Este jueves, 10 de julio, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) denunció que Maykelis Jacqueline Borges Ortuño, de 26 años, tiene 34 semanas de embarazo y tanto su vida como la de su bebé están en riesgo.
Borges Ortuño fue detenida el 29 de enero en Altamira por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Actualmente está recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), ubicado en Los Teques, estado Miranda.
Según la denuncia del Comité, la joven presenta una situación médica “grave”. Alertaron que padece “hipertensión arterial, tiene baja hemoglobina, sufre constantes infecciones urinarias y corre riesgo de preeclampsia”. Esta última es una complicación del embarazo que suele aparecer después de la semana veinte de gestación y que se caracteriza por hipertensión y daños a órganos, como el riñón.
“Estas condiciones ponen en peligro su vida y la de su bebé (…) Maykelis debe dar a luz en libertad, en su hogar, rodeada de cuidado y dignidad, no tras las rejas, en medio del abandono institucional”, señaló el Clippve.
🚨 ¡LIBERTAD PARA MAYKELIS BORGES!
— Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) July 10, 2025
Maykelis Jacqueline Borges Ortuño tiene 34 semanas de embarazo y está detenida arbitrariamente desde el 29 de enero, cuando fue capturada en Altamira por funcionarios de la DGCIM. Desde entonces, permanece recluida en los calabozos del INOF,… pic.twitter.com/VeVu5XSiDc
Tras las rejas y víctimas de tratos crueles
Así como Maikelys, otras mujeres embarazadas no escaparon a la ola de detenciones que se desató en medio de la conflictividad política por los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
En diciembre de 2024, fue excarcelada Karla Parra, de 20 años, quien estuvo cuatro meses recluida en el Internado Judicial Los Pinos, en el estado Guárico. Se la llevaron detenida un día después de los comicios presidenciales de julio pasado, cuando viajaba con su pareja en una moto para ir a buscar a su hija. La joven le comunicó a los funcionarios que tenía tres meses de embarazo, pero eso no los persuadió de practicar la detención arbitraria.
El que una mujer embarazada esté detenida genera una preocupación diferenciada tanto por la vida de las madres como por la vida de los niños. Un caso reciente que demuestra esta tesis es el de Sharick Michell Maita Suárez, joven de 20 años oriunda de Ciudad Guayana, estado Bolívar, que permanece detenida desde el 12 de noviembre de 2024. Fue recluida en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Quíbor en el estado Lara.
A la joven la involucran con una supuesta estafa en perjuicio de la alcaldía del municipio Jiménez del estado Lara y al momento de su detención la golpearon y la torturaron, según denuncias, tanto así que sufrió una crisis de pánico y fue necesario trasladarla a un hospital.
Cuando Maita Suárez fue detenida no sabía que estaba embarazada. La alerta la dio un sangrado fétido por el cual su madre tuvo que trasladarla a un hospital con previo permiso de un tribunal. Al examinarla confirmaron que tenía ocho semanas de embarazo y un conato de aborto.
La familia de la joven contrató una enfermera para que le aplicara el tratamiento en el centro de detención. Sin embargo, a las 25 semanas, Maita Suárez tuvo una nueva amenaza de aborto por placenta previa y preeclampsia.
El 19 de junio, con 35 semanas de embarazo, le practicaron una cesárea. De acuerdo con información recogida por el medio aliado El Pitazo, el bebé de la joven nació con taquicardia y niveles anormales de bilirrubina. Fue hospitalizado unos días y luego dado de alta. Al bebé lo separaron de su madre y ahora está con su abuela en la casa de una mujer que les dio cobijo en Lara.
Desde el 4 de julio, Maita Suárez está recluida en el hospital Baudilio Lara de Quibor. Se le infectó la herida de la cesárea en la sede del Cicpc de Quíbor. Su madre lleva a su bebé todos los días al hospital para que pueda amamantarlo.
“Está en tratamiento, pero está sufriendo mucho. Le están extirpando unos abscesos y las curas son dolorosas. A esto se suma un cuadro depresivo, producto del postparto y el encarcelamiento. Mi hija ya no quiere ni comer”, declaró la madre de la joven a El Pitazo el 9 de julio.
Otro caso que refleja muy bien la doble vulnerabilidad que significa estar embarazada y ser prisionera política en Venezuela es el de Emirlendris Benítez, detenida desde el 5 de agosto de 2018. Benítez perdió a su bebé producto de las torturas y tratos crueles a los que fue sometida cuando estuvo detenida en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
El caso de Emirlendris Benítez está ampliamente documentado en el libro “Ahora van a conocer el diablo. 10 testimonios de presos torturados por el chavismo”, publicado por la editorial Dahbar y escrito por la cronista Kaoru Yonekura.
“Una y otra vez la llamaron ‘María’, pero por no serlo y por no responder como esperaban los funcionarios la golpearon con las manos y con un palo. La patearon por ‘perra’ y ‘zorra’. Le martillaron el pulgar del pie derecho. La asfixiaron con una bolsa plástica, le sumergieron la cabeza en un tobo de agua”, reveló Kaoru Yonekura en su crónica.
Discriminación “a escalas impensables”
El Código Orgánico Procesal Penal (COPP) establece la prohibición de decretar privativas de libertad a mujeres durante el último trimestre del embarazo, durante la lactancia de sus hijos o hijas y hasta los seis meses posteriores al nacimiento.
En un reportaje publicado “Constructoras de Paz”, iniciativa del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) en junio de 2024, Magally Huggins coordinadora de investigación de la ONH Una Ventana a la Libertad, alertó que las privadas de libertad en Venezuela sufren de discriminación “a escalas impensables”.
Huggins se refirió particularmente a los lugares donde son recluidas: “Al no tener espacios acordes a sus necesidades, no existe trato digno ni consideración alguna para mujeres embarazadas, ni aquellas que están menstruando”, dijo.
Por otra parte, cuestionó el hecho de que el Estado venezolano delega a la familia para que cubra las necesidades de los detenidos “Es una clara violación de los derechos humanos de las detenidas que sean los familiares quienes deban encargarse de estas situaciones, cuando sabemos que más del 80% de las familias de este país no tienen ni cómo sostenerse ellos mismos porque los salarios no son suficientes”, sentenció.
Las garantías que el Estado está obligado a cumplir
Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como “Reglas Mandela”, establecen en su ítem 28 que en los establecimientos penitenciarios para mujeres debe haber “instalaciones especiales para el cuidado y tratamiento de las reclusas durante su embarazo, así como durante el parto e inmediatamente después”.
“En la medida de lo posible, se procurará que el parto tenga lugar en un hospital civil. Si el niño nace en prisión, no se hará constar ese hecho en su partida de nacimiento”, acota el texto, cuyas disposiciones el Estado venezolano debería cumplir.
Asimismo, la regla 48 en su numeral 2 señala que “no se utilizarán instrumentos de coerción física en el caso de las mujeres que estén por dar a luz, ni durante el parto ni en el período inmediatamente posterior”.
Los organismos y normas internacionales identifican un riesgo de complicaciones obstétricas sin atención médica adecuada para las mujeres embarazadas. Asimismo, las condiciones de insalubridad, estrés y desnutrición que pueden poner en peligro la vida de la madre y del feto. Finalmente, representan un riesgo las limitaciones para realizar controles prenatales, partos sin acompañamiento médico o en condiciones inadecuadas.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
