@ValeriaPedicini
Adriana Ávila se refugia en los recuerdos. Ahí no hay espacio para la tristeza ni el dolor. Ahí mantiene vivo a su hijo, protegido por los momentos que construyeron juntos e inmune al paso del tiempo y al olvido. Ahí lo tiene siempre presente en su búsqueda por la justicia que inició en julio de 2017 cuando lo asesinaron.
Las protestas antigubernamentales en Venezuela llevaban casi cuatro meses. Los venezolanos habían salido a las calles en rechazo al gobierno de Nicolás Maduro después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitiera dos sentencias que le arrebataron los poderes a la Asamblea Nacional.
El jueves 20 de julio, la oposición venezolana había convocado a un paro cívico nacional de 24 horas como parte de la estrategia de “hora cero”, tras casi cuatro meses de protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro. Los negocios permanecieron cerrados, las calles estaban llenas de barricadas y el transporte público no trabajó.
Ese día, como el resto de las jornadas, hubo represión.
Andrés Uzcátegui había salido de su casa para ir a afeitarse, pero en el camino se consiguió con unos amigos. “En ese momento ocurrió una situación irregular en medio del trancazo”, cuenta su madre. La gente que estaba concentrada en las calles comenzó a correr y él se metió por un callejón donde fue acorralado por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
Un registro llevado por Runrun.es contabilizó 158 muertos en el contexto de protestas de 2017. El Foro Penal Venezolano, en un reporte publicado en agosto de ese año, indicó que el número total de arrestos arbitrarios fue de 5341 y hubo al menos 4000 heridos.
La Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, además de múltiples países, condenaron la represión de los agentes de seguridad.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) señaló a las autoridades del Gobierno de Nicolás Maduro de haber cometido múltiples violaciones de los derechos humanos, además de constatar el uso excesivo de la fuerza de funcionarios durante las manifestaciones. Asimismo, según el Acnudh, los agentes de seguridad son responsables de al menos 46 de las muertes, de las 124 investigadas por el Ministerio Público.
Según los tipos de lesiones registradas, la Acnudh determinó que el uso de la fuerza aumentó progresivamente durante las manifestaciones de hace tres años: el abril, personal médico mostró que los afectados fueron tratados por intoxicación por gases lacrimógenos; en mayo, las heridas fueron por impacto de perdigones, metras o tuercas; en julio comenzaron a tratar heridas de bala.
De acuerdo con normas internacionales que rigen el empleo de la fuerza, las armas de fuego no deberían ser empleadas para dispersar manifestaciones. “El homicidio intencional perpetrado con armas de fuego u otras armas menos letales, a menos que sea estrictamente inevitable para proteger la vida humana, contraviene las normas internacionales y equivale al uso excesivo de la fuerza y, posiblemente, a una ejecución extrajudicial”.
Aunque el Ministerio Público informó que comisionaría a la fiscal 27º de Carabobo para investigar el crimen, Adriana asegura que las investigaciones no prosperaron y que el caso de su hijo fue remitido a Caracas.
“Yo pienso que han politizado la muerte de mi hijo y de muchas jóvenes víctimas de la represión del gobierno. A ellos no les conviene que las cosas se aclaren. Yo exijo justicia: este dolor es indescriptible”. El caso de Andrés representa un ejemplo a las violaciones al debido proceso y el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.
Ella prefiere pensar que Andrés está en Colombia, país al que tenía pensado emigrar y en donde lo estaban esperando con una oferta laboral en reparación de equipos electrónicos a lo que él se dedicaba.
Es consciente de la pérdida irreparable que sufrió y del dolor que la muerte de su hijo le dejó. Pero si hay algo que esta docente jubilada no está dispuesta a dejar atrás, es la impunidad que envuelve el caso de su hijo.
“¡Tiene que haber justicia algún día! Yo como docente me esforcé enormemente para que mis dos hijos se criaran con valores. Mucha gente también ha tenido que llorar y sufrir en medio de esta situación. No podemos dejar que el antivalor de la muerte se instale en nuestra sociedad”.
El caso es extraído de las crónicas reseñadas por en el portal de Encuentro, Justicia y Perdón
Foto: portal Encuentro Justicia y Perdón
