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DDHH Olvidados I  Paúl Moreno perdió la vida ayudando a los manifestantes 
El estudiante de medicina miembro de la Cruz Verde fue arrollado por un vehículo en Maracaibo en el marco de las protestas contra Maduro en 2017 
Después de haber recibido una medida de arresto domiciliario y luego régimen de presentación cada 15 días, nada se sabe sobre el presunto culpable 

 

 

 

Seis años han pasado del asesinato del estudiante de medicina Paúl René Moreno Camacho y el dolor sigue intacto en su familia. No solo por el hecho de haber sido arrebatado de forma violenta de este mundo, sino por la impunidad que rodea la muerte del brigadista perteneciente a la Cruz Verde de Maracaibo.

La tarde del 18 de mayo de 2017 quedó clavada en el corazón de la familia Moreno como un amargo recuerdo. Ese día, Paúl prestaba su servicio voluntario en una de las tantas marchas que sucedieron en la capital zuliana durante ese año de protestas antigubernamentales contra el régimen de Nicolás Maduro. Mientras descansaba al costado de la otrora avenida Fuerzas Armadas a la altura de la calle 42, Paúl fue embestido por una camioneta Hilux con vidrios ahumados que según testigos nunca detuvo su marcha pese a la aglomeración de gente en la manifestación.

La camioneta siguió su camino y se dio a la fuga dejando al prospecto de médico en medio de un charco de sangre. Sus compañeros inmediatamente lo llevaron al Hospital Adolfo Pons donde falleció minutos más tarde producto de traumatismos generalizados.

Su madre Marlene Camacho no lo podía creer, para ella era inconcebible que su hijo quien había socorrido a tanta gente y salvado vidas en las manifestaciones fuese una de las 157 víctimas que murieron en el marco de las protestas de 2017.

“Me tocó la puerta un compañero de él y me dijo que a Paúl lo habían atropellado, que me vistiera porque necesitaban mi sangre. Yo confieso que me volví como loca ese día cuando llegue a la emergencia del hospital, lo vi tirado allí en una camilla y me despedí con un beso, nunca me olvidare de eso”, declaró a Runrunes en 2018, Marlene Camacho, madre de Paúl.

Marlene solía acudir con Paúl a las marchas, pero este le había dicho días previos a su inesperada muerte que se abstuviera de ir porque se estaban tornando peligrosas. Ya en Venezuela se contabilizan 61 muertes violentas y en Maracaibo 11 en el marco de las manifestaciones contra el chavismo.

Camacho relató que al mediodía de ese 18 de mayo llamó a su hijo para decirle que lo esperaba para almorzar. “A mí me daba miedo lo que él hacía porque ya a esas alturas había muchos muertos en las calles víctimas de la represión, él me calmaba y recordaba que su labor era atender a los caídos y heridos”.

 

Protestas 2017 I Paúl Moreno: El único paciente que no atendió la Cruz Verde 

 

Camacho dijo que tan solo horas antes de morir, Paúl había auxiliado a un joven asmático que se estaba ahogando debido a los gases de las bombas lacrimógenas. “En uno de los homenajes póstumos que le hicieron a Paúl, la mamá de ese muchacho se me acercó y me comentó que Paúl había salvado la vida de su hijo”.

El karma de la justicia en Venezuela

Más de un lustro después de la muerte de Moreno se desconoce aún cuántas personas iban a bordo de la camioneta que lo atropelló. Lo único cierto es que dentro de esta estaban Omar Andrés Barrios, de entonces 22 años, y Liz Mary Hernández de 20. Tampoco se determinó quién iba manejando. Barrios asumió el rol de piloto, pero versiones de testigos apuntan a que detrás del volante iba Hernández. 

Luego de siete días de la muerte de Paúl y presionados por la indignación generalizada, Barrios y su compañera comparecieron ante las autoridades.

Carlos Moreno, hermano de Paúl, niega que estos se hayan entregado voluntariamente.

“Quisieron hacerlo ver como que ellos se entregaron y eso es mentira, fue una captura empujada por la presión social”, declaró a RR Moreno en 2018.

Moreno, quien emigró a España, sentenció que Barrios se refugió en su condición económica para evadir su responsabilidad. “Estaba en su casa que queda en una zona acomodada de Maracaibo, su padre es dueño de la farmacia La Zuliana y el supermercado La Fiorella”.

Posterior a un par de días de deliberaciones, la jueza sexta de Control, Milagros Méndez, dictó libertad plena para Hernández y privativa para Barrios por supuesto delito de homicidio calificado con alevosía.

Cuatro meses después, el mismo tribunal desestimó las acusaciones y sentenció a Barrios a solo 19 meses de arresto domiciliario. Posteriormente la jueza Yesiré Rincón cambió la pena a régimen de presentación cada 15 días. La medida fue revocada en 2018 luego que la familia de Paúl apelara el fallo. Actualmente se desconoce el estatus del caso. 

Carlos sostuvo que la jueza Rincón emitió una sentencia Nro. 050-2017 en la que ubica la muerte en agosto de 2009.

Gracias al cambio de fecha, Rincón eximió a Barrios de la calificación intermedia de homicidio intencional a título de dolo eventual, una sentencia de criterio aprobada por el Tribunal Supremo de Justicia en 2011.

“Simple, ella dijo que no se podía apegar a una sentencia del TSJ de 2011 porque Paúl había muerto en 2009”.

Moreno manifestó que uno de los argumentos de la defensa de Barrios era que este tenía derecho de circular y Paúl estaba obstruyendo la vía

El legado de Paúl Moreno

Posterior a la muerte de Paúl, la familia Moreno Camacho pasó un tiempo en neutro, sin embargo la inacción duró poco. Sabían que algo debían hacer para honrar la memoria del estudiante de medicina. 

Fue así como surgió la idea de crear la Asociación Civil “Doctor Paúl Moreno”, coordinada por el tío de Paul, Octavio Gómez 

La asociación se encarga de llevar a cabo acciones sociales, atender a enfermos y donar medicinas y alimentos a personas de escasos recursos en Maracaibo.

Para homenajear la memoria de Paúl, la entonces alcaldesa de Maracaibo, Eveling Trejo de Rosales, renombró la avenida Fuerzas Armadas como Paúl Moreno mediante el decreto 166 en mayo de 2017, pero luego de las elecciones de finales de ese año el alcalde chavista Willy Casanova removió el nombre del brigadista de la vía.

Desde entonces autoridades y sociedad civil en Maracaibo han librado una disputa en torno a la memoria de Moreno. Apenas el año pasado el gobernador Manuel Rosales, esposo de Eveling, inauguró la avenida, pero para sorpresa de la mayoría conservó el nombre de Fuerzas Armadas

Ante la queja de los familiares de Moreno y miembros de la sociedad civil, Rosales optó por devolver el nombre de Paúl a la transitada vía.

“Desde diversos espacios se busca borrar la memoria y atacar el recuerdo de aquellos quienes perdieron la vida protestando”, dijo la ONG Justicia, Encuentro y Perdón a través de un comunicado.  

“Como Concejo Municipal debemos velar por el cumplimiento de los decretos municipales, además de reconocer la lucha de los jóvenes zulianos por la libertad de Venezuela”, declaró el presidente del Concejo Municipal de Maracaibo, Eduardo Vale.

Pese a los intentos por borrar la memoria de Paúl, allegados no olvidan su legado y la impunidad que rodea su muerte. “No hay un día que no piense en mi hermano”, dijo Carlos Moreno.

Asciende a ocho la cantidad de presos muertos en lo que va de 2023
José Félix Bracho Paz falleció de cáncer de pulmón el pasado 15 de mayo

 

Un hombre que estaba recluido en la Comunidad Penitenciaria Fénix se convirtió en el octavo privado de libertad fallecido en el estado Lara en lo que va de 2023. José Félix Bracho Paz fue llevado al hospital central Antonio María Pineda de Barquisimeto para que lo atendieran de una complejidad de salud que padecía, pero a los pocos días de atención médica murió. 

El sábado 13 de mayo, funcionarios de la cárcel que se ubica al norte de la ciudad trasladaron a Bracho Paz para que lo atendieran pues tenía dificultades para respirar y en el centro de salud luego de varios exámenes le diagnosticaron un tumor en el pulmón. 

Bracho Paz era oriundo del estado Zulia y fue penado por el tribunal 5 de esa región por el delito de abuso sexual agravado y continuado. Debía pagar 16 años en la cárcel y ya había estado 10 años en físico. 

Dos días y medio transcurrieron en el hospital y los cuidados de Bracho Paz se complicaron porque estaba solo y sin familiares y el 15 de mayo a las 9:40 de la noche sufrió un paro respiratorio fulminante. 

Al día siguiente, parientes llegaron a Barquisimeto y confesaron a los medios de comunicación de Lara que ellos habían solicitado una medida humanitaria para atender el cáncer de Bracho Paz en su vivienda y bajo sus cuidados pero esta nunca fue otorgada. 

En todo el estado han muerto 7 privados de libertad masculinos y una femenina durante este 2023. Bracho Paz sería el tercero registrado en Fénix luego de  Inés Antonio Pérez y Jesús María Alvarracín Camargo quienes fallecieron en abril también por enfermedades. 

Desestiman 21 protocolos de autopsia en caso Policarabobo

 

 

La anatomopatóloga forense Scarlett Romero, del Servicio Nacional de Medicinas y Ciencias Forenses (Senamecf), el viernes 19 de mayo en sala del Tribunal de Juicio 5 depuso como órgano de prueba 21 protocolos de autopsia de los 69 muertos, 66 presos y tres mujeres, que fallecieron quemados tras las rejas en la Comandancia General de la Policía de Carabobo el 28 de marzo de 2018.

La información la dio al equipo de Una Ventana a la Libertad (UVL) la abogada Lyli López, responsable del “Comité de Víctimas Indirectas de la Tragedia de Navas Spinola”, y quien representa a los familiares de las víctimas.

López explicó, que la doctora Romero, procedente de Caracas en vista de la emergencia por la tragedia que ocurrió en la Policía estadal, practicó estas 21 autopsias desde las 9:00 de la noche hasta las 4:00 de  la mañana del siguiente día.

La profesional del derecho le dijo a UVL, que la continuación del juicio para los cinco exfuncionarios de la Policía de Carabobo fue fijada para el viernes 26 de mayo.

137 privados del Cicpc conviven entre aguas putrefactas en Anzoátegui
Denunciaron que las tuberías de aguas negras de los cuatro calabozos del lugar se mantienen desbordadas

 

Rodeados de aguas putrefactas conviven 137 privados de libertad que se encuentran recluidos en los calabozos del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas de la subdelegación del municipio Sotillo, en la zona norte del estado Anzoátegui.

Así lo ha registrado el equipo de Una Ventana a la Libertad tras un recorrido realizado por el Centro de Detención Preventivo, donde se pudo conocer que 26 mujeres y 111 hombres han denunciado en reiteradas oportunidades que las tuberías de aguas negras de los cuatro calabozos del lugar se mantienen desbordadas desde hace 17 días.

Algunos familiares aseguran que los privados se han negado a recibir sus alimentos  por el hedor que emanan las cloacas. Además aseguran que se han visto en la obligación de hacer sus necesidades en bolsas para reducir el colapso del drenaje.

Quienes van a diario a las instalaciones del Cicpc para llevar alimentos a sus familiares aseguran que actualmente existe un brote de infecciones en la piel y ninguno de los internos ha recibido tratamiento para el ardor o la picazón.

“Para completar tienen 15 días con el servicio de agua potable intermitente y pasan días sin bañarse porque no les suministran el líquido para que por lo menos garanticen su aseo personal”, contó uno de los parientes de los privados.

En el Centro de Detención Preventivo tienen más de dos años con las visitas suspendidas y los privados solo se comunican con sus parientes a través de “cartas” que se hacen llegar bajo la supervisión de los detectives de guardia.

Muchos aseguran que conviven en condiciones deplorables y en completo hacinamiento, pues se encuentran en celdas de dos metros cuadrados y el espacio no es suficiente para albergar a más de 30 hombres  y mujeres por cada calabozo.

“La ventilación es mínima, por eso se ha desatado una sarna increíble y no dejan pasar pomadas o medicamentos para que ellos puedan controlar la erupción en la piel”, detalló uno de los familiares.

Los privados y sus familiares claman por el mantenimiento de los drenajes y por el suministro de agua potable. Amenazan con iniciar una huelga de hambre de continuar las condiciones deplorables en el interior de los calabozos.

Hieren a detenido que intentó fugarse de comando de la GNB en Táchira
De acuerdo a versiones, el hombre intentó apuñalar a un efectivo militar para escaparse 

 

Un hombre que se encontraba detenido en el puesto fronterizo del comando de la Guardia Nacional Bolivariana de San Antonio del Táchira, fue detenido cuando intentaba fugarse del lugar.

El detenido fue identificado como Jonathan Camargo de 33 años de edad.

Según versiones, el hombre intentó apuñalar a un efectivo militar para escaparse y éste le disparó.

Según el periodista Jonathan Maldonado el  herido fue trasladado, cerca de las 5:30 p.m. de este miércoles 24 de mayo, al hospital Central de San Cristóbal, donde fue intervenido quirúrgicamente. Se conoció que está estable.

 Avanzan trabajos de refracción en Centro de Internamiento de Los Cocos

El gobernador de Nueva Esparta, Morel Rodríguez Ávila, supervisó los trabajos de refracción del Centro de Internamiento de Los Cocos, ubicado en Porlamar, municipio Mariño, el cual está siendo acondicionado para dar un trato más humano a menores de edad privados de libertad en este espacio.

“Daba vergüenza la realidad como vivían esos niños y jóvenes, ahora tendrán un centro digno como debe ser”, puntualizó la máxima autoridad del estado Nueva Esparta.

En el espacio para la reeducación de 11 privados de libertad, se adelanta la rehabilitación del módulo, baños, techo de entrada y pisos, cocina, salón de clases, manto asfáltico (446 metros cuadrados), pintura, reparación de la gaceta de vigilancia, iluminación, sistema de aguas negras, entre otros aspectos.

Observatorio Venezolano de Violencia registró 2.173 muertes por suicidio en 2022
Hasta mediados del mes de mayo de 2023 se contabilizan 162

 

El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) reveló, en su informe sobre violencia autoinfligida, que en el país se contabilizaron 2.173 muertes por suicidio en el 2022.

El documento indicó que el ahorcamiento, dispararse con un arma de fuego y el envenenamiento, siguen “siendo desafortunadamente los métodos más empleados por los individuos para atentar contra su vida”. 

Destaca el informe que «estos concentran en conjunto más del 86% de la totalidad de casos donde se identificó esa variable”, 

Mérida sigue siendo la entidad donde con mayor frecuencia acontecen casos suicidio por cada 100 mil habitantes.

 

El informe revela que en Venezuela existen tres grandes grupos de personas que están atentando contra su vida. «Un primer conjunto de individuos que se ven invadidos e influenciados por diferentes factores de riesgo asociados a comportamientos suicidas, los cuales están relacionados directa o indirectamente con la emergencia humanitaria compleja. Un segundo grupo afectado por factores que no están conectados con la emergencia pero que por su parte generan fuertes tensiones sobre las personas y conducen a un buen número a atentar contra su vida y un tercer grupo que surge de la combinación de los dos anteriores», detallaron.

El OVV indicó que 162 muertes por suicidio han sido reseñadas hasta mediados de mayo en durante el 2023. «En promedio 1,2  casos por día», destacan.

Destacan que hasta mediados de mayo, la ONG registró 32 intentos de suicidio en Venezuela y sostuvieron que a final de año se podrían contabilizar más de 400 casos, de acuerdo con proyecciones hechas por su equipo de investigación.

Acceso a la Justicia: Tener cédula, ¿un viacrucis, un derecho, o el establecimiento del burka criollo?
El Saime lanzó un nuevo sistema, el cual obliga a los ciudadanos que aspiran tramitar el documento nacional de identidad a acudir a su página web

 

«Toda persona tiene derecho a ser inscrita gratuitamente en el registro civil después de su nacimiento y a obtener documentos públicos que comprueben su identidad biológica». Este mandato contenido en el artículo 56 de la Constitución de 1999 históricamente no se ha cumplido y, por ello, millones de venezolanos en algún momento de su vida han batallado para obtener documentos tales como la partida de nacimiento, fe de vida, la cédula de identidad y el pasaporte. En las últimas dos décadas se han anunciado e implementado distintas medidas para intentar solucionar el problema, la última se puso en marcha hace más de dos meses y genera preocupaciones.

A mediados de marzo, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) lanzó un nuevo sistema, el cual obliga a los ciudadanos que aspiran tramitar el documento nacional de identidad a acudir a su página web para obtener una cita. Al agendarla, la persona deberá rellenar un formulario, en el cual deberá aportar información hasta ahora no solicitada por el organismo.

Así, además de confirmar que sus nombres y apellidos, fecha de nacimiento y número de cédula (en caso de quien vayan a renovar) estén correctos, también deberá suministrar datos sobre sus rasgos físicos (color de ojos, cabello y piel; peso y estatura; tipo de sangre, entre otros). Luego se le requerirá información sobre el lugar de nacimiento (el estado, municipio, parroquia y centro de salud donde nacieron) y también información de su partida de nacimiento (ubicación del registro civil, número de libro de registro, año y número de acta). Por último, el Saime solicita la dirección detallada y los números de teléfono del usuario.

Una vez entregados estos datos, la persona podrá escoger la oficina, fecha y hora en la que desea realizar el trámite, como se asegura en el video tutorial difundido por el organismo.

¿Por qué toda esta información? «Este sistema nuevo nos va a permitir la implementación de la nueva cédula. Con este nuevo equipo vamos a tener una nueva cédula, bien sea inteligente o digital», explicó el director del Saime, Gustavo Vizcaíno, en una entrevista, en la que aseguró que el sistema va hacia la total automatización.

Pros y contras

La exigencia de la cita previa en la tramitación de la cédula de identidad sin duda es un avance y puede agilizar los tiempos de espera y evitar las tradicionales colas a las que deben someterse los ciudadanos. No obstante, debe tomarse en cuenta a las personas que no sepan manejarse con las nuevas tecnologías, como es el caso de las personas de la tercera edad, y también aquellos que no cuenten con los servicios de internet o de luz eléctrica para realizar este trámite.

No es un dato menor que la mitad de la población no tiene acceso a internet, por lo que el Estado debe facilitar medios de acceso alternativos para los millones de venezolanos que no cuentan con ese servicio, cosa que hasta el momento no se ha anunciado, dejando en indefensión a un gran sector del país.

Las autoridades, sin embargo, le han salido al paso a estas objeciones, en la misma entrevista citada, Gustavo Vizcaíno afirmó

«Cualquiera desde su casa, desde su oficina o desde su móvil (puede pedir la cita). Casi todo el mundo tiene un teléfono inteligente y el que no lo tenga puede venir aquí y en la Oficina de Atención al Ciudadano le prestamos la colaboración (para obtener la cita)».

El tiempo dirá si ese anuncio es efectivo.

Esas afirmaciones parecen ignorar a las poblaciones rurales, de acceso remoto, a los millones en estado de pobreza crítica y a las comunidades indígenas, para las que en la mayoría de los casos un teléfono inteligente es un lujo, más allá de las dificultades de conectividad que existen en tantas partes del país.

La cantidad de información adicional que el Saime requiere podría atentar con los principios de «celeridad, eficacia y eficiencia» que establece el artículo 141 constitucional, y también contra lo previsto en la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos, porque mucha de esa información ya está en manos de la administración pública, por no decir toda, sobre todo en el caso de las personas que han sacado su pasaporte o lo han renovado recientemente.

Un hecho grosero que pone en evidencia lo mencionado acerca del principio de eficiencia se observa en el sinsentido de que el Estado pida una copia de la cédula que él mismo expide para cualquier trámite.

El cuento del gallo pelón

Vizcaíno también anunció que su despacho está estudiando cómo será la nueva cédula, si tendrá un chip o un código de barras o QR que contenga la información de cada ciudadano. ¿Pero qué información albergará? «Pudieran ser del Instituto Nacional de Tránsito, de salud o bancaria», explicó el funcionario. Asimismo, dejó entrever la posibilidad de que el nuevo documento se cobre, algo que contrariaría lo previsto en el artículo 13 de la Ley Orgánica  de Identificación.

Esta no es la primera vez que se habla de un nuevo documento electrónico nacional de identidad sin que el mismo llegue a buen puerto.

La primera propuesta seria bajo el chavismo de una nueva cédula se discutió durante la gestión de Luis Alfonso Dávila, el segundo ministro del Interior que tuvo Hugo Chávez. Durante su gestión, un consorcio en el que participaba la empresa coreana Hyundai ganó un contrato por más de 200 millones de dólares para poner en marcha el Sistema de Identificación y Control Ciudadano (Sinacoc). Sin embargo, esto no se puso en marcha.

Después, con motivo del referendo revocatorio presidencial de 2004, inició la llamada Misión Identidad, que entregó cédulas de identidad a millones de personas, muchas de ellas sin el debido soporte. En esta operación participaron empresas cubanas, las cuales recibieron contratos millonarios.

En su momento, el entonces director de la Oficina Nacional de Identificación y Extranjería (Onidex), Hugo Cabezas, aseguró que 7 de cada 10 venezolanos poseían un número de cédula, pero carecían del documento laminado. Cabezas hoy está detenido en el marco de la última cruzada contra la corrupción.

Las firmas cubanas, en especial Albet Ingeniería y Sistemas, rostro comercial de la Universidad de Ciencias Informáticas de La Habana (UCI), siguieron recibiendo jugosos contratos para modernizar el sistema de identificación venezolano al menos hasta 2010, reportó Transparencia Venezuela.

Tras revisar las cifras disponibles en documentos públicos de Albet, en varias leyes de presupuesto y los contratos revelados, la organización calculó que la firma cubana se hizo con 1.400 millones de dólares en Venezuela. No obstante, de la cédula electrónica no hay rastros y, aunque la obtención del pasaporte se agilizó durante unos años, en los últimos ha vuelto a convertirse en un drama para muchos ciudadanos.

Durante la gestión del exministro Miguel Rodríguez Torres (2014-2015), el tema volvió a salir a relucir, pero con el mismo resultado.

Y ahora con código de vestimenta

Como si no bastaran las exigencias del Saime respecto a los requisitos para satisfacer el derecho a la identidad, nos encontramos con que, sin que exista base constitucional ni legal alguna, se impone a los ciudadanos un «código de vestimenta» que es esencialmente discriminatorio y, por tanto, violatorio de los derechos humanos.

Así, en un video hecho público en Twitter y que luego fue borrado, pero que puede verse en esta cuenta, se afirma que existe dicho código, el cual implica entre otras limitaciones, las siguientes: prohibición de «ropa informal», lo que se traduce explícitamente en ir en shorts, minifaldas, monos deportivos, leggins, camisas con escotes o pantalones con roturas.

La mayoría de estas prohibiciones son claramente contra las mujeres, y en nada se diferencian de las establecidos en aquellos países donde estas son ciudadanas de segunda categoría, en la medida en que se imponen para que las mujeres no «estimulen» o peor aún, «provoquen a los funcionarios, una concepción de la mujer como incitadora y que debe contenerse. Por eso, consideramos que estas exigencias configuran una especie de «burka criollo» al negarles a las mujeres la libre expresión de su identidad.

A partir de estos prejuicios, queda entonces en manos del funcionario determinar cuándo una falda es muy corta, si existe o no un escote o qué tan recatada es la vestimenta de una mujer, lo que otorga a los funcionarios del Saime una discrecionalidad para atender a una persona que, tristemente, siempre termina en arbitrariedad.

Pero la discriminación no termina allí, pues también se prohíben los pantalones cortos o shorts, lo cual, sin que sepamos por qué, también acoge a los bermudas, pantalón particularmente cuestionado por funcionarios a lo largo y ancho de la administración pública venezolana, y que son simplemente la expresión de un país en el que en algunos lugares tener 40° de temperatura es algo habitual. Por tanto, se trata de una prenda práctica, no una moda.

Lo dicho hace que también los hombres sean víctimas de este código carente de base constitucional y legal.

El Saime no se queda ahí: también agrega a su «código» las sandalias tipo playeras o similares, con lo cual, una vez más, niega nuestro carácter de país tropical y, sobre todo, la pobreza, pues para muchos venezolanos optar por un calzado diferente no es una opción. Se llega a tal nivel de discriminación que los indígenas, con su vestimenta habitual, no serían «dignos» de ser atendidos en estas oficinas públicas y que terminaría contrariando lo establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica de Identificación respecto a que «no se les obligará a fotografiarse con una vestimenta distinta a la que corresponde a sus usos, costumbres y tradiciones».

Esto último es lo más grave, pues cuando son los ciudadanos los que deben hacerse lo suficiente «dignos» para ser atendidos, entendemos que el mito de los llamados «servidores públicos» no es más que eso, y la prestación de servicios por parte del Estado es un ejercicio discriminatorio y represivo.

Lo exigido por el Saime no es más que la expresión oficial de una costumbre que lleva años, en la que además se incluye el color del pelo y muchas otras exigencias discriminatorias en las que el Estado impone una identidad al ciudadano, cuando debería limitarse a registrar la que este haya decidido.

80% de los delitos en Amazonas durante primer cuatrimestre de 2023 fueron agresiones y robos
Los homicidios representaron 7,1%; las violaciones sexuales 4,3% y la desaparición forzada 1,4%

 

Entre enero y abril de 2023 dos delitos mantuvieron la tendencia de la tipología de la violencia en Amazonas. Las agresiones con el 51,4% de los registros y los robos con el 28,6% acumularon el 80% de los casos registrados por el Observatorio Venezolano de Violencia Amazonas (OVV Amazonas). Los homicidios representaron 7,1%; las violaciones sexuales 4,3%; otras agresiones sexuales 2,9%; la desaparición forzada 1,4%; la coacción 1,4%; amenazas de muerte 1,4% y tentativa de homicidio intencional 1,4%.

De acuerdo con el monitoreo del Observatorio de Prensa (OP), los resultados obtenidos para las dos categorías de mayor incidencia tienden a incrementarse, tomando en cuenta que en el año 2022 las agresiones cerraron con un 48,5% y los robos con el 23,7% del total de los eventos.

El equipo del OVV analizó los casos reportados en el cuatrimestre en la categoría de agresiones leves a graves y se pudo determinar que entre las principales motivaciones, destacan los casos de violencia basada en género 30%, los conflictos interpersonales 15,7%, otras motivaciones 10%, los problemas intrafamiliares 10%. Con respecto al provecho ilícito, el 30% de los casos estuvo relacionado con el robo de motocicletas y de viviendas en la entidad.

Al identificar a las víctimas de los delitos, el sexo femenino fue el más afectado con un 60,8%. La hipótesis que surge está relacionada con los patrones culturales de dominación y restricción que parecen enraizarse en las familias o entre las parejas. Al discriminar la ocupación de las víctimas, el 17,7% de ellas fueron trabajadores, el 15,2% trabajadores de los servicios comercios y mercados 12,7% y fuerzas armadas 7,6% En torno a la ocurrencia del delito, el 50% de los sucesos se consumaron en los hogares de las víctimas, lo que refuerza la teoría de una conducta poco tolerante en los hogares amazonenses.

 Niños y Niñas y Adolescentes víctimas de agresiones

Durante el proceso de seguimiento de los delitos, los niños, niñas y adolescentes (NNA) mayoritariamente de 14 años, fueron víctimas de agresiones físicas. Los investigadores obtuvieron datos de 10 casos donde los jóvenes fueron maltratados en su lugar de residencia por sus padres o padrastros. De los datos recopilados 5 corresponden al sexo masculino y 5 al sexo femenino. Resulta preocupante que alrededor del 20 % de todos los casos involucren a esta categoría poblacional, lo que podría interpretarse, a falta de estudios específicos, como un retroceso en la efectividad de las políticas de prevención y protección.

OVV alerta ante homicidios intencionales en Atures

Cuatro asesinatos y un femicidio contabilizó la coordinación regional del OVV en Amazonas, cuatro del sexo masculino y uno del sexo femenino. Las armas de fuego fueron utilizadas en dos sucesos y las armas cortantes en otros dos respectivamente. La edad de las victimas oscila entre 23 y 57 años. La parroquia Fernando Girón Tovar del municipio Atures continúa siendo la más violenta de la entidad.

El tema de la violencia interpersonal en el ámbito del estado Amazonas persiste como problema de salud pública y su intensidad parece estar asociada a la permanencia de distintos factores que afecta a la región, expresada entre otras formas por la expansión de las actividades ilícitas, entre ellas, la minería de oro y la creciente presencia de grupos armados irregulares. Elementos estos que exigen acciones más contundentes y efectivas por parte de las autoridades.