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El Estado peruano falla en la atención de venezolanas sobrevivientes de la violencia de género

Acoso en los puestos de trabajo y en las calles ; chantaje sexual o presión económica por conservar una vivienda o un empleo; temor a ser deportadas por su condición migratoria; maltrato físico y psicológico ejercido por sus parejas; y estigmatización por parte de agentes del Estado son las expresiones más comunes de la violencia que sufren las niñas y mujeres venezolanas, según revelaron las entrevistas realizadas por Amnistía Internacional a una docena de víctimas y expertas para esta investigación

Las mujeres y niñas venezolanas que viven en Perú sufren diferentes tipos de violencia basada en género y el Estado peruano ha fallado en brindarles atención.

De acuerdo con un reportaje publicado por la periodista Ronna Rísquez en Amnistía Internacional, diferentes dificultades y el miedo a la hora de denunciar casos de violencia son muy frecuentes para las mujeres sobrevivientes de violencia basada en género en Perú, pero Mariana pertenece además al 1,3 millón de personas venezolanas solicitantes de asilo que eligieron esta nación como país de acogida, según datos de la ONU.

El texto cita, entre varios casos, el de la joven, a quien después de años de maltrato físico y psicológico, se le hace imposible recordar el inicio de su pesadilla. Cuando intentó formalizar la denuncia, ella solo pensaba en que, si no hubiera huido con sus dos hijos, los tres habrían muerto.

La denuncia no es un detalle menor cuando se trata de refugiadas. “Para que el Estado peruano otorgue a las migrantes víctimas de violencia de género una calidad migratoria por vulnerabilidad (una forma de legalización de la permanencia en ese país) en la Superintendencia Nacional de Migraciones, lo primero que deben tener es una denuncia”, explica Guadalupe Yépez, coordinadora de Población Vulnerable de la organización Veneactiva, ONG que ayuda a personas migrantes.

 

“Además de acudir a las comisarías, el caso debe ser llevado a fiscalía para gestionar una orden de protección a la mujer. Luego, la orden de protección debe enviarse a Migraciones para que le otorgue de una forma directa la calidad migratoria por vulnerabilidad a la víctima. Esto es una limitante, porque la mayoría de nuestras migrantes no denuncian, o denuncian y no continúan con el proceso ante fiscalía, entonces no obtienen ningún tipo de medida de protección contra su atacante, ni tampoco el beneficio migratorio”, señala Yépez.

Puede leer el reportaje completo aquí

*También puede leer: Relatores de la ONU expresan preocupación por criminalización de las ONG en Venezuela

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