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Los que no se rinden | Sindicato de Maestros: El problema no es la pandemia, son las condiciones 
Menos de 50% del personal docente está vacunado en Venezuela, de acuerdo a cifras del Sindicato de Maestros
13 de 15 escuelas en Caracas reportaron no tener servicio de agua
Maestros exigen aumento salarial, dotación de equipos de bioseguridad y reparación de las instituciones para volver a clases presenciales 

@franzambranor

Desde que fue fundado en 1965 por el excandidato presidencial Luis Beltrán Prieto Figueroa, el Sindicato Venezolano de Maestros no solo lucha por los derechos de los docentes sino que también se ha dedicado a denunciar las irregularidades que se presentan en el modelo educativo venezolano. 

En ese sentido, Gricelda Sánchez, actual secretaria de contratación colectiva del Sindicato, calificó como una irresponsabilidad de parte del Ejecutivo venezolano el convocar a clases presenciales para el periodo escolar 2021-2022.

La presidenta de Formación para la Dirigencia Sindical (Fordisi) sostuvo que no existen condiciones para recibir a los estudiantes en las escuelas.

“No es solo la pandemia de la covid-19, es que las escuelas se están cayendo y los docentes no tienen un salario justo para hacerle frente a esta coyuntura”, explicó. 

La dirigente sindical manifestó que desde que fue decretado el estado de alarma por el gobierno no se ha invertido dinero en la recuperación de la infraestructura de los planteles. “Muchas han sido desvalijadas y están en una situación de precariedad”

Sánchez dijo que según reportes del Sindicato Venezolano de Maestros, miembros de 13 de 15 escuelas evaluadas en Caracas indicaron que no contaban con servicio de agua.

“En las escuelas no hay agua, no hay cloro ni desinfectantes, cómo se puede combatir un virus así”, sostuvo Sánchez.

Alertó que aunque la mayoría no lo menciona y lo considera un tema secundario en la nueva normalidad pandémica, el salario del docente en Venezuela sigue siendo un obstáculo para una educación de calidad. 

El sueldo básico de un maestro es de 10 dólares mensuales y el docente 4 que tiene postgrado gana $25 al mes, cómo alguien puede impartir clases así, eso no alcanza ni para pagar el transporte, mucho menos para adquirir equipos de computación e internet para impartir clases a distancia”.

Aseguró además que al maestro no se le dota de material de bioseguridad y tampoco de las herramientas para impartir clases en modalidad a distancia.

De acuerdo a una encuesta de Fordisi, 92% de los docentes consultados manifestó que la institución donde labora jamás le proporcionó las herramientas para las actividades de “Cada Familia Una Escuela” promovida por el gobierno; 97% dijo que el Estado no les dio materiales ni insumos para la educación a distancia; 88% aseveró que su salario no le alcanza para adquirir alimentos; 50% sostuvo que no posee acceso a internet en su casa para poder desarrollar la educación a distancia y 80% aseguró que no brindó asesoramiento pedagógico presencial en el año escolar 2020-2021.

Vacunas detrás de la ambulancia

De acuerdo a datos del Sindicato Venezolano de Maestros y Fordisi, menos de 50% de los docentes en el país han recibido las dos dosis de vacuna contra la covid-19.

“En estados como Portuguesa y Amazonas  85% no se han vacunado”, dijo Sánchez.

Datos del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza en Aragua arrojan que en la región hay apenas 1.000 vacunas disponibles contra la covid-19 para inmunizar a más de 46 mil educadores, mientras en Lara calculan que apenas el 15% del personal docente está vacunado.

“Eso hace cuesta arriba que los docentes regresen a las áreas de clase. Las vacunas deben ser para todos y eso no solo incluye a docentes, sino también a empleados, obreros y madres procesadoras de alimentos”, manifestó Sanchez. 

La educadora dijo que está de acuerdo con el retorno a clases presencial, pero en un ambiente apropiado. “Entiendo el tema de la socialización de los estudiantes, pero eso tiene que darse en un sistema propicio. Los padres tendrían que pensar entre la vida y la educación de su hijo, en Venezuela las escuelas se están cayendo a pedazos”. 

Los que no se rinden | Asamblea de Educación: No hay cifra oficial de personal vacunado en las escuelas
Olga Ramos, miembro de la junta directiva de la ONG, indicó que el Ministerio de Educación no ha informado sobre inmunización a trabajadores y alumnos en las instituciones 
Indicó que un eventual retorno a clases pasa por superar la escasez de transporte y gasolina, inseguridad, colapso de los servicios públicos y el éxodo de docentes

Este martes 7 de septiembre, Nicolás Maduro y su ministra de Educación, Yelitza Santaella, anunciaron que el año escolar 2021-2022 comenzará el lunes 16 de septiembre.

Maduro sostuvo que el personal docente y padres y representantes recibirán formación “para crear las condiciones del regreso presencial de todos los estudiantes a escuelas, liceos y universidades en octubre”.

“Las clases van a ser presenciales con las medidas de seguridad los 7 días de la flexibilización y luego vamos a tener 7 días donde no va a haber flexibilización. Hay que rescatar la sociabilidad que se da en la escuela, lo vamos a hacer con el 7 + 7, pero además ya para finales de septiembre vamos a estar vacunando a todos los niños de 3 a 18 años, los vamos a proteger, yo me imagino que para diciembre en el aula de clases todo el personal del colegio y los niños ya estarán vacunados”, dijo el mandatario.

Venezuela es uno de los pocos países de Latinoamérica que no ha retornado a clases presenciales; en Colombia, Argentina, México, Ecuador, Argentina y Uruguay ya hay alumnos asistiendo a las aulas.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, 9,3 millones de venezolanos han recibido dosis de vacunas, de los cuales solo 3,3 tienen un esquema completo cubierto con segunda dosis.

Un estudio del sector médico y académico en Venezuela encabezado por el doctor Julio Castro expuso que solo 11,76% de la población completó su esquema de dosis y que el ritmo de vacunación ha sido lento en comparación con otras naciones del continente.

Olga Ramos, miembro de la junta directiva de la ONG Asamblea de Educación, sostuvo que las condiciones apropiadas para reiniciar las clases presenciales van más allá del respeto a normas de bioseguridad contra el coronavirus. 

Hay unas condiciones que no son directamente de las escuelas y que han afectado el sistema educativo desde que enfrentamos la emergencia humanitaria compleja y eso tiene que ver con los servicios públicos, como el agua y la electricidad. Tienes que tener agua y luz  para garantizar las condiciones de bioseguridad ”, dijo Ramos. 

Aunado a los servicios públicos como agua, electricidad y gas, Ramos indicó que a la crisis de las escuelas y colegios se suman la escasez de transporte público y gasolina, los problemas de infraestructura de las instituciones, la inseguridad y la ausencia de docentes.   

“Las escuelas ameritan mantenimiento diario, periódico y mayor y en estas dos últimas décadas, han aumentado las deficiencias en ese aspecto. Si no se hace un mantenimiento mayor cada cinco años, la infraestructura se va deteriorando de forma progresiva. La lógica de mantenimiento se ha trastocado”, sostuvo Ramos.

La miembro de Asamblea de Educación manifestó que debido a que el Estado, las gobernaciones y alcaldías no pueden atender las necesidades de las escuelas, la comunidad ha tomado las riendas. “Pero las comunidades donde hay mucha precariedad no tienen cómo resolver”.  

Sin cifras de vacunas

Olga Ramos sostuvo que, hasta la fecha, no hay cifras oficiales de trabajadores de las escuelas vacunados.

“Es importante tener en cuenta que en Venezuela no hay información oficial, la cantidad de docentes vacunados no se conoce, no existe un registro en el Ministerio de Educación. De acuerdo a cifras oficiales en Venezuela hay 30 mil escuelas, de las cuales el 84% son públicas”. 

Para Ramos, es fundamental hacer un censo para determinar el estado de cada escuela.

“Tiene que haber una planificación flexible, peculiar y de desarrollo progresivo, de acuerdo a las necesidades de cada institución, incluso no hay que descartar una modificación del calendario escolar”.  

Opinó que es probable que todas las escuelas no estén en condiciones de volver a recibir a los estudiantes. 

“Los alumnos tienen necesidades específicas, tiene que haber una combinación entre lo presencial y a distancia, si tu escuela no puede iniciar clases presenciales, tienes que tener una estrategia a distancia para que tus estudiantes no pierdan clase, deberías tener docentes y asistentes que permitan atender la dinámica a distancia, el acompañamiento a las familias es sumamente importante”. 

Ramos dijo que en las últimas dos décadas, la educación en Venezuela ha sufrido un deterioro progresivo. 

“Tenemos un país donde la educación inicial, básica y media es obligatoria y por ello el Estado debe garantizar una educación de calidad, que haga que las personas que se gradúan de bachiller sean en realidad bachilleres y no personas con analfabetismo funcional. Los estudiantes se gradúan y no terminan asistiendo a las universidades porque no pueden enfrentar ese reto, necesitamos un proceso de restauración de la educación”, consideró. 

A la escuela a pie 

Ramos sostuvo que la escasez de transporte y gasolina conspira contra la reanudación de las clases presenciales.

“En Venezuela nunca ha existido transporte escolar para escuelas públicas, salvo excepciones en determinadas épocas en Miranda y Carabobo, hay gente que tiene que caminar hasta una hora para llegar a las escuelas y esos son problemas previos a la pandemia”.

La integrante de Asamblea de Educación mencionó que robos y hurtos son inconvenientes frecuentes en los planteles que se han acrecentado durante el periodo de pandemia. 

“Muchas han sido desvalijadas, se han robado pocetas, pupitres, computadoras, hasta láminas de zinc y metal. Antes de la pandemia comenzaron a robar los alimentos del programa de alimentación. Se tiene que garantizar la seguridad antes de la vuelta a clases”.

Ramos aseguró que a los docentes en la actualidad se les presentan tres problemas: no están bien formados, carecen de un salario digno y, ante la necesidad, se ven obligados a buscar otros oficios. 

“Los maestros no necesariamente están bien formados porque vienen de Misiones o del programa Chamba juvenil, no están bien pagados y por ende, si no tienen recursos para comer, no pueden trabajar. Muchos docentes no solo emigraron a otros países, sino que acabaron haciendo otra cosa”, sumó.

#CiudadLaboratorioEntrevista | Alejandro López: Caracas, entre complicaciones e ilusiones
El arquitecto desnuda la capital venezolana y especialmente el proyecto entre el Parque del Este y La Carlota 

Por Cheo Carvajal | @caracasapie

Alejandro López forma parte, desde su inicio en 2005, de Aceras y Brocales (Últimas Noticias). Está al frente del Centro de Estudios Estratégicos de la Gran Caracas, constituido en el 2014 como una pieza de la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (Opppe). Es arquitecto de la Universidad Central de Venezuela, con maestría en vivienda para países en desarrollo, en la Universidad de New Castle, Inglaterra. Fue profesor de diseño arquitectónico en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCV durante 26 años. Asesoró en paralelo a Pdvsa y a Pdvsa La Estancia, y también apoyó en la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y luego dentro evaluando proyectos de investigación en la comisión que atendía temas de desarrollo urbano y riesgos ambientales. 

Hugo Chávez declaró parque La Carlota hace 16 años, aunque fue en el 2007, cuando se presentó en serio una propuesta, de la mano del arquitecto Fruto Vivas. Nos dice nuestro entrevistado que el Plan Maestro vigente también tiene algo de la mano de Fruto. La conversa la realizamos en las oficinas que tienen en la base de La Carlota.

Estamos en lo que se supone debería ser un parque conectado con el del Este. Desde hace muchos años existe esa expectativa. Lo último que vimos fue la construcción del puente Independencia, ¿cuál es el estatus en este momento?

—El puente está terminado, aunque le faltan detalles. Ya comunica al parque Francisco de Miranda con lo que pudimos tomar de La Carlota, que son 10 hectáreas de las 104, que eran las que se podían desalojar, reubicando a sus usuarios. Ya el parque funciona y se supone que pronto debería inaugurarse la primera etapa.

¿Pronto es cuándo?

—Era la semana pasada, y ahora está prevista para el 10 se septiembre.

¿Las 10 hectáreas?

—No, de esas 10 hectáreas van a quedar algunas áreas en construcción.

¿Por qué tanta demora? Recuerdo cuando se construía el puente, a finales del 2014, Ernesto Villegas, al frente del Ministerio de Estado para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas, anunció que se inaugurarían 12 hectáreas al año siguiente.

—Con Villegas anunciamos que se iba a inaugurar en diciembre de 2015. Arrancamos con muchos bríos, con recursos, pero desde esa fecha en adelante los recursos han sido muy intermitentes.

¿Es por falta de recursos que no se ha logrado abrir el parque, o tiene que ver con que no se ha desafectado como base militar? Entiendo que la Comandancia de la Aviación se está construyendo en Ciudad Tiuna.

—En La Carlota operan varios componentes de la Fuerza Armada, Protección Civil, Ciencia y Tecnología, Cicpc, y un largo etcétera. Vamos a tomar de esas 100 hectáreas lo que sea posible. Porque no podemos tomar toda la Base, porque esto requiere que la Aviación y los otros componentes tengan donde mudarse. Entonces se inicia la construcción, bastante adelantada, de las sedes de las comandancias en Fuerte Tiuna: Aviación, Armada, Ejército y Guardia Nacional. Iban a entregar la Aviación en diciembre, pero por falta de recursos, no podrán culminar este año. Nosotros, con las 10 hectáreas, igualmente estamos atrasados porque ha habido falta de recursos. Este es un parque estratégico para la ciudad y tiene dos grandes funciones: la básica, como parque, pero en casos de emergencias como sismos, deslaves, guerra o cualquier cosa, funcionaría la pista con las instalaciones necesarias para que puedan aterrizar ciertos aviones. El día que haya necesidad de tomar La Carlota como centro de operaciones ante un desastre, se cierra el parque y este opera.

¿Contemplan la permanencia militar en el parque?

—Solo en casos de emergencia. Nosotros hemos propuesto que debe haber siempre un componente militar, pero no fuerzas militares. Una sede administrativa, para cuando sea necesario tomarlo ante un desastre. Igual con Protección Civil y los bomberos. De hecho, el acuerdo es que las instalaciones destinadas a ambos servirían para desarrollar la parte formativa y lúdica, como áreas temáticas, abiertas y atractivas para los visitantes.

Hablas de un Plan Maestro que no ha tenido mayor difusión. La Alcaldía Metropolitana de Caracas convocó a un concurso de ideas para transformar en parque verde la base aérea (2012), y allí se generaron ideas muy potentes. ¿Hay algo de lo que se generó allí en el Plan Maestro del que hablas?

—Directamente, que agarrara de allí y pasara para acá, no. Primero, porque ese concurso lo hace la Alcaldía de manera abierta, sin ningún tipo de premisa, de determinante. La inmensa mayoría de las propuestas no respetan la pista. Ya por allí colide totalmente con el enfoque que tenemos nosotros.

Caracas es una ciudad muy vulnerable, y aunque no sea de uso cotidiano debe existir la posibilidad de utilizarla cuando sea necesario.

Luego, por supuesto, hay usos, conexiones de vialidad que tanto en ese concurso como en nuestra propuesta están incorporadas, ellos desviaban el río y lo incorporaban adentro, nosotros no pensamos en eso porque el río aún no estaba para eso, pero sí planteamos un lago. Hay coincidencias, aunque formas diferentes de plantearlas. 

Esa desconexión expresa el tema político y administrativo de la ciudad, el de la gobernabilidad. ¿Cómo pensamos la ciudad a futuro, desde dónde la proyectamos, cómo la gestionamos? Has expresado en diversas ocasiones que defiendes una idea más centralizada de las políticas en torno al desarrollo de la ciudad. De hecho, la creación del Ministerio para la Transformación Revolucionario de la Gran Caracas no tenía conexión con las alcaldías. ¿Cómo ves la gobernabilidad de la ciudad, su proyección a futuro con la estructura existente?

—El lenguaje es bien importante. Tú acabas de decir que tengo una visión “más centralizada”, minimizando las alcaldías. Yo diría que eso es medio verdad. En cualquier circunstancia una nación necesita unas directrices generales de desarrollo, en todos sus ámbitos. ¿Qué son las alcandías hoy? Pequeños feudos. ¿Para qué sirven los concejos municipales? No tienen sentido porque allí no están representados los intereses de la gente. Yo estoy en contra de la estructura de funcionamiento actual de las alcaldías y concejos municipales. Primero porque hay falta de direccionalidad y coincidencia de grandes objetivos que deben cumplirse en el país. Segundo, lo que existe ahora es corrupción, egoísmo, politiquería, entonces, sí, creo que debe haber una direccionalidad que se pueda ajustar, metabolizar en función de las realidades de las comunidades.

No es lo mismo Catia que El Hatillo, no es lo mismo Petare que los barrios del 23 de Enero. Creo que hay que romper con la inercia. Para algunos Caracas es el municipio Libertador, para otros los cinco municipios. Para otros cada municipio por su cuenta, “nos reunimos y negociamos”. Tiene que haber un gran plan de lo que debe ser la ciudad, y en una transición de los municipios estos deben formar parte de esa direccionalidad. Hay que oírlos, interpretarlos, porque esta “direccionalidad” no es una imposición. No solamente a los municipios como instituciones, sino a la gente de las comunidades.

Existe el Plan Estratégico Caracas Metropolitana 2020, de la Alcaldía Metropolitana de Caracas. Se hizo una consulta a mucha gente, más enfocada en especialistas, y a partir de allí recientemente se desarrolla el Plan de Desarrollo Urbano. Está bien tener directrices nacionales sobre hacia dónde van nuestras ciudades, pero no veo “direccionalidad” clara arriba sobre lo que debemos desarrollar en la ciudad. El desarrollo, desde el Ministerio de Transporte Terrestre y Obras Públicas, de las “soluciones viales” contradice la idea de una ciudad para la gente, y van a contracorriente del cuidado ambiental: tomaron el cauce del río Valle, eliminaron árboles, ocuparon parte de la ciclovía que hizo la Alcaldía de Libertador frente a la Bolivariana, obstaculizaron con tres puentes el proyecto de bulevar peatonal en la Rio de Janeiro. Desde arriba siguen pensando la ciudad para los carros. 

—Así como hay contradicciones entre lo que desde el Gobierno se ejecuta y lo que en algunos discursos se dice sobre lo que debe ser la ciudad, hay algo que no has dicho: los cuatro municipios del este muchas veces no están haciendo la ciudad que está en los discursos de los propios alcaldes, ni en lo planteado por la Alcaldía Metropolitana.

Zonas como Las Mercedes, El Rosal, Altamira o La Castellana, diseñadas en su momento bajo una visión de la ciudad a escala humana, hoy están siendo aniquiladas, con cambios de zonificación y usos. Están destruyendo un patrimonio de la ciudad. Eso lo están haciendo con la venia y apoyo de las alcaldías.

No se logra articular una visión compartida de lo que debe ser el desarrollo urbano, del territorio, de la gran capital. No hay disposición, ni de tirios ni troyanos, a ser firmes y consecuentes con lo que se plantea. Esa es una debilidad nuestra, casi un venezolanismo: decir una cosa y hacer otra.

El caso de Las Mercedes es emblemático. Ciertamente, estas operaciones contradicen el espíritu del Plan Estratégico Metropolitano. En cierta forma me parece que coincides con las líneas de este plan. ¿Dónde está la ruptura entre esas directrices de la centralidad y las seis líneas del Plan Estratégico?

—Hay que reconocer que la llegada de Chávez al gobierno produjo un movimiento telúrico en nuestra sociedad. Estamos en una transición agresiva, en donde están tratando de surgir ideas, sueños, ilusiones, por un lado, de gente que estaba apartada, segregada, olvidada, tratando de incorporarse al país, y hay otros que están en contra de eso, y están defendiendo sus intereses más individuales o corporativos. Es un momento muy duro. Este año lo que hemos vivido es una guerra interna, no convencional. Hay una fuerza que trata de hacer un nuevo país, con sus errores, y otro que se opone a que sea ese y quiere imponer otro, eso está pasando también afuera.

¿Por que hay tantas contradicciones entre las dos fuerzas? ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Porque están en pugna. Por eso digo que el gran esfuerzo que tenemos que hacer, aunque se caigan a golpes arriba, es ver cómo abajo tratamos de llegar a consenso, de hacer cosas que podamos compartir. Yo me acuerdo que le propuse a Pdvsa La Estancia prolongar el bulevar de Sabana Grande hasta Chacaíto, conectar desde los museos, en Los Caobos, hasta plaza Brión, porque después Chacao tenía desarrolladas unas aceras con ciertas cualidades en la Francisco de Miranda, y así crear un gran eje. La respuesta en ese momento fue: “es que es la Alcaldía de Chacao”. Y yo decía que no importaba. “Lo más grave es que Chacao diga que no”.  Pero no se logró.

¿Por qué no se logró?

—Por la cuestión política de ambos lados. En ese momento, si mal no recuerdo, el alcalde era Leopoldo López. No se pudo. Entonces pensé: vamos a invitar a la gente de la AMC para conversar al respecto. Fue duro y eso era lógico. Quizá debió intentarse más, pero no hubo voluntad de las partes. Uno trata de hacer las cosas con cierta ilusión, sabe que no se van a dar, pero igual hay que intentarlo.

Hablaste de que unos quieren imponerse sobre otros, son años en que hemos escuchado la palabra “hegemonía”. Abajo, probablemente haya más acuerdos que desacuerdos en materia urbana. Ese eje del que hablaste está en el Plan Estratégico Metropolitano, y de eso hablan muchos académicos y profesionales. No me ha tocado nadie que diga lo contrario. Hay acuerdo abajo, pero la visión de una hegemonía del control político y administrativo no lo permite. 

—Pero no todo es culpa del gobierno. Aunque todos estemos de acuerdo y queramos esos espacios, esos ejes, en paralelo se promueven unas densidades, unos usos de oficinas, como se está haciendo en Chacao y Baruta, que también contradice esa visión.

Durante muchos años hubo acuerdo en que había que aumentar la densidad en algunas zonas, incluso en vías como la avenida Libertador. Pero la Gran Misión Vivienda Venezuela implantó las viviendas sin coordinación, sin generar ciudad. ¿Se puede adecuar lo ya hecho sin los gobiernos locales? Con el bulevar se levantó un muro de los dos lados, pero quienes caminamos ese bulevar somos nosotros. Se niega esa continuidad, se destroza Las Mercedes, se imponen “soluciones viales”. Estamos en un momento de crisis y reconfiguración, ¿cómo hacemos para conectar lo que artificialmente se desconectó?

—Esa es una pregunta muy complicada. Es como cuando un ser humano tiene una enfermedad, tú necesitas tener conciencia de tu enfermedad para poder superarla. A mí me da la impresión de que no hay todavía, en los grandes niveles decisorios, la conciencia sobre la importancia que tiene la ocupación del territorio y las ciudades. La ciudad refleja la sociedad que somos. Si no nos ponemos de acuerdo, la ciudad es entonces lo que somos ahora: un caos. 

Los primeros intentos del gobierno de Chávez en relación con la Misión Vivienda fueron puros fracasos, hasta que afortunadamente llega Ricardo Molina que no siendo arquitecto se había empapado de las ideas de Henrique Hernández, Alfredo Roffé, Alfredo Cilento, y las mías, del programa experimental de gestión habitacional, que lo hicimos en todo el país. Ricardo Molina las lleva al Gabinete, por eso arranca la Misión Vivienda, pero chucuta.

 

Lea la entrevista completa aquí

Los que no se rinden | Aula Abierta: Clases presenciales ameritan vacunación masiva 
Karla Velazco, subdirectora de la ONG, indicó que no manejan cifras de personal universitario inmunizado 

Para Karla Velazco, subdirectora de la organización no gubernamental venezolana Aula Abierta, el inicio de clases presenciales en las universidades depende de un proceso de vacunación masiva contra la Covid-19 de estudiantes, profesores, personal administrativo y obrero.

Nicolás Maduro ha asomado en reiteradas oportunidades que las clases presenciales podrían reanudarse en octubre de 2021 “con todas las medidas de bioseguridad”. 

A juicio de Velasco, actualmente no hay condiciones favorables para el reinicio de clases

“No tenemos cifras de personal universitario vacunado, para un eventual retorno a las aulas es necesario que todos tengan la inmunización”, dijo Velazco.

La subdirectora de Aula Abierta indicó que no solo la vacunación conspira para la vuelta a las universidades, también otros factores característicos de un país con una crisis humanitaria compleja. 

La asfixia presupuestaria a la que ha sido sometida la comunidad universitaria ha afectado las condiciones de infraestructura y organizativas mínimas para impartir conocimiento. La insuficiencia salarial a profesores y demás personal, quienes no cuentan con los insumos y equipos para garantizar condiciones de bioseguridad y la deficiencia en la prestación de servicios públicos como agua, electricidad e internet”, indicó Velazco. 

La coordinadora de la ONG venezolana sostuvo que este compendio de calamidades ha provocado la deserción no solo de estudiantes, sino también de profesores. 

“Durante 2020 y 2021 se documentó nuevamente una disminución en el número de estudiantes que se inscribieron y cursaron matrículas estudiantiles en al menos cuatro de las principales universidades autónomas nacionales de Venezuela como la Universidad Central de Venezuela, Universidad de Los Andes, Universidad del Zulia y Universidad de Oriente”.

De acuerdo con Aula Abierta, desde marzo de 2020 y hasta mayo de 2021 se reportaron al menos 272 incidentes de hurtos y robos en distintas universidades.

“La infraestructura universitaria ha sido desmantelada por todos los incidentes de seguridad. Es muy difícil hablar de un regreso presencial en estas condiciones”. 

La educación es indetenible  

Para Aula Abierta, la educación no escapa a la crisis generalizada en Venezuela. 

“La emergencia humanitaria compleja afecta a todos los niveles educativos y en situación de pandemia es aún más crítica. El estudiantado y profesorado padece la pérdida de su poder adquisitivo, no cuenta con herramientas digitales necesarias, además las constantes fallas de electricidad e internet vulneran el derecho a la educación y con él la libertad académica”, aseveró la subdirectora de la ONG, Karla Velazco. 

A juicio de Velazco el proceso educativo debe seguir, no puede detenerse. 

La educación es la luz de la sociedad que permite el avance y el desarrollo. Toda sociedad democrática depende de la educación y la libertad académica. Por eso desde Aula Abierta afirmamos ‘sin universidades no hay democracia’. El futuro se ve poco alentador, pero es imprescindible que la comunidad universitaria se mantenga en pie exigiendo el respeto a sus derechos a nivel nacional e internacional y aportar propuestas de soluciones. No podemos permitir que se cierre la cuna del conocimiento científico, eso sería acabar con el desarrollo y el progreso. Las generaciones presentes y las futuras merecen una formación de calidad que les permita alcanzar sus metas y sueños”, manifestó Velazco.  

Para Velazco el principal desafío de las organizaciones en Venezuela es hacerle frente a las amenazas y acciones del gobierno como la providencia administrativa 002-2021, que obliga a establecer un registro de ONG para intervenir en sus funciones y financiamiento. 

“Afrontamos un riesgo de seguridad personal de nuestros miembros como lo padecen todas las ONG en Venezuela debido a las represalias por parte del régimen y en ese sentido está la detención de miembros de Azul Positivo y Fundaredes por nombrar algunos. En nuestro caso, que defendemos derechos universitarios, el grado de riesgo es mayor; es público y notorio la persecución a líderes estudiantiles, profesores y autoridades universitarias que denuncian las violaciones a sus derechos como la libertad académica, libertad de expresión, libertad de asociación, derecho a la educación o transgresión a la autonomía universitaria”, concluyó.

Acción Solidaria registró 1.436 casos de vulneración del derecho a la salud durante 2020
Los grupos en mayor situación de vulnerabilidad en medio de la emergencia humanitaria compleja son las mujeres y niños, niñas y adolescentes

Este miércoles 25 de agosto, la Unidad de Exigibilidad de Derechos Humanos de Acción Solidaria presentó su informe Salud en emergencia: El caso de Venezuela, que es el resultado de un monitoreo que se hizo entre enero y diciembre de 2020 y en el que sedocumentaron 1.436 casos relacionados a violaciones al derecho a la salud en 109 centros médicos públicos, ubicados en 22 de los 24 estados del país. 

Natasha Saturno, abogada y coordinadora de la unidad, explicó que la información se recolectó a través de 21 portales web de medios nacionales e internacionales y 27 de organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de identificar patrones con respecto a la falta de garantía del derecho humano a la salud, el deterioro de los centros del sistema público, las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad y el riesgo que enfrenta el personal médico, en medio de la Emergencia Humanitaria Compleja que atraviesa Venezuela.

Los factores evaluados por el equipo para este estudio fueron  los que componen los estándares universales del derecho humano a la salud: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. Saturno insistió en que el informe no pretende ser un estudio estadístico, más bien un registro que fije un precedente acerca de la desatención del Estado y la afectación de la pandemia por COVID-19 sobre las familias más vulnerables.

Juan Manuel Rodrigues, abogado y miembro de la unidad, precisó que de 1.436 casos registrados, 21% fue en centros asistenciales del sistema sanitario público. Además, explicó que de los 109 centros de salud monitoreados, 8 pertenecen a la Misión Barrio Adentro, 9 son ambulatorios, 7 son especializados en diálisis y 85 son hospitales de diversos tipos. 70% de los casos tienen que ver, directamente, con la disponibilidad.

Saturno aseguró, que este monitoreo permitió identificar que los grupos en mayor situación de vulnerabilidad en medio de la Emergencia Humanitaria Compleja son las mujeres y niños, niñas y adolescentes. Además, evidenció que la pandemia por el SARS-COV-2 incrementó los riesgos que ya sufría un grupo invisibilizado: el personal de salud.

Entre las conclusiones, la Unidad de Exigibilidad de Derechos Humanos especificó que las violaciones del derecho a la salud por parte del Estado venezolano son sistemáticas y la emergencia global ha agudizado y evidenciado el deterioro del sistema sanitario público.

Descongestionamiento de centros de detención es vital y necesario
La Fundación de Derechos Humanos de Anzoátegui avala el plan 

La Fundación de Derechos Humanos de Anzoátegui (FDDHHANZ) calificó como positivo el plan orientado al descongestionamiento de los centros de detención, llamado revolución judicial. 

El director de la ONG, Alcides Magallanes, sostuvo que es vital la revisión de los expedientes de los privados de libertad, en pro de aliviar el gran retardo procesal que se registra en el país y que se agudizó tras el inicio de la cuarentena por covid-19. 

Magallanes manifestó que espera que en la extensión de este plan, ejecutado por los tribunales de control, juicio y ejecución, sea atendido un mayor número de casos. Enfatizó la necesidad de dar fin al hacinamiento y de que se realicen inspecciones continuas en los centros e instituciones policiales. 

Magallanes precisó que hasta el momento tienen conocimiento de que en la zona norte y sur de Anzoátegui se han ejecutado liberaciones y pases a juicio, al igual que en Nueva Esparta, y de que han sido atendidos privados de libertad en Monagas. Sin embargo, comentó que es preciso atender más casos en el estado Sucre durante la extensión de este proceso. 

Por otra parte comentó que pese a que esto contribuye a un cambio estructural y representa un avance en el sistema de justicia, no es suficiente, por lo que hizo un llamado al gobierno nacional a respetar y hacer valer el artículo 44 de la Constitución que dicta que ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial. Asimismo los artículos 49, 51 y el 26 que precisa que «Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos». 

Finalizó manifestando que la revolución judicial debe continuar para agilizar el descongestionamiento, garantizar el debido proceso y la asistencia de los privados en los tribunales de control, juicio y ejecución, y aclaró que quienes reciben este tipo de beneficios procesales o medidas alternativas, son ciudadanos y ciudadanas con delitos considerados menos graves.

Más de 100.000 tuits: Oficialismo activó sus bots para minar las redes de propaganda electoral
El chavismo aprovechó la coyuntura de sus elecciones primarias abiertas para posicionar su mensaje en Twitter a través de cuentas falsas

Apoco más de tres meses para las elecciones regionales y locales del 21 de noviembre, el tema electoral comienza a tomar espacios en la opinión pública a través de las redes sociales. Específicamente en la red social Twitter, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) activó su maquinaria propagandística para promover el proceso interno de designación de sus candidatos, mientras que la oposición deshoja la margarita para anunciar si van o no a los comicios.  

El más reciente informe “Conversación electoral” del observatorio digital Probox, correspondiente al mes de julio de 2021, registró un 40% de contenidos inorgánicos por parte de lo que han segmentado como “oficialismo radical”, entendiendo este concepto como publicaciones realizadas por posibles cuentas falsas o bots, para hacer creer que muchas personas están hablando sobre un mismo tema.

El estudio detalla que 12 de las 20 tendencias electorales que contabilizaron durante el mes, corresponden al chavismo. Dos pertenecen a las denominadas redes anónimas, entre las que ubican a Leocenis García, fundador del movimiento Prociudadanos, una a lo que llaman oposición radical, una a los sectores de la Mesa de Diálogo Nacional y una a otros partidos y la subcategoría “otros”.

Si bien es cierto que aún existe escepticismo en cuanto a las garantías y transparencia que puedan tener los comicios regionales y municipales, Probox señala que las tendencias electorales del mes acumulan aproximadamente 120.551 tuits, lo que representa un crecimiento de 50,61%; convirtiéndolo en el mes con mayor actividad electoral desde que empezaron su monitoreo en mayo de 2021.

Bots chavistas

Entre las etiquetas que utilizó el oficialismo en el último mes, con alto margen de inorganicidad, se encuentran: #HablaronLasBases, #ChavismoUnidoEnCombate, #PorElCaminoDeChavezUnidos, #EpaPSUV, #AdolfoEsPueblo, #LasBasesConAdolfo, #FormacionYOrganizacion, #YoVotoPorMedinaGobernador, #TodosJuntosConAdolfo, #ConChavezBatallaYVictoria (21-7-2021), #ConChávezBatallaYVictoria (23-7-2021) y #GiraNacionalMRT2021.

Cabe destacar que todas las publicaciones de estas tendencias promovidas por el partido que preside Nicolás Maduro suman un total 107.858 tuits, de acuerdo con el informe de Probox, aliado del Guachimán Electoral.

Otras etiquetas

Con respecto a las demás publicaciones que conforman el informe, las redes anónimas detrás de Leocenis García divulgaron 2.286 tuits ligados a las etiquetas #LeocenisSeLaCantaAGuaido y #LeocenisEsLibertador. Le sigue la subcategoría de partidos políticos de oposición con #ResteadosConAlfredo y #YoSiFirmo para apoyar la postulación del gobernador de Nueva Esparta, Alfredo Díaz, quien forma parte de Acción Democrática (AD), con 1.531 mensajes en la red.

Un dato que presenta Probox es que la denominada oposición radical dentro del informe, liderada por María Corina Machado, solo posicionó la etiqueta #UEVeanLaVerdad. Con ese mensaje, el grupo mostró a la comunidad internacional distintos tópicos que profundizan la crisis generalizada que vive Venezuela.

 

Guachimán Electoral

Defensor de DDHH exige justicia a cinco años de muerte de su hijo
Luis Armando Urbano fue presuntamente asesinado por miembros de la Policía de Sotillo en el estado Anzoátegui 

El 10 octubre de 2016, Luis Armando Urbano, de profesión electricista, trasladó en su moto a una mujer hacia Puerto La Cruz, sin saber que sería su último día de vida o lo que su padre, José Luis Urbano, defensor de Derechos Humanos mencionó caería en supuesto “un anzuelo”.

Tras llegar al sitio se salió la cadena de su moto y al pararse frente a una casa para remediar la situación, fue alertado por una habitante de la zona que tuviera cuidado porque había un grupo “malo” llamado “Los Cuatro Fantásticos de la Muerte”.

El joven dudó y tras intentar retornar, fue sorprendido por efectivos de la Policía de Sotillo (entre ellos “El Pechuga” y Richard Rattia), quienes presuntamente le propinaron un primer disparo en el hombro, una patada y le dejaron un mensaje bien claro: “Tú vas pa’ muerte porque eres hijo de un defensor de Derechos Humanos”, así lo denunció el progenitor a la Fundación de Derechos Humanos de Anzoátegui.

Urbano manifestó que la muerte de su hijo fue justificada como enfrentamiento, y que según informaciones aportadas, presuntamente los funcionarios comentaron entre risas, en una licorería, cómo habían ejecutado al muchacho en el cerro Makro.

Detalló que su hijo presentó desde un solo orificio de entrada, cuatro tiros de salida porque le pusieron un cartón en el pecho “y movieron el ángulo de la pistola para que las balas se movieran por el cuerpo”. Asimismo que presuntamente fue presentado por Richard Rattia a las 5:45 pm como fallecido en el hospital, y que según la versión del CICPC, su hijo tenía una supuesta arma, de la que asegura, fue sembrada.

Tras denunciar el hecho a ONGs internacionales y nacionales, “un mes después de la ejecución se presentó una comisión de criminalística de Caracas, levantaron las experticias y se dieron cuenta de que el arma no servía y que la distancia de donde lo llevaron herido, el tiempo, la hora, más un video, demostraba que a mi hijo se lo habían llevado vivo. Entre el 2017 se imputa y
se ejecuta la medida de detención en el 2018”.

Sin embargo, tiempo después descubrió que más ciudadanos habían sido víctimas de Richard Rattia y de la Policía de Sotillo, y que la presión de los organismos nacionales e internacionales creció, situación por la que según Urbano, fue presuntamente amenazada la testigo principal por un abogado para que cambiara su versión, ella se negó y al tercer día le asesinaron a su
hijo.

El defensor comentó que desconocía toda la presunta presión policial que se desencadenaría tras exigir justicia por la muerte de su hijo, hecho que lo llevó a vivir en la clandestinidad para salvaguardar su existencia.

En cuanto a los presuntos responsables de la muerte de Luis, aseguró que están privados de libertad pero con beneficios. “Ellos están ahí en su comando, en la noche van a dormir a su casa, los fines de semana salen a parrandear, porque mucha gente los han visto, y de hecho andan armados”. Acciones que considera una injusticia.

Tras casi cinco años de la muerte de Luis Urbano, su padre continúa exigiendo y luchando por justicia, asegura que el estatus procesal lo ve con “mucho retardo y beneficia a quienes incurrieron en el asesinato de mi hijo”. Culminó manifestando que llevará este caso a la Corte Penal Internacional.