«¡LA CONSTITUYENTE VA!» fue el eslogan utilizado por el Gobierno antes de instalar su asamblea nacional constituyente, y aunque muchos pensaron que no sucedería por las serias denuncias en torno a cómo fue convocada y constituida, se instaló. Ahora bien, ¿sobre qué está debatiendo? ¿Realmente está redactando una nueva Constitución? ¿Qué rol tiene?

La lógica indica que la Asamblea Nacional Constituyente debería estar elaborando una nueva Carta Magna, pues es lo que establece la norma constitucional aún vigente (artículo 347). Pero no se sabe con claridad cómo va el tema entre los asambleístas; informaciones de prensa han asomado la posibilidad de incluir en la nueva Constitución los cuadrantes de paz y reforzar los derechos de las personas con discapacidad.

Lo que en cambio sí se conoce, es que la ANC está legislando. En efecto, se ha convertido en el nuevo poder legislativo, usurpando sus funciones.

Hasta ahora están en el tapete cerca de diez proyectos de leyes, entre los que resalta la Ley contra el Odio, la Intolerancia y por la Convivencia Pacífica, que persigue aniquilar de manera definitiva la disidencia política y el libre pensamiento.

En dicha lista destacan también ocho propuestas de leyes para alcanzar la paz económica presentadas por el presidente de la república, Nicolás Maduro, en las que aparecen, entre otras, la Ley de Régimen Especial Tributario para la Protección Social del Pueblo y Sanciones a los Delitos de Economía, la Ley de Abastecimiento Soberano y Precios Acordados, la Ley para la Creación de Fiscales de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, la Ley de la Promoción y Protección de la Inversión Extranjera y la Ley para regular el Régimen Tributario para el Desarrollo del Arco Minero del Orinoco.

De lo anterior se deduce que los temas que principalmente ocupan al Gobierno son la economía y la represión. El primero es muy importante en vista de la crisis sin precedentes que hay en el país. El problema es que el título de las propuestas legales antes mencionadas alude al modelo que ha conducido a la actual debacle económica y que se siguen atacando las consecuencias y no las causas.

Por ejemplo, se pretende sancionar de manera más dura al «bachaquero», cuando no es más que una persona que pertenece a la economía informal, que para aprovecharse de la escasez revende productos que tienen un precio regulado a un precio superior. Su actividad no es moralmente aprobable porque se aprovecha de los demás en medio de una situación caótica, pero el problema es la regulación de los productos y la falta de incentivos para producir, lo que lleva a la escasez y a que el que los obtenga especule y los ofrezca al doble de su precio.

El segundo tema que ocupa a la ANC, la represión, es consecuencia del primero. En vista del descontento existente por el modelo implantado y que, a pesar de ello, se quiere mantener, es importante para el régimen imperante tomar medidas represivas para atornillarse en el poder.

En este sentido, no es de extrañar que el presidente Nicolás Maduro le haya solicitado a la ANC, además de lo ya mencionado, que reforme las leyes penales y de seguridad nacional con el objetivo de lograr una legislación «implacable» contra el terrorismo. «Yo le pido a la Asamblea Nacional Constituyente hacer una reforma del Código Penal y de la Ley de Seguridad Nacional rápido, por favor, y elevar las penas». Ante esto es válido preguntar a quién se aplicarán estas penas

En el mismo sentido, el ministro del Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol le entregó a la ANC ochenta y dos propuestas de seguridad nacional, para, entre otros, combatir las nuevas amenazas de un «plan desestabilizador» o guerra híbrida que se vive en Venezuela, instando a los ciudadanos a «cambiar de actitud» porque toda la responsabilidad no puede caer en las instituciones que deben garantizar la seguridad.

Con información de Acceso a la Justicia