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DDHH Olvidados | El celular de Alcedo Mora tiene 9 años sin emitir señal

Desde el 27 de febrero de 2015 la familia de Alcedo Mora Márquez denuncia su paradero. Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y la ONU alertan que él es una víctima de desaparición forzada, pero el Estado venezolano no ha hecho ningún avance en su caso. 

Desde que cumplió 18 años, Mora se involucró en los grupos políticos socialistas y comunistas del estado Mérida, al occidente venezolano. En 2015, cuando tenía 54 años, trabajaba con el Partido de la Revolución Venezolana (PRV), una facción del Partido Comunista de Venezuela, y en la gobernación merideña de Alexis Ramírez, militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)

Él llevaba más de ocho meses investigando por su cuenta una presunta trama de corrupción y contrabando de gasolina hacia Colombia entre los miembros de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), una empresa estatal, y la gobernación local. 

Ese 27 de febrero, poco después de reunirse con el secretario general de la gobernación de Ramírez para formalizar su denuncia, Mora desapareció. 

El rastro en los teléfonos

«Camaradas, alerta. Tengo requisitorio de orden de captura por el Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), la cosa es complicada. Me quieren cobrar por unas denuncias de corrupción a Pdvsa que he venido haciendo y me quieren montar una olla. Hay que estar pendiente». Ese fue el último mensaje que le había escrito Alcedo Mora a sus compañeros de trabajo tres días antes de desaparecer, según las declaraciones de su hijo, Simón Mora, a los medios de comunicación.  

Sin embargo, Marino Alvarado, abogado y activista de la ONG Provea, advierte que Alcedo nunca tuvo una orden de aprehensión por parte del Estado venezolano.

Alcedo Mora había enviado un mensaje de texto a su esposa para avisarle que saldría de su casa a trabajar. Ese fue el último contacto que tuvo con su familia

Cuando introdujeron la denuncia al Ministerio Público el 8 de marzo, el teléfono de Alcedo era el único rastro de su paradero

«De lo investigado a través del rastreo del celular de Alcedo, se pudo establecer que el dispositivo estuvo activo durante unas 48 horas. Es posible que sus captores no hubiesen desaparecido el teléfono y lo prendían y apagaban. Se pudo determinar que en esas primeras 36 horas a Alcedo Mora lo sacaron de ciudad Mérida, pero se mantuvo dentro del estado. Luego, sí se perdió todo rastro de la señal telefónica», dijo Marino Alvarado en una entrevista a Runrun.es.

Después de ese hallazgo, ni el Ministerio Público ni el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) prosiguieron con el caso y apagaron sus esfuerzos

Promesas congeladas en pantallas

Tarek William Saab, para ese entonces presidente de la Defensoría del Pueblo, prometió en el canal estatal Venezolana de Televisión que «iba a hacer todo lo posible» para resolver el caso. El abogado y partidario del PSUV había declarado que Alcedo Mora era un compañero cercano, de allí nació su interés en lograr la justicia para él y su familia. 

Desde la red social Twitter (ahora conocida como X), Saab exhortó al CICPC y al Ministerio Público a investigar el caso. Pero desde junio del 2015 dejó de hablar públicamente sobre el tema

En 2017 la Asamblea Nacional Constituyente nombró a Saab como fiscal general de la República, el máximo representante del Ministerio Público. «Y prometió que volvería a abrir el caso de mi padre, pero hasta ahora solo se quedó en esa promesa. No han hecho nada», dijo a El Pitazo Alcedo Mora Carrero, hijo del líder político desaparecido. 

Fuera de las pantallas, la familia Mora recibió amenazas: funcionarios allanaron su vivienda sin órdenes de cateo, recibían mensajes y llamadas advirtiéndoles que maltratarían a otros familiares si seguían denunciando y los propios miembros del Ministerio Público no les permitían dar un expediente a los abogados y los desalentaron a seguir el caso. 

Desde el 2015, varios de los familiares de Alcedo se fueron del país para tener seguridad, la mayoría está en Ecuador. 

Alcedo Mora: sin justicia por ningún lado

«Ante la falta de investigación en Venezuela, Provea acompañó a los familiares, particularmente a  dos hijos de Alcedo, a presentar el caso en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas el 28 de junio del 2016. Y el 22 de abril de 2020 el comité dictaminó que no se había presentado suficientes evidencias que indicaban que el señor Alcedo Mora había sido desaparecido por agentes del Estado venezolano. Pero también sentenció que la Justicia venezolana ha alargado injustificadamente la investigación», recordó Alvarado. 

El activista de Provea advierte que el Ministerio Público venezolano dejó de investigar el caso cuando cambiaron, sin previo aviso, los fiscales asignados. A partir de junio del 2015 había empezado el silencio y la opacidad.

«Tampoco se llamó a declarar a quien para ese momento era gobernador del estado Mérida, quién hizo una serie de afirmaciones públicas de interés para la investigación y que muy bien el Ministerio Público pudo haber solicitado para declarar. Tampoco se ha tomado declaraciones de sus compañeros de trabajo. Sin embargo, toda la información recopilada indica que las mayores sospechas recaen sobre funcionarios del Sebin», reflexionó.

Junto al caso de Mora se incluye la desaparición forzada de los hermanos colombianos Esneider y Eliecer Vergel, quienes eran refugiados en Venezuela y trabajaban con Alcedo. La última información sobre ellos fue el primero de marzo del 2015, días después de la desaparición del merideño. 

A varios meses de cumplirse una década sin saber dónde está Mora, sus familiares siguen reclamando justicia desde instancias internacionales. Su experiencia no es la única: otros 216 casos de desapariciones forzadas que Provea ha registrado entre los años 2000 y 2022 aún siguen sin respuesta. Al menos 78 de esos casos han ocurrido durante la presidencia actual.

DDHH Olvidados | Las mujeres lidian con “suelos pegajosos” y barreras financieras

Más de 1,8 millones de mujeres venezolanas no están incluidas en el mercado laboral por cumplir responsabilidades en el hogar como cuidadoras, según los hallazgos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) del año 2023.

Para Patricia Valladares, presidenta de la Alianza Venezolana Empresarial por el Liderazgo de las Mujeres (AVEM) “hay que hacer muchas cosas” para mejorar esa situación, además de resaltar la existencia de la brecha salarial, que, según señaló, para muchos “es invisible”.

“La gente te dice que todos los salarios son iguales, pero ahí está en nuestras cuentas bancarias y en la dificultad de llegar a ganar más que ellos”, señaló Valladares durante el cuarto foro anual de AVEM.

Valladares consideró que estos espacios, como el foro de AVEM, realizado el pasado 20 de marzo en el Hotel Eurobuilding de Caracas, son necesarios para compartir información de calidad que permita implementar los cambios que son posibles y que estos “traigan mejoras a las mujeres de nuestras empresas y así lograr un avance palpable”.

Bajo porcentaje de mujeres con altos cargos en empresas

Marita Seara, fundadora ejecutiva de Visionarias Business, señaló que las mujeres hacen que las economías “crezcan y las sociedades evolucionen”, por lo que insta a las mujeres a “caminar juntas para derribar barreras, síndromes y todos los estereotipos” que frenan para  alcanzar la igualdad.

Visionarias Business nació en 2021 como una iniciativa enfocada en objetivos de desarrollo sostenible que involucran los derechos de las mujeres. Ese año presentaron un estudio hecho en alianza con Business Venezuela y aplicado a una muestra de casi 90 empresas. 60% manifestó que nunca había tenido una mujer CEO; 24% tenía cero representación de mujeres en sus juntas directivas y 69% no tenía ninguna política o programa de igualdad en sus compañías. 

“En tres años sé que eso ha cambiado bastante, porque hoy más empresas están comprometidas por mejorar la participación de la mujer, abogar y realizar acciones por su bienestar e implementar protocolos y políticas para acabar, entre muchas otras cosas, con el acoso sexual en las empresas”, señaló Seara.

Sin embargo, consideró que todavía hay cifras que se deben superar, pues muchas indican las ganancias que tendrían si las empresas y organizaciones invirtieran más en las mujeres.

Al respecto, recordó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su informe “Las mujeres en la gestión empresarial: Argumentos para un cambio”, publicado en el 2019 y en el que se consultaron a 13.000 empresas en 70 países, mencionó  que más del 54% de las empresas manifestaron que mayor inclusión de las mujeres en todos los niveles “ha significado mejoras en materia de creatividad, innovación y apertura”.

“La igualdad debe ser una realidad y no debemos esperar 200 o 300 años más. Debemos comenzar desde nuestras trincheras para transformar nuestras vidas y transformar las vidas de la gente a nuestro alrededor”, añadió Seara.

“Suelos pegajosos”

Susana Reina, directora fundadora de la ONG FeminismoINC, organización que trabaja por el empoderamiento femenino para que más mujeres accedan al poder económico, político y social en sus ámbitos de influencia, refirió que la gran mayoría de las mujeres sufre de los “suelos pegajosos”, una metáfora que, según explica, mantiene a la mujer “empegostada a la base” al tener dificultades para llevar sus trabajos por su labor de cuidadoras o porque a sus esposos no les gusta, por ejemplo, que salgan a “tomarse unos tragos”.

“Es todo el trabajo invisible de los cuidados. Por la idea de que somos cuidadoras naturales todavía. Crecemos creyendo que los cuidados son cosa nuestra, una división arbitraria, muy sexista; que además nos ancla, porque el cuidado no es solamente de los niños, pues e mujeres sin hijos tienen problemas para cuidar padres y hermanos menores”, dijo.

Para Reina los “suelos pegajosos” representan una “dificultad para conciliar”, algo que se hace más cuesta arriba con los Estados que no tienen infraestructura, medidas o políticas públicas que apoyen.

También se le suma que muchas mujeres tienen trabajos “peor remunerados” a tiempo parcial o freelance, donde no hay ni seguridad, ni  estabilidad ni posibilidad de ahorrar.

Susana Reina se refirió por otra parte a los “sectores feminizados”, que usualmente son los peor pagados, destacando ejemplos como la enfermería, trabajos de maestra y el trabajo doméstico, donde la mujer está más representada, pero no alcanzan una posición alta.

Autonomía económica contra la violencia

Vanessa Marcano, comunicadora social y cofundadora de Femdata, consultora que brinda asesorías en la formación, concientización y comunicación con perspectiva feminista, consideró que es importante que las mujeres tengan autonomía financiera, pues es algo que las “libera de cualquier tipo de violencia doméstica o de género”.

“Está comprobado que las mujeres que tienen autonomía económica no se quedan en hogares donde hay violencia”, apuntó Marcano en su intervención durante el foro de AVEM.

Marcano recalcó con preocupación que las mujeres representan “la población más pobre del mundo entero”. Además, advirtió que el continente americano, pese a ser el más joven, “está envejeciendo”, lo que puede estar relacionado “con que cada vez queremos tener menos hijos”.

“¿Por qué tenemos que decidir si ser madres o ser profesionales? ¿Por qué esa pregunta no se la hacen a los hombres?”, cuestionó Vanessa Marcano, al tiempo que refirió que las mujeres llevan a cabo, al menos, 2.5 más de veces el trabajo en el hogar que los hombres. Y estas labores no son remuneradas.

“Con la maternidad, las mujeres decidimos dejar trabajos formales por tomar trabajos de menos cantidad de horas, o en la informalidad. Y hay muchas que se dedican a ser mamás y a los cinco años no saben lo duro que es repensar volver al trabajo”, alertó.

Para Vanessa Marcano, la corresponsabilidad en el hogar permitiría a las mujeres tener “mayor libertad y menor carga mental”.

Menos acceso a servicios financieros

Laura Ignino, miembro de Visionarias Business y abogada con experiencia en el sector gremial, de negocios y comercio internacional, indicó que las mujeres tienen barreras en lo financiero, lo cual “afecta su empoderamiento, crecimiento y autonomía económica”.

Consideró que se necesita más educación financiera para derribar esas barreras “y entender la importancia de ahorrar y planificar”. También, destacó la poca capacidad para ahorrar y que los sueldos son más bajos que los de los hombres, muchas se ven en la obligación de emprender y “la difícil incorporación que tienen en el mercado laboral formal por temas de trabajo y temas de cuidado”.

“¿Cómo hacen las mujeres para ahorrar? Vemos muchas mujeres que después de los 60 años se ven obligadas a emprender y no pueden disfrutar de su jubilación”, señaló Ignino en su intervención.

En conclusión, de acuerdo con Laura Ignino, las mujeres tienen menos acceso a los servicios financieros que los hombres y existen tres elementos que representan una desventaja: los servicios de salud, plan de pensiones y los créditos de emprendimiento liderados por mujeres.

@Andrea_GP21

DDHH Olvidados |  Venezolanas migrantes: entre la vulnerabilidad y el estereotipo

De acuerdo al Observatorio de Igualdad de Género, para abril 2020 el número de mujeres migrantes representaba cerca del 50% de los venezolanos en el exterior.

Según el informe, la división sexual del trabajo en los países de acogida genera mercados laborales marcados por la segmentación y segregación sexual. 

El hecho de pertenecer a una migración forzada sin títulos académicos o la homologación de estos obliga a las mujeres a efectuar trabajos informales, autoemplearse o exponerse a distintas formas de explotación y violencia.  Igualmente influyen las condiciones de ingreso a las naciones, que en algunas ocasiones se efectúan por medio de caminos ilegales bajo el control de mafias con el riesgo de ser víctimas de esquemas y estructuras de trata.

Las mujeres migrantes están en una situación de desventaja con respecto a los hombres según el informe, víctimas de cosificación, hipersexualización, discriminacion y xenofobia en las naciones de acogida.

Además, están excluidas de los sistemas de salud tanto en su país de origen como en el receptor. 

“Pareciera que fuera una migración especial y no lo es, se podría decir que constituyen el 50% de la diáspora, el asunto es que no solo están en una situación de peligro y vulnerabilidad como cualquier migrante, sino que esto aumenta por el hecho de ser mujeres”, dijo Madison González, doctora en Geografía y experta en temas migratorios. 

De acuerdo al estudio denominado “Mujeres refugiadas y migrantes de Venezuela”, 1 de cada 4 mujeres en tránsito a Colombia ha sufrido algún tipo de violencia y un 29% de las mujeres que se trasladaron a Perú aseguró haber sido víctima de atropellos.

“Están en una matriz de vulnerabilidad por traspasar las fronteras sin documentos, expuestas a violaciones, muchos casos se denuncian en el cruce con el Darién, las muertes violentas casi siempre son de mujeres, son secuestradas, explotadas sexual y físicamente, es un compendio de desgracias, estamos a merced no solo de la migración, sino también a las consecuencias de origen en el tránsito y destino”, sostuvo González. 

Asociadas al cuidado

El informe detalla que casi la mitad de las migrantes venezolanas de la región trabaja en comercio, como trabajadora doméstica o autoempleada.  

En los países de tránsito y destino, las mujeres venezolanas encuentran mayores dificultades para obtener trabajo remunerado. Su tasa de desempleo duplica e incluso triplica la de los hombres.

“Las mujeres ingresan en el mercado de trabajo casi siempre asociadas a las cadenas de cuidado, tienen que limpiar, cuidar niños y ancianos o prostituirse directamente. La cadena del sexo servicio esta siempre asociada al cuerpo femenino. Regularmente son subpagadas, porque el cuidado es el trabajo que nadie quiere hacer”, manifestó González.

A mujeres migrantes le endosan los hijos

De acuerdo a González, hay una tendencia a endosarle la responsabilidad de los hijos y el cuidado de estos a las mujeres, por lo que las mujeres migrantes deben cargar con la cruz de haber dejado a su descendencia en Venezuela a cargo de familiares, vecinos o terceros.

Siempre se asocia a la migración femenina con los hijos, como si ellas fueran el único sostén de ellos, como si la exclusiva responsabilidad recayera sobre la mujer, el hombre es percibido como la persona que patrocina y provee el dinero, incluso las políticas públicas están basadas en el trabajador o en la familia migrante, pero no en la mujer”.

González indicó que a las solteras migrantes venezolanas se les invisibiliza porque el foco se lo llevan las madres: «Son invisibilizadas, porque los grupos de ayuda se concentran básicamente en atender la emergencia de madres y niños, que es mayúscula”.

González aseveró que las políticas internacionales para frenar el tráfico y trata de mujeres son incompletas. 

“Las mujeres van a seguir migrando y los gobiernos tienen que ocuparse de brindarles atención adecuada”.

Entre las recomendaciones del informe del Observatorio de Igualdad de Género destaca la creación de fondos de apoyo internacional destinados a financiar proyectos a personas provenientes de Venezuela, especialmente a las mujeres.

Asimismo, impulsar la cooperación entre mujeres para implementar iniciativas generadoras de ingreso en áreas innovadoras que no sean vistas como ocupaciones tradicionales femeninas.

 

DDHH Olvidados | El apoyo hacia la mujer venezolana va en reversa

Venezuela conmemora el Día Internacional de la Mujer este 2024 con más vulneraciones a los derechos humanos que el año pasado. A diferencia del resto del mundo, donde los derechos son progresivos, solo en los primeros tres meses del año cada poder que conforma el Estado venezolano atentó contra los derechos de las mujeres. 

En enero, la Asamblea Nacional oficialista mantuvo una discusión para aprobar la «Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines» (Ley Anti ONG) para restringir las acciones y el financiamiento de la sociedad civil al menos que estén bajo la ideología del Partido Socialista Unido de Venezuela, gobernado por Nicolás Maduro. 

Ese mismo mes, el Poder Judicial confirmó la inhabilitación a María Corina Machado sin ninguna sentencia firme, lo que le sirve al Poder Electoral para negarle el derecho a participación en las elecciones presidenciales de este año. 

En febrero, el Ministerio Público detuvo arbitrariamente a la activista Rocío San Miguel y elevó la cifra de presas políticas a 19, según los datos de Foro Penal. 

Y el Poder Ejecutivo de Maduro lleva más de cinco años sin hacer público cuánto invierte en su infraestructura para mejorar la calidad de vida de las mujeres y la justicia ni ajusta los salarios y las prestaciones sociales (que no incluye a los bonos). 

En reversa

«Este año, en Venezuela retrocedimos en el apoyo hacia la mujer y hacia las instituciones que velan por sus derechos, y eso que históricamente había sido bajo», reflexionó Adicea Castillo, economista especializada en el liderazgo de la mujer y miembro de la directiva del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela (CEM UCV). 

Las Naciones Unidas establecieron como temática en 2024 el financiamiento para acelerar la igualdad y mejorar la prevención. Pero, para Castillo, las restricciones económicas para investigar, documentar y proteger los derechos humanos de las mujeres venezolanas son cada vez más grandes.

«Estamos retrasados en todos estos frentes, y quienes están llamadas a promover estos cambios, estas inversiones, son las organizaciones dedicadas a la defensa y promoción de los derechos de las mujeres, que se ven especialmente afectadas por el cierre del espacio cívico en Venezuela», agregó Cristina Ciordia, coordinadora de incidencia de la ONG Cepaz

Entre documentar y recibir amenazas

La ONU establece que se necesitan como mínimo, 360.000 millones de dólares de inversión a nivel mundial cada año para cubrir el déficit del financiamiento y apoyo a las respuestas de las crisis sensibles al género.

En Venezuela esta cifra está envuelta en incertidumbre: desde 2020 la asamblea constituyente promulgó la «Ley Antibloqueo», que le da potestad al Poder Ejecutivo de no publicar ningún dato económico de la nación, aunque el gobierno de Nicolás Maduro lleva esta práctica desde su imposición en el año 2014. 

«La mayoría de las ONG dedicadas a la violencia basada en género contra la mujer resuelven su problemática financiera de manera absolutamente personal», afirmó Ofelia Álvarez, directora de la Fundación para la Prevención de la Violencia Contra las Mujeres (Fundamujer) y miembro directivo del CEM UCV. «Yo trabajo con puros voluntarios y colaboradores. Aunque muchas veces hay donaciones, sentimos esa Ley Anti ONG como una amenaza permanente que no se termina de dar como para amedrentar». 

Álvarez reiteró que la sociedad civil venezolana es la única que ha llevado las cifras de este problema social en los últimos 10 años, «que se van haciendo cada vez más críticas». 

Menos trabajo, menor ingreso y expuestas a la violencia

El Banco Interamericano de Desarrollo informó que solo 37 % de las mujeres venezolanas tienen un empleo formal y ganan 21,79 % menos que los hombres, siendo el país con la menor participación laboral femenina en América Latina y el Caribe.

Walk Free, una ONG internacional, cataloga a Venezuela como el el país con mayor presencia de esclavitud moderna en la región para el 2023, con 270.000 víctimas, y la ONU complementa esa cifra diciendo que 11 % de esa población son niñas y adolescentes y el otro 87 % son mujeres. 

La asociación civil Utopix advirtió que los casos de femicidio aumentó 53,8 % entre enero de 2023 y enero de 2024, si solo se toma los casos reportados por la prensa. La ONG Prepara Familia advirtió que el 99 % de los pacientes con enfermedades crónicas son cuidados diariamente y a todas horas por mujeres, especialmente sus madres, frente a la escasez del personal de salud en el país

Además, la sociedad civil documentó que una de cada cuatro mujeres no tiene productos y un servicio de agua constante para mantener su higiene menstrual, aumentando el riesgo de enfermedades y su derecho a la salud. También solo una de cada 4 mujeres puede hacerse un chequeo médico para detectar el cáncer de mama o de cuello uterino, según Funcamama. Y la ONU reiteró que 95 por cada 1000 mujeres embarazadas en el país tienen entre 15 y 19 años, una cifra que va en aumento frente a la escasez del 80 % de los anticonceptivos. 

Aun así, con la propuesta de la Ley Anti ONG, el Estado no permite que la sociedad civil se inscriba legalmente: más del 55 % de las ONG encuestadas por Prodehum no puede registrarse debidamente en el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren), lo que dificulta el acceso al financiamiento para mitigar todas las mujeres que entran en esos datos sobre el país. 

«Hablamos de un problema social que no está tomado en cuenta, por lo menos no en el Instituto Nacional de Estadística y el Instituto Nacional de la Mujer. Son problemas que quieren ver. Uno podría decir que no hay interés en esas instituciones gubernamentales. Sin inversión no hay posibilidad de prevención», lamentó Álvarez, agregando que diariamente su fundación atiende a tres víctimas de la violencia basada en el género contra la mujer. 

Todos resultamos afectados

Ciordia advirtió que, así como los derechos humanos se relacionan estrechamente entre sí, la violación de los derechos de la mujer afecta «a todo su entorno, a toda su familia». 

«El 54 % de las familias en Venezuela son familias monomarentales, eso quiere decir que la jefatura del hogar la ejerce una mujer sola. Entonces, las fallas en los servicios públicos se convierten no sólo en un problema que tengo que solucionar yo, sino que tengo que solucionar para las personas que cuido», dijo. 

La periodista Gabriela Boada, defensora de los derechos humanos y directora de la ONG Caleidoscopio Humano, advirtió que la opacidad estatal llega hasta la consulta de la Ley Anti ONG: «No está publicada en ningún portal de la Asamblea Nacional ni alguna plataforma pública. Todo lo que se conoce es a través de canales extraoficiales», como las alocuciones de ciertos dirigentes del madurismo. 

Para Boada, la discusión y posible aprobación de esa Ley pondría en riesgo incluso a las líderes comunitarias y aquellos grupos de apoyo entre las víctimas, como lo es «Madres Poderosas», una asociación de madres de víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Caracas que velan por la justicia de sus familiares. 

«Muchas mujeres se asocian desde sus comunidades, desde sus propias experiencias, para dar contención a otras víctimas, pero de una manera informal o de una manera que no tiene una personalidad. Esto es válido por los artículos que están contenidos en la Carta Magna y de los derechos de la Organización de Naciones Unidas. Pero ahora se está violentando su derecho a defenderse. Obligarte a hacer un registro de este tipo, a pagar quién sabe cuánto, es un franco deterioro de poder trabajar, sobre todo en temas de violencia de género y la capacitación y prevención», dijo. 

Castillo afirmó que, frente a una economía marcada por las elecciones presidenciales y una inflación mayor al 130 % para este año, según los estudios de la Asociación Venezolana de Gestión Humana, incluso los centros de investigación universitaria especializados en los estudios de la mujer se encuentran «prácticamente paralizados» en su producción de conocimiento y la atención y asesoramiento en regiones fuera de la capital. 

«El sector no tiene un apoyo constante. No es fácil. Venezuela no ha tenido el suficiente apoyo financiero para atacar la Emergencia Humanitaria Compleja, y eso incluye al impacto diferenciado y marcado en las mujeres. El incremento de la pobreza en el país es uno de los desastres más grandes a nivel mundial en cuestión de deterioro de la calidad de vida de una población. Pero aún así hay esperanza, siguen grupos que investigan y denuncian los derechos de la mujer en Venezuela», concluyó. 

DDHH Olvidados | La salud de Emirlendris Benítez está cada vez más deteriorada

Ella solo era una comerciante. Madre de dos hijos y con otro en camino, el 5 de agosto del 2018, Emirlendris Benítez fue detenida en una alcabala en la autopista José Antonio Páez. La acusaron de participar en el presunto intento de magnicidio contra el gobernante Nicolás Maduro que se registró el día anterior a su detención. 

A partir de ese momento, la vida de Emirlendris tomó un tono lúgubre, pues más nunca pudo estar en libertad. Cuando la detuvieron, estaba en un vehículo junto a dos personas que ella no conocía, pero que estaban supuestamente implicados en el caso de los drones. La policía buscaba a estos hombres y a una mujer identificada como “María”, con quien la confundieron.

Emirlendris Benítez  fue condenada a 30 años de prisión, la pena máxima que establece el Código Orgánico Procesal Penal (COPP). Está recluida en Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), ubicado en Los Teques, estado Miranda.

En el libro “Ahora van a conocer el diablo. 10 testimonios de presos torturados por el chavismo”, publicado por la editorial Dahbar, la cronista Kaoru Yonekura relata toda la historia de Emirlendris, desde su detención hasta las torturas que sufrió y que le causaron secuelas físicas que, casi seis años después, le siguen afectando gravemente su salud.

En el año 2020 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó una medida cautelar a favor de Emirlendris Benítez, la cual el Estado venezolano se ha negado a cumplir.

Una víctima de las torturas

Mientras estuvo detenida en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), Emirlendris recibió golpes de varios funcionarios y hasta fue asfixiada con bolsas plásticas. Como consecuencia de todos esos tratos crueles de los que fue víctima, tuvo un aborto espontáneo.

«Una y otra vez la llamaron ‘María’, pero por no serlo y por no responder como esperaban los funcionarios, la golpearon con las manos y con un palo. La patearon por ‘perra’ y ‘zorra’. Le martillaron el pulgar del pie derecho. La asfixiaron con una bolsa plástica, le sumergieron la cabeza en un tobo de agua”, reveló Kaoru Yonekura en su crónica.

 La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón ha denunciado en constantes ocasiones que las torturas físicas de las que fue víctima Emirlendris le generaron graves secuelas de salud.

En junio de 2023, la organización Amnistía Internacional urgió a Celsa Bautista, ministra de Servicios Penitenciarios, a permitir que Emirlendris tuviera atención médica, así como que se concrete su liberación inmediata. Esto último no ha ocurrido.

“La vida y la integridad de Emirlendris Benítez están en peligro debido a las graves violaciones de derechos humanos a las que ha sido sometida desde su detención en agosto de 2018, entre ellas detención arbitraria, tortura, violencia de género, discriminación, juicio injusto y condiciones de reclusión inhumanas”, señaló la ONG en la carta dirigida a Bautista.

La lucha por recibir atención médica

Desde el año 2022, Emirlendris perdió al menos 11 consultas médicas con un especialista. Actualmente, tiene una hernia en la columna. Un familiar que pidió no ser identificado asegura que todas las dolencias que tiene son por causa de las torturas físicas de las que fue víctima, pues antes de ser detenida, era una persona completamente sana. También sufre de hipertensión arterial.

Ella tiene muchos dolores corporales. Su pariente reveló que no puede dormir debido al extremo dolor. “Tiene dolores en el cuerpo, más que todo en la parte derecha. Se le duerme la mitad del cuerpo y siente hormigueo. Le ha dado fiebre, y muchos dolores de cabeza”, contó el familiar en entrevista con Runrun.es.

Tras muchos intentos, por fin pudo tener atención médica. El martes 27 de febrero la llevaron a una consulta en el Hospital Vargas con un neurocirujano y el equipo médico coincide en que la hernia que tiene en la columna no es la causante de sus malestares, sino una fibromialgia crónica.

“El doctor le mandó a hacer ejercicios con un fisioterapeuta. Le mandaron otro tratamiento aparte de lo que tiene con unas pastillas para que ella pueda dormir, porque no puede dormir por el dolor”, señaló su pariente.

Emirlendris tiene muchas dificultades para caminar. No puede hacerlo a menos que se sostenga de las literas o de la pared en donde está recluida. “No se pone recta, ella camina dobladita por el fuerte dolor que tiene. Ya los analgésicos no le quitan el dolor, lo que hacen es darle reacciones, pero no le quitan el dolor”, dijo el familiar.

“La veo igual o hasta peor, porque ahora no puede ni dormir. Tiene demasiadas ojeras”, contó el pariente, quien también añadió que Emirlendris tiene un brazo dislocado y para esto no han logrado que le hagan ningún estudio médico.

Una familia dañada emocionalmente

Benítez tiene dos hijos. Una que vive fuera del país y otro, un niño de 10 años, que reside en Barquisimeto, estado Lara. El niño no ve a su mamá desde hace dos años y tampoco sabe que ella está privada de su libertad.

“Está en Barquisimeto con su abuela paterna. No sabe que su mamá está detenida. Nosotros le decimos que la mamá está en una fábrica trabajando. No sabe tampoco que su mamá casi no puede caminar”, contó el pariente entrevistado por este medio.

El hijo de Emirlendris “ha estado sufriendo”, dice el pariente de la mujer, y actualmente está en terapia psicológica, “a pesar de la corta edad que tiene, por la falta de su mamá”.

Pero ella también necesita ayuda psicológica. En varias oportunidades le ha comentado a sus familiares que necesita terapia y que está “muy sentimental”, por toda la situación que vive y todos los problemas de salud.

Con todo y las dificultades, su familia no pierde las esperanzas de que pueda ser liberada. “Que las personas que la tienen allí sepan que ella es inocente de todos los cargos que se le imputan, que ella no ha cometido ningún delito y que por la cabeza nunca se le ha pasado atentar contra la vida de otra persona”, señaló su familiar.

Aumentan las detenciones de mujeres por razones políticas

El pasado 16 de febrero, el director de la ONG Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, señaló que, según los datos de la organización, actualmente en Venezuela hay 19 mujeres detenidas por razones políticas.

Romero puntualizó que durante el mandato del fallecido Hugo Chávez hubo menos detenciones políticas de mujeres, pero que desde el año 2014 han documentado un significativo aumento, que suma 429 presas políticas y 1.729 mujeres detenidas con fines políticos.

A finales del 2023, Martha Tineo, abogada y cofundadora de Justicia, Encuentro y Perdón, declaró a Runrun.es que los presos políticos, en su mayoría, son torturados y sometidos a tratos crueles o degradantes. «Y las mujeres no escapan de todo esto», lamentó.

“Jamás han tenido un trato diferencial por su condición de mujer. Al contrario, son igualmente víctimas de violaciones sexuales, malos tratos, tortura, golpizas e intentos de ahogamiento”, denunció Tineo en aquel momento.

Diferentes organizaciones como Justicia, Encuentro y Perdón han solicitado medidas por razones humanitarias para que las presas políticas puedan ser atendidas y ayudadas. Sin embargo, las autoridades han ignorado estas peticiones.

@Andrea_GP21

DDHH Olvidados | Geraldine Moreno: A diez años de una muerte que aún clama por justicia plena
La estudiante carabobeña fue asesinada en el marco de las protestas antigubernamentales de 2014 
Dos sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana fueron condenados a prisión, pero la madre de Moreno, Rosa Orozco, clama para que se investigue a la cadena de mando

 

La mañana del 19 de febrero de 2014 Geraldine Moreno Orozco, de 23 años de edad, agarró su bandera y en compañía de familiares y amigos asistió al cacerolazo convocado en el sector Tazajal de Naguanagua en el estado Carabobo contra el Gobierno de Nicolás Maduro. El país estaba inundado de manifestaciones contra el régimen chavista debido a la escasez de productos básicos, la inflación y la violencia delictiva. Apenas una semana atrás, habían matado a Bassil Da Costa y a “Juancho” Montoya en una manifestación convocada por líderes opositores que arribó a las inmediaciones de la Fiscalía en Caracas. 

El ambiente estaba tenso y peligroso, pero nada impedía la salida a la calle de miles de jóvenes que exigían mejores condiciones de vida y la restitución del hilo democrático.

El grupo donde estaba Geraldine fue dispersado por seis motocicletas de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que llegaron disparando perdigones y bombas lacrimógenas sin mediar palabras. Geraldine corrió hacia su casa y fue alcanzada en el rostro por una detonación del sargento Albin Bonilla Rojas, quien no conforme con verla en el piso, volvió a dispararle en la cara. 

La estudiante del quinto semestre de Citotecnología de la Universidad Arturo Michelena fue trasladada inmediatamente al Hospital Metropolitano del Norte, donde luego de tres días falleció a causa de un paro cardio-respiratorio provocado por hemorragias encefálicas y edema cerebral. 

Apenas tres días antes había muerto otra joven en Carabobo también por un disparo en la cabeza; la estudiante y modelo Génesis Carmona.

Dos años después de la muerte de Moreno, el Tribunal 1ero de Juicio de Carabobo condenó a Bonilla Rojas a 30 años de prisión por homicidio calificado con alevosía por motivos fútiles, quebrantamientos de pactos y convenios internacionales y uso indebido de arma orgánica. 

Asimismo, el sargento Francisco Caridad Barroso fue sentenciado a 16 años y 6 meses por complicidad.

Justicia a medias 

“A mi hija la mataron en la puerta de su casa con un pito y una bandera”, dijo Rosa Orozco, madre de Geraldine.

De acuerdo a Orozco, en el asesinato de su hija participaron 24 efectivos de la GNB, pero solo dos fueron condenados.

“Sin embargo, yo sigo yendo al Ministerio Público a llevar solicitudes para que se investigue al resto de los funcionarios y a la cadena de mando, obvio que eso no va a suceder porque la impunidad en la cadena de mando en Venezuela es de 100%”, sostuvo Orozco.

Orozco sentenció que hay suficientes indicios para que la Corte Penal Internacional (CPI) continúe con las investigaciones al Gobierno venezolano por presuntos crímenes de lesa humanidad.

El venidero 1 de marzo la Sala de Apelaciones de la CPI dictará sentencia sobre el recurso introducido por el régimen de Maduro contra la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de reanudar la investigación.

“Aquí hubo un patrón sistemático y generalizado contra la población civil proveniente de bajos y altos mandos, hay elementos suficientes para que estos asesinatos sean incluidos en la investigación”, sentenció Orozco.

Pese a que para algunos la posibilidad de ver enjuiciados en cortes internacionales a los miembros de la cadena de mando es lejana e incluso improbable, Orozco confía en la justicia fuera de las fronteras venezolanas.

“No creo que puedan evadir la CPI, tengo confianza en las instancias internacionales. Lo que tiene en las manos esa corte es irrefutable, aquí se juzga la culpabilidad de las personas no al Estado, la justicia debería prevalecer”, consideró. 

Más allá de Geraldine

Para Orozco una parte de su corazón se esfumó con la repentina y trágica partida física de su hija hace una década.  

“Dejé de ser una mamá normal para convertirme en una defensora de los derechos humanos, cuando ni siquiera sabía qué significaba eso”, expresó. 

Orozco aseguró que desde pequeña Geraldine la acompañaba a las marchas contra el Gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez y desde ese momento aprendió a luchar por Venezuela: «Geraldine siempre ha sido mi bastón. Le juré a mi hija en su tumba que le iba a dar justicia”.

Animada por ese ímpetu, Orozco fundó junto a la abogada Martha Tineo la organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón. 

“Yo soy la directora general y desde 2014 hasta la fecha hemos documentado 334 víctimas. Me he convertido en la vocera de muchas familias, incluso de aquellas que no quieren hablar por miedo”, indicó. 

Orozco pidió a los venezolanos y a la comunidad internacional no comprar la tesis de que las muertes de jóvenes en protestas se perdieron. 

“Nos han menospreciado por eso, juegan al cansancio, a desprestigiarnos, pero hay que ser firmes y si seguimos unidos vamos a lograr la justicia anhelada”, sentenció. 

Manifestó también que cada vez que puede pide perdón a la juventud venezolana: «Porque ellos no tienen la culpa de lo que está pasando, la culpa la tenemos nosotros y no podemos seguir permitiendo que sufran como en 2014 y 2017, tenemos que dejar este país en libertad y democracia para las futuras generaciones”.

Mientras sigue luchando por el restablecimiento de la democracia y la justicia en Venezuela, Orozco -junto a familiares y amigos- asistirá este jueves 22 de febrero a una misa en honor a su hija.

“Será en el parque Geraldine Moreno, aquí en la urbanización Tazajal donde todavía vivo, ese mismo día le vamos a rendir homenaje a Génesis (Carmona), que también era de aquí”, agregó. 

 

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DDHH Olvidados | Carlos Salazar, desaparecido por grabar a Alex Saab comprando en una tienda
El abogado Pedro Arévalo explicó en entrevista para Runrun.es que no tienen ningún tipo de información sobre el paradero de Carlos Salazar por lo que se introdujo ante la Fiscalía Quinta una denuncia por desaparición, en virtud de que ningún cuerpo policial ha responsabilizarse sobre el paradero de Salazar

@yeannalyfermin

 

La última vez que vieron a Carlos Salazar fue en Punta de Piedras en la calle Los Módulos, isla de Margarita, estado Nueva Esparta. Vestía franela naranja, bluyín azul y zapatos deportivos.

Salazar, de 60 años, jubilado de Pdvsa, desapareció el pasado 5 de febrero de 2023 a las 5:30 p.m. mientras se encontraba haciendo unas diligencias personales y desde entonces no se tiene información oficial sobre su ubicación. 

Andrea Castellanos Salazar, sobrina del señor Salazar, precisó que lo han buscado en la policía estadal, comandos militares, Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), Comando Nacional Antisecuestro y Extorsión (Conas), así como en la Fiscalía 12 del Ministerio Público de la entidad, y no han logrado dar con su paradero.

Al leer estos primeros párrafos, pareciera que la desaparición de Carlos Salazar es común y muy similar a otras que han ocurrido en el pasado; sin embargo, no lo es. Un testigo allegado a la familia Salazar contó que al jubilado se lo llevaron varios hombres vestidos de negro a bordo de una camioneta blanca doble cabina sin placas y otros dos carros negros pequeños, también sin placas. 

El boleto a la desaparición fue un video 

La grabación de un video que se hizo viral en redes sociales fue el boleto directo a la desaparición de Carlos Salazar. El audiovisual, que según contó Castellanos fue grabado a finales de enero, mostraba al empresario colombiano Alex Saab junto a un joven que se presume es su hijo de compras en una tienda en la Isla de Margarita. 

“Ta’ ahí con el carajito, hablando por teléfono. ¡Qué arrecho! Como se da bomba aquí en Margarita, el ‘malandro’, ese qué arrecho ese m&@$#/o. Mira el ‘malandro’ de Álex Saab que está entrando ahí con el carajito, hablando por teléfono. Qué arrecho”, se escucha en el video, mientras Saab ingresaba la entrada de una tienda deportiva.

Andrea Castellanos detalló que cinco días antes de que desapareciera su tío ya lo andaban investigando para dar con su paradero.Él le contó a un amigo abogado que sentía que lo estaban persiguiendo, también le dijo que varias personas le habían comentado que estaban preguntando por él, por su mamá y por su hermano mayor. Ese lunes salió y no regresó más”, dijo. 

Castellanos relató que a Salazar se lo llevaron y le habrían mencionado que era por motivo de investigación, sin decirle la razón exacta. “Se lo llevaron junto a un testigo que es exmilitar retirado. Al exmilitar lo sueltan y no le devuelven su teléfono. El carro de mi tío también está desaparecido, un Mazda 6 plateado”. 

“No sabemos dónde está mi tío, no sabemos dónde está su carro, no sabemos nada. En los organismos policiales solo nos dan información negativa. Grabar un video fue todo el delito que cometió”, aseveró Castellanos. 

El abogado y miembro del Foro Penal, Pedro Arévalo explicó en entrevista para Runrun.es que no tienen ningún tipo de información sobre el paradero de Carlos Salazar, por lo que se introdujo ante la Fiscalía 5ta una denuncia por desaparición, en virtud de que ningún cuerpo policial ha querido informar o responsabilizarse sobre dónde lo tienen detenido.

“Lamentablemente, no podemos introducir un Hábeas Corpus porque para utilizar ese recurso teníamos que obligatoriamente decir quién es el agraviante y aquí como no se sabe quién es el agraviante -si la GNB, Dgcim, Sebin,  ninguno de esos organismos- pues se incrementa más la incertidumbre de la desaparición de Carlos”, explicó Arévalo. 

El abogado aseguró que grabar un video, y específicamente el video que grabó Carlos Salazar, no constituye un delito: “Carlos Salazar grabó un video en un pasillo de un centro comercial, un lugar público, no es dentro de la vivienda de Alex Saab, ni de la tienda donde estaba… que en ese momento estaba entrando Saab tampoco es un delito porque es una figura pública, ¿que si utilizó expresiones grotescas?, sí, pero no hay ningún tipo de circunstancias de delito”, dijo.

Pedro Arévalo insistió en que no hay y no existe una restricción para grabar un video y menos si se trata de una persona que es reconocida ampliamente en Venezuela. 

Familia desesperada 

Hasta el momento de la redacción de esta nota, Carlos Salazar llevaba 11 días desaparecido y su familia estaba desesperada por saber en dónde y cómo está. 

Andrea Castellanos afirmó que todos viven una incertidumbre muy grande y exigen una fe de vida. 

“Quiero respuestas, quiero saber cómo está él, su salud, si va a ser procesado o presentado en algún tribunal, quiero saber si, dentro de lo que cabe, está bien”, pidió la joven. 

Castellanos detalló que su tío es una persona muy tranquila y amable. No tiene esposa ni hijos y desde su jubilación se ha dedicado a cuidar de su madre, quien tiene 90 años y no está al tanto de la situación de Carlos por temor a que su salud se vea afectada. 

DDHH Olvidados | La GNB se convirtió en cárcel para los hermanos Zambrano Arias
Entre la extorsión, la tortura y la privación de un juicio, los hermanos Zambrano Arias cumplirán dos años como presos políticos en abril del 2024

Con información de Justicia, Encuentro y Perdón

Si le preguntas a la familia Zambrano Arias cuándo perdió su libertad, no te dirán que fue el 26 de abril del 2022, cuando detuvieron arbitrariamente a Juan Nahir Zambrano Arias, ni el 28 de mayo del mismo año, cuando también detuvieron arbitrariamente a Daniel Josué Zambrano Arias, sino el 20 de marzo del 2020, cuando Juan ingresó a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). 

El joven de 20 años quería seguir los pasos de su hermano Daniel, quería ser un militar. Lo logró en plena cuarentena del covid-19 en Venezuela. 

Juan vivía con sus padres en Palmira, una ciudad del estado Táchira, cerca de la frontera con Colombia.

Su mamá, Luz Marina, no compartía las aspiraciones de Juan:  él tiene un diagnóstico de autismo y fue admitido en la GNB sin una evaluación psicológica

Pero el disgusto de Luz Marina se convirtió en angustia cuando los funcionarios de la GNB no le permitían visitar a su hijo en el cuartel. 

Ella expuso una denuncia al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), otro cuerpo de funcionarios del Estado venezolano, pero le negaban la solicitud porque «él ya es mayor de edad», pese a que es una persona neurodivergente —con un diagnóstico de autismo— sin monitoreo dentro de la milicia. 

Las semanas pasaban y Juan les confesaba a sus padres que pasaba hambre. En el GNB no lo alimentaban. No alimentaban a nadie. Por nueve meses estuvo aislado y su padre era el único que le daba comida constantemente. 

En diciembre del 2020 Juan Nahir pudo salir del cuartel, pero ya presentaba un cuadro de desnutrición y se contagió de covid-19 mientras estaba recluido. El récipe médico no impidió que tres funcionarios de la GNB se llevaran a Juan en enero del 2021 para que «cumpliera sus funciones en Caracas». 

Luz Marina protestó, pero los funcionarios le amenazaron: si Juan no iba lo metían preso por ser «desertor» de la milicia. 

Y Juan, con 21 años, viajó hasta Caracas, a 657 kilómetros de su casa.

Ida y vuelta a la fuerza

En la capital los funcionarios de la GNB discriminaban a Juan Nahir debido a su neurodivergencia. Desde la zona conocida como El Volcán, en el municipio El Hatillo, Juan pasó tres meses encerrado como «castigo» por tener un permiso médico y pasó otros cinco meses bajo las burlas de otros cabos de la Guardia. 

Tuvo que regresar a Táchira bajo su propia cuenta en septiembre del 2021. Tres meses después, el Ministerio de Defensa lo expulsó de la milicia. 

La familia Zambrano Arias trató de que Juan estudiara en la universidad una carrera, pero él se contactó con miembros de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana y le decían que podía volver a la milicia. 

Daniel, su hermano mayor, que se había retirado del mundo castrense en marzo del 2022, le advirtió que solo el ministerio podía reintegrarlo. Pero la extorsión fue más fuerte que la razón. 

Juan Nahir volvió a viajar junto a los funcionarios de la GNB a Caracas el 26 de abril del 2022. Pero está vez no ha podido regresar a su casa: la GNB lo metió en la cárcel de Yare II, en el estado Miranda, bajo la presunción de estar involucrado en una supuesta conspiración contra el gobierno de Nicolás Maduro. 

Impunidad en aumento

Daniel, al enterarse de que su hermano estaba detenido arbitrariamente, intentó contactarse con el comando castrense. Trató de averiguar su paradero desde su antigua posición como sargento mayor de tercera (SM3) de la GNB, pero no logró obtener información. 

Sus padres intentaron comunicarse por teléfono, pero la GNB había bloqueado el número de Juan y no podían comunicarse con él. 

El 28 de mayo de 2022 funcionarios del CICPC invadieron la casa de Luz Marina. Apuntaron a la familia con armas de fuego y los amenazaron. Buscaban a Daniel para detenerlo, pero no traían una orden judicial. 

«¡¿Por qué!? ¿Por qué se lo quieren llevar?», repetía Luz María mientras abrazaba al único hijo que estaba en libertad. 

En vez de darle una respuesta directamente, uno de los policías «aconsejó» a Daniel.

«Hermano, usted sabe cómo es la vaina. Dígale a su mamá que lo suelte. Y si no, pues los eliminamos aquí mismo. Nadie va a ver nada, ni se va a saber nada. Si usted no se entrega, los sacaríamos a los dos, porque esa es la orden, entonces».

Daniel se entregó, el CICPC le puso una capucha y se lo llevó a Caracas. 

Luz Marina y su esposo intentaron denunciar ante el CICPC, pero siempre le negaron que Daniel o Juan estuvieran bajo su custodia. 

Torturas e incertidumbre

Los padres no supieron del paradero de sus hijos hasta el 15 de junio. Cuando pudieron reunirse, Juan relató parte de los malos tratos que sufrió. 

Lo encerraron en un sótano sin agua, comida ni luz. Lo asfixiaron con baldes de agua. Le introdujeron objetos que él no pudo identificar por el ano. Lo obligaron a grabar un video donde él decía que era culpable de una trama de conspiración contra los militares. Lo amenazaban con matar a su familia si no grababa el video. Le rompieron su pierna derecha a punta de golpes… 

Luz Marina escuchaba el relato de una tortura. 

De acuerdo con un abogado de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, que prefirió guardar su identidad por temor a represalias del gobierno madurista, a la familia Zambrano Arias no le permiten tener un abogado propio. No existe un expediente judicial que puedan consultar. 

Los hermanos están bajo la custodia del Tribunal Segundo de Control con competencia en terrorismo. Durante los 14 meses que los hermanos han estado recluidos en Yare II, el tribunal ha diferido su primera audiencia al menos 5 veces. 

Los padres se convirtieron en víctimas indirectas y ahora denuncian la libertad de sus hijos en protestas en Caracas y desde las redes sociales. Denuncian que Juan no tiene atención psicológica. 

Daniel es el único que puede cuidar a Juan Nahir en Yare II, porque ningún personal carcelario lo hace. No hay un informe médico que pueda precisar qué tan grave están los hermanos. 

Entre el 29 y el 30 de enero del 2024 la abogada y defensora de derechos humanos Tamara Sujú denunció en redes sociales que cuatro presos políticos, entre ellos los hermanos Zambrano Arias, recibieron golpes de parte de los reos bajo el comando de los funcionarios de seguridad

Luz Marina y su esposo se enteraron horas después, porque en Táchira el servicio de electricidad e internet se corta a cada rato, y en Venezuela los fiscales y las denuncias aparecen en la red social X. 

La familia Zambrano Arias se siente amenazada desde ese día: varios funcionarios de las fuerzas armadas venezolanas les «advierten» que Juan y Daniel pueden sufrir más si ellos mantienen la denuncia. 

Bajo la protección de la prensa y los activistas de los derechos humanos, ellos esperan que la justicia venezolana o la justicia internacional pueda apelar por ellos y por más de 260 presos políticos que el gobierno mantiene en cautiverio desde el 2001, según la ONG Foro Penal.