El 24 de febrero de 2016 marcó un punto de quiebre para la institucionalidad ambiental en Venezuela. En ese año, el gobierno de Nicolás Maduro promulgó el Decreto 2.248 que creó la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO), un megaproyecto extractivo que abarca 111.843 km² del sur del país.
Con la aprobación del decreto, se abrió la puerta a la violación de los derechos de los pueblos indígenas, la devastación del medioambiente y la militarización de territorios con la presencia de grupos armados ilegales que ha generado desplazamientos, detenciones arbitrarias, asesinatos y desapariciones forzadas.
Un informe realizado por el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) explicó cómo el AMO se convirtió en el eje de un modelo económico basado en la extracción intensiva de minerales, la opacidad institucional y la expansión de economías criminales que operan con la participación de actores estatales.
La principal amenaza
El Arco Minero del Orinoco (AMO) constituye el primer caso de minería metalífera a gran escala impulsado por el Estado venezolano.
Su implementación ha generado impactos sociales y ambientales de múltiples dimensiones que no han sido debidamente evaluados ni ponderados.
El AMO ha generado:
- Aumento de asesinatos de defensores indígenas quienes han sido custodios de sus hábitats ancestrales y tradicionales, de la naturaleza y del territorio nacional, y serias amenazas a los derechos a la vida e integridad personal de las personas que habitan estos territorios, derivadas del aumento exponencial de la violencia debido al auge minero.
- Graves afectaciones a los derechos a la salud de los pueblos indígenas en la Amazonía venezolana.
- Un severo impacto en el medio ambiente en regiones especialmente frágiles y refugio de una amplia biodiversidad.
- Fragmentación de los territorios con la falta de titulación y reconocimiento respectivo.
- Desintegración comunitaria y organizativa, debido a la creación de organizaciones paralelas inducidas por el gobierno nacional o local y por instancias paraestatales.
- Cambios en los modos de vida propios resultado de los patrones extractivos que han emergido a raíz de la minería legal e ilegal, derivados de la ejecución de la “Zona de Desarrollo Estratégica Nacional Arco Minero del Orinoco”.
Precarización estatal
A las amenazas se suma la ausencia de políticas públicas integrantes que se traducen en una ausencia de garantías para derechos esenciales de los pueblos indígenas afectados por el AMO, como el derecho a la salud.
Provea destaca la precaria infraestructura, la falta de personal, de insumos y medicamentos prevalente en la región.
La atención médico-sanitaria sigue siendo precaria, quedando como única opción la medicina tradicional. Como resultado, la esperanza de vida al nacer puede ser hasta de 40 años, inferior a la del promedio nacional.
La población indígena tiene mayor probabilidad de morir por enfermedades altamente evitables de ser atendidas a tiempo.
Más extracción, menos derechos
Tras el lanzamiento del Plan Oro y Expansión Minera 2026, anunciado por la presidenta encargada con el aval de los Estados Unidos, Delcy Rodríguez, Provea recordó que desde 2016 el Decreto de creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, extendió la frontera extractiva en el sur del país, afectando severamente al medio ambiente y a los pueblos y comunidades indígenas que habitan estas regiones.
Recientemente, Rodríguez aseguró que la producción nacional de oro alcanzó un total de 9.5 toneladas en 2025. Sin embargo, la ONG asegura que la cifra no se ha traducido en bienestar para los pueblos indígenas, pues enfermedades como la malaria y la tuberculosis siguen siendo la principal causa de muerte entre indígenas.
Una década después, el Arco Minero del Orinoco ha profundizado la vulnerabilidad de las comunidades y ha acelerado el deterioro de uno más importantes de los ecosistemas del planeta.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
