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Añaden pruebas a juicio contra cinco efectivos de Policarabobo

Policarabobo
Redacción Runrun.es
20/11/2023
El proceso continuará este viernes 24 de noviembre 

 

La mañana del pasado viernes, 17 de noviembre, fueron consignadas dos pruebas documentales de protocolos de autopsia de las 69 personas que murieron en un incendio el 28 de marzo de 2018 en los calabozos de la Comandancia General de Policarabobo en Valencia.

El aporte fue hecho por los abogados del “Comité de Víctimas Indirectas de la Tragedia Navas Spinola”, donde perecieron 66 privados de libertad y tres mujeres que se encontraban de visita.

Lyli López, responsable del Comité de Víctimas, sentenció que se fijó como nueva fecha para la continuación del juicio el viernes 24 de noviembre a las 10:30 de la mañana en el Tribunal de Juicio 5 a cargo del doctor Rafael Sánchez Moreno.

La abogada indicó que por la masacre, que sucedió en la calle Navas Spinola de la zona norte del municipio metropolitano de Valencia, están siendo acusados los funcionarios policiales José Luis Rodríguez Ramírez, José Antonio Carrera Loaiza, Aníbal Antonio Padrón Pacheco, José Rafael Colina Palencia y Sergio Enrique Rodríguez Rodríguez.

A Rodríguez se le imputó homicidio calificado a título de dolo eventual en grado de coautor con los agravantes de omisión al socorro y el delito de introducción de arma de fuego y municiones en retenes policiales, así como corrupción propia.

Carrera Loaiza está acusado de homicidio calificado a título de dolo eventual en grado de coautor; omisión al socorro y el delito de introducción de arma de fuego y municiones en retenes policiales.

Mientras que Colina, Rodríguez y Padrón están señalados de corrupción propia, previsto y sancionado en el artículo 64 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupción.

La masacre de Policarabobo está considerada la segunda más grave en prisiones venezolanas detrás del incendio en la cárcel de Sabaneta en Maracaibo, estado Zulia, donde fallecieron 127 personas.

Organismos nacionales e internacionales de derechos humanos responsabilizaron también a la entonces ministra de Asuntos Penitenciarios Iris Valera y exigieron una investigación. 

 

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