El director del Postgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia fue amenazado por el gobernador de la entidad, Omar Prieto
Organizaciones de la sociedad civil, junto a la comunidad universitaria venezolana, manifiestan su profunda preocupación y rechazo ante los continuos ataques, declaraciones agraviantes y amenazas de acciones legales por parte de organismos gubernamentales hacia universitarios e investigadores, por publicar información vinculada a la posible existencia de casos de Coronavirus en el país, las condiciones de los centros hospitalarios para enfrentar su inminente propagación en el territorio nacional, así como la situación actual del mismo y sus posibles proyecciones.
El 9 de marzo de 2020, el médico Freddy Pachano, director del Posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia (LUZ), fue amenazado de ser ejercidas en su contra acciones legales, por el Gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, luego de haber publicado en su cuenta de twitter (@fpachano) la existencia de 2 casos sospechosos de coronavirus, en el Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo (SAHUM). Prieto anunció a la prensa que Pachano debía informar a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) sobre sus declaraciones, además, aseveró que solicitaría de inmediato al Ministerio Público la apertura de una investigación penal en su contra, por tratarse de declaraciones relativas a temas de seguridad de Estado.
Según el portal de noticias del Estado, Venezolana de Televisión (VTV), y la cuenta twitter del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (@Mincyt_VE), en fecha 21 de abril de 2020, se publicó en Gaceta Oficial Nº 41.863, la resolución conjunta emitida por el Ministerio del Poder Popular para la Salud y para la Ciencia y Tecnología –cuya publicación certificada no se encuentra disponible en el portal web del Servicio Autónomo de Imprenta Nacional y Gaceta Oficial (SAINGO)–, mediante la cual se establecieron los lineamientos generales para el desarrollo de las investigaciones relacionadas al Covid-19 en Venezuela, entre los cuales destacó la aprobación de los referidos estudios e investigaciones por parte de un Comité de Ética para la investigación de las instituciones y centros de investigación y docente asistenciales correspondientes, vulnerando así el derecho a la libertad académica reconocido internacionalmente por los pactos y tratados suscritos y ratificados por la República.
En fecha 13 de mayo de 2020, Diosdado Cabello, Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), en su programa “Con el Mazo Dando” transmitido a través del canal de televisión oficial del Estado venezolano, amenazó a la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (ACFIMAN) por publicar un informe científico titulado “Estado actual de la epidemia de la COVID-19 en Venezuela y sus posibles trayectorias bajo varios escenarios”, en el cual se alertó sobre la situación actual del Covid-19 en Venezuela y su posible comportamiento bajo distintos escenarios.
Las organizaciones que suscribimos el presente pronunciamiento condenamos y rechazamos la existencia de estas situaciones, por responder a un patrón sistemático y generalizado de represión y de censura contra cualquier persona que sostenga y difunda un pensamiento crítico en torno a las medidas políticas aplicadas por el Gobierno de facto, lo cual constituye una violación a la libertad académica, cuyo respeto supone para el Estado la obligación de abstenerse de imponer una matriz de pensamiento o de ideas, ya que generar conciencia e ideas críticas es la base de una sociedad democrática, especialmente en coyunturas en las que se ven involucrados intereses colectivos de la misma –tales como la propagación del Covid-19 en todos los países del mundo–, ante los cuales la sociedad tiene el derecho a controlar, a través del conocimiento científico y especializado, la gestión de sus gobernantes.
En este sentido, exigimos el cese de la vulneración de la libertad académica y el respeto y promoción de los derechos humanos, como pilares fundamentales de la institucionalidad democrática, así como al derecho de acceso a la información pública en el marco de la emergencia generada por el Covid-19, de conformidad con la recomendación Nº 34 de la Resolución 1/2020 sobre la Pandemia y los Derechos Humanos en Las Américas, emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). De igual forma, exigimos el cese de la política de Estado de persecución del sector salud, con el objetivo de silenciarlo y ocultar el incumplimiento de las obligaciones del Estado en la materia.
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