RocÃo San Miguel, activista de derechos humanos en Venezuela, celebrará el dÃa de las madres del 2024 como presa polÃtica: lleva tres meses y dos dÃas sin un debido proceso judicial que la separa de su hija.Â
Ella es el caso más reciente. También está la primer teniente retirada Karen Nayarit Gómez Gutiérrez, quién es una presa polÃtica por denunciar por un mes la desaparición forzada del padre de sus dos hijos, de un año y de dos años, y ahora el gobierno de Nicolás Maduro la acusa de «traición a la patria» en una supuesta trama de corrupción llamada «Brazalete Blanco». La privaron de libertad el 26 de enero de este año y durante dos meses también sufrió desaparición forzada. Ahora, la madre de Gómez es quién cuida a sus nietos.Â
Ante los ojos del gobierno madurista, ser madre de un preso polÃtico también es un delito: Yosida Vanegas, una jubilada de 67 años y madre del preso polÃtico Juan Carlos Monasterios, cumplirá 9 meses privada de libertad sin ninguna acusación formal este 15 de mayo.Â
Mientras que para Emirlendris BenÃtez este será su quinto dÃa de las madres consecutivo sin ver a sus dos hijos, el menor de ellos de 10 años de edad. Entre las múltiples vulneraciones a sus derechos humanos, se denuncia que el Estado venezolano le practicó un aborto sin su consentimiento, en un paÃs donde la interrupción al embarazo sin motivos médicos está penalizada y el gobierno no ha tenido intenciones de cambiar esas leyes.Â
Entre privaciones de libertad arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y hacinamientos en cárceles sin atención médica, comida, agua ni seguridad, las madres de vÃctimas de violaciones a los derechos humanos y las presas polÃticas viven su dÃa a dÃa.
Una prisión polÃtica que se pica y extiende
«Ellas son permanentemente victimizadas, humilladas emocional y fÃsicamente, en revisiones corporales que no respetan los más fundamentales códigos de respeto. Amenazadas y perseguidas. Las madres de los presos polÃticos están presas junto a ellos. La prisión las alcanza», dijo Martha Tineo, abogada especialista en derechos humanos y cofundadora de JEP.Â
En una revisión hemerográfica de Runrun.es en las 338 entregas de «DDHH Olvidados» se constató que el 94,67 % (320) de las denuncias de los casos de violaciones a los derechos fundamentales en Venezuela frente a la prensa y a los tribunales son atribuidas a la madre, a la hermana o a la esposa de la vÃctima —que también tienen el rol de madre dentro de sus núcleos familiares—. Â
«Algunas, por amenazas, han tenido que salir del paÃs, y desde el exilio trabajan forzosamente en las más precarias condiciones para poder enviar algo de dinero a Venezuela y que otro familiar surta lo posible a sus hijos en prisión. El peso de las rejas va sobre sus hombros. Y sus corazones, literalmente partidos en dos», reiteró Tineo.
La abogada recalcó que la violación a los Derechos Humanos de las madres de los presos polÃticos es constante: «Recientemente, un grupo de presos polÃticos fue trasladado a módulo 1 de la cárcel de El Rodeo I, recién remodelado, allà no se les permite llevarles alimentos, pero la consecuencia ha sido que muchos reportan la escandalosa pérdida de peso de hasta 15 kilos, aproximadamente, en dos meses. Lógicamente, esas madres estarÃan dispuestas a pagar lo que fuera por poder alimentarlos. Es una realidad verdaderamente atroz».Â
También, un informe de las ONG Una Ventana a la Libertad y Cecodap advierte que las madres de los privados de libertad adolescentes deben velar por la salud y seguridad de sus hijos en un Estado que no los separa a los presos mayores de edad y también son vÃctimas de «tratos crueles o torturas, fallas en la alimentación y retardo procesal».Â
Resiliencia para pedir justicia
Al ver que los asesinos del hijo de Carmen Arroyo y del hijo de Ivonne Parra no recibÃan justicia, ellas se juntaron con otras 11 madres y familiares de vÃctimas de ejecuciones extrajudiciales para llevar sus casos en conjunto a través de la ONG Madres Poderosas.Â
Está el caso también de Elvira Llovera de Pernalete, quien junto a su esposo, decidió fundar la Alianza de Familiares y VÃctimas 2017 , en la que también están otras ocho madres de vÃctimas de ejecuciones extrajudiciales en las protestas de 2017 . La motivación común es la falta de justicia.Â
Por su parte, Beatriz Salas, jubilada de 81 años y madre de Hugo Marino Salas, sigue denunciando desde Estados Unidos de forma individual que el Estado no le brinda información sobre el paradero de su hijo después de cinco años de desaparición forzada por parte de los funcionarios venezolanos.Â
Y, ante la negativa del Estado de mejorar su sistema de salud pública y retomar el programa de trasplantes cadáver-vivo, las madres de los niños que esperan un trasplante hacen esfuerzos enormes, mientras otras han tenido que ver partir prematuramente a sus hijos. Según la ONG Prepara Familia, 99 % de los pacientes infantiles son cuidados por sus madres emocional, fÃsica y financieramente.
«Ellas han resignificado su dolor y desde él sacan la fuerza necesaria para seguir tras la búsqueda de justicia y memoria», dijo Tineo. «Ellas son capaces incluso de acceder a extorsiones con tal de saber alimentados a sus hijos y dotados de lo sus pocas capacidades les permiten».Â
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