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Trata de personas: casi 5000 mujeres y niñas venezolanas rescatadas entre 2019-2023

De acuerdo al Informe Mundial sobre Trata de Personas de 2024 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), más del 80% de las víctimas detectadas en 2022 en Centroamérica y el Caribe fueron mujeres, niñas y adolescentes. 

En el año 2013, la Asamblea General de la ONU decretó el 30 de julio como el Día Mundial contra la Trata de Personas, con el objetivo de concienciar a la gente y especialmente a los gobiernos sobre la grave problemática que representa este delito a nivel mundial. 

Según el informe de la ONU, el 62% de las víctimas caen en garras de mafias sexuales, 22% son forzados a hacer trabajos y 16% son traficados con otras finalidades.

De acuerdo a la investigación, el grueso de la explotación sexual tiene que ver con menores de edad del género femenino (56%) y el resto son mujeres (41%).

La mayoría de las víctimas son traficadas desde Sudamérica a Norteamérica y Europa.

El informe también indica que de los procesados por este delito 52% son hombres y 48% mujeres, en lo que concierne a los condenados, 53% son masculinos y 47% femeninas.

El 90% de los traficantes en Centroamérica y el Caribe no son oriundos de los países donde captan a las personas, mientras que el 10% son nativos.

30% de los criminales operan con estructuras criminales, 14% lo hacen a través de gobernanzas y 53% no están bajo el amparo de una organización delincuencial.

Según el informe de la ONU, la respuesta de los sistemas de justicia descendió a -71% en 2019 previo a la pandemia y en 2022% se ubicó apenas en 3%. 

Miles de venezolanas entre las víctimas

En el Seminario sobre Trata de Personas efectuado el pasado 17 de julio en la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) se conoció que más de 4.700 mujeres, niñas y adolescentes venezolanas fueron rescatadas de redes de tráfico humano entre 2019 y 2023, en el marco de una diáspora que parece no bajar de intensidad, pese a las políticas adoptadas por las vecinas administraciones de la región. 

Estefanía Mendoza, especialista en violencia de género de la ONG Mulier aseguró que desde 2019 vienen denunciando que existe un aumento importante de la cantidad de mujeres, niñas y adolescentes rescatadas de redes de trata en diferentes partes del mundo.

“Al punto de que en el monitoreo de medios realizado por nuestra organización contabilizamos 4.761 mujeres, niñas y adolescentes venezolanas rescatadas de redes de trata en distintas partes del mundo entre el 2019 y el 2023. Eso habla de una situación agravada por el contexto migratorio que se ha vivido, la economía y las características de una crisis prolongada”, explicó.

De acuerdo a Mendoza, la trata no distingue de persona alguna y es el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo, después de la venta de drogas y armas.

“Cuando analizas procesos de este tipo en Venezuela, uno se da cuenta de que flagelos como la explotación sexual se da, la laboral también, el reclutamiento forzado, el matrimonio y las uniones tempranas se dan sin que necesariamente haya trata como tal”, dijo Eumelis Moya, coordinadora de la oficina del Centro de Derechos Humanos (CDH) de la Ucab en Guayana, estado Bolívar.

Mendoza alertó además que han detectado ofertas ficticias de reunificación familiar, estudios, modelaje y academias de béisbol.

“Hay un fenómeno que también ha tenido mucho crecimiento en estos últimos años, que es el tema de la producción de contenido sexual explícito de niños, niñas y adolescentes (NNA) para su comercialización. Las empresas tecnológicas han reportado casi un millón de fotos y videos sospechosos que han sido cargados en internet desde Venezuela”, sostuvo Mendoza.

A juicio de Moya, la trata y las formas de esclavitud modernas proliferan en contextos particularmente vulnerables y económicamente precarizados: “Migración, mujeres en movilidad, niños, niñas y adolescentes de escasos recursos y al cuidado de terceros. Pero no necesariamente hay un entorno de pobreza”.

Para Moya, muchas mujeres, niñas y adolescentes son captadas en sus comunidades bajo una fachada de historias de vida exitosa.

“Donde las personas llegan ostentando joyas, teléfonos de última generación y ropa de marca. Regularmente, sucede en contextos vulnerables, pero también hay situaciones de captación en otros contextos como agencias de modelaje donde simple y llanamente el deseo de la muchacha es triunfar, se van del país a cambio de operaciones estéticas, entonces viene la explotación laboral. Hay una mayor propensión de la trata en zonas económicamente desfavorecidas, pero no exime a las personas que viven en sectores pudientes”, alertó.

Según Moya, la ya dejada atrás hiperinflación, la inflación, el alto costo de la vida y el aumento constante de la tasa de cambio oficial ha agudizado el problema de la trata de personas.

“En esa búsqueda de mejoras de condiciones y calidad de vida, la precariedad económica puede ser un detonante que hace que las personas sean más propensas a sucumbir a esa mega oferta de salarios soñados, de miles de dólares y obtención de recursos ilimitados”, sostuvo Moya.

La investigadora dijo que cuando la persona abandona el país en condiciones irregulares es propenso a la explotación.

No tiene que ver con que seas pobre o rico, te expones a que te paguen menos, incluso a que no se conozca tu paradero”, advierte.

Subregistro de trata

De acuerdo a la ONU, entre 2020 y 2023 se detectaron en el mundo más de 200 000 víctimas de trata, pero se cree que el número real de casos no denunciados es mayor.

“Hoy en día hay visibilización, las organizaciones de la sociedad civil se han preocupado por mostrar unas cifras que al final no dejan de ser un subregistro”, aseveró Moya. 

La coordinadora de la oficina del CDH de la Ucab, Estefanía Mendoza, aseguró que de acuerdo a organizaciones y estándares internacionales, por cada víctima de trata ubicada o denuncia precisada, hay otras 10 que aún no han sido identificadas: “Entonces, yo sí creo que hay mucho trabajo por hacer. Hay un gran problema en el país y es la normalización de algunas situaciones irregulares”.

Además de la pobreza extrema, la investigadora expuso que entre los factores que hacen vulnerable al venezolano se encuentran los entornos precarios, servicios públicos deficientes, fragmentación familiar, violencia estructural, migración forzada irregular, discriminación y desconocimiento del delito.    

Las rutas de esclavitud elaboradas por la Ucab revelan que entre los mecanismos y canales que destacan para captar a víctimas hay secuestros, redes sociales y ofertas laborales engañosas.

“Se están dando unas dinámicas donde es cada vez más difícil llegar a los verdaderos cabecillas de estas bandas de crimen organizado, la explotación, especialmente de las mujeres, es cada vez más dura y prolongada”, enfatizó Mendoza.

El informe expone que las rutas venezolanas hacia la esclavitud moderna parten de los estados Táchira, Zulia y Apure hacia Colombia; Sucre, Falcón y Delta Amacuro hacia Trinidad y Tobago Aruba y Curazao, así como Amazonas y Bolívar hacia Brasil.  

Las dinámicas de Bolívar no son iguales a las de Táchira y no son similares a las de Zulia, aún en cuando compartan un eje fronterizo con Colombia, estas varían de un lugar a otro porque las dinámicas propias de las personas son diferentes, se mueven en función de lo que quieren, por dónde y con quién se van”, precisó la experta.

Instrumento jurídico específico

De acuerdo a la coordinadora del CDH de la Ucab, Eumelis Moya, Venezuela necesita un ordenamiento jurídico más específico y aterrizado.

“La trata como delito concebido está en el Protocolo de Palermo y en la Ley contra la Delincuencia Organizada, pero la trata de personas tiene unas características muy puntuales, que tienen que ver con la captación de personas de manera fraudulenta, el traslado, la acogida y la coerción de esas personas para mantenerse en eso”, sentenció.

La investigadora indicó que pese a la existencia de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopna) es pertinente la elaboración de un instrumento legal sobre la trata de personas.

“Que aterrice todas las variables y supuestas mutaciones que ha sufrido esta problemática, las dinámicas sociales que decantan en ello, las formas de esclavitud moderna, hay unas variables que desde un punto de vista interpretativo literal no encajan con la tipificación de la trata”, consideró.

Moya indicó que el sacerdote Luis María Olaso decía que el derecho es efectivo sí es capaz de resolver el conflicto que surge en un momento histórico determinado: “Las condiciones sociales del país han variado. Los sujetos que intervienen en el proceso de esclavitud moderna no son los mismos del pasado. No podemos limitar este problema simplemente a la Ley contra la Delincuencia Organizada, la Ley orgánica Sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia y la Lopna porque deja por fuera muchos delitos”.

Especificó también que la Lopna no hace alusión a la trata de personas, pero incluye explotación, trabajo infantil, reclutamiento y abuso y recalcó que las leyes venezolanas no contemplan al niño trabajador.

En Venezuela el trabajo infantil está prohibido. La ley concibe que a partir de los 14 años, el adolescente puede laborar compartiendo tareas con su inserción escolar, previo permiso concedido por sus padres y representantes ante el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes”, puntualizó.

Moya manifestó que en Venezuela, algunos padres y representantes han arrojado a sus hijos menores de edad al campo laboral para traer sustento a sus hogares. 

“Hay personas que te dicen que prefieren que sus hijos trabajen, antes de estar en la calle agarrando malas costumbres o metiéndose en problemas o padres que ofrecen sus hijas a hombres mucho mayores, ese el contexto social en el que vivimos y es una realidad innegable”, lamentó.

La importancia de concientizar

Mendoza dijo que las organizaciones deben realizar trabajos de incidencia que van desde hablar con mujeres, niñas y adolescentes hasta promover el uso seguro de las redes sociales, pasando por espacios seguros en los hogares y escuelas y acompañamiento a quienes hayan quedado al cuidado de terceros.

“Todas son estrategias que además son necesarias implementar con los adultos, en las ofertas de trabajo que leemos, en la información que verificamos y en la inspección de las personas que están en nuestro entorno”, opinó. A su juicio, la prevención es primordial porque los peligros “muchas veces en nuestras casas, a través de los teléfonos, no se trata de aislar a nuestras familias porque muchas veces estas herramientas sirven para que las personas se comuniquen con quienes están en el extranjero”.

Ratificó que no se trata de prohibir, sino de invitar a hacer un uso seguro de los dispositivos, a tener conversaciones, “a acompañar a los NNA en el uso de las redes sociales, porque hay que estrechar la brecha digital entre los jóvenes y quienes son responsables para que usen los teléfonos de manera segura”.

La especialista en violencia de género de la ONG Mulier aseveró que es necesario asimismo un mayor apoyo a las organizaciones de la sociedad civil.

“Hay sectores de la población que están en una situación de mayor vulnerabilidad, como es el caso de los NNA, las mujeres y las personas de la comunidad LGBTIQ”, dijo.

Por otra parte, indicó que aunque en Venezuela existen iniciativas para combatir la trata, no son suficientes, “porque no están incluyendo todas las variables que intervienen. Hay que combatir el tema de la normalización de las circunstancias”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

En el Día Mundial contra la Trata de Personas se estima que es el tercer ilícito más lucrativo del mundo, después de la venta de drogas y armas. Por cada víctima de trata ubicada o denuncia precisada, hay otras 10 que aún no han sido identificadas
De acuerdo a analistas, Venezuela necesita un ordenamiento jurídico más específico y aterrizado en materia de trata de personas
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redacción runrunes
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De acuerdo al Informe Mundial sobre Trata de Personas de 2024 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), más del 80% de las víctimas detectadas en 2022 en Centroamérica y el Caribe fueron mujeres, niñas y adolescentes. 

En el año 2013, la Asamblea General de la ONU decretó el 30 de julio como el Día Mundial contra la Trata de Personas, con el objetivo de concienciar a la gente y especialmente a los gobiernos sobre la grave problemática que representa este delito a nivel mundial. 

Según el informe de la ONU, el 62% de las víctimas caen en garras de mafias sexuales, 22% son forzados a hacer trabajos y 16% son traficados con otras finalidades.

De acuerdo a la investigación, el grueso de la explotación sexual tiene que ver con menores de edad del género femenino (56%) y el resto son mujeres (41%).

La mayoría de las víctimas son traficadas desde Sudamérica a Norteamérica y Europa.

El informe también indica que de los procesados por este delito 52% son hombres y 48% mujeres, en lo que concierne a los condenados, 53% son masculinos y 47% femeninas.

El 90% de los traficantes en Centroamérica y el Caribe no son oriundos de los países donde captan a las personas, mientras que el 10% son nativos.

30% de los criminales operan con estructuras criminales, 14% lo hacen a través de gobernanzas y 53% no están bajo el amparo de una organización delincuencial.

Según el informe de la ONU, la respuesta de los sistemas de justicia descendió a -71% en 2019 previo a la pandemia y en 2022% se ubicó apenas en 3%. 

Miles de venezolanas entre las víctimas

En el Seminario sobre Trata de Personas efectuado el pasado 17 de julio en la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) se conoció que más de 4.700 mujeres, niñas y adolescentes venezolanas fueron rescatadas de redes de tráfico humano entre 2019 y 2023, en el marco de una diáspora que parece no bajar de intensidad, pese a las políticas adoptadas por las vecinas administraciones de la región. 

Estefanía Mendoza, especialista en violencia de género de la ONG Mulier aseguró que desde 2019 vienen denunciando que existe un aumento importante de la cantidad de mujeres, niñas y adolescentes rescatadas de redes de trata en diferentes partes del mundo.

“Al punto de que en el monitoreo de medios realizado por nuestra organización contabilizamos 4.761 mujeres, niñas y adolescentes venezolanas rescatadas de redes de trata en distintas partes del mundo entre el 2019 y el 2023. Eso habla de una situación agravada por el contexto migratorio que se ha vivido, la economía y las características de una crisis prolongada”, explicó.

De acuerdo a Mendoza, la trata no distingue de persona alguna y es el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo, después de la venta de drogas y armas.

“Cuando analizas procesos de este tipo en Venezuela, uno se da cuenta de que flagelos como la explotación sexual se da, la laboral también, el reclutamiento forzado, el matrimonio y las uniones tempranas se dan sin que necesariamente haya trata como tal”, dijo Eumelis Moya, coordinadora de la oficina del Centro de Derechos Humanos (CDH) de la Ucab en Guayana, estado Bolívar.

Mendoza alertó además que han detectado ofertas ficticias de reunificación familiar, estudios, modelaje y academias de béisbol.

“Hay un fenómeno que también ha tenido mucho crecimiento en estos últimos años, que es el tema de la producción de contenido sexual explícito de niños, niñas y adolescentes (NNA) para su comercialización. Las empresas tecnológicas han reportado casi un millón de fotos y videos sospechosos que han sido cargados en internet desde Venezuela”, sostuvo Mendoza.

A juicio de Moya, la trata y las formas de esclavitud modernas proliferan en contextos particularmente vulnerables y económicamente precarizados: “Migración, mujeres en movilidad, niños, niñas y adolescentes de escasos recursos y al cuidado de terceros. Pero no necesariamente hay un entorno de pobreza”.

Para Moya, muchas mujeres, niñas y adolescentes son captadas en sus comunidades bajo una fachada de historias de vida exitosa.

“Donde las personas llegan ostentando joyas, teléfonos de última generación y ropa de marca. Regularmente, sucede en contextos vulnerables, pero también hay situaciones de captación en otros contextos como agencias de modelaje donde simple y llanamente el deseo de la muchacha es triunfar, se van del país a cambio de operaciones estéticas, entonces viene la explotación laboral. Hay una mayor propensión de la trata en zonas económicamente desfavorecidas, pero no exime a las personas que viven en sectores pudientes”, alertó.

Según Moya, la ya dejada atrás hiperinflación, la inflación, el alto costo de la vida y el aumento constante de la tasa de cambio oficial ha agudizado el problema de la trata de personas.

“En esa búsqueda de mejoras de condiciones y calidad de vida, la precariedad económica puede ser un detonante que hace que las personas sean más propensas a sucumbir a esa mega oferta de salarios soñados, de miles de dólares y obtención de recursos ilimitados”, sostuvo Moya.

La investigadora dijo que cuando la persona abandona el país en condiciones irregulares es propenso a la explotación.

No tiene que ver con que seas pobre o rico, te expones a que te paguen menos, incluso a que no se conozca tu paradero”, advierte.

Subregistro de trata

De acuerdo a la ONU, entre 2020 y 2023 se detectaron en el mundo más de 200 000 víctimas de trata, pero se cree que el número real de casos no denunciados es mayor.

“Hoy en día hay visibilización, las organizaciones de la sociedad civil se han preocupado por mostrar unas cifras que al final no dejan de ser un subregistro”, aseveró Moya. 

La coordinadora de la oficina del CDH de la Ucab, Estefanía Mendoza, aseguró que de acuerdo a organizaciones y estándares internacionales, por cada víctima de trata ubicada o denuncia precisada, hay otras 10 que aún no han sido identificadas: “Entonces, yo sí creo que hay mucho trabajo por hacer. Hay un gran problema en el país y es la normalización de algunas situaciones irregulares”.

Además de la pobreza extrema, la investigadora expuso que entre los factores que hacen vulnerable al venezolano se encuentran los entornos precarios, servicios públicos deficientes, fragmentación familiar, violencia estructural, migración forzada irregular, discriminación y desconocimiento del delito.    

Las rutas de esclavitud elaboradas por la Ucab revelan que entre los mecanismos y canales que destacan para captar a víctimas hay secuestros, redes sociales y ofertas laborales engañosas.

“Se están dando unas dinámicas donde es cada vez más difícil llegar a los verdaderos cabecillas de estas bandas de crimen organizado, la explotación, especialmente de las mujeres, es cada vez más dura y prolongada”, enfatizó Mendoza.

El informe expone que las rutas venezolanas hacia la esclavitud moderna parten de los estados Táchira, Zulia y Apure hacia Colombia; Sucre, Falcón y Delta Amacuro hacia Trinidad y Tobago Aruba y Curazao, así como Amazonas y Bolívar hacia Brasil.  

Las dinámicas de Bolívar no son iguales a las de Táchira y no son similares a las de Zulia, aún en cuando compartan un eje fronterizo con Colombia, estas varían de un lugar a otro porque las dinámicas propias de las personas son diferentes, se mueven en función de lo que quieren, por dónde y con quién se van”, precisó la experta.

Instrumento jurídico específico

De acuerdo a la coordinadora del CDH de la Ucab, Eumelis Moya, Venezuela necesita un ordenamiento jurídico más específico y aterrizado.

“La trata como delito concebido está en el Protocolo de Palermo y en la Ley contra la Delincuencia Organizada, pero la trata de personas tiene unas características muy puntuales, que tienen que ver con la captación de personas de manera fraudulenta, el traslado, la acogida y la coerción de esas personas para mantenerse en eso”, sentenció.

La investigadora indicó que pese a la existencia de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopna) es pertinente la elaboración de un instrumento legal sobre la trata de personas.

“Que aterrice todas las variables y supuestas mutaciones que ha sufrido esta problemática, las dinámicas sociales que decantan en ello, las formas de esclavitud moderna, hay unas variables que desde un punto de vista interpretativo literal no encajan con la tipificación de la trata”, consideró.

Moya indicó que el sacerdote Luis María Olaso decía que el derecho es efectivo sí es capaz de resolver el conflicto que surge en un momento histórico determinado: “Las condiciones sociales del país han variado. Los sujetos que intervienen en el proceso de esclavitud moderna no son los mismos del pasado. No podemos limitar este problema simplemente a la Ley contra la Delincuencia Organizada, la Ley orgánica Sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia y la Lopna porque deja por fuera muchos delitos”.

Especificó también que la Lopna no hace alusión a la trata de personas, pero incluye explotación, trabajo infantil, reclutamiento y abuso y recalcó que las leyes venezolanas no contemplan al niño trabajador.

En Venezuela el trabajo infantil está prohibido. La ley concibe que a partir de los 14 años, el adolescente puede laborar compartiendo tareas con su inserción escolar, previo permiso concedido por sus padres y representantes ante el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes”, puntualizó.

Moya manifestó que en Venezuela, algunos padres y representantes han arrojado a sus hijos menores de edad al campo laboral para traer sustento a sus hogares. 

“Hay personas que te dicen que prefieren que sus hijos trabajen, antes de estar en la calle agarrando malas costumbres o metiéndose en problemas o padres que ofrecen sus hijas a hombres mucho mayores, ese el contexto social en el que vivimos y es una realidad innegable”, lamentó.

La importancia de concientizar

Mendoza dijo que las organizaciones deben realizar trabajos de incidencia que van desde hablar con mujeres, niñas y adolescentes hasta promover el uso seguro de las redes sociales, pasando por espacios seguros en los hogares y escuelas y acompañamiento a quienes hayan quedado al cuidado de terceros.

“Todas son estrategias que además son necesarias implementar con los adultos, en las ofertas de trabajo que leemos, en la información que verificamos y en la inspección de las personas que están en nuestro entorno”, opinó. A su juicio, la prevención es primordial porque los peligros “muchas veces en nuestras casas, a través de los teléfonos, no se trata de aislar a nuestras familias porque muchas veces estas herramientas sirven para que las personas se comuniquen con quienes están en el extranjero”.

Ratificó que no se trata de prohibir, sino de invitar a hacer un uso seguro de los dispositivos, a tener conversaciones, “a acompañar a los NNA en el uso de las redes sociales, porque hay que estrechar la brecha digital entre los jóvenes y quienes son responsables para que usen los teléfonos de manera segura”.

La especialista en violencia de género de la ONG Mulier aseveró que es necesario asimismo un mayor apoyo a las organizaciones de la sociedad civil.

“Hay sectores de la población que están en una situación de mayor vulnerabilidad, como es el caso de los NNA, las mujeres y las personas de la comunidad LGBTIQ”, dijo.

Por otra parte, indicó que aunque en Venezuela existen iniciativas para combatir la trata, no son suficientes, “porque no están incluyendo todas las variables que intervienen. Hay que combatir el tema de la normalización de las circunstancias”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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