El concejal del municipio Caroní, Iván Yáñez, acudió a la Defensoría del Pueblo, sede Puerto Ordaz, para solicitar a la titular encargado de este despacho, Keni Vargas, velar por las garantías constitucionales y derechos humanos de las más de 11.772 afectados que se registran en el estado Bolívar producto de la crecida del río Orinoco, que este jueves superó la cota de 18.04 metros sobre el nivel del mar.

Según el balance presentado por Yáñez a esta dependencia del Poder Moral, 738 lactantes, 738 niños, 316 adolescentes, 1078 adultos, 242 adultos mayores y 17 discapacitados; componen el grupo de ciudadanos que ha quedado en condiciones deplorables, solo en el municipio Caroní, por los recientes cambios climáticos que azotan la zona.

“Ya basta que el alcalde fantasma de Caroní no se ocupe de sus responsabilidades, por eso estamos en la Defensoría apelando al artículo 15 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo que los obliga a velar por el correcto funcionamiento de los servicios públicos, así como amparar y proteger intereses legítimos, colectivos y difusos de las personas”, dijo el concejal haciendo referencia a que espera se instale un mesa técnica conjunta para atender a los más afectados por la contingencia.

Yáñez reiteró que en los lugares habilitados como refugio  han podido constatar que no cumplen con las condiciones básicas para la estadía de estas personas, haciendo mención a que se evidencia un claro hacinamiento y brotes de enfermedades como dengue, paludismo, entre otras, consecuencia de las aguas estancadas.

En función de ello, Yáñez emplazó al Defensora del Pueblo en el municipio a que exhorte  a los organismos y autoridades competentes a realizar las acciones necesarias para garantizar los principios más básicos y fundamentales, consagrados en el artículo 82 de la Constitución de la República vigente.