El 30 de julio de 2024, José Manuel Salas Ceballos, un joven de 22 años, estudiante de Mercadeo y bartender fue detenido cuando iba camino a su trabajo. Fue interceptado por cuatro hombres vestidos de civil, de quienes se dijo que eran presuntos miembros de los “colectivos”.
Esa mañana, José Manuel se dirigía al restaurante La Grulla, cerca de la Fiscalía de Carabobo en Valencia, cuando los cuatro hombres que estaban a bordo de dos motos, sin mediar palabras, “le dieron un batazo en la frente y otro en la pierna” y se lo llevaron junto a otros jóvenes que estaban en el mismo lugar.
La madre de José Manuel, Jenny Ceballos, pasó dos días sin saber el paradero de su hijo. Por otros medios pudo enterarse que lo tenían detenido en la Brigada 41, en donde se le negó el acceso a la defensa privada y atención médica, pese a su condición de sufrir del nervio trigémino, una enfermedad que causa un dolor en la cara intenso, punzante, como si fuese una descarga eléctrica.
“A mi hijo lo detuvieron un martes y yo vine a dar con él el jueves cuando se lo llevaron a la sede de la Policía Nacional Bolivariana que queda en Los Guayos. Durante esos días intentamos obtener información con la gente del Foro Penal, pero hasta metieron preso al que fue a preguntar por nuestros muchachos”, comentó Ceballos.
El 2 de agosto, José Manuel fue presentado ante los tribunales por los cargos de terrorismo, incitación al odio, obstrucción de la vía pública y resistencia a la autoridad, según detalla Jenny Ceballos, el defensor público que le asignaron pidió que desestimaran el cargo de terrosrismo, pero el fiscal y el juez no aceptaron.
Jenny Ceballos comentó que el día que detuvieron a José Manuel, también se llevaron a su novia, “los dos iban agarrados de manos, cada uno a su trabajo, cuando los sorprendieron los motorizados. A ella también le tocó fuerte, se la llevaron detenida y estuvo encarcelada seis meses en la cárcel femenina La Crisálida, seis meses después, en diciembre, la liberaron”.
El pase a Tocorón
Jenny describe a su hijo José Manuel como un niño obediente, tranquilo y muy trabajador. Apunta a que fue criado con principios, valores y la mejor educación.
José Manuel estaba en el cuarto semestre de Mercadeo en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez y trabajaba como bartender, “a él se le hacía muy fácil conseguir trabajo por esa habilidad que aprendió mientras estudió en el Inces”, dijo su madre.
A pesar de no tener antecedentes penales y de que la única prueba que hay en su contra son las palabras de sus captores, José Manuel fue enviado directamente al Centro Penitenciario de Aragua, mejor conocido como Tocorón, una cárcel que ha sido denunciada por distintas ONG y defensores de derechos humanos por hacinamiento, torturas y tratos crueles e inhumanos y degradantes.
“José Manuel es un niño que viene de estudiar en una buena escuela, nunca estuvo involucrado en problemas, jamás había pisado un comando y mira, le tocó y feo”, dijo.
La vida de Jenny gira ahora en torno a las visitas semanales que hace a la cárcel de Tocorón para saber de su único hijo. Detalló que para ir a visitar a José Manuel debe hacer una inversión de dinero. El taxi que la lleva a ella y a otras madres les cobra 10$ por persona desde Valencia al penal, un viaje de hora y media aproximadamente. Además, está pendiente de llevarle la paquetería que les permiten: galletas, chocolates, algún analgésico y sus productos de aseo personal.
“No pega ir a visitarlo, pega es el bolsillo”, aclaró la madre de Salas, quien es funcionaria jubilada, abogada y vende dulces para poder mantenerse.
“Solo exijo justicia”
José Manuel Salas Ceballos cumple hoy 10 meses de “injusta detención”, su madre, quien ha batallado durante todos estos meses, solo le pide al gobierno que se haga justicia porque su hijo no cometió ningún delito.
“Exigimos justicia y la liberación de mi hijo. No hay pruebas, solo el capricho de un régimen que castiga a los jóvenes por pensar distinto”, dijo.
Mientras tanto, Jenny pasa sus días resistiendo, vendiendo sus dulces, viajando a Tocorón y visitando el Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía y el Ministerio Público, clamando para que liberen a su hijo.
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