Camacaro Perdomo estaba en Colombia con su esposa y sus dos hijas menores de edad. Habían sido desalojados de la vivienda en la que residían porque no tenían cómo pagar el alquiler
Karina Peraza Rodríguez / Foto: Anderson Piña
En marzo de este año las autoridades venezolanas anunciaron el cierre de la frontera con Colombia ante los contagios por la pandemia del COVID-19. El protocolo para quienes regresaban al país era pasar por refugios en los que debían permanecer al menos 15 días y posteriormente ser enviados a los estados donde residían. Allí también estarían aislados por igual lapso. Una vez que sabían que estaban sanos se les permitía ir a sus hogares.
Así sucedió con Edward José Camacaro Perdomo, de 20 años de edad, y con Yender Javier Arriechi Mujica, de 26 años. Ambos pasaron por refugios: primero uno ubicado en el estado Táchira y luego otro en Lara. Por otro lado, Kenis Hernán Chirinos Gutiérrez, de 35 años de edad, quien se dedicaba a pasar personas por las trochas, al ser testigo de los malos ratos e incomunicación por la que atravesaban los retornados, decidió dirigirse al estado Lara antes de que fuese internado en algún refugio.
Además de haber emigrado para trabajar en Colombia y luego regresar a Venezuela por la pandemia, estos tres hombres tienen otro aspecto en común: fueron asesinados por la Brigada de Reacción Inmediata (BRI) y la FAES, grupos de la PNB.
Había vuelto a Venezuela porque no tenía para el alquiler
Camacaro Perdomo estaba en Colombia con su esposa y sus dos hijas menores de edad. Habían sido desalojados de la vivienda en la que residían porque no tenían cómo pagar el alquiler. Habían dejado de trabajar por las restricciones que generó la pandemia.
El hombre, que cruzó la frontera con su familia, no tenía ni una semana de haber salido del confinamiento que exigía el protocolo sanitario cuando una comisión de la BRI llegó a su vivienda.
El 28 de abril los funcionarios llegaron en horas de la madrugada, lo esposaron y le indicaron a sus parientes que sería trasladado a una comisaría para un chequeo. No regresó. Fue reportado como muerto en un enfrentamiento.
Su padre avisó que se lo habían llevado con vida
La segunda víctima fue Arriechi Mujica. El pasado 25 de mayo a las 4:00 de la madrugada efectivos de las FAES llegaron a la casa del hombre, ubicada en la calle 2 con carrera 3 del barrio La Victoria, parroquia Unión, Barquisimeto, estado Lara. Lo sacaron vivo de su casa, según el relato de sus familiares.
El joven también había estado en un refugio en Táchira y después en la Villa Bolivariana, ubicada en Barquisimeto. Una vez confinado en la capital larense tardó en ser dado de alta debido a que ameritó asistencia médica, porque presentó convulsiones.
Apenas tenía diez días en su vivienda cuando la FAES se lo llevó. En el momento de la incursión de los uniformados, el padre de Arriechi Mujica mandó varias notas de voz a diversos grupos, advirtiendo que a su hijo lo habían sacado vivo. De nada valió: al muchacho lo mataron horas más tarde en la comunidad de Santos Luzardo. Las autoridades aseguraron que se trató de un enfrentamiento.
Pagó con su vida pasar personas por las trochas
La tercera víctima fue Chirinos Gutiérrez. El joven, que pasaba personas por las trochas, había sido testigo de lo que se vivía en los refugios y además sabía que existía la amenaza por parte de Freddy Bernal, designado como protector de Táchira, de que serían detenidos.
El hombre había vuelto a Barquisimeto en marzo de este año. Algunas de las personas de la comunidad quisieron reportarlo ante la Gobernación. El 21 de julio una comisión de la BRI llegó directo a su vivienda. Sacaron a su familia de la casa y a él lo asesinaron en el lugar.
El hecho se produjo en horas de la mañana en una invasión ubicada en la comunidad de la Gil Fortoul, en la parroquia Unión, Barquisimeto, capital larense.
Casi 200 personas ejecutadas este año por la policía
Lara es uno de los estados que en los últimos dos años ha registrado más casos de resistencia a la autoridad y ejecuciones extrajudiciales en todo el país.
De enero a noviembre de 2020 la cifra de muertes a manos de cuerpos de seguridad del Estado se ubicó en 197 víctimas, según un registro de prensa.
Los datos de Monitor de Víctimas se registran desde el 1° de abril, cuando inició el proyecto en esa entidad. De acuerdo con estas cifras van 125 muertos por responsabilidad de las autoridades.
