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DDHH Olvidados | Hugo Marino cumple cuatro años de desaparición forzada
El paradero del buzo profesional sigue siendo desconocido y los requerimientos de información de su familia se hunden ante el silencio oficial
Al menos 201 personas son reportadas bajo la desaparición forzada en Venezuela bajo temas políticos según Provea

 

«A ojos del Estado parece que la desaparición de mi hijo no existe. Quieren que uno se canse de exigir justicia», dice Beatriz Salas, madre de Hugo Enrique Marino Salas. Desde hace cuatro años se desconoce dónde está su hijo, si sigue con vida. La última vez que se supo de él fue cuando estaba en Caracas, el 20 de abril del 2019. 

Ni el Ministerio Público ni las fuerzas de seguridad del Estado venezolano le han dado información sobre las presuntas investigaciones del caso. 

Hugo Marino es un investigador marino y buzo profesional ítalo-venezolano. Sus allegados lo consideran un experto en el área de salvamento, análisis y rescate de accidentes aéreos. Es director de la empresa Servicios Electrónicos Acuáticos (SEA) y miembro de la empresa de especializada en búsqueda submarina a profundidad Andi Latinoamérica.

Desde la distancia, en Estados Unidos, su familia exige conocer dónde está Marino.

Testimonios de allegados a la familia de Marino precisan que Hugo fue detenido por miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en el aeropuerto Simón Bolívar, en La Guaira. Pero a los abogados en Venezuela les niegan corroborar la información que recibieron.

«Todos los días exijo en redes sociales a los funcionarios de Maduro, pero no me responden», reitera Salas. «En Twitter me bloqueó Tarek William Saab, Diosdado Cabello aún no. Pero no me voy a rendir: yo tengo que saber qué pasó con mi hijo. Me tienen que decir dónde está», sentenció.

Sobre el caso de Hugo tiene conocimiento la ONU y, desde el 23 de julio del 2020,  la Procuraduría Italiana le exige al gobierno venezolano la institución judicial de habeas corpus, que obliga la presentación de las personas detenidas . Pero el Estado venezolano mantiene su silencio.

«Yo seguiré exigiendo una rendición de cuentas. Si no me la dan a mí, si no llego a verla, se la deben dar a la justicia internacional», dice Salas. «Se equivocaron de madre si pensaron que dejaría de insistir». 

Este 20 de abril de 2023, al cumplirse cuatro años de la desaparición de Marino, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, exigió una fe de vida. «La comunidad internacional no puede mirar para otro lado ante crímenes de lesa humanidad como este», opinó. 

El último paradero de Hugo Marino

El buzo migró de Venezuela junto a su familia para vivir en Miami en 2016. Sin embargo, lo contrataban para investigar el paradero de aviones que sucumbieron ante el Mar Caribe. Las autoridades de Venezuela e Italia lo habían contratado para investigar sobre dos siniestros aéreos cerca del archipiélago de Los Roques, en territorio marítimo venezolano. 

El primero, el siniestro de un bimotor LET-140 de fabricación checa, siglas YV2081, de la empresa Transaven, marcó el inicio de un periodo de búsqueda que se extendió por cinco años. El vetusto aparato desapareció el 4 de enero de 2008 con catorce personas a bordo, entre tripulación y pasajeros: cinco venezolanos, un suizo y ocho italianos.

El segundo vuelo era otro bimotor, un BN-2 Islander de fabricación británica, con matrícula YV2615, de la empresa Transaéreo, que cayó al mar el 4 de enero del 2013. En ese avión iba el director ejecutivo de la casa de moda italiana, Vittorio Missoni.

«A Hugo Marino lo conocí como experto en investigación submarina que había vivido en Los Roques. Desde el primer día que hablé con él en la Fiscalía sus palabras fueron de pésame y confianza», relató Manuel Alcalá para el medio Armando.info, padre de la venezolana Patricia Alcalá y suegro del suizo Alexander Nierman, una pareja que viajaba en el vuelo que Marino investigaba. 

Ambos aviones se localizaron en el mismo mes: en junio del 2013. Alcalá recordó que el director de la SEA denunciaba al gobierno y las fuerzas armadas por no tenían los equipos necesarios para las investigaciones forenses ni para las labores especializadas de rescate y salvamento. 

La evidencia que recogió la empresa SEA son los únicos registros públicos que puede relatar la prensa. Para acceder a la información de la empresa ahora se debe usar la herramienta digital WayBack Machine porque su página web fue suspendida

 

Un tercer caso ocurrió el 19 de agosto de 2017: un avión privado marca Lear Jet 25 y con matrícula YV3191 despegó del aeropuerto Simón Bolívar y se encontró sus restos en las costas de Naiguatá, estado La Guaira. A bordo de ese vuelo estaban un empresario cercano al chavismo, Luis Napoleón Picardi Flores, y Miguel Ángel Pérez Oubiña, hijo del exministro de exministro de Comercio e Inversión Extranjera de Venezuela, Miguel Pérez Abad. 

Contrataron a Hugo Marino para investigar el caso. Dos semanas después del incidente, el buzo hizo público que contenía información sobre el vuelo. 

 

Marino tuvo que investigar otros casos en Argentina antes de volver a Venezuela. Regresó al país en 2019 a petición de otra investigación. Sus últimas apariciones públicas en redes sociales revelaron su apoyo al político venezolano Juan Guaidó. 

Hasta ahora, el Ministerio Público debe culminar la investigación sobre la causa de los tres siniestros. Al igual que como ocurre con el de Hugo Marino, estos casos se pierden en las profundidades de la opacidad. 

Clamor que se hunde en el silencio

«Fue gracias a varios amigos cercanos a los cuerpos de seguridad que tuvimos la versión sobre la detención de Hugo por parte de la Dgcim», recuerda Beatriz Salas. «Pero siempre llegaban a un punto donde nos decían que ‘no podían acercarse a él’ ni averiguar más del asunto». 

El caso quedó bajo la custodia del Tribunal 31 de Control del Área Metropolitana de Caracas. Los abogados de distintas ONG exigían el habeas corpus al Estado venezolano. Ninguno de ellos pudo validar la información que sus clientes manejaban sobre Hugo Marino.

«Lo extraño en el caso de Hugo Marino es que nadie lo ha visto», dijo la abogada Tamara Sujú a los medios de comunicación. «Ninguna autoridad dice algo al respecto». 

Poco después de reportar la desaparición de Marino, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares al buzo y exigió al Estado venezolano que informara si él se encuentra bajo su custodia. 

Salas rememora los últimos dos años como las últimas migajas de información extraoficial. «En 2021, uno de los abogados dijo que lo encontró en una clínica militar durante la cuarentena por COVID-19. Días después me volvió a contactar para decir que se «había equivocado»». 

La familia Marino también contactó al periodista Vladimir Villegas para entrevistar al fiscal general, Tarek William Saab y que le preguntara sobre el tema, pero no obtuvieron información precisa.

«Allí dijeron que el caso se estaba haciendo, que el Ministerio Público estaba en el proceso. Eso es pura mentira. Hasta el juez del Tribunal 31 de Control también guarda silencio, no dice nada desde hace años», comenta la madre de Hugo Marino. 

Más de 201 desapariciones forzadas 

El caso de Hugo Marino es considerado como una desaparición forzada. Su denuncia aparece en los informes que en julio de 2020 y 2021 presentó Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas en esa época, ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.

«La Oficina recibió información sobre las presuntas desapariciones forzadas del teniente coronel Juan Antonio Hurtado Campos, en septiembre de 2018, y de Hugo Enrique Marino Salas, un civil que había trabajado como contratista del Ejército en abril de 2019. Sus familiares no han recibido respuesta a las solicitudes de habeas corpus presentadas en julio y mayo de 2019, respectivamente, y su paradero sigue siendo desconocido», cita el documento.

Al menos 201 personas están catalogadas bajo la desaparición forzada entre los años 2000 y 2019, según Provea. Activistas de la organización no gubernamental venezolana afirman que el número ha subido considerablemente en los últimos tres años. Todos los casos tienen relación con conflictos con dirigentes chavistas. 

Durante 2022, alrededor de cuatro personas por día fueron reportadas como desaparecidas en el país, según un informe del Observatorio Venezolano de Violencia.

«Hasta que no se dé el paradero de mi hijo no voy a descansar. En Venezuela hacer justicia es muy difícil, pero no pierdo la fe: yo tengo que saber qué pasó con mi hijo», dice su madre.

Beatriz Salas aún recuerda el último mensaje que le envió su hijo ese 20 de abril del 2019. Era las 12 del mediodía y él se encontraba en el aeropuerto de Maiquetía. 

«Mamá, ya estoy en Caracas», le escribió. 

Ella aún espera que su hijo regrese de las profundidades de Venezuela.