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DDHH olvidados |  El enero en que todo cambió
Gregory Hinds fue víctima de una detención arbitraria. Pese a tener orden de excarcelación, no fue acatada. El Sebin se negó a recibir la correspondencia del tribunal y debió permanecer privado del libertad

Un día de enero de 2018, Gregory Hinds recibe un mensaje. Una de las fundadoras De la Fundación Embajadores Comunitarios ha sido nombrada en un programa de televisión estatal Con el mazo dando.

Su vinculación con Embajadores Comunitarios hace que esto sea una fuente de preocupación. Esta organización se dedica al empoderamiento juvenil usando para ello el Modelo de Naciones Unidas (MUN) con el objeto de mejorar las habilidades de oratoria, negociación, liderazgo y confianza de sus beneficiarios: chamos con edades que oscilan entre los 11 y los 18 años en comunidades populares de Caracas —como La Vega, Antímano, San Agustín del Sur, Filas de Mariche y Petare. Gregory ha sido su director general los últimos cinco años.

El 31 de enero, Gregory está dando clases de inglés en el Colegio Integral El Ávila ubicado en la Universidad Metropolitana de Caracas y es llamado insistentemente. Tan pronto como puede devuelve la llamada. Se trata de una persona del condominio del edificio donde Embajadores Comunitarios tiene su sede quien le comunica con unos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) quienes le dicen que quieren hablar con él personalmente. Al colgar la llamada, se comunica con sus compañeros para pedirles que se pongan a resguardo. Ese día se produjo su detención.

Lo interrogan varias veces, distintas personas, todas con las mismas preguntas relacionadas con lo que hace la organización. La presión aumenta, intenta consultar y un comisario le responde: “Aquí el que hace las preguntas soy yo”. Trata de mantener la calma. Finalmente le pasan su declaración por escrito para que la firme. Hay cosas que no dijo, se omitieron otras, pero como no las considera importantes decide firmar.

Pasan las horas y aunque la luz es artificial Gregory infiere, por la ausencia de los sonidos propios del trajinar caraqueño, que ya es de madrugada. Pregunta si se puede ir a casa, un funcionario se ríe, otro le dice en tono burlesco que es peligroso andar a esa hora por ahí, hasta que le terminan diciendo que está privado de libertad.

Sin muchas explicaciones, un día Gregory es trasladado a tribunales para su presentación. Aunque él no lo sabe con precisión, han pasado cuatro días. El Ministerio Público le precalifica el delito de instigación a delinquir y agavillamiento. Se encuentra con la Directora de Programas de Embajadores Comunitarios quien también está detenida. El Tribunal 31 de Control del Área Metropolitana de Caracas decide que continúen su proceso judicial privados de libertad.

Durante el tiempo que permanece en este lugar empieza a comer la comida que le ofrecen. Toma agua del tanque de la poceta. Duerme sentado pues no puede estirarse, no hay espacio. No se ha cambiado de ropa. No puede hacer sus necesidades fisiológicas y su salud se empieza a resentir. Le pide a un comisario que lo traslade de lugar y ante la posibilidad que su estado se deteriore lo consigue.

Dos meses luego de su detención tanto a Gregory como a su compañera de Embajadores Comunitarios, gracias a la incesante presión de organizaciones y las diligencias de sus abogados, el tribunal les otorga una medida cautelar sustitutiva de privación de libertad ordenando su liberación inmediata. Al ser defensores de derechos humanos, sin filiación política alguna, sus casos han generado la indignación de organizaciones de esta naturaleza en el mundo entero. Amnistía Internacional los declara presos de conciencia, Cofavic asume su defensa internacional.

No obstante, aun cuando tienen boleta de excarcelación, la libertad no llega. El Sebin se niega a recibir la correspondencia del tribunal alegando que no tienen sistema. Así, Gregory y su compañera pasan a formar parte de la lista de reclusos de El Helicoide que se mantienen en estas instalaciones en un acto que demuestra un profundo desprecio al sistema judicial.

Con 60 kg de peso, 20 menos de los que tenía cuando ingresó, Gregory recibe, el 1 de junio de 2018, una especie de indulto de parte de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Trata de negarse a firmar una declaración en la que agradecía el perdón. Le amenazan: “Si no te gusta puedes regresar a El Helicoide”. No le queda de otra que formar parte del show mediático en la Casa Amarilla, edificio sede de la Cancillería venezolana.

Ya en libertad condicionada a presentaciones frente al tribunal, retomar su vida es un proceso lento y tortuoso. Acostumbrarse a la luz es difícil: “Ver el sol me quemaba los ojos”. El miedo, la ansiedad lo atormentan con fuerza los primeros cuatro meses: ver una patrulla, un policía es un hecho que lo lleva al límite. Su entorno lo trata como algo frágil que puede partirse en cualquier momento y esto le dificulta su necesidad imperiosa de cerrar este capítulo.

Aunque hay cambios importantes en él, Gregory trata de mantener su base lo más intacta posible. Unos cuatro meses después va recuperando su normalidad y puede identificar ganancias. “Esta experiencia me hizo crecer de muchas maneras, la resiliencia la desarrollé infinitamente, no me quedó de otra. Siento que después de haber pasado por todo esto no visualizo que pueda haber algo peor, entonces no hay motivo para que pueda ver las cosas de manera negativa”, dice Gregory.

Parte de su recuperación ha sido tratar de levantar la organización. No es ni la sombra de lo que fue: de 100 voluntarios han pasado a tener 10, han cerrado muchos proyectos pero aún queda ese aliento por seguir adelante y reconstruir lo perdido.

N de R: El testimonio  forma parte del informe. Voces bajo represión: diez historias contra la impunidad en Venezuela, disponible en el portal de Cofavic, en el siguiente enlace

 

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