Colombia alberga 1.742.927 venezolanos, y es el país con mayor población de esta nacionalidad. De este grupo, 1.022.815 están en condición irregular
En Brasil residen 261,441 migrantes forzados y refugiados venezolanos. De este grupo, 97,209 han solicitado la condición de refugiado y 38,387 han sido reconocidos como tal
Para 2018, alrededor de 40,3 millones de personas en el mundo eran víctimas de esclavitud moderna, y dos millones de estas se encuentran en Latinoamérica destacando Venezuela con una tasa de 5,6 víctimas por cada 1000 habitantes.
El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB) publicó un informe sobre cómo las formas de esclavitud moderna impactan a los migrantes y refugiados venezolanos.
La llegada de la pandemia de COVID-19 ocasionó que Venezuela cerrara sus fronteras con países vecinos como Brasil y Colombia. Este cierre obligó a los migrantes venezolanos a tomar rutas clandestinas, lo que tiene como consecuencia un incremento en las condiciones de vulnerabilidad en las cuales llegan a los países de acogida.
En el caso de Colombia, para diciembre del 2020, entre 500 y 700 personas de nacionalidad venezolana cruzaron a diario por vías irregulares hacia el país vecino.
Esta práctica también ocurrió en Brasil. Desde 2018, los migrantes forzados se trasladan a pie por la Gran Sabana, en el estado Bolívar, a través de la Troncal 10. Reportes hechos por ciudadanos y fotografías captaron a hombres, mujeres, niños, ancianos y personas incapacitadas caminando con destino a Brasil.
Mujeres, niños, niñas y adolescentes son vulnerables en contexto migratorio y bajo las condiciones irregulares en las que se produce su movilidad; bien sea por temas rutas regulares e irregulares, o por documentación, sus condiciones los hacen más propensos a ser captados o sometidos a situaciones que se constituyen en formas análogas a la esclavitud moderna.
Trabajar sin remuneración
Un informe elaborado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Panamá, Trinidad y Tobago, República Dominicana, Costa Rica y Guyana, reveló que 21% de 4.600 venezolanos encuestados fue obligado a trabajar sin recibir ningún tipo de remuneración, o fueron retenidos contra su voluntad desde que salieron de Venezuela. De este grupo, 2% fue obligado a trabajar.
12% de los encuestados reportó que, estando en Venezuela, una oferta de trabajo en el exterior los contactó. A 13% se les ofrecía la cobertura del traslado con la oportunidad de hacer un reembolso en una etapa posterior.
Sin embargo, a una quinta parte de la población cuya oferta de trabajo incluía el reembolso de los costos, no le pagaron según lo acordado, y 10% de los que tenían que hacer los reembolsos se vieron obligados a trabajar, lo que la OIM denomina: servidumbre por deudas.
El CDH-UCAB registró casos de mujeres que, por cuenta propia o bajo engaño, han sido trasladadas a Trinidad y Tobago, Colombia y Brasil. En Trinidad y Tobago, la mayoría de las víctimas han sido captadas mediante ofertas engañosas de empleo o de prostitución «consensuada”, y una vez que llegan al destino, son obligadas a prostituirse.
En el caso de los migrantes y refugiados venezolanos que van rumbo a Brasil, estos son víctimas de redes de trata de personas que captan a estos migrantes para fines de explotación. Los medios utilizados para la captación consisten ofrecer servicios de transporte y ubicación en este país.
El CDH-UCAB señaló que en Colombia, Ecuador y Perú, migrantes venezolanas han tenido que recurrir a relaciones sexuales transaccionales. Además, en Colombia se han identificado a madres que empujan a sus hijas realizar estas prácticas y hombres y adolescentes que se dedican al contrabando de combustible y de drogas.
Un millón de migrantes en condición irregular
Colombia alberga 1.742.927 venezolanos, y es el país con mayor población de esta nacionalidad. De este grupo, 1.022.815 están en condición irregular. Al menos 14.839 han solicitado refugio y solo a 444 se le ha reconocido esta condición.
El informe señaló que, hasta mayo de 2021, Colombia dispuso vías especiales de regularización para venezolanos, como el Permiso Especial de Permanencia (PEP), los cuales resultaron insuficientes debido a la exigibilidad de requisitos como el pasaporte; documento que es considerado de difícil acceso como consecuencia de los altos costos del mismo, la demora en la entrega y falta de material para la impresión de este documento.
Además del PEP, Colombia creó el Estatuto temporal de protección para Migrantes Venezolanos (ETPV). Este fue publicado el 1 de marzo del 2021 en el Decreto 216. La primera de sus tres fases de implementación se inició el 5 de mayo.
“Este estatuto es un mecanismo de protección temporal mediante la regularización masiva de la población venezolana”, aseguró CDH UCAB.
El ETPV va dirigido a cuatro grupos: los venezolanos que se encuentran en Colombia de manera regular, los venezolanos solicitantes de refugio y titulares de un salvoconducto SC-2, los venezolanos en condición de irregularidad que demuestren que se encontraban en Colombia para el 31 de enero del 2021, y, por último, los venezolanos que ingresen de manera regular al país durante los primeros dos años de vigencia del Estatuto.
Limbo legal impide acceso a empleo formal
A pesar de que el Estatuto ha sido una gran solución para muchos migrantes, tiene ciertas fallas. De acuerdo al informe de CDH-UCAB, al suspenderse el proceso para el PEP desde marzo hasta septiembre, cuando comienza la segunda fase, existe un limbo legal para los migrantes que llegan en ese periodo de tiempo. No pueden tramitar el PEP, por ende, quedan sin opciones legales de identificación.
“Los que se registraron las primeras semanas, tienen su cita para la segunda fase en septiembre. Los que se registraron un mes después, para noviembre. Mientras más tarden en registrarse, más aumenta el margen de tiempo sin alternativas”, indicó el informe.
Este vacío de tiempo demuestra cómo son afectados los venezolanos que migraron durante 2021 a Colombia a nivel laboral, ya que están expuestos a trabajos en donde se aprovechan de su condición migratoria, o a la informalidad.
La mayoría de la población venezolana en Colombia se encuentra en edad de trabajar. Sin embargo, el no contar con un documento migratorio de regularización, impide que estas personas puedan acceder a un empleo formal.
La falta de regularización de la condición migratoria imposibilita que los migrantes y refugiados venezolanos puedan afiliarse al sistema de salud colombiano, convirtiendo a la salud en una necesidad que no es cubierta por el Estado, sino por organizaciones humanitarias y de cooperación internacional, ONGs y otros actores de la sociedad civil.
Sin embargo, Colombia permite que las personas de esta nacionalidad puedan acceder de manera gratuita al sistema de salud para casos de atención considerada de urgencia, pero la primera barrera que se identifica con relación a este punto consiste en que la ley no tasa o establece qué casos son considerados urgencias, y deja a discrecionalidad del personal médico determinar qué se entiende por esto.
Sin vacuna no hay paso
En Brasil, residen 261,441 migrantes forzados y refugiados venezolanos. De este grupo, 97,209 solicitaron la condición de refugiado y 38,387 fueron reconocidos como tal. A diferencia de Colombia, a finales de 2019, Brasil concedió el estatus de refugio de forma prima face o grupal a más de 21 mil venezolanos.
Durante la pandemia por COVID-19, en el 2021, para ingresar al abrigo, es necesario recibir la vacunación de acuerdo a las leyes brasileñas, o presentar el carnet de vacunación que demuestre haber sido vacunado en Venezuela.
El problema está en que solo 7% de la población venezolana ha sido vacunada. El Secretario de la Academia Nacional de Medicina, Huniades Urbina, dijo que solo dos millones de personas se han vacunado en Venezuela, frente a las 28 millones que deberían estar inmunizadas.
Para el municipio Gran Sabana, la situación con la migración forzada en el país, transformó su condición de municipio de destino turístico, asociado al Parque Nacional Canaima y La Gran Sabana, a convertirse en un municipio de tránsito con destino Brasil. A raíz de esto, la búsqueda de trabajo que permita obtener los reales se da a través de canales no regulares; no precisamente ilegales.
