De acuerdo con el informe anual del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), el estado Miranda se ubicó como la segunda entidad territorial más violentas del país en el año 2021, con una tasa de 64,1 víctimas por cada 100.000 habitantes

Lorenzo estuvo preso dos años en los calabozos de la subdelegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Ocumare del Tuy, estado Miranda. A finales del año 2019 fue detenido por participar en un robo a mano armada dentro de una camioneta de pasajeros. Era diciembre y Lorenzo necesitaba comprar el estreno de sus dos hijos menores de edad y cubrir los gastos propios de la Navidad.

“Uno intenta educarlos bien, pero en la calle se echan a perder. Él solo estudió hasta cuarto año de bachillerato, pero después se puso rebelde y no quiso ir más al liceo. Prefirió agarrar el mal camino, antes de hacerme caso y mire las consecuencias”, dijo Clara Rodríguez, madre de Lorenzo, a Una Ventana a la Libertad (UVL).

Rodríguez estaba a las afueras de la sede del Cicpc el 6 de noviembre. Hacía la cola para entregarle a un oficial la comida de su hijo, Lorenzo. El lugar ya le era familiar. Era la segunda vez que su hijo, de 29 años, terminaba detrás de los calabozos.

“Él salió en libertad en el año 2021 y lo agarraron de nuevo robando cuando comenzaba el 2022. Su mujer lo dejó; se fue con los dos niños a Perú, pero yo no puedo abandonar a mi muchacho”, comenta Rodríguez mientras respira profundo para no llorar.

Aunque no hay cifras oficiales sobre el porcentaje de ciudadanos que reinciden una vez que abandonan la cárcel, un funcionario adscrito a un cuerpo de seguridad local, que pidió mantener su nombre en reserva, señaló que es común ver rostros conocidos en los calabozos policiales.

“Muchos de ellos regresan a casa, pasan dos semanas tranquilos, celebrando con sus familiares, y después vuelven a sus andanzas. Pareciera que no aprenden la lección”, comentó.

La socióloga Mirna Infante coincide con este funcionario en cuanto a que es común que los expresidiarios vuelvan a cometer delitos. “Son pocos los que se regeneran cuando están presos y menos aquellos que permanecen en los calabozos policiales, hacinados, en espacios reducidos, sin servicio y sin practicar ninguna otra actividad que les permita formarse”, manifestó.

Infante destaca que muchas de las personas que están inmersas en el mundo delictivo, lo ven como un medio de trabajo, porque ya se acostumbraron a esa vida.

“Entonces, al salir en libertad, se encuentran con un país en crisis, donde no hay empleo, los servicios están súper costosos, al igual que la comida, la familia está desintegrada y no existen planes que les permitan reinsertarse a la sociedad. En medio de este contexto, es más fácil volver a delinquir”, señaló.

Miranda: una de las más violentas

El estado Miranda se ha convertido en una de las zonas más peligrosas de Venezuela. De acuerdo con el informe anual del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), se ubicó como la segunda entidad territorial más violenta del país en el año 2021, con una tasa de 64,1 víctimas por cada 100.000 habitantes, después de Distrito Capital, que encabeza la lista, con una tasa de 77,9.

En la ocurrencia de los homicidios, Distrito Capital, Miranda y Aragua se mantuvieron en los primeros tres lugares, tal y como ha sido en los últimos cinco años. Un año antes, en 2020, este mismo informe determinó que hubo 25 municipios de Venezuela y dos parroquias del Distrito Capital con una tasa de muertes violentas superior a las 100 víctimas por cada 100.000 habitantes.

5 de esos 25 municipios forman parte del estado Miranda, entre ellos, Acevedo y Andrés Bello en Barlovento, así como Paz Castillo y Tomás Lander en los Valles del Tuy. “Todos controlados por bandas delincuenciales que actúan en las áreas periurbanas”, según revela el informe.

Ausencia de política sociales y económicas

El Estado venezolano está consciente de que la violencia y las acciones delictivas ganan cada día más terreno en los Valles del Tuy. Por ello, desde el jueves 8 de septiembre hasta el domingo 11 de septiembre, se desarrolló la operación Trueno en esta subregión, con la participación de 900 funcionarios, encabezados la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Caracas para evitar la fuga de información.

La incursión dejó un saldo de 23 hombres muertos y dos funcionarios policiales detenidos por su presunta vinculación con líderes hamponiles.

En un trabajo publicado por el diario El Universal, una semana después de este operativo, el criminólogo y profesor universitario Luis Izquiel habló sobre este procedimiento y opinó que el problema de la inseguridad no se elimina desplegando a mil o a diez mil policías, sino diseñando políticas sociales y económicas.

“Más que poner autobuses para que la gente viaje a Caracas, en esas áreas deben ofrecerse fuentes de estudio, trabajo, entretenimiento, deporte, debe haber una recuperación de los espacios, formación ciudadana, atención a quienes están en riesgo. Los operativos son necesarios, pero sin políticas a corto, mediano y largo plazo, no están haciendo nada”, concluye Izquiel.

La socióloga Infante considera que el Estado venezolano ha sido tímido para enfrentar el problema de inseguridad. A su juicio no se trata solo de hacer operativos y encarcelar a quienes incumplan las leyes, sino que se requieren políticas preventivas que permitan evitar los delitos.

“Hay que entender la criminalidad, saber qué está pasando en ese mundo para determinar cómo actuar, siempre con el objetivo de diseñar planes efectivos antes de que los ciudadanos actúen al margen de la ley”, indicó Infante.

La socióloga también opina que, al aplicar buenas políticas preventivas, menos personas terminarán en una cárcel o calabozo policial y se controlará el hacinamiento. “Igualmente se minimiza el retardo procesal, porque los jueces y fiscales tendrían menos casos que atender”, destacó la profesional.