La iniciativa surgió en medio de las protestas de 2017
En lo que va de 2021 han atendido a 18 víctimas de violencia de género y maltrato infantil
Proyecto 860 es otra de las organizaciones que nació durante las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro en 2017, manifestaciones que dejaron 158 fallecidos de acuerdo a Runrunes. Se llaman así porque operan en San Cristóbal, ciudad del estado Táchira que está a 860 metros sobre el nivel del mar. Un grupo de médicos, arquitectos, abogados, ingenieros, amas de casas y estudiantes decidieron organizarse en la entidad y luchar por lo que consideraban estaban siendo vulnerados: los derechos humanos de los venezolanos.
Así fue como en febrero de 2018 quedó oficialmente inaugurado Proyecto 860. Uno de los principales objetivos de la organización fue asistir jurídicamente a los detenidos por las manifestaciones hace cuatro años, especialmente a aquellos que no tenían para pagar una defensa privada. Posteriormente fueron más allá y también se involucraron con los trabajadores a quienes se les vulneran sus derechos por exigir una remuneración justa, con los enfermos que demandan el derecho constitucional a la salud y con la población en general que clama por asistencia en medio de una emergencia humanitaria compleja.
“Una de las principales razones para unirnos fue para dar asistencia jurídica y médica a los detenidos en las protestas y a los familiares de los asesinados. En 2017 nos encontrábamos en medio de una crisis humanitaria y política creciente, la violacion sistemática a los derechos humanos se agravaba sustancialmente. Las protestas de la población que disentía del gobierno era acallada a través de detenciones arbitrarias producidas por funcionarios de los diferentes cuerpos de policía auxiliar”, dijo Beatriz Salas, directora de Proyecto 860.
Cuatro años después, en Táchira ya no se producen manifestaciones masivas contra el gobierno y hay muertos y heridos en las calles a diario por la represión, pero el descontento es evidente. Las protestas hoy en día son básicamente por agua, electricidad, gas doméstico, escasez de combustible y acceso a alimentación y medicinas.
“En Venezuela se vulnera el derecho a la salud, con graves consecuencias para las personas que padecen patologías de alto riesgo como pacientes oncológicos, renales, con VIH, hemofílicos, trasplantados, cardiacos, entre otros”, sostuvo Salas.
La directora de Proyecto 860 también hizo referencia a la persecución y amedrentamiento contra representantes de medios de comunicación, defensores de derechos humanos y trabajadores de la salud en medio de la pandemia por la Covid-19.
De acuerdo a Salas en lo que va de 2021, Proyecto 860 ha atendido a aproximadamente 18 víctimas de violencia de género y maltrato infantil. “Este año solo hemos atendido a víctimas de violencia de género. También estamos dando apoyo a 77 miembros del personal de salud de las unidades de diálisis con dotación de insumos de bioseguridad ante la Covid-19”.
En busca de reconocimiento
La burocracia y regulaciones gubernamentales ha hecho que Proyecto 860 todavía no tenga la cualidad jurídica que la avale como organización civil. “Ha sido negada en los registros públicos correspondientes, eso imposibilita la cooperación internacional para la ejecución de proyectos, una de las principales amenazas que enfrentamos en Venezuela es el control que ejerce el Estado sobre el funcionamiento de las organizaciones”, indicó Beatriz Salas.
Pese al bloqueo del que es víctima Proyecto 860, la organización ha establecido vínculos con otras agrupaciones similares como Fundaredes, Juena, Iuris Analytica, Movimiento Vinotinto, Uniandes, Fundación Jóvenes por los DDHH. Aunado a eso Proyecto 860 forma parte de la Red de Defensores de DDHH del estado Táchira y la Coalición Anticorrupción
Proyecto 860 actúa básicamente en San Cristóbal, pero también en los municipios tachirenses de Cardenas, Lobatera, Guasimos y Jauregui.
Demandan justicia
A cuatro anos del asesinato de Ender Pena, Proyecto 860 exige al Ministerio Publico justicia. Hoy en día no hay detenidos ni acusados por el homicidio que sucedió el pasado 30 de julio de 2017 en la avenida Rotaria de San Cristóbal.
Pena de 20 años de edad murió por herida de arma de fuego en medio de la represión que ejercieron cuerpo de seguridad del Estado en las calles tachirenses.
Asimismo piden la intervención del Estado en el caso de Rina Elizabeth Orozco, quien exige a la Dirección Nacional del Instituto de Seguro Social la dotación de insumos para la práctica de hemodiálisis
Orozco de 45 años es una de las tantas pacientes renales tachirenses que no ha podido someterse a tratamiento debido a que las máquinas que funcionan en las siete unidades de hemodiálisis del estado no funcionan correctamente. “Es de acotar que desde marzo de 2018 se ha agudizado esta problemática. Orozco tiene que realizarse el tratamiento tres veces a la semana y por fallas en las máquinas y falta de mantenimiento no ha podido cumplir con el protocolo, poniendo en peligro su vida”, manifestó Beatriz Salas.
Salas indicó que quien desee involucrarse con Proyecto 860 puede escribir al correo electrónico ongproyecto860@gmail.com y seguir a @proyecto860 por Instagram o Twitter.
