Después de dos meses de separación, la niña de apenas dos años de edad, Maikelys Antonella Espinoza Bernal, aterrizó este miércoles 15 de mayo en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía a bordo de un vuelo de repatriación procedente de Texas, Estados Unidos, junto a otros 225 venezolanos migrantes deportados.
Como de costumbre, al terminal asistió el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, y en esta ocasión Cilia Flores, quien la tomó en brazos para que las cámaras de Venezolana de Televisión (VTV) captaran el momento.
Horas después, en el Palacio de Miraflores, Nicolás Maduro recibió a la niña, a su madre Yorelys Bernal y a su abuela, Raida Inciarte.
“Tengo que agradecer por sus gestiones al embajador Richard Grenell, enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump y también al propio Trump. Ha habido y habrá diferencias, pero es posible avanzar, con la bendición de Dios”, dijo.
Desde hace semanas, el régimen madurista había promovido una campaña en pos de la devolución de la niña a territorio nacional, acusando al gobierno de Estados Unidos de haberla secuestrado.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS por sus siglas en inglés) negó la acusación, argumentando que la niña había sido separada de su familia para protegerla de sus padres, acusados de pertenecer al Tren de Aragua.
En marzo de este año, Maiker Espinoza Escalona, padre de Maikelys, fue deportado primero a la base naval estadounidense de Guantánamo, en Cuba, y un día después, a la cárcel del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, por sus supuestos vínculos con el TDA.
Paralelamente, Yorelys Bernal fue enviada de vuelta a Venezuela en un vuelo de repatriación, por lo que la niña quedó bajo custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) y el DHS.
“No permitiremos que se abuse de esta niña y que siga expuesta a actividades delictivas que ponen en riesgo su seguridad”, se desprende de una declaración del departamento.
Según DHS, Maikelys fue repatriada luego de 302 días en suelo estadounidense por una orden de una corte y separada de su madre porque presuntamente esta reclutaba a mujeres jóvenes para traficar droga y prostituirse para el TDA.
“Al menos sabemos que la niña no estará con su padre, que operaba una casa de tortura y supervisaba homicidios, venta de drogas, secuestros, extorsión y tráfico sexual para la organización criminal”, se desprende de la cuenta de DHS en X.
La familia Espinoza Bernal llegó a Estados Unidos en mayo del año pasado y pidió asilo, pero en julio los padres de la niña recibieron una orden de expulsión durante el mandato del expresidente de ese país, Joe Biden.
Nunca debió pasar
De acuerdo a Yumildre Castillo, exjueza de protección de Niños, Niñas y Adolescentes y profesora universitaria, todo NNA (niño, niña y adolescente) tiene derecho a ser protegido, a crecer, a desarrollarse y a tener contacto directo con su familia de origen.
“En este caso en particular, estamos hablando de una niña de 2 años. Y, de acuerdo a nuestra legislación, los niños deben permanecer con sus madres de manera preferente hasta alcanzar los 7”, dijo.
Según un comunicado emitido por el coordinador general de los Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap), Carlos Trapani, desde la perspectiva del derecho internacional y los derechos humanos, la separación forzada vulnera el principio superior del NNA, consagrado en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN).
De acuerdo a Trapani, la unidad familiar se ve afectada cuando la separación ocurre sin evaluación judicial ni garantías del debido proceso.
“Este principio está protegido por el artículo 9 de la CDN y por el artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)”.
Trapani expuso que la presunción de inocencia igualmente es vulnerada al vincular a la madre con una organización delictiva sin mediar proceso judicial.
Asimismo, el abogado indicó en el documento que, según el principio de no devolución contemplado en el artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, está prohibido devolver a una persona a un país donde su vida o integridad corra riesgo.
“Separar a una madre de su hija y deportarla sin una evaluación exhaustiva del riesgo en su país de origen vulnera este principio”, alertó.
Castillo explicó que la doctrina siempre avala la permanencia de los NNA con su familia de origen.
“Solo en casos que sean verdaderamente comprobados que afectan a sus intereses superiores se les tiene que retener, y no existe pronunciamiento judicial alguno que coloque a la madre en una situación que le señale como perjudicial para la crianza de su hija”.
La ex jueza consideró innecesario armar una alharaca internacional con la intervención de organismos como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) para garantizar la reunificación de una niña de dos años con su progenitora.
“No han debido retenerla nunca. Ni a ella, ni a ningún otro Niño”, sentenció.
No es la primera vez
El coordinador de Cecodap indicó que, según cifras recabadas de medios de comunicación, alrededor de 600 NNA han sido devueltos en vuelos de repatriación.
Trapani sostuvo en su comunicado que según la coordinadora del Plan Vuelta a la Patria, Anahí Arizmendi, existen al menos tres casos de madres migrantes que han sido deportadas sin sus hijos menores de edad.
También informó que de acuerdo a la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, en 2018, bajo la política de “tolerancia cero”, el gobierno de Estados Unidos separó a más de 5000 NNA de sus padres migrantes en la frontera y, tres años después, el propio DHS reconoció que cientos de niños no habían sido reunificados con sus familiares.
La Unión Americana de Libertades Civiles expresó que “los reportes sobre separaciones familiares, deportaciones sumarias y demoras en la reunificación siguen generando preocupación”.
Castillo aseveró que el caso de la niña Maikelys Espinoza se asemeja al de Elián González, respecto a la doctrina de protección integral que privilegia el derecho que tienen los NNA a permanecer con su familia de origen: “Especialmente, cuando se trata de niños muy pequeños”.
González protagonizó uno de los conflictos internacionales más mediáticos del mundo, luego de que el bote en el que salió de Cuba en 1999 zozobrara antes de llegar a costas de Florida y su madre, quien lo había embarcado sin permiso de su padre, muriera.
Posterior a una batalla en el Congreso y en tribunales federales, Elián -de apenas siete años- fue devuelto con su progenitor a Cuba, donde aún vive, trabajando como ingeniero industrial y militar y formando parte del Partido Comunista.
“Las dinámicas pudieran ser parecidas porque se convirtieron en casos muy mediáticos, pero el contexto de ambos es distinto, las situaciones históricas y sociales en aquella época distan de la actual”, dijo Castillo.
La exjueza aclaró que en los casos de NNA en primera infancia, los padres y madres tienen la primera palabra.
“Si estuviésemos hablando de un adolescente de 14 años, prevalece el derecho que tiene esa persona en función de su capacidad progresiva, reconocida por la doctrina, de decidir si quiere o no estar en determinado espacio y con quién quiere estar, pero hablándose de niños que están en un proceso de desarrollo tan vulnerable, resulta indispensable que se privilegie la permanencia con su familia de origen”. ahondó.
El entorno de la separación
Castillo manifestó que según la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y del Adolescente (LOPNA) existen garantías para el uso de la identidad e imagen de los NNA, pero la misma está supeditada a la autorización que hagan sus padres, representantes o responsables.
“En este caso de Maikelys, debemos suponer que contaba con la autorización de su madre”. recalcó.
Trapani expuso en su comunicado que, a nivel psicosocial, las separaciones forzadas generan traumas como ansiedad, trastornos de apego, regresiones conductuales y efectos a largo plazo en el desarrollo emocional.
El coordinador de Cecodap expresó que según Unicef y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), las separaciones forzadas con justificación migratoria son consideradas como una forma de violencia institucional.
Castillo recalcó que tanto el gobierno de Venezuela como el de Estados Unidos están suscritos a la Convención sobre los Derechos del Niño que ratifica la permanencia de los NNA con su familia directa.
“Venezuela incluso tiene ratificada la Convención, por eso tenemos una ley orgánica para la protección de NNA. En el caso de Estados Unidos, ellos tienen suscrita la Convención, pero no la tienen ratificada, es decir, que no se ha convertido en letra obligatoria dentro de su territorio”, aclaró.
La profesora universitaria indicó que es complejo evaluar si hubo un exceso de exhibición o publicidad en torno al caso de Maikelys Espinoza.
“Quien no está padeciendo la retención de un hijo puede considerarlo incluso un problema menor que no reviste tanta notoriedad ni importancia, pero hay que ponerse en los zapatos de esa madre a quien deportan de un territorio extranjero, al cual llegó con sobradas esperanzas, expectativas, ideas y proyectos, y adicionalmente le dicen que se van a quedar con su hija. Eso es una impronta difícil de gestionar”, consideró.
Para la e jueza, lo rescatable del caso es que pone en tela de juicio abordajes hechos a partir de determinadas situaciones dentro del derecho migratorio que son lesivas para NNA.
“Si es aprovechado o no por determinados sectores de la sociedad, eso es algo que escapa de nuestras manos, lo que resulta cierto es que situaciones como esta no deberían pasar. Porque si estamos hablando de lo difícil que puede resultar gestionar una situación así para un adulto, es más cuesta arriba para una niña de dos años”, enfatizó.
De acuerdo a Trapani, el caso de Maikelys no puede ser entendido como un hecho aislado o un procedimiento administrativo regular.
“Es una alerta sobre la urgencia de construir políticas migratorias con rostro humano, que armonicen seguridad con derechos y justicia”, expresó.
A juicio del coordinador de Cecodap es perentorio exigir una investigación independiente y transparente y garantías de no repetición.
“Es imprescindible que siempre cuando se trata de NNA, se mantengan las garantías mínimas que impidan que sean separados de manera abrupta de sus padres”, puntualizó Castillo.
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