Oscar Murillo, coordinador general de Provea, conversó con Runrunes el pasado 9 de julio sobre la decisión de la Asamblea Nacional de declarar persona no grata al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk. A juicio de Murillo, esto fue una “maniobra desde la retórica oficial” muy “agresiva y violenta” para desviar la atención sobre los temas que preocupan a los ciudadanos del país, como la continua violación de derechos humanos, que también se abordó en la conversación.
Para Murillo, lo que ocurre en Venezuela tras las elecciones del 28 de julio de 2024 no puede entenderse sino como una escalada represiva contra toda forma de disidencia. “No hay descanso para la sociedad venezolana, que sigue resistiendo con mucha dignidad, pero tiene que protegerse”, afirma. Y aunque el miedo impone silencios, sostiene que no hay claudicación ni resignación entre los ciudadanos, sino un “apaciguamiento estratégico”: “Este pueblo ha aprendido a optimizar sus esfuerzos y a sortear la censura”.
Murillo calificó de “simbólico y necesario” el ejercicio del derecho a la protesta pacífica y la expresión libre, incluso cuando se expresan con carteles o acciones ciudadanas sencillas, como colgar pancartas -así como la exhibida en el Colegio de Nacional de Periodistas con los rostros de periodistas detenidos que luego fue robada por desconocidos encapuchados-.
Lo preocupante —agregó— es cómo el Estado responde con violencia y vandalismo, bloqueando incluso gestos mínimos de denuncia social. “Estas son estrategias de una misma política: controlar la información, mantener el chantaje ideológico”.
Advirtió que no se trata solo de represión explícita, sino de un entorno de “vigilancia, censura y autocensura“.
Ante la pregunta de si existe una ciudadanía resignada, Murillo fue tajante: “No hay claudicación. Hay que entender la lógica de un terror generalizado. La gente se protege, se repliega,se protege, se solidariza entre los más cercanos, pero no olvida que tiene derechos y mantiene una conciencia de exigibilidad muy presente”.
Desde Provea, afirmó Murillo, han constatado cómo las personas han aprendido a elegir cuándo y cómo movilizarse. “ La gente está muy clara de lo que lo que pasa. Ahora, también el pueblo venezolano ha aprendido a optimizar sus esfuerzos. ¿Cuándo me movilizo? ¿Cuándo puedo movilizarme? ¿Cuándo no? ¿Cuándo me expongo más?”.
El gobierno intentó “suavizar” el informe del alto comisionado
Oscar Murillo explicó que debe ser el Ejecutivo quien tome la decisión final sobre el exhorto que hizo la AN respecto al alto comisionado de la ONU, pero que hasta el momento, eso no ha ocurrido, la medida no ha trascendido el discurso o las palabras: “Hay un estrategia a medio término de descalificar el mecanismo, tratar de estigmatizar todo esto tratando de buscar un ‘enemigo externo’, es como el principio de esta retórica (…) Desde el derecho internacional, y según lo que establece la Convención de Viena, le corresponde a la Cancillería de la República informar al responsable de la misión de la ONU en Venezuela informar, con nombre y apellido, las personas declaradas no gratas. Sabemos que hay solo una funcionaria del equipo en Venezuela, el resto del equipo expulsado el año pasado se encuentra en Panamá. Desde allí realizan la labor de documentación, sistematización, elaboración y la propuesta del informe que revisa el equipo del alto comisionado en Ginebra”.
El defensor dijo que el gobierno ha venido implementado una estrategia de que cuando le sirven los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, “entonces procura proyectar una imagen de colaboración y cooperación”.
“Eso fue lo que pasó cuando aquel primer informe de la entonces alta comisionada Michelle Bachelet. Le interesaba al gobierno restablecer algunas condiciones y proyectar una imagen de cooperación con los mecanismos. Hoy día no es tan así, los desprecia”, expresó.
Murillo reveló que circularon versiones de que el gobierno intentó, por vías de presión diplomática, impedir que el informe fuese ajustado a la realidad de lo acontecido en el último año en el país.
“Esto no ocurrió, creemos que esta puede ser una de las razones por las que se da una respuesta virulenta, siempre el gobierno venezolano responde con más crudeza a los informes de la Misión de Determinación de Hechos que a los informes del alto comisionado”, recordó.
Añadió que el hecho de que el propio Türk leyera el informe significa mucho en términos diplomáticos: “Se estuvo manejando la hipótesis de que iba a ser un informe duro, contundente, muy claro, como en efecto ocurrió, pero que él no lo iba a leer, que no iba a estar en la sala del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Sin embargo, se quedó, lo leyó y además invirtió lo que ha sido siempre su discurso, que arranca con generar alguna ’empatía’ con el gobierno, por ejemplo, mencionando el tema de las sanciones y después va enumerando la serie de violaciones. En esta oportunidad fue distinto, comenzó narrando y describiendo todas las violaciones de derechos humanos comprendidas de mayo 2024 a mayo 2025″.
Un informe que desnuda la realidad del país
“En Venezuela hay sufrimiento, hay dolor, y no solo nos referimos a las víctimas de la represión, a la negativa del ejercicio de los derechos civiles y políticos, sino también a lo que establece el alto comisionado en su más reciente informe: hay unas condiciones muy duras para satisfacer las necesidades más básicas de los venezolanos. Eso es un elemento distintivo de esta oportunidad del informe del alto comisionado (…) El salario es un tema que preocupa a todos los venezolanos, excepto a aquellos productos privilegiados y élites cercanos a los circuitos del poder”, comentó Oscar Murillo.
Destacó que el contundente informe presentado hace un par de semanas por el alto comisionado de la ONU reseña las “arbitrariedades y los abusos del período estudiado”, que abarca mayo de 2024 a mayo de 2025, meses en los que considera, “prácticamente se ha venido extinguiendo al Estado de derecho”. Agregó que hoy en día cualquier ciudadano en Venezuela puede ser víctima de una detención arbitraria, “y sometido a un proceso de aislamiento prolongado y de incomunicación con sus seres queridos”.
Insistió en que “los grandes temas” que aquejan a los venezolanos están siendo “relegados, postergados y diferidos” lo que aleja la búsqueda de soluciones a los problemas estructurales y genera “ese dolor, ese sufrimiento, esa vulnerabilidad en el goce y disfrute de los derechos humanos, no solamente el ejercicio de los derechos civiles y políticos, repito, sino también en lo que tiene que ver con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”.
Las violaciones a DD. HH. en deportaciones a El Salvador
Murillo aclaró que, en contraposición con lo que ha venido denunciando el gobierno, el pasado 13 de mayo el alto comisionado se refirió al caso de las personas, entre ellos un número importante de venezolanos, deportadas a El Salvador desde Estados Unidos.
“El gobierno pudiera tener diferencias con respecto al tono que utilizó el alto comisionado para referirse al caso del Salvador y quizá cómo se refiere a los presos políticos, o a lo que nosotros llamamos presos por razones políticas en el caso venezolano. Es normal que pueda haber alguna discrepancia, pero no puede decirse que el acto comisionado no se pronunció. Sí lo hizo. Ahora, quizás el gobierno que fuese con mayor énfasis, pero recordemos entonces que hay un informe que comenzó en mayo 2024 y todo lo que ocurrió en el año 2024 no fue cualquier cosa, porque estamos hablando de que en Venezuela se rompieron los récords de represión política al menos desde cuando Provea registra casos, que es desde el año 1988 en adelante”, puntualizó.
Recordó que la Venezuela contemporánea no había presenciado una fase durante un ciclo político de protesta o conflictividad política con más de 2400 personas detenidas arbitrariamente: “También hay que decir que tenemos 21 muertes registradas, asesinatos en el contexto también electoral y desapariciones forzadas. Es decir, fue mucho lo que ocurrió, y evidentemente el acento iba a estar allí”.
Sobre las deportaciones a El Salvador, recordó que Provea fue la primera organización venezolana de derechos humanos que se pronunció en contra esta situación: “Trasladaron a personas sin sentencia previa, sin un proceso justo, sin derecho a la defensa a un tercer país (…) Esa persona no va a poder tener visita, esa persona no va a poder contratar un abogado, esa persona no sabe en qué jurisdicción judicial debe ampararse, si en las estadounidenses, en las Venezuela o en las de El Salvador. Es una situación realmente grave que nosotros lo denunciamos sin ningún cortapisa”.
Recalcó que estas acciones conjuntas de los gobiernos de El Salvador y EE. UU. violan los derechos humanos y, en algunos casos, se puede hablar de desaparición forzada, “porque hay personas que fueron prácticamente extraídas” sin que se les siguiera el proceso legal de deportación.
“Tanto en ese caso como en las deportaciones masivas que se han dado hacia Venezuela, también allá hay un conjunto de irregularidades, tanto del gobierno estadounidense como del gobierno venezolano. En ambos casos se está incumpliendo un principio que se llama el principio de no devolución. Estamos hablando de personas que salieron del país bajo situaciones forzosas, ¿verdad? No fue que fueron de turismo, no es una aventura, sino en una situación de refugiados en la que están buscando un mejor porvenir, seguridad para su familia, están huyendo de una crisis económica, muchos también están huyendo de la persecución política. No hay condiciones, por todo lo que nosotros sabemos que pasa en el país para decir, ‘bueno, yo te regreso al país de donde tú estás saliendo por estas razones que estamos especificando’. Allí se ha violado el principio de no devolución. Primero tiene que haber un juicio en el que el país receptor compruebe que tal persona representa una ‘amenaza para la comunidad’ donde se encuentra, tiene que calificar el delito, ir a un juicio y en ese caso puede proceder esa deportación. Pero lo que hemos visto con las deportaciones masivas es que allí no se está cumpliendo en ningún momento el principio de devolución, sino que responde a política con intereses muy claros antimigratorios, y del lado venezolano hay un aprovechamiento, hay una instrumentalización de ese retorno para para fines políticos y propaganda política”, amplió Murillo.
Caso Eduardo Torres y la vulnerabilidad jurídica de todos los venezolanos
En la conversación se recordó el caso de Eduardo Torres, miembro del equipo de Provea que permanece tras las rejas desde hace un par de meses, cuando fue detenido en el marco de la ola represiva previa a los comicios regionales
Oscar Murillo mencionó, como aspecto anecdótico, que Torres era el encargado de redactar el capítulo sobre derecho a la libertad personal en el informe anual de Provea, justo el derecho que ahora le ha sido vulnerado.
Recordó que la detención de Torres se ejecutó sin orden judicial y bajo el argumento de supuestos planes de desestabilización vinculados a las elecciones. Durante los primeros cuatro días estuvo desaparecido, sin que se informara oficialmente su paradero ni los cargos en su contra. La presión nacional e internacional forzó al Ministerio Público a reconocer la detención, aunque sin mayores detalles.
Días después se confirmó que se encontraba detenido en la sede del Sebin en El Helicoide, Caracas. Desde entonces, sus familiares han podido dejarle comida y ropa, pero no se le permite recibir visitas, ni tampoco firmar el consentimiento para ser representado por sus abogadas de confianza, ambas miembros de Provea. Esto le impide ejercer su derecho a una defensa adecuada. A esto se suma que el defensor público asignado al caso ha ofrecido muy poca información sobre el estado legal y físico de Eduardo Torres.
“Hay un violación desde el día uno, que comienza una desaparición forzada, una detención arbitraria, hasta el día de hoy, en el que Eduardo Torres, como otro más de este de de este grupo de venezolanos detenidos, no tienen derecho a la defensa. No está recibiendo la visita correspondiente de sus seres queridos. No puede participar de su proceso de defensa. Él es abogado y y sabe muy bien y estamos seguros de que él ha pedido al juez, cuando se dio la presentación, tener acceso al equipo de Provea. Y nada de esto ha sido permitido. Por eso, estamos hablando de un momento muy grave, de una profundización de un modelo autoritario, donde se van como borrando las líneas, las muy difusas líneas, de separación de poderes que había en Venezuela. Es decir, si ya cargábamos sobre sí esta crisis de derechos humanos, el hecho de que la Fiscalía General de la República y que la Defensoría del Pueblo no puedan marcar ninguna diferencia en resguardar, en garantizar el respeto a los derechos humanos durante los procesos judiciales, pues nos indica que estamos ante una situación de absoluta vulnerabilidad jurídica de todos los venezolanos en este momento”, denunció.
“Apagón democrático” y la crisis multifactorial del país
Murillo insistió en que la crisis venezolana va más allá de lo político. “No hay políticas públicas en ningún sector: ni en salud, ni en educación, ni en ambiente”. Denunció que la degradación del sistema universitario y proyectos emblemáticos como la represa de Tocoma evidencian la desinversión, la corrupción y la falta de planificación estructural.
También, alertó sobre el deterioro de derechos sociales, especialmente los laborales y ambientales, y una creciente desigualdad que impide la movilidad social y la posibilidad de progreso humano.
El coordinador general de Provea se refirió, por otra parte, al concepto de “apagón democrático” —eje del más reciente informe de Provea— que responde a la ruptura del principio de legitimidad del voto. “Cuando el pueblo pierde el derecho a elegir su destino político mediante el sufragio, se desmantela el último pilar de la institucionalidad democrática. El 28 de julio marca una ruptura histórica con el proyecto republicano”.
Esta fractura, advirtió, desencadena una crisis multidimensional: legitimidad, gobernabilidad, representación y políticas públicas. Sin separación de poderes ni debate público, “ya no hay políticas de Estado, solo decisiones autoritarias sin control ni consenso social”.
¿Qué esperar de las próximas elecciones?
Sobre las elecciones locales del 27 de julio de 2025, Murillo señaló que responden a una estrategia de “control territorial” y no a una auténtica restitución del derecho al sufragio. Criticó la falta de garantías mínimas, la inhabilitación de partidos y candidatos, y la permanencia de un árbitro electoral que no genera confianza.
Aun así, defendió el derecho a participar de quienes decidan votar. “Esa decisión no debe ser estigmatizada, no tiene que ser atacada (…) La participación política es un derecho y, por lo tanto, debemos resguardarlo y se respeta”.
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