Onésimo Fernández fue herido en su columna vertebral por un disparo del ejército venezolano durante la masacre de Kumarakapay, en Bolívar
Provea alega que no existe celeridad para determinar a los responsables de al menos 8 fallecidos del pueblo pemón por más de cuatro años
El 22 de febrero del 2019 marcó a Onésimo Fernández: la bala de un militar de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) le fracturó una vértebra lumbar en Kumarakapay, una comunidad pemón en el sur del estado Bolívar. Desde entonces quedó parapléjico.
El artesano y agricultor del pueblo pemón murió el 10 de marzo del 2020 por la escasez de medicinas para tratar la herida que el Estado le propinó. Durante un año y dos semanas se mantuvo en las camas hospitalarias de Santa Elena de Uairén y del Hospital General de Boa Vista, en la capital del estado brasileño de Roraima.
«Hasta ahora no hay información oficial que actualice la investigación de ese caso y de ese contexto (del ataque de Kumarakapay)», recalcó Marino Alvarado, abogado y excoordinador general del Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea).
El Ministerio Público designó a cuatro fiscales para investigar estos crímenes dos semanas después de que ocurrió el ataque militar: fiscal 91 indígena, 54 con competencia plena, segundo de derechos humanos y sexto de delitos comunes. Aún no se ha designado a ningún responsable o adelanto en la investigación después de cuatro años.
Para el especialista en derechos humanos, el registro y la denuncia de justicia ha permanecido en los informes de las ONG y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su Resolución 07-2019, medidas 181-19.
Testimonios conservados de Onésimo Fernández
En 2019, las fronteras venezolanas estaban cerradas por mandatos de Nicolás Maduro. Los líderes indígenas de Kumarakapay, comunidad que también se le conoce como San Ignacio de Yuruaní, manifestaban desde enero su apoyo a la entrada de insumos por la frontera brasileña para amortiguar la emergencia humanitaria compleja que aún sufre el país.
Ese día venía un cargamento de medicinas y alimentos desde Brasil gestionado por Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y reconocido por el Gobierno de Estados Unidos como presidente interino de Venezuela en ese momento.
A pesar de que el artículo 119 de la Constitución de Venezuela le otorga soberanía a la etnia en su territorio, cuatro vehículos de un convoy militar intervinieron en la zona y atacó a los habitantes.
Fernández recordó para la prensa nacional independiente que el 21 de febrero ya se podían ver unidades militares y el retorno de varios uniformados hasta un puente próximo a la localidad.
A las seis de la mañana empezaron los disparos. La primera de las ocho víctimas de ese ataque, Zoraida Rodríguez, murió en la calle principal de la comunidad. Los demás, como Onésimo, fallecieron semanas después del ataque, la mayoría en hospitales brasileños porque en Venezuela no tenían insumos para tratarlos.
«Cuando mataron a una señora (Zoraida Rodríguez) yo fui a verla, allí me dispararon. Al esposo (Rolando García) también le dispararon por la espalda. Me aguanté», dijo Fernández al Correo del Caroní un año después de la masacre de Kumarakapay.
3/3
Decidan de qué lado están en esta hora definitiva.
A todos los militares: entre hoy y mañana ustedes definirán cómo quieren ser recordados. Ya sabemos que están con el pueblo, ustedes nos lo han dejado muy claro. Mañana podrán demostrarlo.— Juan Guaidó (@jguaido) February 22, 2019
Los tres disparos que recibió Zoraida en el pecho fueron mortales. La bala que atravesó a Onésimo perforó su médula ósea y le causó una fractura osteolítica de la vértebra L5. Eran las diez de la mañana cuando él, Rolando García y Klever Pérez llegaron al Hospital General de Boa Vista.
En Brasil, Pérez fue uno de los primeros heridos en fallecer, el 28 de febrero. García falleció el 2 de marzo. Allí Fernández fue hospitalizado, diagnosticado con paraplejia y se quedó en un tratamiento de siete meses.
Según registros de la ONG Foro Penal, al menos 15 heridos causó esa intervención militar y Onésimo era uno de ellos. Pero, dentro de ese grupo, era el que tenía una condición más crítica: la herida de bala en la región toracoabdominal evolucionó con lesión gástrica.
Doble herida: sin acceder a medicinas
La represión militar no se detuvo en Kumarakapay. Los habitantes de Santa Elena de Uairén también reportaron ataques de militares de la GNB para evitar el ingreso de insumos humanitarios en la frontera brasilera.
«Quienes pueden, cruzan la frontera para evitar ser detenidos. Cruzan, a través de la selva o de la sabana, burlando el bloqueo; alrededor de 1.300 indígenas pemón, especialmente mujeres y niños, se refugiaron en las comunidades brasileñas. Mientras que los hombres resguardan casas y comunidades. Detienen e interrogan a quienes viven o trabajan en los sitios desde donde fueron captados los videos. Recomiendan borrar videos, fotos, sonidos», escribió la periodista Moreila Morillo para el Correo del Caroní con entradas de su diario.
Cuando Onésimo regresó a Kumanapakay la población mantenía una especie de toque de queda por temor a futuros ataques. La comunidad, que vive dentro del Parque Nacional Canaima, vivía del turismo y se mantuvo desolada por más de un año.
Pese a los aportes de varias ONG y de los habitantes de la zona ayudaron para el tratamiento, la condición de Fernández empeoró. El dolor se acentuó. Dejó de comer y hablar. No podía dormir más de 2 horas.
Los familiares de Onésimo no podían costear ni conseguir las medicinas que necesitaban, aquellas que se podían encontrar en la ayuda humanitaria que el Estado se negó a recibir con balas.
Un año después del incidente, la octava víctima del 22 de febrero del 2019 murió en el Hospital Rosario Vera Zurita de Santa Elena de Uairén, en el municipio Gran Sabana, al sur de Bolívar. Onésimo Fernández tenía 49 años.
«No hay nada que hacer, amaneció muy mal y solo está funcionando su corazón», informó horas antes su hermana Yelitza Fernández al Correo del Caroní.
Acaba de fallecer el indígena Pemón Onésimo Fernández. El 22 de febrero de 2019, Onesimo, 49 años, recibió un impacto de arma de fuego por efectivos militares en Kumaracapay, cuando la comunidad que salió a manifestar pacíficamente. #10Marzo pic.twitter.com/ibosmjKLmc
— PROVEA (@_Provea) March 11, 2020
La ausencia es la marca que dejó el 22 de febrero del 2019 en Kumanapakay. La Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) contó un mínimo de 1.300 pemones que se desplazaron forzadamente a Brasil para resguardarse del Estado venezolano —y no se sabe cuántos han regresado—. Al menos 13 indígenas fueron detenidos en el contexto de los ataques a Kumarakapay y a Santa Elena de Uairén, según la ONG Kapé – Kapé.
Otros líderes indígenas, como Ricardo Delgado, tuvieron que refugiarse en Brasil como exiliado político. Mientras tanto, los familiares de las víctimas aún esperan por la justicia de civiles que solo querían alimentos y medicinas bajo una crisis humanitaria.
