Javier Tarazona fue detenido por funcionarios del Sebin el 2 de julio de 2021
El director de la organización no gubernamental (ONG) Fundaredes, Javier Tarazona, cumple 300 días detenido este jueves, 28 de abril.
A propósito del caso de Tarazona, un grupo de 19 ONG instaron al presidente de Argentina, Alberto Fernández, a pedir la liberación del activista.
La petición a Fernández viene luego de que el mandatario argentino informara que restablecerá relaciones con Venezuela, debido a que muchos problemas del país se «han ido disipando».
«Muchos de esos problemas se han ido disipando con el tiempo. Estamos viendo cómo a partir de los acuerdos logrados por el Grupo de Contacto, Venezuela ha ido avanzando en su proceso electoral», dijo Fernández.
Después de esas palabras, el grupo de ONG le envió una carta para compartir información sobre la situación de Tarazona, resaltando que el director de Fundaredes está detenido pese a tener problemas de salud.
«Lo instamos respetuosamente a que les pida públicamente a las autoridades venezolanas que responden a Nicolás Maduro la liberación de Tarazona», señalaron las ONG.
Hoy @hrw_espanol, junto con ONGs venezolanas e internacionales, insta al Presidente @alferdez que pida a las autoridades venezolanas la liberación del defensor de DDHH Javier Tarazona de @FundaREDES_
Disentimos con su diagnóstico: los problemas de Venezuela no se han disipado. pic.twitter.com/3NL84ONwKG
— Tamara Taraciuk (@TamaraTaraciuk) April 27, 2022
Javier Tarazona fue detenido por funcionarios del Sebin el 2 de julio de 2021, junto a Rafael Tarazona y Omar de Dios García, también activistas de la ONG Fundaredes.
La detención se produjo cuando se dirigieron a la sede del Ministerio Público del estado Falcón para denunciar el hostigamiento de fuerzas de seguridad del régimen.
Régimen no responde a la ONU sobre amenazas a defensores de DDHH
De acuerdo con una nota de prensa de Provea, el régimen de Nicolás Maduro no responde a las Naciones Unidas, quienes pidieron información oficial sobre persecución contra defensores de DDHH, cometida especialmente por jueces y fiscales venezolanos.
Específicamente, se trata de los casos de Engel Puertas, director de la ONG “Iniciativa para una Justicia Igualitaria”; Theresly Malavé, de “Justicia y Proceso Venezuela”; y Yasnaia Villalobos, defensora de presos políticos.
También, los mecanismos de la ONU pidieron información sobre la situación de Tarazona, sobre Rodney Álvarez, del sindicato de trabajadores de Ferrominera del Orinoco, excarcelado tras más de 11 años en prisión.
Sobre los casos anteriores, de Tarazona y Álvarez, la ONU recordó que el régimen nunca respondió a la comunicación del 27 de julio de 2021.
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