El informe destaca que el terrorismo es una de las acusaciones más convenientes políticamente a disposición de los gobiernos que quieren demonizar y criminalizar las actividades de DDHH
Este 23 de febrero, Front Line Defenders denunció en su análisis global la situación de los defensores de los derechos humanos en riesgo, haciendo referencia a los miembros de la ONG Azul Positivo.
En los documentos, Front Line Defenders expone que los gobiernos de Argelia, Bielorrusia, Camerún, China, Egipto, India, Irán, Israel, Pakistán, Filipinas, Sri Lanka, Tayikistán, Turquía, los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Venezuela utilizan un extenso ecosistema de leyes antiterroristas, unidades de investigación, batallones militarizados y sistemas judiciales para «atacar y neutralizar a defensores de derechos humanos».
“Han utilizado una combinación de cargos legales y los medios de comunicación controlados por el Estado, tildan a los defensores de derechos humanos de terroristas o extremistas para demonizar y socavar sus derechos y trabajo legítimo, incluidos los intentos de aislarlos del apoyo y la solidaridad internacional”, señala el informe.
En el caso de Azul Positivo, recalcan que sus dirigentes fueron acusados de “manejo fraudulento de tarjetas”, “asociación criminal” y “lavado de dinero” y resaltan que estos delitos están contemplados en la polémica Ley contra el Odio.
Front Line Defenders afirma que el terrorismo es una de las acusaciones más convenientes políticamente a disposición de los gobiernos que quieren demonizar y criminalizar las actividades de DDHH.
«Las autoridades modifican y transforman lo que constituye una actividad terrorista para adaptarlo a una amplia gama política y criminalizar a los/as defensoras de DDHH que trabajan en una variedad de áreas de derechos, incluyendo la tierra, el medio ambiente, la autodeterminación, los derechos de las mujeres, la lucha contra la tortura, derechos de los migrantes y derechos de los pueblos indígenas», se lee en el texto.
Hoy @FrontLineHRD lanzó su Análisis Global sobre la situación de los defensores de los derechos humanos en riesgo en todo el mundo.
Detalla cómo se ha criminalizado la labor de los defensores de #ddhh para cortarles la financiación y apoyo.
— Observatorio de Conflictos (@OVCSocial) March 2, 2022
Azul positivo es una organización que lleva más de 15 años atendiendo y brindando ayuda a las personas que viven con VIH-SIDA en el estado Zulia. El pasado 12 de enero de 2021, cinco miembros de la ONG fueron detenidos en Maracaibo por una comisión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio de Investigación Penal del Estado Zulia (Sipez).
Un mes después, la defensora de derechos humanos Lisseth Mogollón informó que Layner Gutiérrez, Yordy Bermúdez, Johan León, Alejandro Gómez y Luis Ferrebus, fueron liberados con medidas cautelares sustitutiva de la privativa de libertad y deberán presentarse ante el tribunal cada 30 días.
