Desde finales de julio de 2025, familiares y organizaciones de derechos humanos han denunciado una nueva práctica contra los presos políticos en Venezuela: traslados irregulares sin notificación previa a abogados ni parientes, y sin órdenes judiciales que los respalden.
El pasado 2 de septiembre, el partido político Voluntad Popular (VP) exigió una fe de vida de sus miembros Freddy Superlano y Roland Carreño, luego de conocerse de manera extraoficial que ambos fueron trasladados de El Helicoide a un paradero desconocido. Se dice que pudieran estar en El Rodeo, pero a la fecha, sus familiares no han podido confirmar esa información.
La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas establece ninguna persona puede ser detenida en secreto. En su artículo 17, esta normativa establece que los Estados deben mantener registros oficiales y actualizados de todas las personas privadas de libertad, con información detallada sobre identidad, motivo de detención, lugar de reclusión, condiciones de salud y cualquier traslado. Este marco jurídico internacional protege el derecho de los allegados y representantes legales a conocer de manera inmediata el paradero de los detenidos y a impugnar judicialmente detenciones ilegales.
En entrevista con Runrun.es, Andreína Baduel, miembro del Comité por la Libertad de Presos Políticos (Clippve), denunció que al menos 170 detenidos por motivos políticos se encuentran actualmente en condición de desaparecidos.
Baduel explicó que, en muchos casos, las familias sienten temor de denunciar o incluso de acercarse a los centros de reclusión a preguntar. “Quizás son más, eso puede variar también por el tema de que hay mucho miedo para las familias a denunciar”, señaló.
Nuevos traslados denunciados
El Comité por la Libertad de Presos Políticos (Clippve) alertó este jueves, 25 de septiembre, que familiares y amigos denunciaron el traslado de Ysaira Villamizar, presuntamente al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) en Los Teques, estado Miranda, y de José Luis Machín (exalcalde del municipio Barinas), el estudiante Junior Rivas y los ingenieros Miguel Jorge y José Osorio a la Cárcel Yare II, en el estado Miranda.
En su denuncia, el Clippve recordó que todos ellos fueron detenidos arbitrariamente y sometidos a “desaparición forzada” el 25 de agosto, cuando regresaban de una reunión con militantes en Ciudad de Nutrias, municipio Sosa, estado Barinas. Tras las denuncias públicas, los familiares fueron informados de que se encontraban recluidos en la sede del Sebin en Barinas, donde estuvieron sin acceso pleno a sus abogados ni a las condiciones mínimas del debido proceso.
Los familiares denuncian que el traslado a un estado lejano a su ciudad de residencia complica la atención y acompañamiento que deben brindarles mientras siguen injustamente presos, además de someterlos a un sistema penitenciario con “condiciones inhumanas” que no garantiza lo establecido por la ley venezolana: alimentación adecuada, atención médica, suministro de agua potable, condiciones de higiene y salubridad ni espacios de recreación.
🔴ATENCIÓN | Familiares y amigos denuncian el traslado de la Lcda. Ysaira Villamizar, presuntamente al INOF en Los Teques, estado Miranda, y de José Luis Machín (exalcalde del municipio Barinas), el estudiante Junior Rivas y los ingenieros Miguel Jorge y José Osorio a la Cárcel… https://t.co/xdmJlnv0OH
— Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) September 25, 2025
Impacto en la salud y condiciones de reclusión
Los traslados y la falta de información también han afectado el derecho a la salud de los presos políticos. Al no saber dónde están, no pueden recibir ningún tipo de atención ni tratamiento de sus familiares.
Sobre esta situación, Andreína Baduel puntualizó casos como los de Freddy Superlano y Roland Carreño, quienes sufren de hipertensión. “En este punto que ya no sabe la familia ni siquiera dónde está pues tampoco saben si están recibiendo su medicación”, alertó.
La activista también se refirió al caso de Carla Da Silva, detenida desde mayo del año 2020 al ser vinculada a la Operación Gedeón. Da Silva estaba recluida en El Helicoide, pero desde el pasado 5 de agosto fue trasladada de forma arbitraria hacia un destino desconocido. Es paciente bariátrica, por lo que necesita cumplir con una alimentación especial que su mamá le proveía, pero al no saber dónde está, no puede hacerlo. “Eso va agravando las condiciones de cada uno y va generando daños orgánicos”, alertó Baduel.
Sobre Da Silva, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) difundió un video en redes sociales este miércoles, 24 de septiembre, en donde aparece su madre, Miriam Marrero, pidiendo la libertad de su hija, así como la de todos los presos políticos del país.
Miriam Marrero, madre de Carla Da Silva Marrero, sigue sin saber dónde está su hija, luego de que se conociera sobre su traslado de las celdas de El Helicoide.
— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) September 24, 2025
Desde el 5 de agosto las autoridades del régimen de Maduro no han brindado información sobre Carla y su mamá no ha… pic.twitter.com/7GNvCnhj5x
Familias también bajo tortura
Andreina Baduel alertó que las familias de los presos políticos y desaparecidos también son sometidas a un trato cruel y degradante.
“Hay familias que están fuera del país que eso también les limita poder accionar en favor de los suyos, porque otro de los protocolos de horror a los que son sometidos los familiares de los presos políticos y los desaparecidos es que los obligan casi que a un viacrucis a preguntar por distintos sitios de reclusión para tratar de precisarlos hasta que bueno, lamentablemente cuando a ellos les da la gana es que confirman si están o no están”, denunció.
La activista denunció que incluso cuando los familiares deciden levantar la voz enfrentan nuevas represalias. “Hay familiares que sí tienen conciencia de la importancia de la denuncia, a pesar de las represalias que esto puede implicar, porque en Venezuela denunciar hasta se ha convertido en un delito. (…) Muchos lo han intentado y la respuesta es más silencio, más opacidad y más impunidad. En algunos casos ni siquiera quieren recibir las denuncias y tienen hasta la desfachatez de decirles a las familias que si denuncian es peor”.
Para Baduel, esta situación configura un tipo de tortura psicológica: “Es otra dimensión de horror que quizá la gente no aprecia. No solo es contra el preso, también contra su familia. Yo lo digo por experiencia propia: es muy fácil decir ‘están desaparecidos’, pero no hay días, no hay momentos, no hay paz para quienes lo vivimos, porque sabemos perfectamente de lo que es capaz el régimen. En esos días en que no sabes dónde está, puedes temer lo peor”.
“Eso constituye un tipo de tortura no solo para los presos políticos sino para su familia”, concluyó. “La violación de los derechos se traslada del preso hacia los suyos, que deben lidiar con la incertidumbre, el desgaste y las amenazas. Al final, las familias también son víctimas secundarias, viviendo muy cerca lo mismo que ellos”.
Restricciones de alimentación y agua
La situación de los presos políticos varía según el centro de reclusión, pero en todos los casos se han registrado limitaciones que afectan directamente su salud y condiciones de vida, siendo El Rodeo donde hay mayores restricciones de insumos para los detenidos.
“Por lo menos en El Helicoide antes podían suministrar insumos tres veces a la semana, ahora eso se redujo a una sola vez a la semana. En Tocuyito (…) hay una imposición de restricción de alimentación también parcial (…) todos los alimentos y todos los artículos de uso personal sean regresados (…) el que más extremo está con las restricciones de alimentación es El Rodeo I y el Fuerte Guaicaipuro, que no permite ni agua”, explicó Andreína Baduel.
La activista advirtió que estas medidas deterioran gravemente la salud de los detenidos. “En general la situación de los presos políticos se traduce a que cada día se están restringiendo mucho más las opciones para que ellos puedan resistir medianamente y se están vulnerando sus derechos fundamentales”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
