Las FAES asesinaron a Robert Alvarado en la sala de su casa en Lara el 3 de febrero de 2019 mientras su madre era brutalmente agredida
Era domingo y Carmen estaba cocinando mientras su hijo Robert Alexander Alvarado estaba desayunando en su cuarto. Apenas tenía dos días en la casa. Había llegado el viernes en la noche, después de dos meses de haber salido del penal de Coro. Ahí estuvo nueve años por delito de robo.
Ese era el mismo tiempo que el joven de 28 años tenía sin ver a su madre. Acordaron que la visitaría, se quedaría el fin de semana, y el lunes se regresaría a casa de su abuelo, donde vivía.
“Yo lo iba a sacar del país, pero en el Tribunal me decían que todavía aparecía como preso. No lo quería sacar así, preferí hacerlo legalmente. Él ya tenía libertad plena, pero ante la justicia todavía estaba preso y si se iba, saldría como si estuviese fugado”.
Llevaban armas largas y tenían los rostros cubiertos. Ninguno se identificó, pero Carmen los reconoció como efectivos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
Carmen salió de la vivienda y preguntó qué era lo que pasaba, pidió que le mostraran la orden de allanamiento. El que llevaba el mando del grupo de las FAES, el único que tenía la cara al descubierto le contestó: “La única orden que tengo es matar al choro que está aquí adentro”.
Ella corrió a meterse en el cuarto con su hijo. “Me aferré a él. Me dijeron que si no me salía me iban a llevar presa, pero no me importó”. Comenzaron a forcejear: Robert la halaba hacia él y los policías la agarraban por el pelo para apartarla.
Como se negaba a soltarlo, los funcionarios comenzaron a golpearla. Eran alrededor de 10 efectivos encima de la mujer; las funcionarias mujeres ni se movieron. Le reventaron los dientes.
Carmen vio como uno de los hombres metió una bandana en la boca de Robert para acallar sus gritos de auxilio. Vio cómo ahorcaban a su hijo con un precinto de seguridad que le pusieron en el cuello. “Allí comenzó a balbucear y me dijo que ya, que lo dejara solo”.
La sacaron del cuarto a empujones y le dijeron que corriera, pero ella no lo hizo. Temía que le dispararan por la espalda. “Y es que uno de los policías me decía: ‘Quédate tranquila porque yo no vacilaría en darte un tiro. Yo ya he matado mujeres hasta de 70 años’”.
Desde la casa de una vecina, escuchó tres detonaciones. Minutos después, un vecino le avisó que a su hijo lo tiraron en una camioneta. “Los vecinos me cuentan que a Robert lo arrodillaron en la puerta y le pidieron que corriera. Él dijo que no correría. Pidió que lo mataran de una vez”.
Cuando horas después, volvió a casa a ver qué había pasado y a buscar información, vio que en la pared de la sala todavía quedaban manchas de sangre.
Durante el año 2020, en el estado Lara se contabilizaron 201 muertes violentas, según los datos recogidos por Monitor de Víctimas. Entre abril y diciembre del 2020, más del 60% de los asesinatos registrados fueron cometidos por cuerpos de seguridad del Estado. 151 víctimas de la letalidad policial fueron asesinadas en su mayoría por funcionarios de las FAES.
La versión de las FAES indicaba que a su hijo lo capturaron en la calle y que la muerte fue el resultado de un enfrentamiento con la policía.
A un año y ocho meses de lo ocurrido, Carmen no ha recibido una respuesta de la Fiscalía. “Yo lo único que pido es justicia, para mi hijo y para mí porque yo también fui brutalmente agredida, y que esto no vuelva a suceder con los demás como ha estado sucediendo en estos últimos tiempos”.
