en el artículo 52 de la Constitución de 1999 está en terapia intensiva en la Venezuela actual. ¿El motivo? La política de neutralización e intervención de las organizaciones de la sociedad civil que el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) han puesto en marcha en las últimas dos décadas y cuyas primeras víctimas fueron los colegios de abogados del país.

La denuncia la formuló Acceso a la Justicia en su informe La toma del poder en los colegios de abogados de Venezuela (2000-2020), en el cual se hace un repaso a las decisiones y medidas que tanto el árbitro comicial como el máximo juzgado han tomado contra estos colegios profesionales y las cuales tendrían por propósito

«Desarmarlos y despojarlos de su libertad y autonomía, aparte de callarlos y neutralizarlos para que no sigan ejerciendo funciones que comprometan, e incluso amenacen, los intereses del poder del Gobierno, como es denunciar sus acciones y omisiones violadoras del Estado de derecho».

En el reporte se recuerda que nada más entrar en vigor la carta magna de 1999, el 30 de diciembre de ese año el CNE dictó su resolución n.° 000204-25, en la cual dejó sin efecto todas las elecciones realizadas por cualquier agrupación civil luego de la fecha antes mencionada, así como las que estaban en el curso en ese momento, bajo el argumento de que dichos procesos no fueron organizados por él. La decisión se sustentó en el numeral 6 del artículo 293 del texto fundamental, el cual señala que el organismo comicial tiene por función «Organizar las elecciones de sindicatos, gremios profesionales y organizaciones con fines políticos en los términos que señale la ley».

Asimismo, Acceso a la Justicia denunció que el árbitro se escudó en la disposición transitoria octava de la Constitución («Mientras se promulgan las nuevas leyes electorales previstas en esta Constitución los procesos electorales serán convocados, organizados, dirigidos y supervisados por el Consejo Nacional Electoral») a fin de dictar en 2003 una normativa para regular los procesos eleccionarios de los colegios profesionales que era «extremadamente limitante e invasiva que atentaba contra la autonomía y la libertad de asociación».

En las Normas para regular los procesos electorales de gremios y colegios profesionales, el CNE se reservó tareas como inscribir en sus registros al gremio o colegio profesional interesado en celebrar elecciones, autorizar la convocatoria a elecciones solicitada por la Comisión Electoral, previa verificación de la legalidad de la designación de los miembros de dicha comisión, de conformidad con la normativa de cada gremio o colegio profesional. También estableció que sería él quien aprobaría el proyecto electoral que presentara la Comisión Electoral, fijaría los cronogramas de los actos electorales, elaboraría los padrones de los gremios y el material electoral (cuadernos de votación y actas) y, por último, sería quien reconocería la validez de los procesos electorales celebrados o declararía su nulidad, al tiempo que resolvería cualquier disputa.

La lógica indica que el CNE debería ser un órgano asesor o acompañante de los gremios y sindicatos en sus elecciones. Sin embargo, ha decidido intervenir casi todos los aspectos de dichos procesos. Esta injerencia le ha valido al Estado una reprimenda por parte de organismos como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que en un informe publicado en 2019 instó a Venezuela a poner en marcha reformas legales que permitan eliminar figuras como la mora electoral y reducir el intervencionismo del CNE en las elecciones sindicales. Así se recuerda en el reporte de Acceso a la Justicia.

Cabe recordar que los colegios de abogados, así como las demás agrupaciones profesionales y gremiales, son instancias de la sociedad civil, que persiguen promocionar los intereses de los profesionales titulados que los componen, así como controlar la formación y la actividad de sus miembros. Lo anterior deja en claro que no son personas jurídicas estatales, es decir, que no existe sobre ellos ninguna relación de jerarquía, o de control de tutela del Estado, ni mucho menos una participación patrimonial por parte de este último.

El otro frente

Como si no fuera suficiente el hecho de que el CNE levantara un «andamiaje normativo» que coartaba la autonomía de los colegios de abogados y que parecía destinado a favorecer los intereses del Gobierno, casi simultáneamente el TSJ comenzó a dictar sentencias que también golpearon a estas instancias.

En su informe, Acceso a la Justicia reveló que desde el año 2000 hasta 2020 las salas Constitucional y Electoral del máximo juzgado han emitido una treintena de fallos en las que los colegios de abogados de Caracas, así como los de los estados Aragua y Zulia, además de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela y el Instituto de Previsión Social del Abogado (Inpreabogado), fueron objeto de amenazas o intervenciones luego de que el alto tribunal decidiera suspender o anular algunos de sus procesos eleccionarios sobre la base de que supuestamente la normativa utilizada no se ajustaba a los preceptos de la Constitución de 1999.

Además, el TSJ se inmiscuyó en la vida interna de estas organizaciones al anular en 2007 la norma legal que exigía la solvencia de los colegiados para que estos pudieran apoyar la presentación de listas o de candidatos en las elecciones de los colegios de abogados en el país, por considerar que la misma violaba los derechos a la participación, al sufragio y a la igualdad.

En el reporte de Acceso a la Justicia se reporta al respecto lo siguiente:

«el máximo juzgador consolidó la grave distorsión e ilegítima utilización del control judicial para fines distintos a los establecidos en el texto constitucional, como sería controlar e inmiscuirse en las elecciones de los colegios de abogados con el único objetivo de secuestrarlos, en violación de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos».

Acceso a la Justicia también denunció que los colegios profesionales no han sido los únicos objetos de esta política intervencionista. Así, en su investigación se recuerda que las universidades autónomas nacionales primero y más recientemente los partidos políticos de oposición o disidentes del chavismo también han visto como el máximo juzgado tomaba acciones que restringían su libertad, cuando no los intervenía directamente.

Nueva Ley Orgánica del TSJ confirma la falta de voluntad política para construir una justicia independiente en Venezuela
La Asamblea Nacional electa en diciembre de 2020 dio marcha atrás con la propuesta inicial de dejar que la mayoría de los miembros del Comité de Postulaciones Judiciales fueran miembros de la sociedad civi

«El poder no corrompe: desenmascara». El chavismo ha comprobado la veracidad de esta frase del cantautor panameño Rubén Blades, pues con la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ), que aprobó en menos de un mes, dejó en claro que eran falsas las ofertas de una «reinstitucionalización a fondo» del sistema judicial, pues desechó los tibios cambios para mejorar la independencia del máximo juzgado y optó por retener el control político que ejerce desde hace dos décadas para la designación de los magistrados.

En el texto aprobado de manera unánime en segunda discusión el martes 18 de enero, la Asamblea Nacional (AN) electa en diciembre de 2020 dio marcha atrás con la propuesta inicial de dejar que la mayoría de los miembros del Comité de Postulaciones Judiciales fueran miembros de la sociedad civil y, por el contrario, estableció que la mayoría de los integrantes del órgano evaluador fueran diputados.

Así, en el artículo 65 modificado se determinó lo siguiente:

«El Comité de Postulaciones Judiciales está integrado por veintiún miembros designados por la plenaria de la Asamblea Nacional con las dos terceras partes de sus miembros, de los cuales once son diputadas o diputados y diez serán postuladas o postulados por los otros sectores de la sociedad».

Lo que sí mantuvo intacta fue la polémica figura del Comité Preliminar, prevista en el proyecto de ley, el cual estará conformado por los once legisladores y tendrá la labor de escoger a los miembros de las universidades, colegios de abogados u otras organizaciones civiles que lo integrarán. Este comité no está previsto en la Constitución.

A la luz de lo aprobado, la propuesta que inicialmente presentó el oficialismo luce «menos mala», pues aunque incluía a parlamentarios, establecía que solamente serían cinco y que la mayoría de la instancia evaluadora (diez) la conformarían miembros de la sociedad civil. Sin embargo, tampoco era lo ideal, porque como advirtió Acceso a la Justicia no se ajustaba a lo previsto en el artículo 270 del texto fundamental, el cual señala claramente que «El Comité de Postulaciones Judiciales estará integrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad». La carta magna solo establece que los diputados intervendrán en el proceso al momento de realizar la elección definitiva de los magistrados, de entre los candidatos escogidos por los evaluadores.

Con este giro queda en claro que el chavismo nunca tuvo intenciones reales de avanzar en la recuperación de la autonomía del TSJ y que desea seguir ejerciendo control político sobre las designaciones de los miembros del máximo juzgado.

No podemos olvidar que la cooptación de este organismo por parte del partido en el Gobierno ha permitido a su vez la colonización del sistema de justicia.

Más gatopardiano imposible

La reforma de la LOTSJ es un claro ejemplo de que el oficialismo ha hecho suya la máxima del escritor italiano Giuseppe Tomasi di Lampedusa: «hay que cambiar todo para que nada cambie». Pese a que la modificación reduce los magistrados de los treinta y dos actuales a veinte, también abre la puerta para que los actuales integrantes del organismo rector del Poder Judicial puedan continuar en sus puestos, lo que es inconstitucional.

Al respecto, la Disposición Transitoria Segunda, incluida en la versión final de la ley estipula que:

«La Asamblea Nacional procederá a la designación de los veinte magistrados y sus suplentes, de conformidad a lo establecido en esta Ley. Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que para la fecha de entrada en vigencia de esta Ley no hayan culminado el período para el cual fueron designados, podrán volver a postularse para ejercer estos cargos».

Este año vence el período de los magistrados principales Juan José Mendoza, Arcadio Delgado Rosales y Carmen Zuleta de Merchán (Sala Constitucional), así como de Jhanett Madriz y Malaquías Gil (Sala Electoral), quienes fueron nombrados por la AN en 2010. A la luz de lo dispuesto en la norma antes señalada, ellos podrían postularse nuevamente, burlando así la disposición constitucional que establece que solamente pueden optar a un período de doce años (artículo 264).

Adicionalmente, la nueva ley mantiene lo establecido en el artículo 38 de la LOTSJ anterior, aunque supuestamente lo reforma, ya que a diferencia de lo que establecía el proyecto de ley, que sí mostraba un cambio positivo al respecto, sigue previendo que después de una tercera sesión de la AN, si no se ha logrado la elección por la mayoría calificada de sus miembros se hará por mayoría simple con los diputados presentes, lo que ha sido la práctica del chavismo cuando no ha tenido la mayoría necesaria en el parlamento.

Finalmente, la nueva ley amplía el ámbito de competencias del Comité de Postulaciones Judiciales, que ahora también puede nombrar al inspector general de tribunales y al director de la Escuela Nacional de la Magistratura, lo que hasta ahora ha sido parte de las facultades del TSJ; de hecho, le corresponde según la Constitución como órgano de gobierno y administración del Poder Judicial y por su autonomía funcional y administrativa (artículos 254 y 267). Con esto tendrá un control más directo de los jueces por parte del poder político, cuyos tribunales inspecciona la Inspectoría General de Tribunales y cuya capacitación depende de la Escuela Nacional de la Magistratura.

Lo positivo

El texto aprobado por la AN contiene algunas disposiciones positivas. Una de ellas es la prohibición de que la Sala Constitucional legisle mediante sus sentencias.

El nuevo parágrafo incorporado al artículo 25 del instrumento prevé lo siguiente:

«La facultad de la Sala Constitucional en su actividad de conocer y decidir los asuntos de su competencia, no abarca la modificación del contenido de las leyes. En todo caso, en resguardo de la seguridad jurídica, si la interpretación judicial da lugar a una modificación legislativa, la Sala deberá así referirlo para que la Asamblea Nacional, en uso de sus facultades constitucionales realice las modificaciones o reformas a que hubiere lugar».

Durante los últimos tres lustros la Sala se ha aprovechado de las amplias potestades que le confiere la Constitución, en su rol de intérprete y garante de esta, y ha usurpado en no pocas ocasiones las competencias del Legislativo. Una de las más recientes ha ocurrido hace solo unas semanas, cuando modificó el régimen de capitulaciones matrimoniales previsto en el Código Civil.

Otro cambio novedoso de la nueva LOTSJ es el contenido de los artículos 81 y 83, en los cuales, cómo ya se dijo, la AN asume las funciones de designar a los titulares de la Inspectoría General de Tribunales y de la Escuela Nacional de la Magistratura, pero además, prohíbe que dichos cargos sean ocupados por magistrados. Esta última modificación parece ir en la dirección de evitar que los miembros del TSJ se distraigan de sus funciones jurisdiccionales para ocupar puestos administrativos o desempeñar otras funciones. Asimismo, las normas mencionadas establecen que deben cumplir con los mismos requisitos que los magistrados del TSJ y que deben ser removidos bajo el mismo procedimiento aplicable a estos últimos. Esto les garantiza cierta estabilidad, lo que puede ser positivo para un ejercicio más adecuado de sus funciones.

Por último, el Parlamento modificó el numeral 6 del artículo 36, aunque en él ratifica que los jueces que nombre el TSJ con base en el artículo 255 constitucional aprueben concursos de oposición, lo cual de todas formas no se ha cumplido desde la entrada en vigencia de la primera LOTSJ.

Desde el año 2004 el máximo juzgado no ha convocado un solo concurso de oposición para designar a los jueces, y la Comisión Judicial ha asumido la tarea de nombrar a estos funcionarios de manera temporal, accidental o provisional y, por lo tanto, el máximo juzgado los puede destituir de un momento a otro sin procedimiento alguno que les garantice su derecho a la defensa; esto los hace vulnerables a interferencias y presiones externas, como lo ha señalado reiteradamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, más recientemente, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos. En materia penal, por ejemplo, aproximadamente el 80% de los jueces no son titulares, según los datos de la propia página web del TSJ, que no están completamente actualizados pero son los oficiales.

Inaesin exige al gobierno reglamentar el teletrabajo
Un estudio realizado concluyó que es conveniente regularizar el trabajo a distancia, pues no existe una normativa específica que aborde la prestación de servicio bajo esta modalidad

El Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin) hizo un llamado a la administración de Nicolás Maduro para que regularice los deberes patronales y los deberes y derechos de los trabajadores que por distintas razones llevan a cabo sus labores a distancia.

El Inaesin manifestó que luego de realizar un estudio en octubre pasado titulado: ¿Cómo ha afrontado jurídicamente el Estado venezolano el proceso social de trabajo durante la pandemia?, se concluyó que es conveniente regularizar el teletrabajo, pues no existe una normativa específica que aborde la prestación de servicio bajo esta modalidad.

La investigación destaca que las labores a distancia que llevan a cabo los trabajadores, son como una especie del género del trabajo a domicilio, según se desprende de la norma dispuesta en el artículo 226 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt)

“El ministerio del Poder Popular con competencia en trabajo, cuando considere que la realización de determinadas labores por el sistema de trabajo a domicilio resulte perjudicial a los trabajadores o trabajadoras, podrá, por resoluciones especiales, adoptar las medidas que estime convenientes. Podrá también, cuando el trabajo a domicilio sea consecuencia de nuevos sistemas operacionales derivados del progreso tecnológico, dictar uno o varios reglamentos especiales aplicables a las relaciones laborales correspondientes”, se lee en el informe.

El Inaesin explicó que debido a que el covid-19 es una enfermedad con la que la sociedad tendrá que convivir por mucho más tiempo, es pertinente establecer la obligación del patrono de proveer a los trabajadores de los medios tecnológicos idóneos para la ejecución de sus funciones fuera del puesto de trabajo. La organización también incluyó en el texto una encuesta realizada a 129 trabajadores mediante un formulario de Google y vía telefónica.

Indicó que resulta necesario tomar en cuenta la preservación de la integridad física y psíquica de los trabajadores, su derecho a la desconexión digital, los límites a la jornada de trabajo para garantizar el descanso del teletrabajador y la abstención que deben tener los patronos de dirigir requerimientos a los trabajadores fuera de horario de trabajo.

Por su parte, los resultados de la encuesta, aplicada en Anzoátegui, Bolívar, Carabobo, Distrito Capital, Lara, Miranda, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo y Zulia, arrojó que 92% de los consultados dijo no tener conocimiento de alguna regulación del teletrabajo en Venezuela.

Repetición de elecciones en Barinas: un proceso que no puede evaluarse solo por su resultado
La Misión de la Unión Europea no fue invitada a estos nuevos comicios

«A confesión de parte, relevo de pruebas». Las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que condujeron a la repetición de las elecciones a gobernador del estado Barinas el pasado 9 de enero, así como la manera cómo el Consejo Nacional Electoral (CNE) organizó el proceso y las medidas que tomó u omitió tomar para favorecer al chavismo, han confirmado las deficiencias que padece el sistema electoral venezolano y que fueron expuestas por la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea que presenció las «megaelecciones» del pasado 21 de noviembre.

Las maniobras parecen haberle salido mal al chavismo, pues el candidato de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Sergio Garrido, no solo se impuso al del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el excanciller Jorge Arreaza, sino que de paso vio como la diferencia con la alianza opositora pasó de unas decenas de votos a más de 44 mil en menos de dos meses, según los datos oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE). Pese a este histórico resultado no se pueden ignorar las irregularidades y abusos cometidos por las autoridades judiciales y electorales.

La repetición de los comicios en el simbólico bastión oficialista, cuna del fallecido Hugo Chávez y de su familia, tuvo un origen ilegítimo y se produjo luego de que la Sala Electoral del TSJ desoyera la voluntad popular y declarara la nulidad de la elección del opositor Freddy Superlano, a través de sus sentencias 78 y 79 emitidas en cuestión de horas el 29 de noviembre. 

La decisión contra Superlano se fundamentó en una supuesta resolución de la Contraloría General de la República del 17 agosto de 2021 mediante la cual se lo inhabilitaba para el ejercicio de cualquier cargo público. De esta medida ni el afectado ni el CNE estaban en conocimiento, pues este último le permitió postularse y participar en el proceso de noviembre. Recordemos que un acto que no esté notificado no surte efectos, por lo que mal podría aplicarse una decisión cuya existencia se desconoce.

Pese a ello, al máximo juzgador no le tembló el pulso para dejar sin efecto todas las actuaciones del árbitro, a partir de la fase de presentación de las postulaciones, subrayando que «la condición de inelegibilidad de Superlano»violaba los principios de igualdad, equidad y transparencia en la participación de los candidatos en la oferta electoral, así como el derecho al sufragio de los electores, quedando el opositor impedido de participar en la repetición de las elecciones ordenada por la Sala.

De este modo, la Sala Electoral desechó arbitrariamente los resultados electorales irrespetando la voluntad del elector, y peor aún sin garantizar el derecho a la defensa del candidato. Indudablemente a partir de este fraude constitucional el TSJ despojó a los barineses la titularidad de la soberanía popular que expresaron por medio del voto en las pasadas elecciones del 21 de noviembre.

Además de violar el derecho constitucional a la participación y al sufragio a todos los ciudadanos con derecho a voto en el estado Barinas, el TSJ también desconoció los principios de legalidad y separación de poderes consagrados en la carta magna. El órgano judicial usurpó las funciones que le corresponden ejercer al árbitro electoral, concretamente al resolver que la repetición del proceso para elegir al gobernador en la entidad llanera debía realizarse el 9 de enero.

La función de convocar y fijar la fecha de elección para los cargos de elección popular, conforme al artículo 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE), es exclusiva y excluyente del CNE.

Como advirtiera José Ignacio Hernández, el poder del juez solo alcanzaba a anular las elecciones, pero no a convocar nuevos comicios; «esto demuestra que, más allá de las muy débiles formas jurídicas, prevalece el control político sobre el Poder Electoral a través del Tribunal Supremo de Justicia».

La decisión de la Sala no solo dejó al descubierto su grave intromisión en las competencias del CNE, sino también la pasividad del órgano comicial al avalar la usurpación de su atribución por el máximo juzgador y acatar la repetición de las elecciones en Barinas sin hacer nada al respecto.

La Misión de la Unión Europea ya criticó la actuación del TSJ y lo responsabilizó de debilitar al sistema electoral venezolano. Así, en el informe publicado a dos días de celebradas las elecciones, se lee lo siguiente:

«Entre las deficiencias se encuentran decisiones judiciales ampliamente criticadas que han afectado a la igualdad de condiciones al sustituir a los comités ejecutivos de algunos partidos y entregar sus tarjetas electorales a facciones internas que las utilizaron para presentarse a las elecciones. Además, se mantiene la inhabilitación política arbitraria de candidatos de la oposición, el extendido uso de recursos del Estado en la campaña y un acceso desigual a los medios de comunicación».

Sobre esto último, llama la atención que la Misión no haya sido invitada a la repetición de las elecciones de Barinas, pues si las mismas formaban parte de las que se realizaron en noviembre debía corresponder una extensión de la invitación, pero ello no ocurrió, lo que pone en evidencia una vez más la ausencia total de transparencia de unas elecciones signadas por todo tipo de arbitrariedades. Si las elecciones regionales fueron limpias según el oficialismo, qué mejor prueba de ello que permitir a la Unión Europea realizar su observación, pero como no fue así, se demuestra que era más lo que se quería ocultar ante la comunidad internacional.

Mudanzas exprés y ventajismo a millón

No solo el TSJ incurrió en irregularidades, el CNE también volvió a tomar medidas que ponen en duda su imparcialidad. El árbitro reubicó al candidato oficialista Arreaza y al abanderado Claudio Fermín, quienes en las elecciones del 21 de noviembre habían ejercido su derecho al voto en los centros de votación ubicados en Caracas y  Miranda, respectivamente.  

Estas medidas fueron adoptadas a pesar de que el artículo 32 de la LOPRE prohíbe modificar el patrón luego de publicado. Conforme con la disposición reglamentaria, una vez aprobado el Registro Electoral Definitivo este no puede ser modificado por el CNE. Es así como con la actual normativa electoral, y tratándose de la repetición de las elecciones de gobernador en Barinas ordenadas por el TSJ, el Registro Electoral para esa elección debía ser el mismo que utilizó el CNE en las «megaelecciones» celebradas el 21 de noviembre.

Durante la campaña tampoco hubo equidad y una vez más se mantuvieron las cadenas de radio y televisión para fines proselitistas; el oficialismo usó fondos, recursos y medios públicos para favorecer a Arreaza, sin que el árbitro tomara cartas en el asunto. En este punto, dado que ello podría ser considerado delito, también se apreció el silencio del Ministerio Público a pesar de las constantes denuncias de uso de bienes públicos con fines electorales. Por su parte, el órgano comicial una vez más hizo caso omiso a las irregularidades cometidas por el Gobierno a través del uso del Carnet de la Patria con el fin de obligar a los electores a votar por el candidato oficialista, aparte de que también ignoró la maniobra gubernamental de favorecer a su candidato a través del voto asistido.

La Misión de la Unión Europea también fustigó al CNE, en especial por su incapacidad a la hora de sancionar el ventajismo oficialista e impedir que fondos públicos terminarán siendo empleados en las campañas del PSUV y sus aliados.

Estas irregularidades, y sobre todo la inacción del CNE, hacen que en Acceso a la Justicia no podamos compartir la visión optimista que desde el organismo tienen del proceso. El vicepresidente del órgano, Enrique Márquez, aseveró que la elección «sobrevenida» en Barinas dejó ver una imagen del árbitro electoral política y técnicamente «solvente», mientras que el rector Roberto Picón calificó de «exitosa» la celebración de estos comicios.

Decimos esto porque una elección derivada de una usurpación del CNE, en la que se dio por válido un acto que nadie conocía (la supuesta inhabilitación), con modificaciones al padrón electoral prohibidas en la ley, y con una campaña en la que se cometió todo tipo de abusos y excesos a favor del candidato oficialista, no puede ser calificada de exitosa sólo porque ganó quien tenía todo en contra, precisamente porque en una elección ningún candidato no debería tener nada en contra gracias a la labor que se espera del CNE.

No se puede juzgar una elección solo por sus resultados, sino por las garantías que hagan respetar la voluntad popular.

Cifras de Covid-19 en cárceles siguen siendo un misterio 
El gobierno no incluye a la población penitenciaria dentro de sus reportes diarios 
Tuberculosis y desnutrición son las principales causas de muerte en las prisiones 

“No hay información oficial de coronavirus en las cárceles porque simplemente no se hacen las pruebas para detectar la enfermedad”, dijo Carolina Girón, directora de la organización no gubernamental, Observatorio Venezolano de Prisiones.

Ni el gobierno a través de sus reportes diarios, ni la vocería del Ministerio de Servicios Penitenciarios han emitido cifras sobre enfermos y muertes de reclusos por Covid-19 en Venezuela.

“Todas son presunciones de los familiares, mientras no haya pruebas de detección de Covid-19 accesible para todos nunca tendremos las cifras reales de contagios, aquí solo se hacen pruebas a las personas que van a viajar”, expuso Girón.

Mirelys Contreras, ministra de Servicios Penitenciarios, anunció en septiembre de 2021 el inicio de un plan de vacunación en los recintos carcelarios sin precisar los plazos y el número de vacunas disponibles. 

“Este proceso va a permitir inmunizar a toda la población privada de libertad”, sentenció la ministra. “Tenemos toda la plena fe y seguridad que vamos a vacunar a toda la población”.  

Tuberculosis y desnutrición galopante  

Carlos Nieto Palma, director de la ONG Una Ventana a la Libertad, sostuvo que la tuberculosis y la desnutrición son actualmente las enfermedades que azotan las cárceles en Venezuela.

“Del coronavirus no tenemos mayor información, salvo por un repunte fuerte que hubo en el estado Nueva Esparta en septiembre del año pasado, pero de lo que sí tenemos certeza es que el Estado no ha hecho nada para evitar las muertes por tuberculosis y desnutrición”, declaró.

En 2020 se registraron 184 muertes por enfermedades en las cárceles de Venezuela, mientras que solo en el primer trimestre de 2021 se registraron 69.

Nieto Palma denunció también la situación en las prisiones y centros de detención preventiva donde no hay siquiera agua potable y un hacinamiento que ronda el 167%, lo que impide cumplir la norma de distanciamiento social. 

Sostuvo que el Estado no provee a los reos de tapabocas, guantes ni gel antibacterial, por lo que son los familiares quienes deben asumir esas responsabilidades. 

Una Ventana a la Libertad denunció en 2021 que en algunos recintos penitenciarios se distribuyó Carvativir, un medicamento que no cuenta con la aprobación de la Academia Nacional de Medicina ni de la Organización Mundial de la Salud.  

Ante la inacción del gobierno, Palma indicó que han surgido iniciativas como la del Proyecto Trece, constituido por un grupo de médicos y especialistas en infectología que brindan atención a la comunidad penitenciaria. 

“Hemos hecho hasta ahora unas 20 jornadas y atendido a 1.700 presos en todo el territorio nacional, la idea es tender la mano a la gente”, expresó.

La reforma de la Ley Orgánica del TSJ, ¿un caramelo envenenado?
Reducir el número de magistrados de los actuales treinta y dos hasta veinte es uno de los objetivos

La intempestiva reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ) que el chavismo puso en marcha en los últimos días de 2021 está llena de luces y de sombras. Al menos ese es el sabor de boca que dejó a Acceso a la Justicia la revisión del texto aprobado en primera discusión el pasado 30 de diciembre por la Asamblea Nacional (AN) electa en los cuestionados comicios de 2020.

Reducir el número de magistrados de los actuales treinta y dos hasta veinte, aumentar de cinco a diez los miembros de la sociedad civil que evaluarán a los aspirantes al máximo juzgado en el Comité de Postulaciones Judiciales y establecer que la elección de los altos jueces debe producirse con una mayoría calificada de las 2/3 partes del Parlamento son las principales modificaciones contenidas en los nueve artículos de la propuesta que, según aseguró el presidente del Legislativo chavista, Jorge Rodríguez, provino del propio organismo rector del Poder Judicial.

A primera vista la decisión podría calificarse de sorpresiva, pues en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) solamente hay dos vacantes absolutas, las producidas por las renuncias de Christian Zerpa y Gladys Gutiérrez. Esto sin contar la situación de la magistrada Jhanett Madriz, quien ejerce como Encargada de Negocios Ad Hoc en Panamá. No obstante, para finales de este año expiran los períodos de los funcionarios designados en 2010 (artículo 264 constitucional).

La reforma pareciera tener un propósito más profundo que el simple hecho de sacar o poner funcionarios. Al menos así lo dejó entrever el propio Rodríguez, quien declaró: «Entienda, sepa y comprenda el pueblo de Venezuela que vamos a fondo con este proceso de reinstitucionalización de las instituciones democráticas de la República».

¿Enderezando el entuerto?

Las palabras del diputado oficialista revelan que la intención de la modificación es silenciar las críticas que el TSJ viene recibiendo desde 2004. ¿Qué pasó ese año? La AN que, por entonces contaba con una pírrica mayoría chavista, aprobó una Ley Orgánica del TSJ que aumentó de veinte a treinta y dos el número de magistrados (artículo 8), reservó la mayoría de las sillas del Comité de Postulaciones Judiciales a parlamentarios (artículo 65) y estableció que si luego de tres votaciones no se lograba elegir a los magistrados por mayoría calificada, la cuarta se haría por mayoría simple (artículo 38).

Este instrumento legal abrió las puertas para que el chavismo terminara de cooptar al máximo juzgado y al resto del Poder Judicial, tal y como lo ha denunciado Acceso a la Justicia y otras organizaciones internacionales como Human Rights Watch.

No hay que olvidar que la ley de 2004 se aprobó para evitar expresamente nuevos fallos como el que eximió de responsabilidad a los generales y almirantes que participaron en los sucesos de abril de 2002. Una decisión que molestó al entonces presidente Hugo Chávez, quien no dudó en calificarla como «plasta».

Este instrumento abrió las puertas para que diputados chavistas como Luis Velásquez Alvaray, Luis Franceschi, Malaquías Gil, Juan José Mendoza, Calixto Ortega y Christian Zerpa, así como exembajadores como Gladys Gutiérrez y Jhanett Madriz, funcionarios como Eladio Aponte Aponte e incluso parientes de altos cargos del chavismo aterrizaran en el TSJ. Todo ello habría sido muy difícil si el comité evaluador hubiera estado integrado por miembros de la sociedad civil y si la elección se hubiera hecho siempre por mayoría calificada, tal y como manda la Constitución.

«Son magistrados cuya afiliación revolucionaria está más que garantizada (…) No nos vamos a meter un autogol», confirmó en su momento el diputado Pedro Carreño.

Este instrumento, así como la reforma que sufrió en 2010, permitieron que hoy el máximo juzgado del país esté conformado por magistrados que simpatizan con el Gobierno chavista o avalan mediante sus sentencias sus decisiones. Una alineación que permitió que el Parlamento electo en 2015 fuera aniquilado y con él la democracia venezolana.

Como si lo anterior fuera poco, la cooptación del TSJ también permitió que miles de jueces hayan sido designados y destituidos por mecanismos distintos a los concursos de oposición previstos en el artículo 255 de la Constitución de 1999. Una situación que impide que la justicia les garantice a los ciudadanos sus derechos y que los indemnice en caso de algún daño.

Nueva sombra

Aunque la propuesta parece dirigida a desmantelar el sistema implantado en 2004 para elegir y designar a los magistrados, algunas disposiciones siguen estando fuera del marco constitucional y estarían destinadas a seguir asegurando el control político del Gobierno sobre el TSJ.

Así, por ejemplo, en la reforma del artículo 65 de la ley se establece que el Comité de Postulaciones Judiciales estará integrado por quince miembros: cinco diputados y diez miembros de la sociedad civil. El artículo 270 de la carta magna deja en claro que el Comité es un órgano asesor del Poder Judicial y «estará integrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad».

Si no fuera suficiente el hecho de que los legisladores no son mencionados para integrar la instancia que evaluará las credenciales de los aspirantes a magistrados, la reforma incorpora una figura no prevista en el texto fundamental: el comité preliminar.

Esta instancia, copiada del artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE), será «la encargada de recibir, preseleccionar y remitir a la plenaria de la AN los postulados para integrar el Comité de Postulaciones Judiciales». La misma estará conformada por los cinco parlamentarios, quienes luego de que se seleccione a los representantes de la sociedad civil pasarán a formar parte del órgano evaluador.

Lo anterior deja en claro que el chavismo no está dispuesto a renunciar a ejercer algún tipo de control en la designación de los magistrados.

Donde dije «digo» ahora digo…

La disminución del número de magistrados a veinte, la cantidad que tenía el TSJ cuando originalmente fue creado en el año 2000, es otro de los cambios llamativos. ¿Por qué la reducción? Para que «pueda darse un mejor manejo de las salas», se justifica en la exposición de motivos de la reforma de la Ley.

El chavismo parece olvidar que en 2004 justificó el aumento de magistrados señalando que esta medida permitiría combatir el retardo procesal que aquejaba al TSJ.

Sin embargo, casi dieciocho años después, la eficacia del máximo juzgado no ha mejorado, pese a contar con treinta y dos miembros; prueba de ello son los casos de ciudadanos comunes que Acceso a la Justicia ha compilado en su publicación Diaria injusticia. Historias de decepción en tribunales de Venezuela, en la que se muestran casos emblemáticos de retraso del TSJ, y sobre todo, su impacto.