Infante y Alvarado recibieron la notificación de la demanda el 16 de mayo, luego de que ambos solicitaran que se investigue la presunta responsabilidad de Lacava en las denuncias de ejecuciones extrajudiciales
Este jueves, 19 de mayo, el coordinador de la ONG Provea, Marino Alvarado, y el director de Derechos Humanos del Centro Gumilla, padre Alfredo Infante, se pronunciaron por la demanda de difamación que impuso en contra de ambos el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, tras la publicación de un informe en el que revelan ejecuciones extrajudiciales por parte del cuerpo policial de la entidad.
En rueda de prensa, el director de Derechos Humanos del Centro Gumilla afirmó que no pretenden otra cosa que «defender el derecho a la vida y restablecer el Estado de Derecho en el país para que haya verdad, justicia y reparación”.
Infante y Alvarado recibieron la notificación de la demanda el 16 de mayo, luego de que ambos solicitaran que se investigue la presunta responsabilidad de Lacava en las denuncias de ejecuciones extrajudiciales.
Sobre las acusaciones del gobernador por difamación, los activistas hicieron algunas precisiones y aclararon que no es ninguna campaña en contra del burgomaestre.
Entre las frases más destacadas de la declaración de Infante destacan las siguientes:
“Es una campaña a favor de la vida, es nacional, no es regional. No está focalizado en el estado Carabobo. En la página de Lupa por la Vida hay una georeferenciación donde se evidencia que en el año 2021 hubo en el territorio nacional 1414 presuntas ejecuciones extrajudiciales. Insistimos en marzo, cuando presentamos el informe 2021, que había un descenso respecto a 2020”, dijeron.
“En este marco, se evidencia que entre las policías regionales, la de Carabobo fue la que ocupó el primer lugar con 221 presuntas ejecuciones extrajudiciales. Por primera vez, se superaban los indicadores de Zulia, que tradicionalmente ocupaban el primer lugar. Ante los hechos, nuestra insistencia no fue solo la denuncia, el señalamiento, sino la propuesta de que se abran investigaciones institucionales para que se conozca la verdad y los familiares de las víctimas tengan acceso a la justicia”.
“Es muy importante que se investiguen las cadenas de mando, eso es lo que hemos sugerido. Los familiares de las víctimas tienen derecho a justicia, reparación, y los venezolanos todos tenemos derecho a la vida. Estamos convencidos de que pedir una investigación ante posibles ejecuciones extrajudiciales es un derecho amparado en la Constitución, no es un delito, somos inocentes, pero estamos ejerciendo un derecho constitucional al acompañar a las víctimas para que en nuestro país haya acceso a la justicia. Es necesario identificar si hubo o no ejecución si tal ejecución es un hecho aislado o parte de una política de Estado. Hay que hacer una reforma policial integral, que tome en cuenta la formación del policía y su calidad de vida”.
“No tenemos nada contra el gobernador Lacava, del estado Carabobo. Lo único que hemos hecho es pedir investigar (…) Le preciso que nuestro informe no es contra una persona, es a favor de la vida. Recomendamos que presione a la Fiscalía y Defensoría del Pueblo para que se investiguen las posibles ejecuciones extrajudiciales”.
Por su parte, el abogado de Provea, Joel García, indicó que están conscientes de que sus representados no han cometido delito, pero que de igual manera van a comparecer ante los órganos constitucionales para resolver esta situación.
“¿Por qué un tribunal de Carabobo va a iniciar una investigación y admitir una acusación cuando presuntamente el delito de difamación se cometió en Caracas, es un tribunal de Caracas que debería estar asumiendo esta acusación?”, cuestionó el abogado.
