El monto aprobado por los diputados de la Comisión Delegada es de $3.720.687,43
Este martes, 6 de abril, la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional aprobó una ampliación del Fondo Especial de Litigios para pagar deudas por honorarios profesionales y gastos legales en el juicio sobre el control de las reservas de oro del Banco Central de Venezuela, que se encuentran custodiadas en el Banco de Inglaterra.
El monto autorizado es de $3.720.687,43 y será utilizado para pagarle al bufete Arnold&Porter. Según el acuerdo, que fue leído en la sesión pero no compartido o publicado a los periodistas, esta acción forma parte de la «protección de activos venezolanos en el exterior».
Mientras que el gobierno de Nicolás Maduro, contrató al abogado Sarosh Zaiwalla, para poder reclamar el oro. Además han acusado al gobierno interino de Juan Guaidó, de querer «robarse» estos recursos.
En diversas oportunidades, Maduro ha dejado ver que la «recuperación» de ese oro, permitiría la compra de vacunas contra la COVID-19, a pesar de que el gobierno interino de Guaidó aprobó un presupuesto de más de 30 millones de dólares, para adquirir dosis a través del mecanismos COVAX.
Reporte de DDHH ante la Asamblea Nacional
En la sesión virtual de la Comisión Delegada, el comisionado presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, presentó su informe anual, ante la Asamblea Nacional, donde destacó que su oficina confirmó estadísticas de ejecuciones extrajudiciales por parte de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) identificando a 400 víctimas y 125 no identificadas.
«Esto se suma a las más de 2.500 registradas a nivel nacional por la Sra. Michelle Bachelet desde la Oficina de la Alta Comisionada. Hemos podido concluir que existe un patrón de ejecuciones que afecta de manera particular a jóvenes varones de escasos recursos debido a la militarización de la seguridad ciudadana», añadió.
Igualmente señaló que documentó 232 detenciones arbitrarias y que tuvo información de 106 otras víctimas que fueron presuntamente detenidas. Además 69% de las detenciones de trabajadores de la prensa fueron clandestinas y solo 31% siguieron procesos judiciales.
Prado destacó que actualmente hay 320 presos políticos, donde 305 son hombres y 24 son mujeres. Además 206 son civiles y 123 son militares. «Estas personas privadas de su libertad por razones políticas han sido víctimas de la detención arbitraria, aislamiento, Tortura psicológica, tratos crueles degradantes e inhumano, retardos procesales injustificados y discriminación», agregó.
En su discurso, Humberto Prado también se refirió a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) donde reseñó que 79,3% de la población no tiene suficiente poder adquisitivo para cubrir la canasta básica. 96% de los hogares están en situación de pobreza y 79% en pobreza extrema.
Explicó que 13% de los ciudadanos tienen acceso a agua potable de forma constante, mientras que en el acceso a alimentos, el 27% de la gente se encontró en estado de mendicidad; 42% de los hogares tuvieron que rebuscar alimentos en la calle y 35% afirmó que consumieron alimentos que hubiesen preferido no haber comido.
Sobre los derechos de las mujeres, Humberto Prado indicó ante los diputados de la Asamblea Nacional, que documentaron un total de 212 femicidios, de las cuales 56 se reportaron en el extranjero.
«La Comisión efectuó una encuesta nacional sobre el acoso sexual callejero, y en el Informe intitulado “Discriminación estructural y violencia de género en Venezuela hasta agosto de 2020: Ni una más Venezuela” determinamos que 86.4% de la población reporta que siempre o casi fueron víctimas de acoso sexual», expresó.
Además dijo que hay cerca de 10 millones de mujeres afectadas por la reducción de 326 toneladas de anticonceptivos. «La ONG Convite AC reportó una escasez igual al 78% de los anticonceptivos. Esto afecta el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos».
El comisionado reportó que hasta 2017, 109 personas habían sido asesinados por su orientación sexual. «Para 2020 podemos confirmar que hay cerca de 6.000 familias LGBTI que requiere protección legal y no la tienen. Igualmente, permanece vigentes muchas leyes que promueven la discriminación en contra de este grupo personas».
