La ONG Fundación de Derechos Humanos del estado Anzoátegui contabilizó 50 presuntas ejecuciones extrajudiciales 

Desde el 1ero de julio hasta el 31 de diciembre de 2020 fueron contabilizadas 50 presuntas ejecuciones extrajudiciales en el estado Sucre, lo que significaría la muerte de un ciudadano cada tres días a manos de efectivos de fuerzas de seguridad, así lo informó el director institucional de la Fundación de Derechos Humanos del estado Anzoátegui (FDDHHANZ), Alcides Magallanes, quién además detalló que 48 de estas personas eran hombres y 2 mujeres.  

Sucre, dónde se encuentra ubicada la capital de la entidad, fue la localidad que lideró este tipo casos con la mitad de las muertes (25), seguida de Andrés Eloy Blanco y Bermúdez, con seis fallecidos cada uno.

En el resto de los municipios el registro de muertes quedó de la siguiente manera: Andrés Mata: 3, Arismendi: 3, Cruz Salmerón Acosta: 3, Montes: 1, la comunidad de Chúpere, ubicada entre la
frontera entre Ribero y Mejía, un caso, mientras que en Ribero: 1 y Valdez: 1. 

En cuanto a la presunta responsabilidad de estas muertes, se encontrarían inmiscuidos funcionarios del Instituto Autónomo Policía del estado Sucre (Iapes), con 16 fallecidos.

Asimismo se registró la muerte de seis ciudadanos tras la participación de una comisión mixta integrada por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Grupo Antiextorsión y Secuestro (GAES).

Otras seis muertes ocurrieron en manos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). La organización también registró la muerte de 5 personas en manos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), otras 5 perdidas en manos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Entre estos hechos lamentables también perdieron la vida tres ciudadanos tras la
acción en conjunta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y el
Comando Antiextorsión y Secuestro (Conas). 

Las víctimas tenían edades comprendidas entre los 16 y 39 años, situación que Magallanes calificó como “realmente grave” debido a que va contra el derecho a la vida de todos los ciudadanos, el número de víctimas, el irrespeto a las normas por parte de los funcionarios de seguridad, y además la existencia de casos de menores de edad.

El representante de la ONG precisó que estos casos han sido elevados a la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU.