La iniciativa busca que militares asuman la labor de refaccionar escuelas, hospitales, carreteras y otras infraestructuras

«Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla». El Gobierno de Nicolás Maduro parece querer confirmar esta frase atribuida al general francés Napoleón Bonaparte (1796-1821). Al menos eso es lo que se concluye de su última iniciativa para intentar ponerle freno al dramático deterioro que ha sufrido la infraestructura educativa y sanitaria del país en los últimos años: recurrir a los militares para que reparen escuelas y hospitales.

Por su parte, el 12 de julio, al hacer un balance del proyecto, admitió que este «se parece mucho al histórico Plan Bolívar 2000 que nuestro amado comandante Hugo Chávez activó el 27 de febrero de 1999 (…) con el mismo concepto social y de unión».

Sin embargo, Maduro obvió que dicho plan fue uno de los primeros grandes casos de corrupción que salpicó a la administración de su predecesor. La iniciativa, que buscaba que los militares asumieran la labor de refaccionar escuelas, hospitales, carreteras y otras infraestructuras, así como brindar atención médica y vender alimentos a precios regulados a los sectores más necesitados de la población, contó con un presupuesto de más de 100 millones de dólares. No obstante, la ausencia de controles y de planificación facilitó distintos tipos de irregularidades administrativas y su alcance aún hoy se desconoce, como denunció Transparencia Venezuela en un informe.

En 2018, y tras más de una década siendo investigado, el general (r) Víctor Cruz Weffer, quien fue el primer responsable del plan, fue detenido, informó el Ministerio Público. El nombre del oficial apareció en los llamados «Panama Papers» como el titular de empresas en las islas Seychelles y de unos fondos difíciles de justificar por su condición.

Por la misma senda, veintidós años después

Tras asegurar que la meta es «poner todas las escuelas, liceos, colegios y universidades pepitos, arregladitos, en las mejores circunstancias funcionales y de funcionamiento material», Maduro hizo unas declaraciones que hacen temer que las lecciones dejadas por la experiencia del Plan Bolívar 2000 no hayan sido aprendidas.

En su explicación, Maduro dejó en claro que los elementos básicos para poner en marcha cualquier proyecto exitoso están ausentes en este caso.

En el mismo evento, el propio ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, admitió que en este proyecto no se seguirán los patrones tradicionales de planificación y logística, lo cual hace temer aún más que los fondos públicos puedan terminar alimentando tramas de corrupción y que los objetivos no se cumplan, para perjuicio de los estudiantes y de los usuarios del sistema de salud público.

¿Más control social?

Durante el acto, las ministras de Educación y de Salud, Yelitze Santaella y Magaly Gutiérrez Viña, respectivamente, aseguraron que se habían conformado 23.832 Bricomiles para refaccionar centros educativos y otras 11.005 para atender los consultorios y centros de salud. Estos números que representarían 90% de los planteles y 82% de las instalaciones sanitarias, de acuerdo con las autoridades.

Si el Plan Bolívar 2000 terminó convertido en un foco de corrupción, esta nueva iniciativa puede correr con la misma suerte. ¿La razón? No solo participarán los militares, sino también miembros de los consejos comunales, las llamadas Unidades Bolívar-Chávez (UBCH) del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y del movimiento Somos Venezuela, es decir, instancias cercanas o controladas por el Ejecutivo, quien no rinde cuentas sobre lo que hace ni lo que gasta. Recordemos que desde 2017 en Venezuela no se conoce el presupuesto público.

Esta nueva iniciativa no solo aumenta la participación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en la vida nacional, sino que podría abrir las puertas al empleo de la población civil en tareas de inteligencia y defensa, un objetivo que las autoridades vienen persiguiendo desde hace tiempo; muestra de ello son iniciativas como el llamado Sistema de Popular de Protección de la Paz (SP3). 

Además, el hecho de que las Bricomiles se vinculen con el esquema 1 x 10, fórmula que el oficialismo utiliza para movilizar a sus militantes para concurrir a los centros electorales durante los procesos comiciales, hace sospechar que se está configurando como otra forma de control social y de limitación y control del poder para ideologizar más radicalmente al ciudadano en este tipo de espacios.

El anuncio de la ministra de Ciencias, Gabriela Jiménez, de que 1.300 colegios privados han pedido al Gobierno sumarse a esta iniciativa, es otro motivo de preocupación, porque revela que el proyecto no se circunscribe a los planteles públicos.