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Acceso a la Justicia: El TSJ deja en manos de la justicia penal ordinaria el caso de la masacre de El Amparo
El caso data de 1988

 

El caso de los catorce pescadores que el 29 de octubre de 1988 fueron asesinados por una comisión policial y militar en el caño Las Coloradas, municipio José Antonio Páez (Apure) no es competencia de la justicia castrense, fue puesto manos de la jurisdicción penal ordinaria y no la militar, la que conocerá y sentenciará el caso, por decisión del Tribunal Supremo de Justicia.

Así lo dio a conocer la ONG. Acceso a la Justicia revelando que la decisión la adoptó la Sala de Casación Penal, en su sentencia n.º 208 del 22 de junio de 2022, en la cual resolvió el conflicto de competencias que en mayo pasado le presentó la Corte de Apelaciones del estado Apure contra la Corte Marcial.

Así, se lee lo siguiente en la decisión redactada por el magistrado Maikel Moreno Pérez, en clara alusión a la reforma que sufrió el Código Orgánico de Justicia Militar:

«Aun cuando la jurisdicción penal militar, desde el inicio del proceso contra los acusados de autos asumió la competencia, sobrevinieron dos mandatos legales distintos: el primero que prohíbe de forma expresa el juzgamiento de los civiles ante la jurisdicción militar, y el segundo que formalmente le atribuye a los tribunales con competencia en materia penal militar, el conocimiento de los procesos seguidos por delitos militares únicamente, por cuanto el juzgamiento de los civiles ante la jurisdicción militar, es una franca violación a los estándares internacionales relativos a los Derechos Humanos».

La Asamblea Nacional electa en 2020 modificó en septiembre de 2021 el Código Orgánico de Justicia Militar (COJM) para establecer expresamente que «ningún civil podrá ser juzgado por los tribunales de la jurisdicción penal militar» (artículos 6 y 517) y reforzar que los tribunales castrenses solo podrán procesar «a los militares por los hechos calificados y penados por este Código y por las faltas militares conforme a lo previsto en las leyes que rigen la materia».

Jugando a la papa caliente

Pese a que desde el principio la investigación estuvo en manos de la justicia militar, a finales de 2021, y tras la reforma del COJM, la Corte Marcial se declaró incompetente para conocer el asunto, pues solo tres de los quince imputados (Alí Coromoto González, Ernesto Morales Gómez y Omar Antonio Pérez Hudson) eran militares en el momento, y los delitos de los que se les acusa (homicidio y uso indebido de armas de fuego) no son faltas militares, sino conductas castigadas en el Código Penal.

La máxima instancia de la justicia castrense señaló lo siguiente:

«Los integrantes de esta Corte Marcial (concluyen) en afirmar que los ciudadanos indiciados, antes citados, integrantes del extinto Comando Especifico “G/J José Antonio Páez”, por las características de los hechos en que participaron incurrieron en la presunta comisión de delitos de naturaleza no militar, es decir, la conducta puesta en evidencia el día 29 de octubre de 1988 en las adyacencias del sector Caño la Colorada, municipio El Amparo, Distrito Páez del estado Apure constituyen delitos de naturaleza común enjuiciables y sancionables por la jurisdicción penal ordinaria, de conformidad a lo establecido en el artículo 261 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el ya citado artículo 6 de la Ley de Reforma Parcial del Código Orgánico de Justicia Militar».

No obstante, la Corte Marcial no explicó los motivos por los cuáles este asunto permaneció bajo su poder durante un lustro sin que emitiera ningún pronunciamiento. No se puede olvidar que en 2017, en su sentencia n.º 400, la Sala de Casación Penal dictaminó que la Corte Marcial debía conocer el asunto «en aras del principio de la seguridad jurídica, del juez natural, debido proceso y tutela judicial efectiva consagrados en la Constitución, debe prevalecer el principio de la jurisdicción permanente».

Precisamente la sentencia antes mencionada fue la razón por la cual Corte de Apelaciones de Apure también rechazó asumir el caso, lo cual dio origen al actual conflicto.

No obstante, el hecho de que el máximo juzgado no instruya a la Corte apureña a actuar con diligencia ni le imponga plazo alguno para decidir hace temer que el asunto, el cual tiene treinta y cuatro años, está lejos de resolverse, para perjuicio de las víctimas, quienes siguen sin recibir la anhelada justicia.

Haciendo memoria

La masacre de El Amparo está reabierta formalmente desde 2016, cuando la Sala Constitucional en su sentencia n.º 910 anuló la decisión de la Corte Marcial ad hoc que en 1998 cerró el proceso abierto contra los quince miembros de la comisión policial y militar del extinto Comando Específico José Antonio Páez (Cejap) acusados de asesinar a los pescadores y luego presentarlos como guerrilleros colombianos. Esta decisión se produjo en el marco de las actuaciones que las autoridades, en especial el Ministerio Público (MP), pusieron en marcha a raíz de la aprobación en 2011 de la Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y otras Violaciones de los Derechos Humanos por razones políticas en el período 1958-1998.

Dicho instrumento, en su artículo 19 establece que:

«cuando de las investigaciones del Ministerio Público o de la Comisión por la Justicia y la Verdad, se evidencie la existencia de pruebas fehacientes que constaten plenamente la materialidad de violaciones graves a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, o la responsabilidad plena en la perpetración de los mismos, por las razones previstas en la presente Ley, las cuales sean pertinentes a causas judiciales o procedimientos administrativos que por cualquier razón procesal se encontrasen firmes, siendo dichas pruebas de tal naturaleza que de haber sido conocidas en su oportunidad la decisión definitiva hubiese sido distinta a la que constase en autos, el Ministerio Público solicitará a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia la revisión del expediente a los fines de su reapertura. La Sala Constitucional se pronunciará sobre la solicitud y, de considerarla pertinente, ordenará al Ministerio Público la reapertura del caso y su tramitación procesal por vía ordinaria».

El 29 de octubre de 1988 una comisión del Cejap dio muerte a catorce pescadores en el caño Las Coloradas y presentó el hecho como un enfrentamiento con presuntos guerrilleros colombianos. Sin embargo, el testimonio de Wolmer Gregorio Pinilla y José Augusto Arias, dos supervivientes, reveló que la versión oficial era una falacia.

La incapacidad de la justicia venezolana de castigar a los responsables de este hecho le valió a Venezuela su primera condena en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en 1996. En esta sentencia el juzgado continental ordenaba a las autoridades identificar y sancionar a los autores de la masacre. Sin embargo, el Estado apenas ha cumplido con el pago de las reparaciones materiales ordenadas.

Una Ventana a la Libertad confirma muerte de un preso a manos de otros en Nueva Esparta
Recibió múltiples contusiones en la región cefálica

 

Un hombre de 26 años, que estaba recluido en un centro de detención preventiva en el estado insular Nueva Esparta, falleció luego de haber recibido una paliza por parte de sus compañeros de celda, informó la ONG venezolana Una Ventana a la Libertad (UVL).

«El hombre recibió múltiples contusiones en la región cefálica, durante una riña, el pasado domingo 17 de julio en horas de la tarde» en el municipio Mariño, informó la organización no gubernamental en una nota de prensa.

Explicó que las autoridades del lugar no trasladaron al recluso a un centro de salud hasta martes en la mañana, cuando fue ingresado al hospital Luis Ortega, de la ciudad de Porlamar, donde falleció horas después.

«No es la primera vez que un preso recibe una paliza por otros reos en este centro», subrayó el escrito.

UVL agregó que la población que permanece recluida en estos calabozos está siendo investigada por estos hechos, con ayuda de la Fiscalía y de la Dirección de Asuntos Penitenciarios.

En abril de 2021, una persona murió y otra más resultó herida durante otra riña en el Centro Penitenciario Yare II, en el céntrico estado Miranda.

El hacinamiento en los centros de detención preventiva de Venezuela persiste, toda vez que la ocupación en estos recintos supera el 150 %, dicen ONG y expertos. 

Guárico registró 62 muertes violentas durante el primer semestre de 2022
Hubo 37 homicidios intencionales, 18 muertes por intervención policial y 7 suicidios

 

El Observatorio Venezolano de Violencia en Guárico (OVV Guárico) contabilizó 62 muertes violentas desde el 1 de enero hasta el 30 junio de 2022. La información fue obtenida del monitoreo efectuado a los medios de comunicación regionales.

De acuerdo con el equipo de investigación del OVV Guárico los medios de comunicación reportaron 37 homicidios intencionales; 18 muertes por intervención policial y 7 suicidios (violencia letal autoinfligida) durante los seis primeros meses del año.

En el caso de las muertes ocasionadas por intervención de organismos de seguridad, se observa un incremento de 64% con relación al primer semestre de 2021, cuando se documentaron solo 11 casos.

En lo que respecta a homicidios intencionales, la prensa reseñó seis víctimas más (37 víctimas) respecto al primer semestre del año pasado (31), lo que representa un aumento cercano al 20% en este registro.

Por su parte la violencia letal autoinfligida mostró una disminución cercana a 60% al comparar los resultados del primer semestre de 2022 (7 suicidios) con 2021 (17).

En once de los quince municipios de Guárico se registró al menos un homicidio intencional y en seis de estas jurisdicciones se concentró poco más del 86% de los asesinatos. Lidera la lista el municipio Infante (12 víctimas), seguido por Zaraza (7), Monagas (5), Miranda (4), Guayabal (2) y Ribas (2).

En cuanto a las muertes donde existió intervención policial, el equipo del OVV Guárico destacó que las mismas ocurrieron en siete municipios: Ribas (5 víctimas), Infante (4), Miranda (3), Monagas (2), Zaraza (2), Las Mercedes (1) y Mellado (1).

Por su parte la violencia letal autoinfligida involucró seis municipios: Zaraza registró 2 suicidios, en tanto que Mellado, Monagas, Roscio, Ribas y Las Mercedes contabilizaron 1 victima cada uno.

El análisis de la composición de la letalidad por sexo arrojó una marcada preponderancia de los varones con 57 de las 62 víctimas reportadas. Las 5 víctimas femeninas se distribuyeron en 4 homicidios y 1 suicidio.

En el apartado de violencia interpersonal no letal el OVV Guárico documentó un total de 40 víctimas, de las cuales 19 fueron agresiones, 5 violaciones sexuales, 5 tentativas de homicidio intencional, 4 víctimas de secuestros, 2 extorsiones, 2 casos de explotación sexual, 2 agresiones sexuales y una amenaza de muerte.

 

Amazonas reportó 10 homicidios intencionales entre enero y junio

El pasado 30 de junio asesinaron al líder indígena Virgilio Trujillo Arana

 

En el primer semestre del año 2022, el Observatorio Venezolano de Violencia en Amazonas (OVV Amazonas) registró 10 homicidios en la región. En el municipio Atures se contabilizó 40% (4) de los sucesos, con un número similar 40% (4) en Alto Orinoco y 20% (2) en el municipio Atabapo. Marzo, con 3 registros, fue el mes con mayor cantidad de casos reportados.

Al analizar los reportes de los medios de comunicación de la entidad, se pudo constatar que predomina el sexo masculino entre las víctimas de muertes violentas; de ellos, 4 fueron asesinados por arma de fuego y 3 con arma blanca, mientras que para el sexo femenino se contabilizan 2 registros por arma blanca y 1 por arma de fuego. Vale destacar que los victimarios están relacionados con la delincuencia común, la acción de la Fuerza Armada (caso Parima B), la delincuencia organizada y el entorno familiar.

Contrastando estos datos con los registros del año 2021: siete (7 homicidios) en Atures y tres (3) en Atabapo, se presume un eventual aumento de muertes por homicidio al finalizar el año, cuya causal de fondo pareciera estar asociada al recrudecimiento de la violencia asociada tanto a la minería ilegal y el narcotráfico en los territorios indígenas, como a la delincuencia común en el área urbana, todo en el marco de la permanencia y agudización de la crisis multifactorial que arropa al país. Uno de los casos que generó mayor conmoción en la población amazonense fue el asesinato del indígena Virgilio Trujillo Arana.

El caso Virgilio Trujillo

El 30 de junio, habitantes del sector Morichalito, parroquia Luis Alberto Gómez del municipio Atures del estado Amazonas, alertaron a las autoridades al escuchar unos disparos muy cerca del puente que conduce a la entrada del sector. Posteriormente fue encontrado sin vida, Virgilio Trujillo Arana, de 38 años, indígena del pueblo Uwottuja (piaroa), coordinador de los guardianes territoriales del municipio Autana, quien presuntamente fue trasladado en un automóvil por sus victimarios y asesinado con un arma de fuego. Recibió tres disparos, dejándolo abandonado en el lugar.

El impacto del asesinato del reconocido líder indígena trascendió el ámbito local, nacional e internacional conociéndose pronunciamientos de repudio al hecho, desde diversas organizaciones como la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de Amazonas (Orpia) la Confederación de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), la Red Eclesial Pan Amazónica (Repam). Los comunicados destacaron la labor, temple y compromiso de Trujillo en la defensa de los derechos humanos, en particular a favor del resguardo de su territorio y en contra de la minería ilegal. Esas declarativas coinciden en exigir una acción efectiva de los órganos competentes que alcance hasta la autoría intelectual.

Aun cuando el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) reforzó las capacidades locales para la averiguación judicial y la Defensoría del Pueblo ha expresado su voluntad de darle seguimiento. Para el OVV Amazonas, existe una percepción de desconfianza hacia los organismos de seguridad, ya que la comunidad y las organizaciones indígenas temen que el suceso, como otros ocurridos anteriormente; como los varios que han afectado al pueblo Yanomami, incluyendo el reciente de Parima B o el caso de Freddy Menare, dirigente del pueblo Uwotujja y asesinado en 2017, pueda ser postergado en sus resultados, ante la presunta participación de grupos vinculados al narcotráfico y la minería ilegal, que parecen ejercer el control sobre diversos territorios en el interior del estado.

Acceso a la Justicia: Luces y sombras de reforma a la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

La reforma a la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que la Asamblea Nacional (AN) electa en 2020 aprobó en diciembre pasado, tiene tanto aspectos positivos como negativos en los cambios realizados por los diputados, de acuerdo con un estudio sobre este instrumento legal, realizado por la ONG Acceso a la Justicia.

En efecto, en el reporte titulado Análisis de la reforma de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de 2021, la organización concluye que «el régimen tiene una comprensión de los problemas principales en la materia de violencia contra la mujer y que conoce los obstáculos con los que se encuentran las víctimas y sus familiares al acudir a las autoridades judiciales». Sin embargo, tras revisar el contenido de los sesenta y cuatro artículos modificados y/o agregados por los legisladores también se advierte que «existen algunos cambios que generan preocupación».

El reconocimiento de que la violencia por motivos de género se encuentra «arraigada en la discriminación sistémica contra las mujeres especialmente cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad» es uno de los avances de la modificación legal, se afirma en el estudio,  «dado que incorpora el entendimiento de la violencia contra la mujer como la manifestación de una desigualdad estructural, lo cual ha sido ampliamente reconocido por el derecho internacional y obliga a crear políticas públicas que vayan encaminadas no solo a tratar esta violencia sino también a desmantelar las estructuras y dinámicas de discriminación que la ocasionan y soportan».

En la investigación también se considera positiva la incorporación de nuevos tipos penales como la violencia informática, laboral, política o ginecológica, así como la prohibición expresa a los jueces para que recurran a la mediación, conciliación y demás medios alternativos de resolución de conflictos en los procedimientos relacionados con violación o amenaza al derecho a la vida e integridad física.

Solo de forma excepcional los tribunales podrán utilizar estos mecanismos en delitos menos graves y siempre que una evaluación de un equipo multidisciplinario garantice el consentimiento libre e informado de las víctimas y no existan indicadores de nuevos riesgos para estas o sus familiares, se agrega en el reporte.

La creación de la Defensoría Nacional de los Derechos de las Mujeres y de la Comisión Nacional para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia también son saludados, aunque con reparos. En el reporte se afirma que no basta con constituir instituciones nuevas, sino que se requiere «la adjudicación de los recursos necesarios y el nombramiento de los funcionarios especializados necesarios (…) para que tengan un efecto real».

La Defensoría es una instancia adscrita al Instituto Nacional de la Mujer (Inamujer) y, de acuerdo con la reforma, «tiene por función garantizar asistencia jurídica y representación a las mujeres víctimas de violencia y a sus familiares, en los procesos judiciales y extrajudiciales».

Por su parte, la Comisión es un órgano que estará encabezado por el vicepresidente de la República e integrado por los ministros de la Mujer e Igualdad, de Educación, Salud, Interiores, Servicio Penitenciario, Comunicación, Comunas, por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Ministerio Público (MP), la Defensoría del Pueblo, la Defensa Pública y cinco representantes de organizaciones civiles especializadas en temas de género.

El nuevo organismo tiene por misión la coordinación, apoyo e impulso de las políticas públicas dirigidas a asegurar el respeto y vigencia del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y entre sus funciones estará crear un registro único de denuncias, haciendo seguimiento a su implementación; formar a los órganos receptores de denuncias y establecer un sistema de recolección de datos estadísticos sobre la violencia contra las mujeres, desglosado en función del tipo de violencia y la relación entre los autores y las víctimas, sobre el número de denuncias, enjuiciamientos, condenas y penas impuestas a los autores, y sobre las medidas de protección y reparación a las víctimas.

Precisamente la falta de estadísticas confiables en relación con la violencia de género es «uno de los mayores obstáculos para la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer en Venezuela», por cuanto dificulta la posibilidad de hacer «un diagnóstico correcto de sus causas, consecuencias y dinámicas». Las últimas cifras datan de 2016.

El endurecimiento de las penas es otro aspecto que el informe pide tomar con cuidado, pues, aunque la decisión de aumentar las penas «evidencia la importancia otorgada a la amenaza», en la investigación se considera que el régimen  no puede abordar el asunto «solamente desde la perspectiva del derecho penal».

Al respecto se agrega lo siguiente:

 «Maduro tiene la obligación de hacerlo desde una respuesta indivisible, holística y multisectorial, considerando todas las medidas destinadas a la prevención y la eliminación de la violencia, lo cual incluye medidas en materia de educación, salud, desarrollo, aunadas a las de la justicia penal».

Lo preocupante

Es motivo de preocupación el hecho de que la AN haya decidido incorporar en la reforma «a entidades que no están incluidas en la estructura del Poder Público establecida en la Constitución», tales como los consejos comunales, las comunas, las defensoras comunales de los derechos de las mujeres y las defensorías comunales, y que les asigne funciones de promoción de derechos humanos, acompañamiento y defensa de las mujeres víctimas de violencia por razones de género.

En el estudio se advierte que:

    «La precariedad de las estructuras de muchas de estas figuras, así como la falta de capacitación y el no contar con los recursos técnicos y multidisciplinarios para tratar la violencia contra la mujer, hacen que las víctimas de violencia que acudan a las mismas estén en riesgo, con lo que ello puede implicar para el resguardo de su integridad física. La protección de las víctimas exige la creación de estructuras especializadas y sin fines políticos para lograr la efectividad en sus tareas de prevención, protección y sanción de la violencia contra la mujer».

La supresión de la mención a la Convención Americana sobre la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, también conocida como Convención de Belém do Pará, es criticada y revelaría «la intención del régimen de desmarcarse del Sistema Interamericano y los derechos contenidos en tratados regionales».

Coro y Punto Fijo registraron casi 80% de casos de violencia de género ocurridos durante primer semestre de 2022
Hubo aumento de 41,66% comparado con el mismo lapso en 2021

El Observatorio Venezolano de Violencia en Falcón (OVV Falcón) registró 68 casos de violencia contra la mujer durante el primer semestre del 2022, que comparado con los 48 casos registrado en el mismo período del 2021 (enero-junio), evidencian un aumento de 41,66%, en este tipo de amenaza a la que se enfrentan a diario las mujeres en la región a manos de sus parejas, ex parejas o familiares cercanos.

Se trata de una violencia que constituye un atentado contra la integridad, la dignidad y la libertad de las mujeres, independientemente del ámbito en el que se produzca.

La observación que el equipo del OVV Falcón mantiene en los medios de comunicación en la entidad, da cuenta que de estos 68 casos de agresión contra la mujer, en donde 29 (55,88%) fueron perpetrados por las parejas y ex parejas de las víctimas.

Aun cuando los 68 casos reportados evidencian que no todas las agresiones son denunciadas, y que pueda existir un subregistro de las mismas, se aprecia según el monitoreo del OVV Falcón que durante el primer semestre del 2022 los casos de violencia de género fueron más denunciados a las autoridades por parte de las mismas víctimas, lo que refleja que son cada vez menos las mujeres que se quedan calladas ante un hecho de violencia o agresión.

Abril violento

En números, el OVV en Falcón precisó los tipos de delitos cometidos contra la mujer. Del total de agresiones ocurridas en el primer semestre de 2022, 38 (55,88%) eran casos de agresión física, mientras que 13 (19,11%) pertenecen amenaza de agresión, 7 (10,29%) violaciones sexuales, 5 (7,35%) casos de acoso, 3 (4,42%) feminicidio, 1 (1,47%) acto lascivo y 1 (1,47%) intento de violación.

El mes de abril, fue el que más casos registró, con 19, en tanto junio, ocupó el segundo lugar con 16 casos y de tercero febrero con 10 casos. Le siguieron los meses de enero con 9, marzo 7 y mayo 7.

Por otro lado, en lo relacionado al ámbito espacial continúan siendo Carirubana y Miranda con 30 y 23 casos respectivamente los municipios con mayor número de reportes de agresión donde las mujeres son víctimas de violencia por parte de sus parejas o ex parejas, estos dos municipios suman el 77,95% de los casos. En menor medida los municipios Colina 3, Mauroa 3, Monseñor Iturriza 2, Falcón 2, Silva 1, Petit 1, Jacura 1, Bolívar 1.Los Taques 1.

Cabe señalar, que de los 68 casos de violencia contra la mujer monitoreados, en 67 casos los agresores fueron detenidos por los diferentes cuerpos de seguridad, solo falta por detener al presunto homicida de un feminicidio ocurrido el 26 junio 2022.

Día de las Madres sangriento

Uno de los casos más emblemáticos fue el feminicidio de una mujer en la celebración del Día de las Madres. Todo ocurrió en medio de una discusión entre la víctima y su pareja, quien estaba bajo los efectos del alcohol y las drogas. Al calor del altercado, el hombre le dio un puñetazo en el pecho que le ocasionó la muerte de inmediato. El homicida después de asesinar a su mujer huyó del lugar, desconociéndose hasta la fecha su paradero.

Cuando se habla de violencia de género se suele hacer énfasis en los casos de abuso contra la mujer, sin embargo puede tratarse también de agresiones físicas o psicológicas, que son llevadas a cabo en ausencia de valores morales, y que terminan por dañar la identidad de la persona afectada. Asimismo, según el criterio del equipo del OVV Falcón, involucra una serie de efectos negativos para la estabilidad social. De esta forma, es necesario tener en claro su concepto y alcances, pues de otro modo estaremos tergiversando la realidad de unos problemas más comunes en el mundo de hoy.

Consideró Jesús Rodríguez, coordinador del OVV Falcón que en primer lugar, se trata de un término que es utilizado para distinguir los actos de violencia que son motivados por el género de una determinada persona, lo que implica todas aquellas manifestaciones que tienen como objetivo causar sufrimiento de algún modo, ya sea físicamente, mediante amenazas o represión. Aquí, mencionó Rodríguez, también se incluye la privación de libertades, donde los derechos fundamentales que todo ser humano posee son vulnerados.

 

Primer semestre de 2022 deja 198 muertes violentas en Aragua
Violencia policial es el tipo de violencia más frecuente

 

Según el monitoreo del Observatorio de Prensa del OVV Aragua, durante los primeros seis meses de 2022, se han reportado en la prensa regional 171 sucesos violentos, con un saldo de 243 víctimas y 198 muertes violentas en la entidad aragüeña.

El tipo de violencia más frecuente fue la violencia policial que aportó el 43,21% de las víctimas, seguida de la delincuencial (24,69%), de género (10,70%), autoinfligida (8,23%), por bandas delictivas organizadas (7,82%), interpersonal (2,88%), la intrafamiliar (1,65%) y finalmente la sexual (0,82%).

De las 198 muertes violentas reportadas, 106 (53,54%) fueron muertes por resistencia a la autoridad, 72 (36,36%) fueron homicidios y 20 (10,10%) fueron suicidios. En relación al sexo y la edad, 188 (94,95%) de las víctimas mortales eran masculinos con edades comprendidas entre 14 y 84 años. Haciendo la salvedad de que el 62% de las víctimas no registran la edad en el reporte de prensa. Del mismo modo 10 mujeres (5,05%) fallecieron por muertes violentas, sus edades estaban en un rango entre los 16 y 51 años de edad.

En relación a las 106 muertes reportadas en la prensa regional como resistencia a la autoridad, durante el periodo enero-junio 2022, el 100% de las víctimas eran del sexo masculino, con edades comprendidas entre 21 y 42 años. Sin embargo, es imperativo resaltar que 68% de los casos de violencia policial no tienen información en relación a la edad, lo que evidencia que existe un subregistro en esta categoría, que impide visibilizar las posibles situaciones de resistencia a la autoridad, donde los fallecidos pudieran ser menores de edad. El CICPC, la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana y las comisiones mixtas aportaron el 95% de las muertes por resistencia a la autoridad durante el primer semestre del 2022 en la región.

Disminución comparado con 2021

Dentro de los homicidios reportados durante el primer semestre del año, 63 fueron homicidios simples, 4 femicidios, 2 parricidios (muerte de uno de los padres por parte de un hijo) y 1 Uxoricidio (muerte de un hombre por parte de su mujer) y 1 homicidio culposo, cuyo protagonista fue un hombre procedente de Cúcuta, que murió como víctima colateral de la delincuencia organizada, al estallarle un dedil de droga en el estómago. El 62,50 % de los homicidios fueron producto de la violencia delincuencial, 20,83% de la delincuencia organizada, 9,72% de la violencia interpersonal individual, 4,17% de la intrafamiliar y 2,78% de la violencia de género.

Al analizar el comportamiento de las muertes violentas y de sus componentes durante el primer semestre de 2022, con respecto al mismo período de 2021, se observa una disminución del 7,48% del total de muertes violentas. Los homicidios disminuyeron en un 14,29%, mientras que las muertes por resistencia a la autoridad lo hicieron en un 8,62%. Sin embargo, se observa un Incremento del 42,86% de los suicidios, que pasan de 14 durante el primer semestre del 2021 a 20 suicidios durante el mismo periodo del año 2022.

 

880 protestas laborales reportó Inaesin durante primer semestre de 2022
Junio fue el mes con mayor cifra de conflictos con 175

 

El Observatorio del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin) reportó que durante el primer semestre del año se contabilizaron 880 protestas laborales en Venezuela.

Por medio de una nota de prensa, Inaesin informó que solo en junio hubo 175 conflictos, la cifra más alta en lo que va de 2022, seguida de la registrada en febrero (166).

El mayor porcentaje de conflictos de junio fue protagonizado por trabajadores del sector salud con 39%, por delante del personal de educación con 19%.

La ONG informó que las principales razones de protesta fueron: reclamos por salarios dignos (33%), incumplimiento de convenciones colectivas (31%) y despidos injustificados de trabajadores (5%).

Bolívar fue el estado donde se produjeron mayor cantidad de protestas con 21% del total. Siguieron Sucre, Aragua y Barinas con 7% respectivamente.

De acuerdo al reporte de Inaesin, 91% de las protestas fueron realizadas por trabajadores del sector público, mientras que los sindicatos tuvieron un protagonismo de hasta 69%.

79% de los conflictos se materializaron en concentraciones públicas, en tanto 11% fueron denuncias.

 

Las protestas de maestros 

Ni el 20% del costo de la canasta básica cubre el salario de los docentes, de acuerdo al reporte de Inaesin. Menos de 100 dólares no cubren los 2.468,76 bolívares de la CB, según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas). 

Los educadores tienen suspendidos el seguro colectivo de hospitalización, cirugía y maternidad, así como otros beneficios contemplados en la contratación colectiva, vencida desde hace más de un año.

Los docentes denunciaron que son víctimas del incumplimiento de las cláusulas, sumado a ello la vulneración de las cláusulas contractuales por parte de la Oficina Nacional de Planificación y Presupuesto.

Por su parte, el gremio de la salud advierte que se ha profundizado la falta de medicamentos e insumos en los hospitales lo que dificultad el trabajar en ellos. 

 

Odevida: 44 líderes sindicales fueron asesinados entre 2015 y 2020