El Ministerio de Salud adjudicó contratos a empresas controladas por funcionarios del Seguro Social o allegados a otras esferas del gobierno para atender una emergencia que Daniel Ortega minimizó
Tres meses después que Nicaragua reportó el primer caso de coronavirus, el Ministerio de Salud compró de emergencia, entre junio y septiembre de 2020, más de diez millones de dólares en medicinas y materiales de reposición.
La diligencia en la contratación fue atípica para un gobierno que ha minimizado la peligrosidad de la pandemia, convocando a manifestaciones de empleados públicos y manteniendo fronteras y escuelas abiertas.
Como reportó luego Confidencial, la acción se debía a un requisito para acceder a un financiamiento de 185,3 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Esta entrega de la serie #NicaraguaNoCalla encontró que, mientras las altas esferas del gobierno le restan importancia al virus y algunas instituciones, como la Policía, incluso han arrestado a vendedores informales por comercializar hojas de eucalipto como tratamiento a la enfermedad, aduciendo que “la covid-19 no existía”, personas allegadas al partido de gobierno han ganado con la contratación.
Dos empresas relacionadas con funcionarios, la Distribuidora Cruz Azul y la Universal Marketing Associates (Unimark), obtuvieron contratos por casi dos millones de dólares. Los otros ocho millones fueron adjudicados a las empresas: Bühler Pharma SA, Neoethical SA, Generic Pharma GP SA, Farmacéuticas de Nicaragua SA, Yale Healthcare, Cam International Nicaragua, Textiles Saddam International SA, Seven Pharma, Más Publicidad, Inversiones Ayatal SA, Logística Ecológica SA e Importaciones Farmacéuticas SA.
La historia de Cruz Azul y Unimark permite explicar la opacidad con la que funciona el sistema de compras públicas en Nicaragua, en la que las instituciones no explican el crecimiento de empresas, en las que participan funcionarios públicos como socios y tampoco se puede recabar información actualizada sobre los cambios de accionistas en las mismas debido a las restricciones en el Registro Mercantil, o en los juzgados donde pueden realizarse cambios en el pacto constitutivo como ocurre cuando hay un aumento de capital.
La sede de Cruz Azul, representada por un exviceministro de salud quien ahora tiene negocios con esa institución estatal, está ubicada en carretera nueva a León en Managua. Foto\CONNECTAS
Según contratos con el Ministerio de Salud, el representante ante los acuerdos de Cruz Azul es un ex viceministro de esta entidad durante este gobierno, Napoleón Antonio Ortega Balladares, quien trabajó también en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
Ortega Balladares es la punta del iceberg de un entramado formado por funcionarios gubernamentales, sobre los que permanece la duda si participan en el negocio de las medicinas en su calidad personal o como representantes del INSS.
De acuerdo con información fiscal obtenida para esta investigación, la distribuidora Cruz Azul tenía hasta 2014 como accionista mayoritario (60 por ciento de las acciones) a Roberto López Gómez, actual presidente del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social.
Los otros socios eran entonces Rafael Martín Rivas Ramírez (20 por ciento de las acciones), Lester Roberto Luna Raudes (19 por ciento) y Silvio Romeo Morales Parajón (uno por ciento). Rivas Ramírez es el subdirector general de Operaciones Financieras del Seguro Social, Luna Raudes es el asesor legal y Morales Parajón es el director del Hospital «La Fraternidad», una Institución Proveedora de Servicios de Salud (IPPS) en el departamento de León, al occidente de Nicaragua.
Los datos fiscales obtenidos revelan que la representante legal de Cruz Azul hasta septiembre de 2016 era la ex ministra del Trabajo Jeannette Chávez, exdirectiva del mismo Seguro Social, donde trabajan el resto de accionistas. Sin embargo, al llamar a las oficinas de Cruz Azul, negaron que ella trabajara en el sitio e identificaron al exviceministro de Salud, Napoleón Ortega, como el representante.
Venta de medicamentos en los mercados de Managua durante los primeros meses de la pandemia. Foto\CONNECTAS
El expresidente de la Comisión de Justicia entre 2007 y 2012, el opositor José Pallais, asegura que si la participación es individual los funcionarios pueden violar la restricción que tienen de contratar con el Estado. En el caso que fuera a nombre del INSS, el cuestionamiento es otro: ¿De qué manera le resultan beneficiosas estas inversiones a esta institución, cuyas finanzas tienen un un déficit de 182,3 millones de dólares para este año y uno proyectado de 229,1 millones para 2021?
Las dudas posibles sobre el caso de Cruz Azul no fueron aclaradas por el presidente del INSS. El asesor legal del Seguro, Luna Raudes, quien es accionista de la empresa beneficiada por el Minsa, dijo brevemente por teléfono: “¿Y por qué no llama a la gente de Cruz Azul? los que están a cargo ahí de eso”.
Luna Raudes se negó a confirmar si se trataba de una empresa del Seguro y recomendó hablar con el presidente de la institución.
La sombra de otra ex viceministra en negocios con el Estado
Universal Marketing Association (Unimark), la otra empresa beneficiada con los contratos estatales durante la pandemia, fue creada en 2006 como un centro de llamadas y un año después se convirtió en una distribuidora de medicinas. Su acta constitutiva muestra que su socia fundadora es Alicia Saénz Marenco, ex vicepresidenta del INSS a inicios de este gobierno, y el señor Álvaro Saénz Galo.
Saénz Marenco ha tenido un vínculo histórico como asesora con el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, quien durante décadas fue el enlace del FSLN para ver el tema de salud y seguridad social desde su cargo de presidente de la Comisión de Salud.
Durante más de una década de funcionamiento, a Unimark se le ha señalado en los medios de Nicaragua por sus contrataciones millonarias tanto con el Ministerio de Salud y el INSS, las que sumaron cinco millones de dólares entre 2009 y 2017. Con el tiempo, la empresa ha afirmado que Saénz Marenco ya no es socia y únicamente la compañía está en manos del otro socio fundador, quien reside en Estados Unidos. Sostienen también que participan de licitaciones en las cuales hay competencia sin que medie ningún factor político.
Unimark, un centro de llamadas fundado en 2006 por Alicia Sáenz, asesora del presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, recibió contratos durante la emergencia sanitaria. Foto\CONNECTAS
CONNECTAS intentó realizar una entrevista con las autoridades de Unimark, encabezadas por su gerente Francisco Sánchez, que aceptaron recibir a un equipo periodístico. Sin embargo, ya en sus instalaciones, no aceptaron ningún cuestionamiento posterior a un temario que se les hizo llegar antes. Reiteraron su posición ante la opinión pública.
En el Sistema de Contrataciones Administrativas Electrónicas (Siscae), donde se pueden encontrar información sobre contrataciones estatales y en otros casos no, se confirma que hubo siete contrataciones a Cruz Azul y Unimark entre junio y septiembre de 2020 durante la emergencia sanitaria.
En el caso de Cruz Azul obtuvo tres contratos —la suma de los tres es 1,2 millones de dólares— y, a diferencia de su discurso en que aseguran compiten con otros empresarios, en dos de ellos no hubo licitación. El tercer contrato es el de menor valor y fue producto de una licitación para abastecer al Minsa de forma regular.
Proveyeron desde cloroquina hasta batas quirúrgicas para el abastecimiento de las unidades de salud. Lo más llamativo de estas contrataciones es que Cruz Azul en dos de ellas compró medicamentos a Laboratorios Ramos que también es propiedad del INSS.
Unimark recibió también tres contratos que ascienden a 597.508 dólares, uno de ellos tampoco fue licitado. Existe un último contrato por 14.000 dólares fue adjudicado a la empresa Innova Industrias S.A., pero el dinero fue a parar a la misma distribuidora como importador directo del producto. En este caso también hay vacíos de información. Aunque las contrataciones fueron publicitadas en el Siscae, no fueron colgados todos los contratos como sí se hace con otras empresas.
La experta en contrataciones Dayra Valle, del colectivo Transparencia Nicaragua, advierte que la modalidad de contratación simplificada que utilizó el Minsa para adjudicar parte de estos contratos, aunque es legal en situaciones de emergencia, da lugar a “que se beneficie a cierto grupo de proveedores”. En estos casos “se hace la invitación a un solo proveedor”, pero en algunos casos, como la misma se hace a través del sitio web Nicaragua Compra, se presentan varios proveedores y la adjudicación se hace por lotes.
Aunque Nicaragua tiene una inversión per cápita de menos de sesenta centavos de dólar mensuales para compra de medicinas, el negocio de la importación de productos farmacéuticos en general movió 258,8 millones de dólares hasta agosto 2020 y con una tendencia de crecimiento durante la pandemia.
En julio pasado el entonces presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, la principal patronal de Nicaragua, José Adán Aguerri, denunció que el gobierno gravó con el Impuesto de Valor Agregado la importación de mascarillas, ventiladores y oxímetros, necesarios para atender a los pacientes.
Para el exdiputado Armando Herrera, quien se desempeñó como vicepresidente de la Comisión de Salud entre 2012 y 2016, la forma en que procedió el Minsa para hacer las contrataciones públicas en el contexto de la pandemia “es totalmente contradictoria”. “¿Cómo es posible que a los medicamentos que usamos para atender a la covid-19 los hayan gravado con impuestos y por otro lado dejan de licitar?”, se pregunta.
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