De acuerdo con la ONG Surgentes, a los familiares de presos políticos que fueron agredidos el pasado martes 5 de agosto en el marco de una vigilia en las adyacencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no les han dejado presentar una denuncia formal.
“Ni siquiera tenemos la posibilidad de poner una denuncia para que las autoridades investiguen a los responsables de estos hechos y puedan sancionarlos”, dijo Martha Grajales, activista de la organización no gubernamental.
Grajales, quien acudió a la sede del Ministerio Público en compañía de otros activistas, detalló a la prensa que alrededor de las 10 de la noche del pasado martes un grupo de personas, algunas de ellas encapuchadas y armadas, llegaron en más de 50 motocicletas, robando pertenencias como teléfonos y documentos de identidad de los manifestantes, la mayoría mujeres.
“Nos sacaron de manera violenta, amenazante, mostrándonos armas de fuego, diciéndonos que no podíamos estar ahí, nos dieron patadas y empujones”, aseguró Grajales.
Según Grajales, al día siguiente de la agresión, un grupo de familiares acudió a la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), pero les dijeron que ellos no eran los competentes para tomar ese tipo de denuncia.
Grajales expresó que los afectados fueron recibidos en una oficina de atención a la víctima en donde “se lavaron las manos”.
“La ausencia de resguardo a la manifestación por parte de los organismos de seguridad pudo haber propiciado este nuevo ataque a la protesta social”, se desprende un comunicado de la ONG Provea.
Previo a la agresión, una de las asistentes a la actividad aseguró que mantendrían la vigilia hasta que los familiares de los presos políticos fueran atendidos.
De acuerdo al Foro Penal, en Venezuela hay 807 presos políticos hasta la fecha.
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