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Prevalece la impunidad en el caso del capitán Rafael Acosta Arévalo
Solo fueron imputados dos funcionarios de la GNB

Control Ciudadano dijo que en el caso del asesinato del capitán Rafael Acosta Arévalo prevalece la impunidad.

Aunque fueron imputados los dos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana acusados de la muerte de Acosta Arévalo, la organización exigió “transparencia en el este proceso, que ha conmocionado a los venezolanos y a la comunidad internacional”.

“Este caso ha tenido hondo impacto en el seno de la Fuerza Armada Nacional, por lo atroz de los hechos”, dijo Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano.

Los acusados son Ascanio Antonio Tarascio Mejía y Estiben José Zárate Soto. A ambos en principio los imputaron por la presunta comisión del delito de “homicidio preterintencional concausal”, esta sentencia la anuló la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

San Miguel recordó que esta anulación se produjo tres semanas después de la presentación del Informe de la Misión de Verificación de Hechos sobre Venezuela de la ONU, donde se documentó que Acosta Arévalo murió por las torturas de las que fue víctima tras su detención en el año 2019.

Los que no se rinden |  Senos Ayuda: Durante la pandemia las solicitudes se han incrementando en 40 por ciento
La organización se dedica desde 2006 a tender la mano a la mujer diagnosticada con cáncer de mama 

@franzambranor 

En 2006, tres mujeres sobrevivientes al cáncer de mama decidieron crear una organización para ayudar a pacientes con la misma patología en Caracas. Fue así como Bolivia de Bocaranda, Beatriz Ottengo e Ingrid Borges crearon Senos Ayuda

“Yo cuando comencé en la organización acababa de ser diagnosticada. Veníamos trabajando con Senos Salud, que tenía como patrocinante a una marca farmacéutica a nivel mundial y por discrepancias decidimos montar tienda aparte”, dijo la directora de Senos Ayuda, Bolivia de Bocaranda.

Graduada en Relaciones Industriales, Bolivia abandonó la oficina de su esposo, Nelson Bocaranda, para dedicarse en cuerpo y alma a la organización. 

Ella es prácticamente la cara de Senos Ayuda, su socia Beatriz falleció víctima de una metástasis e Ingrid está dedicada a sus seis hijos que viven fuera de Venezuela. 

Para Senos Ayuda lo más importante es brindar apoyo médico y psicológico a quienes han sido diagnosticadas con cáncer de mama, especialmente ahora que Venezuela atraviesa por una crisis humanitaria compleja. 

¿En vista de la situación por la que atraviesan los centros de salud en Venezuela y ahora con el Covid-19, cuáles son los mayores retos de la organización? 

Bolivia de Bocaranda: El mayor reto que tenemos en este momento es poder ayudar a la gran cantidad de solicitudes que no están llegando y que aumentaron en forma exponencial durante la pandemia. Hemos llegado a tener un incremento de hasta 40% comparado con meses anteriores. No solo mujeres con cáncer de mama, sino pacientes oncológicos con otras patologías y eso es producto de la necesidad tan grande que está pasando la población venezolana en cuanto a la salud. Hay que tener en cuenta que las organizaciones y asociaciones civiles que trabajamos en esta área no tenemos todos los recursos para tender una mano al prójimo, estamos limitados. La responsabilidad directa y la obligación en materia sanitaria es del Estado venezolano.  

¿Cómo ha crecido la organización de 2006 hasta el presente? 

BB: Cuando nacimos empezamos con un programa piloto que se llamaba “Senos Mima”, con un banco de pelucas, prótesis, sostenes, pañuelos y sombreros para mujeres que estuvieran pasando por una mastectomía, quimioterapia o radioterapia. Teníamos otro que se llamaba “A sostén quita’o”, que era de apoyo psicológico. Con los años empezamos a acudir a las comunidades haciendo despistajes, poco a poco se fueron incorporando médicos. Hoy en día tenemos dos médicos mastólogos, una oncóloga, un nutricionista, un fisiatra y dos psicólogos. También tenemos grupos de apoyo para pacientes y familiares.

¿Quienes conforman Senos Ayuda? 

BB: Somos una asociación abierta, todos los que quieran unirse a la causa lo pueden hacer. Contamos con una junta directiva muy activa que trabaja ad honorem y hasta un cuerpo de voluntariado que nos ayuda en todas las actividades diarias de la organización. También tenemos un voluntariado estudiantil en las universidades Santa María y Metropolitana. Estos estudiantes dan charlas en colegios sobre la concientización del cáncer de mama. 

¿Dónde operan y qué alianzas poseen? 

BB: Tenemos nuestra sede principal en Caracas, otras en Nueva Esparta, Táchira y Anzoátegui. Contamos también con grupos de voluntariado en Guárico, Miranda y Bolívar y hemos hecho alianzas con otras asociaciones en Carabobo y Falcón. Ante la necesidad de incidir en las políticas de salud pública, tenemos vínculos con organizaciones como la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida), Sinergia, Venezuela Sin Límites, Unidos en Red y a nivel internacional estamos con la Unión Latinoamericana contra el Cáncer de la Mujer, American Cancer Society y la National Breast Cancer Coalition.

¿Ofrecen otro tipo de servicios además de asesoría medica y psicológica? 

BB: La organización tiene varias áreas de servicio. Unas son las charlas educativas para público general, empresas y comunidad organizada; charlas educativas para educación básica y diversificada. A este grupo de charlas hemos unido el humor a través de un monólogo hecho por la actriz Tania Sarabia, sobreviviente de cáncer de mama, que se llama “Esa costilla de Adan estaba piche”, esta es una alternativa de crear conciencia a través de canales distintos, Tania habla del momento de su diagnóstico y de su vida después de eso. 

La escasez y carestía de medicamentos es uno de los principales problemas del paciente oncológico. ¿Cómo hacer para ayudarles? 

BB: Actualmente con la escasez de medicinas hemos incurrido en esta área para tratar de ayudar a aquellas personas que no tienen su tratamiento completo y conseguimos algunos a través de donaciones con otras organizaciones. Hacemos jornadas de pesquisas. Antes de la pandemia íbamos a las comunidades y atendíamos a mujeres mayores de 35 años. Uno de nuestros objetivos es ayudar en la autoestima a la mujer que está pasando por un proceso de quimioterapia, radioterapia o mastectomía. 

 ¿Un caso emblemático? 

BB: Una señora cercana a los 50 años tenía gusanos en un seno, el tumor lo tenía desde hace cinco años y no se había atendido porque vive en una zona campesina del estado Guárico. Pudo trasladarse a Caracas y se practicó una cirugía con ayuda de un centro asistencial privado y un programa de operaciones sin costo. Actualmente se encuentra en buenas condiciones de salud y solamente bajo control periodico de sus médicos tratantes. 

Cusanno: La única forma de que no haya sanciones es que se garantice la democracia
El presidente de Fedecámaras dijo que la Ley Antibloqueo implica otorgar plenos poderes a una sola persona

Pese a reconocer que la Ley Antibloqueo impulsada por Nicolás Maduro en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) nace de una instancia cuya legitimidad no es reconocida, el presidente de Fedecámaras, Ricardo Cusanno, ve como positivo que se hable de respetar la propiedad privada y de reintegrar sus propiedades a quienes les fueron vulnerados sus derechos. “No se puede menospreciar que se diga que se va a ir a un proceso de privatización, que se vaya a atender la economía desde la visión del sector privado. Tenemos muchos años luchando por eso, pero lamentablemente se hace bajo un paraguas legal que no cumple con las condiciones”, expresó el dirigente empresarial.

Cusanno advirtió que la aprobación del instrumento implica otorgar plenos poderes a una sola persona bajo criterios de total opacidad.

Además, considera que dicha legislación pasa por encima de la Ley de Presupuesto, colide con preceptos constitucionales y sería una jugada del oficialismo para mantenerse en el poder.

“No queremos un modelo chino y mucho menos el de Cuba. Queremos respeto a los preceptos constitucionales, al derecho a la vida, la salud, la educación y a la alimentación. Que el derecho a elegir, a la propiedad privada y a la libre iniciativa no sean vulnerados. Que las libertades en términos políticos, económicos y sociales sean plenas y no estén bajo el control de un sistema político”.  

Con respecto al posible efecto del instrumento legal en el levantamiento de las sanciones que pesan sobre exfuncionarios y altos personeros del Ejecutivo nacional, Cusanno recordó que estas acciones surgieron ante conductas inapropiadas, y que la única forma de que dejen de existir es que “se asuman conductas democráticas, respetuosas del orden jurídico nacional e internacional. Esta Ley puede hacer más viable la economía, pero bajo qué condiciones de precariedad si de antemano no hay transparencia para tener acceso a la información de los procesos. De lo que si estamos seguros es que no va a regresar inversiones verdaderas de largo plazo que generen empleo y productividad”. 

Elecciones sin condiciones 

Sobre las elecciones parlamentarias convocadas para el 6 de diciembre, el representante empresarial sostuvo que están inscritas en la Constitución, pero que la lucha por las condiciones no ha dado resultados.

“No se puede seguir menospreciando el voto como herramienta natural de la democracia para construir cambio, adversar o apoyar posiciones. Estamos entrando en un cronograma electoral, vienen las parlamentarias, regionales, revocatorio y presidenciales. El problema es que si se le sigue dando palo al voto, ¿cuáles son las condiciones para tener un verdadero cambio en términos pacíficos, inclusivos y donde el ciudadano ejerza su  protesta natural a través del voto?”.

Acotó que al no haberse conseguido las condiciones, la opacidad en torno a las parlamentarias se incrementa. No obstante, avizora que en enero de 2021 habrá un órgano que decidirá el marco regulatorio del país. “De 2005 a 2010 nos diseñaron un andamiaje legal que nos lleva por la calle de la amargura. Me preocupa mucho institucionalmente que se aspire rediseñar la legislación laboral, el Código de Comercio o cualquier otra ley con incidencia en la empresa privada. Si no hay equilibrio de pensamiento, de visión democrática, pudiéramos estar ante el diseño de un país más complicado y restrictivo del que ya tenemos”.

De igual modo, considera que la consulta popular anunciada por el sector de la oposición que lidera Juan Guaidó es una propuesta que podría ser positiva en tanto tenga forma de ejecutarse. “Las presiones hasta el día de hoy no han tenido el efecto requerido. La democracia hay que rescatarla. Mientras vamos en el camino de diseñar esa democracia inclusiva, de respeto, donde quepamos todos, hay que buscar soluciones puntuales. ¿De qué sirve una democracia plena con una cantidad de gente caída en el camino y de que sirven también soluciones en el marco de una Venezuela que no vaya a tener libertades políticas sino solo económicas y sociales? Creo que hay que compaginar bien los objetivos de corto, mediano y largo plazo”. 

La contraparte de Maduro

Respecto a presuntos acercamientos del gremio empresarial con el oficialismo, Cusanno reconoció que asistió a una reunión que se realizó el 15 de marzo de este año en Miraflores, a propósito del decreto de emergencia por la pandemia, con la intención de sostener los puestos de empleo y la producción, no con posturas políticas. “Eso permitió que hubiera comunicaciones verbales con el ministro de Finanzas, el ministro de Comercio, con el BCV; pero el verdadero problema es que hoy quienes detentan el poder se consiguen de frente con la crisis estructural de las instituciones, del poder de compra y los servicios que ellos mismos crearon. Ahora una verdadera solución integral sustentable en el tiempo pasa por un acuerdo político mucho más profundo que tener una reunión con estos funcionarios, es más complejo lo que vive Venezuela”.

Ante la posibilidad de que tales acercamientos y los acuerdos alcanzados impliquen el reconocimiento al actual gobierno, Cusanno enfatizó que Fedecámaras no es “la contraparte de Maduro”.

“La contraparte política está muy bien definida. Ese acuerdo tiene que darse entre los actores políticos, donde los actores civiles tengan acceso en el diseño de lo que se busca con ese acuerdo: las empresas, la academia, los trabajadores, la sociedad civil organizada; donde la comunidad internacional sea garante de esa solución entre venezolanos”.

Reiteró que el reconocimiento sería un tema a discutir en el acuerdo, aunque comentó que en el país y en el mundo hay claridad en torno a legitimidades. “Hay una visión que busca herramientas jurídicas para dar más poder a pocas personas, pero el problema es la gente”.

Cusanno se refirió a encuestas que señalan que más de 80 % de los venezolanos está en un profundo drama social y económico. Asimismo, dijo que existe una contracción de casi 28 trimestres consecutivos y que Venezuela es uno de los países con mayor pobreza de la región, con el menor ingreso per cápita. 

“Para solucionar los problemas de la ciudadanía hay que buscar acuerdos. Somos un actor para promover soluciones, ayudar a construirlas y sobre todo a ejecutarlas, como un actor que no aspira al poder, pero que tampoco aspira a ser desplazado en sus posiciones de la visión económica y de producción que necesitamos para rescatar la nación”, subrayó.

Cusanno reiteró que el sector empresarial aspira a la restauración plena de la democracia, pero sobre la base de la realidad de un gobierno en ejercicio y uno interino. “Por supuesto que estamos de acuerdo con un gobierno de transición, pero ¿están de acuerdo los que tienen que ceder el poder? Procurar soluciones puntuales no significa ceder principios. Precisamente por defender los principios y por darle cabida en el tiempo es que estamos en esta posición independiente, autónoma, pero no neutral, ante quien sabemos que es el culpable del drama en Venezuela”.

Enfermo de Covid-19 en Bolívar: Ir al hospital es morir de mengua
Bolívar es el quinto estado del país con más casos registrados de COVID-19.

Hasta mediados del mes de septiembre, en Bolívar se superaban los mil contagios y se estaba a la espera de los resultados de otros 439 casos que se encuentran en fase de evaluación. De acuerdo con los reportes oficiales, de los once municipios que integran el estado, ocho se han visto afectados por el Coronavirus, a saber: Piar, Roscio, El Callao, Sifontes, Gran Sabana, Caroní, Angostura del Orinoco y Cedeño.

Si bien esta data es oficial, dado el desconocimiento y la confusión que imperan en la población sobre los síntomas del virus y el tratamiento correspondiente, se estima pueda haber muchos otros casos que aún no hayan sido reportados. Situación que se ve agravada por el deterioro de los servicios del sector salud, cuyas desmejoras han generado desconfianza en la colectividad y optan por quedarse en casa y automedicarse. “Preferimos quedarnos en la casa, tomando guarapos y acetaminofén, que ir a uno de los hospitales a morir de mengua”, admitió una pareja al equipo del Observatorio Venezolano de Violencia en Bolívar (OVV Bolívar).

Otro dos temas generan inquietud en la ciudadanía: uno, referente a la escasez y alto costo de los medicamentos que recomiendan para tratar las patologías asociadas al contagio: “tomamos acetaminofén que vienen en blíster de 10 pastillas y el que menos cuesta supera los 600 mil bolívares, porque los antibióticos van desde el millón cuatrocientos y son tres pastillas nada más”; y dos, recibir un mal diagnóstico que implique ser enviado a un Puesto de Atención Social Integral (PASI): “imagínate ir a un hospital o a un Centro de Diagnóstico Integral (CDI) con una gripe y te diagnostiquen de forma errónea con COVID-19, y, para colmo de males, la gente en cuanto se entera que alguien está enfermo de eso lo discriminan a uno, a la familia, no te hablan, no te quieren vender ni en las bodegas”.

Desde el OVV Bolívar vemos con especial preocupación cómo, a pesar de las medidas de radicalización constantes en el estado, se mantiene la inobservancia de los protocolos de higiene y sanidad, además de la movilización en las calles. En muchos casos, las personas no usan o emplean indebidamente el tapabocas; lo mismo sucede con el alcohol y gel antibacterial, sobre los cuales explican que sus elevados costosos dificultan su adquisición. Pudo ser constatado por nuestras investigadoras que el litro de alcohol al 70% es comercializado en 2.400.000 bolívares, mientras que el envase de 240 ml, cuesta 900.000, superando el importe del sueldo mínimo.

En las semanas de radicalización las aglomeraciones de personas en expendios de víveres y artículos de primera necesidad son una constante. Éstas alegan que deben tratar de comprar “antes de que sea la hora de cerrar los negocios”, pues para cumplir con la disposición de que a las 12:00 del mediodía no haya circulación vehicular o peatonal, los establecimientos deben cerrar una hora y media antes para que el personal pueda ordenar e irse a sus casas con antelación.

De igual forma, pese a la implementación de paradas comerciales en mercados y otros establecimientos, muchos deciden no plegarse a las disposiciones gubernamentales. “Igual toca salir a la calle a trabajar porque uno vive del diario y ésta es la fuente de ingreso de uno para mantener a nuestras familias. Es fácil que te digan: quédate en la casa, pero en ella estás sin gas, sin agua y hasta con la nevera vacía”, afirmó un vendedor informal que labora en el centro de San Félix, municipio Caroní.

Además de las medidas descritas, el mandatario regional mantiene la figura del Coronabús, el cual sale a las calles después de las 12:00 del mediodía aplicando la detención de las personas y retención de sus vehículos, según aplique, a fin de que sean desinfectados y reciban una charla de concienciación; en algunos de los casos los han dejado durmiendo por una noche en la sede de Mundo Sonrisa, que funciona como PASI.

 

Privan de libertad a tres hombres por protestas en la Guajira
Manifestaban por falta de agua, electricidad y gas

Tres ciudadanos fueron privados de libertad por el Tribunal Decimotercero de Control del estado Zulia, tras ser señalados de participar en las protestas que a principios de semana se realizaron en Paraguaipoa, municipio Guajira, en demanda de agua potable, energía eléctrica y gas doméstico.

Yohendri Hernández González, Yhon Franco Valbuena y Juan Palmar fueron los hombres a quienes, según sus familiares, les imputaron incitación al odio, obstaculización de la vía pública y violación al decreto presidencial, refirió la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez).

Hernández estaba frente a su residencia cuando fue interceptado por funcionarios motorizados de la Guardia Nacional, cerca de las 5:00 de la mañana del miércoles 7 de octubre, indicó Codhez.

“Están implicando a Yohendri como si él hubiese sido parte, cuando no fue así. Dicen que es parte de un partido político, cuando él no milita en ningún partido político. Lo único que hace es atender su negocio de perrocalientes”, dijeron sus angustiados consanguíneos.

Desde el pasado lunes, la comunidad de Paraguaipoa protestaba por falta de agua, electricidad y gas, trancando la Troncal del Caribe. Exigían la presencia de la alcaldesa de Guajira, Indira Fernández, para plantearle la problemática.

Sin embargo, el miércoles en la madrugada, una comisión de 200 efectivos de la GNB reprimió la protesta con gases lacrimógenos y perdigones. Luego detuvieron a los tres hombres.

Falta de agua empeora calidad de vida de los bolivarenses
Varias protestas se han registrado en las últimas semanas en Bolívar para exigir al Estado que garantice el derecho al agua potable

Aunque la situación no es nueva, el deterioro de la calidad de vida ha ido en aumento. Se han agudizado las protestas y la molestia por no contar con el servicio de agua en el estado Bolívar. A esto se le suma una pandemia por Covid−19, y según expertos de salud en el ámbito internacional el acceso a este derecho es primordial para combatir el virus.

Los ciudadanos se han visto en la necesidad de ingeniárselas para contar con agua en sus viviendas, para realizar las labores diarias como: cocinar, lavar, bañarse, entre otras. Algunos optan por comprarla; la recarga de un botellón de agua potable cuesta entre 40 y 60 mil bolívares, y si se trata de contratar un camión cisterna privado los costos se elevan aún más.  Por ejemplo, por 500 litros de agua los usuarios pueden pagar hasta 10 dólares, es decir, unos 4.350.000 bolívares.

“Es un gasto que no podemos asumir siempre, en mi caso mi tanque es de unos 2 mil litros y evidentemente debo recurrir a comprar. Y sí la mayor parte de Puerto Ordaz amanece sin agua el precio y disponibilidad de las cisternas se triplica”, comentó Ana Ramos, vecina del sector de Villa Africana, en Puerto Ordaz, al equipo de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu).

Señala que más son las veces que debe recurrir a comprar agua, que la cantidad que llega a través de la tubería. El panorama no es distinto en San Félix, donde hay hogares dónde reciben el servicio una vez a la semana o tienen meses que no saben que es tener agua. “A veces toca ir hasta la casa de un familiar y llenar los envases y regresar, antes lo hacíamos con mayor regularidad, pero hasta con el tema del combustible ese tipo de viajes para buscar agua se deben dejar de hacer”, señaló la ciudadana Morelly Lira.

A través de sus cuentas en Instagram y Twitter, HidroBolívar, empresa encargada del suministro del agua en el estado, ha señalado las fallas que han presentado en los distintos golfos de distribución; una fuente de la estatal puntualizó a Codehciu que, “existe mucha desidia, falta de equipos, mantenimiento y equipos costosos que se deben reponer”.

Un derecho fundamental

A través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 28 de julio de 2010, el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que el agua potable limpia es esencial para la realización de todos los derechos humanos.

La misma Resolución exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, a propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países, en particular a aquellos en vías de desarrollo, a lograr un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos.

Mientras que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó en su artículo 1 que: “El derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna”.

Codehciu alerta la violación de este derecho en los hogares de las familias del estado Bolívar. Además exhorta  al Estado a solventar la situación que afecta a más de 6 mil familias.  

En noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales definió el derecho al agua como el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico.

 

Bajo poder adquisitivo y precaria conectividad potencian desinformación en Venezuela
De acuerdo a Tendencias Digitales, 65 % de los venezolanos tiene acceso a internet

En Mérida, estado andino ubicado al occidente venezolano, María Fernanda Rodríguez pasa el día “pescando” señal con su teléfono celular. Es periodista de El Pitazo, uno de los medios digitales informativos bloqueados en el país por los proveedores (públicos o privados de internet) bajo órdenes del Gobierno nacional. Además del consumo de su dispositivo móvil en búsqueda de conectividad, también reduce su rendimiento la continua descarga y actualización de VPN para acceder a su medio de trabajo.

Para finales de 2019, el estudio de penetración y usos de internet que realiza Tendencias Digitales arroja que 65 % de los venezolanos tiene acceso a internet, un aumento con respecto al registro del año anterior, pero aún tres puntos por debajo de la media en la región latinoamericana. El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela) suma a esa cifra que quienes tienen conectividad lo hacen de manera reducidísima: “La velocidad de internet en Venezuela sigue debilitándose y perjudicando las libertades informativas de los ciudadanos. Según los datos recabados por el Laboratorio de Mediciones de Internet (MLAB) y analizados por IPYS Venezuela, entre enero y septiembre de 2019 el promedio de navegación en internet en el país, en los servicios fijos de redes domésticas y comerciales, fue de 1,2 megabit por segundo (mbps)”.

La mesa servida para la desinformación

Penetración reducida de internet en hogares venezolanos y quienes logran acceder al servicio lo hacen en medio de interrupciones del servicio y lentitud de navegación a costos elevados en un país que registra una reducción significativa del poder adquisitivo, según la Encuesta de Condiciones de Vida 2020 de la Universidad Católica Andrés Bello. Esto redunda en la proliferación de informaciones falseadas, manipuladas y el poco o escaso acceso a posibilidades concretas de informarse bajo criterios de confiabilidad.

Hace un par de meses, en plenas medidas de confinamiento para contener contagios de coronavirus, el celular (su oficina) de la periodista merideña colapsó y requirió servicio técnico. El diagnóstico: sobreexposición de funciones. La receta: usar de manera moderada. La realidad: cada vez le da un uso más intenso por las continuas fallas de servicios públicos básicos de telecomunicaciones y electricidad, además de los esfuerzos adicionales para poder acceder a los sitios web informativos bloqueados que le permitan ejecutar sus labores.

En Venezuela cuesta estar conectado a internet y acceder libremente a medios informativos para mitigar los efectos de la desinformación. Cuesta dinero, esfuerzo y hasta un poco de suerte, a pesar de que en 2011 la Organización de Naciones Unidas declaró que el acceso a internet forma parte de los derechos fundamentales de los ciudadanos en la era de la información.

La conexión ideal

Luis Carlos Díaz, activista y promotor de la infociudadanía, explica que para estar informado adecuadamente, el ciudadano necesita una conexión a internet continua y de calidad. “Entonces aquí empiezan los problemas, porque nuestra conexión es muy lenta o en ocasiones no se tiene la capacidad para pagar datos móviles de forma continua (por los altos costos). Eso hace que el servicio sea a cuentagotas”, señala.

A esto le suman otras condiciones que parecieran básicas, pero en el entorno venezolano se hacen invaluables: el uso de equipos que permitan establecer la conexión a internet (teléfonos, tabletas y computadoras) y el servicio eléctrico necesario (pero precario e inconstante en el país).

El Observatorio Venezolano de Servicios Públicos reporta que 69,5 % de sus consultados en el país valora negativamente el servicio de energía eléctrica porque “tiene muchos bajones” y otro 35,9 % indica que esos incidentes dañan los equipos eléctricos. También señalan que 22,9 % se queja de tener interrupciones del servicio varias veces al día -todos los días- y otro 17,4 % denuncia que el problema ocurre todos los días.

Con respecto al servicio de internet en el hogar, esta organización señala que 73,5 % de los usuarios tiene como proveedor a CANTV (empresa pública de telefonía) y 65,3 % reporta fallas en el servicio todos los días.

José Pirrone, director de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones de la UCAB, explica por qué la conexión a internet en el país se ha vuelto inestable. “Las empresas públicas y privadas han reducido gastos de mantenimiento de los cables, contratan menos gente, usan software libre, no incrementan la cobertura. Los últimos equipos adquiridos por CANTV son totalmente digitales. Las nuevas centrales son módulos que se interconectan a través de una fibra óptica con un punto de intercambio. Si esta fibra se corta, por supuesto, el internet queda muerto porque no se conecta a la red de datos. No hubo adquisición de batería para que funcione sin electricidad. Espero que no tengamos que saber qué ocurre en una emergencia sin comunicación fija ni móvil”.

Costos de la información

Los expertos coinciden en que el acceso a la información es posible cuando se disponen de equipos necesarios. Pero de acuerdo con la Encovi 2020, el promedio de ingreso diario del venezolano equivale a 0,75 dólares. Además, 79,3 % de los ciudadanos no tiene cómo cubrir la canasta básica de alimentos, ya que 54,6 % tiene un ingreso de $ 1,9 o menos diario, y 75,8 % de $ 3,2 o menos al día.

Bajo esas condiciones económicas se hace compleja la adquisición o reposición de los equipos mínimos necesarios para acceder a la información, ya que en el caso de computadoras los costos oscilan entre 80 y 500 dólares (dependiendo de condiciones y características), mientras que los teléfonos celulares varían sus costos entre 30 y 300 dólares, según su uso y especificaciones.

Además de eso, pagar por un servicio de conexión a internet, luego de reunir los dispositivos necesarios, puede significar un gasto mensual de alrededor de los 20 dólares o más, dependiendo de los niveles de instalación, mantenimiento y consumo, explica Díaz.

Pero pocos bolsillos venezolanos pueden costear esos precios. El sueldo mínimo básico, calculado de acuerdo con la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela, es equivalente a poco más de un dólar mensual. De acuerdo con el Observatorio de Gasto Público, iniciativa de CEDICE, la inflación acumulada de 2020 hasta mayo era de casi 300 %, según datos del BCV.

Vencer la desinformación

Pirrone opina que el manejo de las telecomunicaciones en el país ha estado guiado por intereses políticos que impiden su crecimiento y mejora. Restricciones en costos de tarifas que impidieron invertir en sus mejoras son la razón del estancamiento tecnológico. Apunta hacia una solución que comience por los ajustes de costos y políticas de apertura para desarrollo y funcionamiento, más que restricciones.

Daniela Alvarado, periodista de IPYS Venezuela, denuncia que el sistema de monitoreo que emplean ha registrado este año 15 casos de bloqueos (ejecutados por proveedores de internet, públicos o privados, a partir de solicitudes que hace el Gobierno nacional, en tres modalidades: bloqueos de DNS, de HTTP, y de TCP IP), y 4 ataques a plataformas digitales. “Si no hay políticas públicas en materia de telecomunicaciones, las cuales son esenciales para la democracia, el Estado no puede garantizar el acceso a internet a todos los venezolanos. Estas políticas públicas, de ser implementadas, deben considerarse como herramientas para resolver estas precariedades de forma gradual, y no una solución inmediata”, asegura Alvarado.

Sugiere que para vencer la desinformación en medio del complejo panorama, son claves las alianzas: “Hemos visto cómo el trabajo en equipo entre medios de comunicación, instituciones y organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, ha logrado visibilizar e identificar informaciones deliberadamente falsas”.

 

DDHH olvidados | Ángelo Quintero murió por una bala y la escasez de medicinas
Luego de tres años, el homicidio de Ángelo Quintero Rivas aún no ha sido investigado por el Estado venezolano

@fefamaya

El merideño Ángelo Quintero Rivas soñaba un mejor destino para su familia y para Venezuela. En 2017, el merideño anhelaba construir una casa para su hijo, pero la crisis socioeconómica que afronta Venezuela era un gran obstáculo.

Constructor y electricista de profesión, Ángelo Rafael Quintero Rivas nació el 20 de julio de 1989. Resultó herido el 28 de junio de 2017, cuando se registraba una protesta en Ejido, municipio Campo Elías, Mérida. Quintero no logró superar las graves consecuencias del disparo que recibió en la cabeza. Tras una larga lucha, murió a la edad de 28 años en las instalaciones del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (Iahula).

En un contexto de protestas políticas por el descontento del pueblo venezolano con el Gobierno de Nicolás Maduro, ese miércoles, Quintero se encontraba en la calle San Isidro del sector El Trapichito, en la localidad de Ejido, junto a un grupo de vecinos que salieron de sus casas a demostrar su descontento por la crisis humanitaria.

Apenas transcurridos unos minutos, funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado irrumpieron el lugar junto a colectivos armados que decidieron acabar la protesta de manera violenta. La situación fue confusa. En medio del tiroteo, una bala impactó la cabeza de Ángelo, en el parietal derecho. 

Yurlexi Rivas, enfermera y hermana de Ángelo, relató a Runrun.es que horas antes, lo llamó a su celular para decirle que no fuera a visitar al niño porque la situación en esa calle estaba muy delicada con la guardia y la policía. No hizo y fue.

“A las siete de la noche recibí una llamada del celular de mi hermano, pero no era él, era otra voz, aseguraba ser un comandante y me informó que Ángelo estaba en la emergencia del Hospital Universitario de Los Andes. Me pidió que me fuera para allá, pero no me dijo qué le había pasado”, comentó Rivas.

Ángelo fue llevado al Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes donde permaneció durante ocho meses. Después de una larga lucha para salvarle la vida, falleció por la falta de un antibiótico que nunca se consiguió por más que se hicieron diligencias y que se contactó a diferentes personas en otros países.

Impune como muchos otros

“El asesinato de Ángelo sigue impune. En medio de la confusión de aquel día, nadie sabe quién disparó. Las investigaciones iniciales no arrojaron resultados. Tampoco hay testigos del hecho, porque cedieron ante las amenazas y prefirieron guardar silencio. Para la justicia es como si nada hubiese ocurrido. Para ellos todo se olvidó”, confesó Yurlexy Rivas, a la organización Justicia, Encuentro y Perdón. 

Luego de tres años de aquellas protestas que estremecieron al país y a la comunidad internacional, Yurlexy Rivas renovó su llamado al Estado venezolano para que investigue de forma transparente el asesinato de su hermano, con el objetivo de determinar las responsabilidades y las sanciones, según lo establecido en la normativa legal vigente.

El relato del caso de Ángelo fue extraído de las crónicas reseñadas en el portal de la organización Justicia, Encuentro y Perdón.