Independencia judicial, libertad de expresión y derecho a participación están conculcados en Venezuela 

Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hizo públicas observaciones a quinto informe periódico de la República Bolivariana de Venezuela

 

El Comité de Derechos Humanos (CCPR) de las Naciones Unidas alertó en las observaciones finales sobre el quinto informe periódico de la República Bolivariana de Venezuela que en el país está amenazada la independencia del Poder Judicial, la libertad de expresión y el derecho a la participación de la sociedad civil en asuntos públicos.  

“Las recomendaciones y conclusiones del Comité son claves para orientar a Venezuela a un Estado de derecho robusto donde prive el respeto y garantías de los derechos humanos. Vemos viable que el Comité haya pedido al Estado venezolano la aplicación de las recomendaciones formuladas”, dijo el coordinador de Litigio Internacional de Defiende Venezuela, Ezequiel Monsalve.

Monsalve destacó que algunos aspectos relacionados a las observaciones tienen que ver con el derecho a la vida, desapariciones forzadas, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes

También se refiere a los derechos de los pueblos indígenas y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, los cuales el Estado venezolano debería de cumplir en concordancia con lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Desapariciones forzadas

La ONG Defiende Venezuela recalcó que en el país existen denuncias de casos de desapariciones forzadas en las cuales se incluyen acciones de ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias.

Distintos informes elaborados por algunas ONG venezolanas hacen mención a sitios de reclusión no oficiales o casas clandestinas donde se cometen supuestas violaciones a derechos humanos.

“El persistente uso de la tortura y malos tratos en lugares de investigación y detención por parte de las autoridades estatales así como de actores no estatales controlados o apoyados por el Estado como forma de represalia o castigo utilizado para silenciar, desalentar y sofocar la oposición al Gobierno y, en algunos casos, para obtener confesiones fabricadas o declaraciones falsas”, se desprende de las observaciones.

El Comité suscribió que el Estado debe “garantizar que todas las personas privadas de libertad sean recluidas únicamente en establecimientos oficiales y gocen de todas las garantías jurídicas y a su vez se tiene que velar por que se investiguen sin demora y de manera imparcial y exhaustiva todas las acusaciones y denuncias de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y sumarias, y todas las formas de uso ilícito de la fuerza, asegurando que los autores directos y mediatos sean enjuiciados”.

Instó a que el Estado investigue “todos los casos de tortura de forma rápida, independiente y exhaustiva y que se proteja a los denunciantes frente a represalias”.

El informe del CCPR también hace mención a la detención arbitraria de dirigentes sindicales a quienes se les violan sus garantías fundamentales y se les acusa “sin pruebas de asociación criminal e incitación al odio”.

El organismo hizo mención a la intervención por vía judicial de sindicatos, federaciones, colegios profesionales e incluso en partidos políticos, mediante imposición de juntas directivas.

Censura denuncia Naciones Unidas

El Comité menciona además acciones vinculadas “al acoso, la intimidación, la vigilancia, la persecución, las detenciones arbitrarias y el encarcelamiento de periodistas, defensores de derechos humanos y activistas políticos considerados como críticos del Gobierno”.

El organismo recomienda “prevenir y combatir eficazmente los actos de acoso, intimidación y violencia contra periodistas, trabajadores de los medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, sindicalistas, activistas indígenas y políticos para que sean libres de realizar su trabajo sin miedo a sufrir actos de violencia o represalias”.

Indígenas en riesgo

El Comité de las Naciones Unidas resaltó  la realización de actividades criminales en territorios indígenas por parte de grupos irregulares armados, quienes usan la violencia para someter a estos ciudadanos y provocar un desplazamiento interno.

El aumento de la presencia de la Fuerza Armada Nacional en territorio indígena y las operaciones en contra de la minería ilegal, han provocado un aumento de la violencia.

“La minería en Venezuela ha desencadenado muchos problemas, entre los más preocupantes se encuentra la violencia de género y violencia sexual hacia los indígenas, especialmente mujeres, niñas y adolescentes; quienes diariamente son maltratadas, explotadas y comercializadas por gramos de oro, exponiéndose a la agresión física, psicológica y de posibilidad inminente de adquirir enfermedades de transmisión sexual”, dijo Paolimar Odreman, abogada y experta Internacional en violencia sexual de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA-España).

“De acuerdo a diferentes informes y organizaciones que documentan la situación se ha podido evidenciar un aumento significativo de casos de masacres y ejecuciones extrajudiciales. Entre los años 2018 y 2022, se conocieron y denunciaron públicamente al menos ocho masacres contra poblaciones originarias al sur del Orinoco, y entre los años 2013 y 2021, 32 defensores o líderes indígenas fueron asesinados, siendo la mayoría pobladores de la Amazonia venezolana”, agregó Odreman.

Alto a discriminación LGBTQIA+ demanda Naciones Unidas

Asimismo, el Comité considera preocupante las denuncias de violencia, incitación al odio y discriminación contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales.

El Comité resalta “la falta de una ley que garantice el derecho de las personas transexuales a su identidad de género auto percibida, así como la falta de reconocimiento jurídico y de protección de las parejas del mismo sexo y de las familias homoparentales”.

“El Estado no se ocupa de promover políticas públicas y capacitar a sus agentes para una implementación respetuosa y seria de la misma, lo que genera espacios de discriminación de revictimización”, sostuvo Alfredo Félix, abogado, coordinador de mentorías de Defiende Venezuela y activista de la comunidad LGBTQI+.

 

Con información de Defiende Venezuela

 

LEA   Denuncian que el Sebin detuvo a medianoche y sin orden judicial a activista de Encuentro Ciudadano

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Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hizo públicas observaciones a quinto informe periódico de la República Bolivariana de Venezuela

 

El Comité de Derechos Humanos (CCPR) de las Naciones Unidas alertó en las observaciones finales sobre el quinto informe periódico de la República Bolivariana de Venezuela que en el país está amenazada la independencia del Poder Judicial, la libertad de expresión y el derecho a la participación de la sociedad civil en asuntos públicos.  

“Las recomendaciones y conclusiones del Comité son claves para orientar a Venezuela a un Estado de derecho robusto donde prive el respeto y garantías de los derechos humanos. Vemos viable que el Comité haya pedido al Estado venezolano la aplicación de las recomendaciones formuladas”, dijo el coordinador de Litigio Internacional de Defiende Venezuela, Ezequiel Monsalve.

Monsalve destacó que algunos aspectos relacionados a las observaciones tienen que ver con el derecho a la vida, desapariciones forzadas, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes

También se refiere a los derechos de los pueblos indígenas y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, los cuales el Estado venezolano debería de cumplir en concordancia con lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Desapariciones forzadas

La ONG Defiende Venezuela recalcó que en el país existen denuncias de casos de desapariciones forzadas en las cuales se incluyen acciones de ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias.

Distintos informes elaborados por algunas ONG venezolanas hacen mención a sitios de reclusión no oficiales o casas clandestinas donde se cometen supuestas violaciones a derechos humanos.

“El persistente uso de la tortura y malos tratos en lugares de investigación y detención por parte de las autoridades estatales así como de actores no estatales controlados o apoyados por el Estado como forma de represalia o castigo utilizado para silenciar, desalentar y sofocar la oposición al Gobierno y, en algunos casos, para obtener confesiones fabricadas o declaraciones falsas”, se desprende de las observaciones.

El Comité suscribió que el Estado debe “garantizar que todas las personas privadas de libertad sean recluidas únicamente en establecimientos oficiales y gocen de todas las garantías jurídicas y a su vez se tiene que velar por que se investiguen sin demora y de manera imparcial y exhaustiva todas las acusaciones y denuncias de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y sumarias, y todas las formas de uso ilícito de la fuerza, asegurando que los autores directos y mediatos sean enjuiciados”.

Instó a que el Estado investigue “todos los casos de tortura de forma rápida, independiente y exhaustiva y que se proteja a los denunciantes frente a represalias”.

El informe del CCPR también hace mención a la detención arbitraria de dirigentes sindicales a quienes se les violan sus garantías fundamentales y se les acusa “sin pruebas de asociación criminal e incitación al odio”.

El organismo hizo mención a la intervención por vía judicial de sindicatos, federaciones, colegios profesionales e incluso en partidos políticos, mediante imposición de juntas directivas.

Censura denuncia Naciones Unidas

El Comité menciona además acciones vinculadas “al acoso, la intimidación, la vigilancia, la persecución, las detenciones arbitrarias y el encarcelamiento de periodistas, defensores de derechos humanos y activistas políticos considerados como críticos del Gobierno”.

El organismo recomienda “prevenir y combatir eficazmente los actos de acoso, intimidación y violencia contra periodistas, trabajadores de los medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, sindicalistas, activistas indígenas y políticos para que sean libres de realizar su trabajo sin miedo a sufrir actos de violencia o represalias”.

Indígenas en riesgo

El Comité de las Naciones Unidas resaltó  la realización de actividades criminales en territorios indígenas por parte de grupos irregulares armados, quienes usan la violencia para someter a estos ciudadanos y provocar un desplazamiento interno.

El aumento de la presencia de la Fuerza Armada Nacional en territorio indígena y las operaciones en contra de la minería ilegal, han provocado un aumento de la violencia.

“La minería en Venezuela ha desencadenado muchos problemas, entre los más preocupantes se encuentra la violencia de género y violencia sexual hacia los indígenas, especialmente mujeres, niñas y adolescentes; quienes diariamente son maltratadas, explotadas y comercializadas por gramos de oro, exponiéndose a la agresión física, psicológica y de posibilidad inminente de adquirir enfermedades de transmisión sexual”, dijo Paolimar Odreman, abogada y experta Internacional en violencia sexual de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA-España).

“De acuerdo a diferentes informes y organizaciones que documentan la situación se ha podido evidenciar un aumento significativo de casos de masacres y ejecuciones extrajudiciales. Entre los años 2018 y 2022, se conocieron y denunciaron públicamente al menos ocho masacres contra poblaciones originarias al sur del Orinoco, y entre los años 2013 y 2021, 32 defensores o líderes indígenas fueron asesinados, siendo la mayoría pobladores de la Amazonia venezolana”, agregó Odreman.

Alto a discriminación LGBTQIA+ demanda Naciones Unidas

Asimismo, el Comité considera preocupante las denuncias de violencia, incitación al odio y discriminación contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales.

El Comité resalta “la falta de una ley que garantice el derecho de las personas transexuales a su identidad de género auto percibida, así como la falta de reconocimiento jurídico y de protección de las parejas del mismo sexo y de las familias homoparentales”.

“El Estado no se ocupa de promover políticas públicas y capacitar a sus agentes para una implementación respetuosa y seria de la misma, lo que genera espacios de discriminación de revictimización”, sostuvo Alfredo Félix, abogado, coordinador de mentorías de Defiende Venezuela y activista de la comunidad LGBTQI+.

 

Con información de Defiende Venezuela

 

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