La exmandataria chilena dijo que Gobierno de Nicolás Maduro  ha hecho escasos progresos para proteger a los defensores de derechos humanos

Pese a que la Constitución garantiza que todos los ciudadanos pueden «dirigir peticiones ante cualquier autoridad», así como «expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión», «participar libremente en los asuntos públicos» y «manifestarse», aquellos que decidan ejercer estos derechos en Venezuela pueden correr el riesgo de ser encarcelados, procesados hasta por tribunales militares, ser heridos e incluso perder la vida.

La denuncia la formuló la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, al presentar el 13 de septiembre de 2021 ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el informe Situación de los Derechos Humanos y la asistencia técnica en la República Bolivariana de Venezuela.

En el reporte, la exmandataria chilena se queja de los «escasos progresos» realizados por el Gobierno de Nicolás Maduro a la hora de proteger a los defensores de derechos humanos, al investigar «las violaciones de los derechos humanos cometidas contra ellos» y al momento de garantizarles «el derecho a participar en los asuntos públicos».

En este informe, que abarca hechos ocurridos desde junio de 2020 hasta junio de 2021, se lee lo siguiente:

«El ACNUDH documentó 17 casos de violaciones de Derechos Humanos relacionadas con la defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que incluyen 4 casos de amenazas e intimidación (incluyendo dos mujeres) y 12 casos de detención arbitraria. Muchos de los casos documentados iban acompañados de actos de violencia e implicaban la criminalización de actividades legítimas».

Al respecto, recordamos que en lo que va de año cinco activistas de Azul Positivo y tres de Fundaredes han sido detenidos, eso sin contar que desde finales del 2020 las sedes de Convite, Acción Solidaria y Alimenta La Solidaridad han sido allanadas y hostigadas.

«Me preocupan las restricciones adicionales y los continuos informes de intimidación y criminalización de las personas defensoras de los derechos humanos y de los y las líderes sindicales por sus actividades legítimas», dijo Bachelet al presentar su reporte al Consejo.

Nadie está a salvo

Aunque ciertamente aquellos activistas que han decidido documentar y denunciar abusos tienen mayores posibilidades de ser agredidos y terminar tras las rejas, eso no quiere decir que el resto de la población esté exenta. Así lo reconoció Bachelet, quien denunció que su oficina documentó ocho casos de criminalización, amenazas, hostigamiento y detención de estudiantes por su participación en movimientos estudiantiles o en la documentación de violaciones de los derechos humanos.

La alta comisionada expuso lo siguiente:

«Tres casos consistieron en agresiones y hostigamiento contra cuatro miembros de la Confederación de Estudiantes de Venezuela durante la preparación de la Ruta por Venezuela. Su presidente fue detenido por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en una asamblea frente al edificio de un partido opositor en Maturín (estado Monagas), el 16 de abril de 2021, y dos dirigentes estudiantiles fueron agredidos por miembros de las fuerzas de seguridad, en cuatro puntos de control diferentes, entre los estados Mérida y Portuguesa, en mayo de 2021».

Como si lo anterior no fuera suficiente, en el mismo período Bachelet informó que también registró nuevas acciones contra miembros de sindicatos:

«Se documentó el enjuiciamiento de siete dirigentes sindicales y seis trabajadores por su defensa de los derechos laborales o por haber denunciado irregularidades, por delitos como terrorismo, asociación ilícita, revelación de secretos de Estado e incitación al odio, algunos de ellos tras ser denunciados por sus supervisores a las autoridades o tras haber publicado en las redes sociales mensajes críticos contra el Gobierno. Ocho siguen detenidos al momento de este informe. Dos dirigentes sindicales fueron supuestamente despedidos de sus puestos por su defensa de los derechos de los trabajadores».

¿No todo es malo?

Pese a los datos anteriores, la alta comisionada informó al Consejo que ha logrado establecer canales robustos de comunicación y cooperación con las autoridades venezolanas. Como prueba de ello informó:

«El ACNUDH ha remitido casos individuales documentados de detenciones, incluidas de mujeres, que requerían una solución urgente por motivos de salud, retrasos judiciales, incumplimiento de órdenes judiciales de puesta en libertad, y continuación de la detención a pesar de haber cumplido las sentencias. De ellos, 152 personas habían sido puestas en libertad en el momento de redactar este informe».

Este intercambio también abarcó al Ministerio Público, intervenido por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente. La exmandataria chilena atribuyó a estos contactos «algunos avances en las acciones judiciales relativas a casos de graves violaciones de los derechos humanos», en particular destacó el hecho de que setenta y nueve casos de ejecuciones extrajudiciales y 18 muertes ocurridas en protestas estén siendo investigadas en la actualidad. Sin embargo, admitió que “hasta ahora la mayoría de estos casos permanecen en proceso, sin que se haya emitido una sentencia definitiva”.

Las averiguaciones que la Alta Comisionada asegura que la Fiscalía viene conduciendo para esclarecer casos de ajusticiamientos lucen ínfimas, al menos si se comparan con la cantidad de los crímenes presuntamente cometidos y denunciados en esta materia. Un informe publicado por la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2020 reveló que desde 2014 en el país 18.093 personas habrían perdido la vida a manos de agentes policiales y funcionarios policiales.

Por su parte, solamente durante la ola de protestas que sacudió al país en 2017 se registraron más de un centenar de fallecidos, de acuerdo con los datos manejados por el propio Ministerio Público.

En 2021 el despacho dirigido por Tarek William Saab reactivó casos como el del concejal opositor Fernando Albán o el del estudiante Juan Pablo Pernalete. No obstante, dichas acciones se antojan como maniobras para intentar escapar a un eventual proceso ante la Corte Penal Internacional (CPI), porque no hacen justiciarealmente.

Lo que no podía faltar

El grueso del reporte de Bachelet está centrado en la situación económica y social de Venezuela. La funcionaria achacó la persistencia de la crisis humanitaria a la pandemia de COVID-19 y a las sanciones impuestas por gobiernos como los de Estados Unidos y la Unión Europea.

Así, la exmandataria chilena mencionó el impasse ocurrido con las vacunas que el Gobierno adquirió con el mecanismo de la ONU conocido como COVAX. «El proceso de compra fue largo y los fondos para adquirir la vacuna habrían sido congelados durante varias semanas por las instituciones bancarias, según se reporta, debido a complicaciones relacionadas con las medidas coercitivas unilaterales», denunció la alta comisionada, quien sin embargo obvió que el Ejecutivo rompió el acuerdo al que había llegado con la oposición en la materia a principios de año o su negativa a aceptar la vacuna británica AstraZeneca.

Lo anterior fue de unas razones esgrimidas por Bachelet para sumarse al Gobierno de Maduro y solicitar el levantamiento de las medidas. Sin embargo, no aclaró si se refería solamente a las pocas impuestas a Petróleos de Venezuela (PDVSA) y el Banco Central de Venezuela (BCV), o si también se refería a las que pesan contra funcionarios, exfuncionarios y otras individualidades vinculadas al chavismo.

En este aspecto, Bachelet siguió la línea trazada por la relatora de la ONU sobre medidas unilaterales coercitivas, Alena Douhan, quien visitó el país a principios de año, sin aclarar como lo había hecho en su informe de 2019 que la crisis humanitaria es anterior a las sanciones.