La Fundación de Derechos Humanos de Anzoátegui avala el plan 

La Fundación de Derechos Humanos de Anzoátegui (FDDHHANZ) calificó como positivo el plan orientado al descongestionamiento de los centros de detención, llamado revolución judicial. 

El director de la ONG, Alcides Magallanes, sostuvo que es vital la revisión de los expedientes de los privados de libertad, en pro de aliviar el gran retardo procesal que se registra en el país y que se agudizó tras el inicio de la cuarentena por covid-19. 

Magallanes manifestó que espera que en la extensión de este plan, ejecutado por los tribunales de control, juicio y ejecución, sea atendido un mayor número de casos. Enfatizó la necesidad de dar fin al hacinamiento y de que se realicen inspecciones continuas en los centros e instituciones policiales. 

Magallanes precisó que hasta el momento tienen conocimiento de que en la zona norte y sur de Anzoátegui se han ejecutado liberaciones y pases a juicio, al igual que en Nueva Esparta, y de que han sido atendidos privados de libertad en Monagas. Sin embargo, comentó que es preciso atender más casos en el estado Sucre durante la extensión de este proceso. 

Por otra parte comentó que pese a que esto contribuye a un cambio estructural y representa un avance en el sistema de justicia, no es suficiente, por lo que hizo un llamado al gobierno nacional a respetar y hacer valer el artículo 44 de la Constitución que dicta que ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial. Asimismo los artículos 49, 51 y el 26 que precisa que «Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos». 

Finalizó manifestando que la revolución judicial debe continuar para agilizar el descongestionamiento, garantizar el debido proceso y la asistencia de los privados en los tribunales de control, juicio y ejecución, y aclaró que quienes reciben este tipo de beneficios procesales o medidas alternativas, son ciudadanos y ciudadanas con delitos considerados menos graves.