El proyecto de ley que la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo aprobó crea una estructura social inexistente en la Constitución

Mientras por un lado Nicolás Maduro le coloca “trapo rojo” a la oposición para distraer su atención, anunciando la eliminación de los protectorados, sigue avanzando aceleradamente en la instauración del Estado comunal, alerta este jueves la ONG Acceso a la Justicia en un análisis enviado a los medios de comunicación.

En efecto, el anuncio luce como un intento para convencer a la oposición de participar en las megaelecciones regionales y locales previstas para noviembre próximo. Sin embargo, la oferta también parece un caramelo envenenado, pues mientras anuncia esta medida continúa con sus intentos por consolidar un Estado paralelo, a través de iniciativas como la Ley Orgánica de Ciudades Comunales.

En Acceso a la Justicia han advertido que la propuesta, además de contradecir la descentralización político territorial, se presenta como una estructura prevista para desmontar el sistema republicano del Estado constitucional democrático, que está fundamentado en los principios de supremacía constitucional (artículo 7), de legalidad (artículo 137), de división de los poderes (artículo 136), de la responsabilidad del Estado (artículo 140) y en el reconocimiento y vigencia efectiva de los derechos humanos (artículos 2 y 19).

La ciudad comunal busca vaciar de competencias a los estados y municipios, al tiempo que incrementaría y potenciaría la centralización del poder en manos del Ejecutivo nacional, así como el control social. No hay que olvidar que las comunas, en las cuales se sustentan estas hipotéticas figuras, son organizaciones que serán controladas y dirigidas por este.

Más de una década construyendo un Estado paralelo

Desde 2013 Maduro ha implementado progresivamente un catálogo de figuras contrarias al ordenamiento jurídico, y ha creado organizaciones sociales o asociativas que violan el principio de representación del pueblo y el modelo constitucional de Estado federal descentralizado. Una de las figuras más emblemáticas que ha establecido son los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), creados en 2016 para –en teoría– mitigar la grave emergencia humanitaria compleja que afecta al país, al distribuir alimentos, productos de higiene y medicamentos. Sin embargo, en la realidad ha sido una forma de control social.

Otra invención implementada por el régimen es el Carnet de la Patria, una especie de documento de identidad que regula el acceso a alimentos y artículos de primera necesidad adquiridos a través de los CLAP.

Sin embargo, el Estado paralelo no comenzó con Maduro. Ya Hugo Chávez había tomado medidas dirigidas a desmantelar la institucionalidad. Entre las primeras destacó la eliminación de la estabilidad de los jueces. También los llamados «círculos bolivarianos», una forma de organización popular conformada por entre siete y once personas, para discutir los problemas sociales de la comunidad y buscar su pronta solución. Para Chávez, los círculos bolivarianos eran «el alma del pueblo».

En el discurso de juramentación de los círculos, el 17 de diciembre de 2001, en un acto celebrado en la avenida Bolívar de la ciudad de Caracas, el mismo Chávez señaló que con los círculos bolivarianos “profundicemos la democracia participativa y protagónica y aquí está el ejemplo: todo el poder para el pueblo es la consigna de los círculos bolivarianos”.

Chávez crearía nuevas modalidades de organización social, tales como los comités de tierras urbanas, que aparecieron en 2002 por decreto presidencial con el propósito de estimular la participación ciudadana en la regulación de la tenencia de la tierra. Meses después puso en marcha las misiones, concebidas como programas sociales del Gobierno, y los consejos comunales, creados mediante la Ley de los Consejos Comunales en 2006, que en 2010 pasarían a formar parte de la «comuna» y el «Poder Popular», con la finalidad de reemplazar el Estado federal.

Siguiendo el ejemplo de Chávez

Con la muerte de Chávez y la ascensión de Maduro al poder, el proceso de disolución institucional siguió avanzando. Así, Maduro designó en 2013 al derrotado aspirante a la Gobernación de Miranda, Elías Jaua, como protector de esa entidad. El funcionario recibió fondos que ha debido manejar el opositor Henrique Capriles Radonski, quien fue el realmente electo como gobernador.

Esta invención encuentra su antecedente en la Alcaldía Metropolitana de Caracas, cuando en 2008 ganó las elecciones de ese despacho el candidato opositor, Antonio Ledezma. En 2009 Chávez, para tratar de desconocer la decisión popular y con el respaldo de la AN controlada por el chavismo, modificó el régimen y administración del Distrito Capital y estableció un Gobierno paralelo a cargo de un jefe que sería designado por el propio presidente de la República, a fin de usurpar las funciones y el presupuesto que tenía asignado el alcalde metropolitano.

Pese a que la Constitución establece que el Gobierno de Venezuela y de las «entidades políticas que lo componen es y será siempre democrático, participativo, electivo», Chávez designó como jefa de Gobierno del Distrito Capital a la dirigente del oficialismo, Jacqueline Farías, quedando Ledezma despojado de sus competencias, hasta que fue detenido injustificadamente en 2015 por la supuesta comisión de delitos políticos.  

El régimen de Maduro prosiguió con la política gubernamental emprendida por su antecesor de desconocer la institucionalidad formal a través de los protectorados, y obviar a los titulares de los órganos constitucionales que habían sido electos mediante la votación popular, por el solo hecho de tratarse de líderes o candidatos de oposición.

Esta política de Estado quedó consolidada en 2017, cuando designó más protectorados en cuatro entidades federales (Anzoátegui, Mérida, Nueva Esparta y Táchira) en las que había ganado legítimamente la oposición durante las elecciones regionales celebradas el 15 de octubre de ese año.

La figura del protectorado, en definitiva, es una suerte de representante del Ejecutivo nacional para la administración de las gobernaciones y alcaldías, en función de los intereses del poder central, que para nada representa la voluntad democrática de los ciudadanos. Son fórmulas organizativas de carácter territorial impuestas arbitrariamente desde el Gobierno nacional con la intención de desconocer las victorias obtenidas por la oposición en elecciones regionales y municipales.