La persecución a ONG en el contexto de pandemia, vista durante el 2020, continuó en el 2021
El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH – Unimet) reveló violaciones a los DDHH en Venezuela durante la pandemia.
Así lo señala el «Informe Sobre el Contexto y Patrones de Violación de Derechos Humanos en Venezuela» el cual evaluó la situación del país durante el 2021.
Para realizar el texto, el CDH – Unimet utilizó una metodología documental, obteniendo información de medios de comunicación, e información brindada por otras organizaciones.
Además, las documentalistas y redactoras principales de esta edición fueron Sara Fadi y Fabiola Pérez, licenciadas en Estudios Liberales.
DDHH y criminalización durante la pandemia de COVID-19
La institución recordó que el 18 de febrero de 2021, se comenzó a vacunar al personal de salud y otros sectores priorizados con la vacuna Sputnik V, que no cuenta con la aprobación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Durante esa primera etapa, se detectaron discrepancias entre las cifras oficiales en cuanto a índices de vacunación y la realidad. En junio, la vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció que ya se había vacunado al 11% de la población.
A inicios del Plan Nacional de Vacunación, el gobierno declaró que se vacunaría al 70% de la población para finales del año 2021. Sin embargo, su ejecución estuvo plagada de irregularidades.
Para noviembre de 2021, cuando se anunció haber alcanzado la meta de vacunación del 70%, se corroboró por parte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que en realidad se había vacunado solamente al 32,3% de la población.
Uno de los motivos que impidieron que el proceso fuera óptimo fue que el gobierno rechazó rechazar varios intentos de cooperación interna y externa.
Además, el gobierno rehusó el ofrecimiento de la OPS de enviar vacunas del laboratorio AstraZeneca al país.
Por el contrario, se tomó la decisión de permitir la aplicación del candidato vacunal Abdala, de origen cubano, el cual tampoco cuenta la aprobación de la OMS.
Con esas problemáticas, el país se convirtió en el de mayores pérdidas de personal médico en Latinoamérica.
Al respecto, la ONG Médicos Unidos reportó que, para octubre de 2021, hubo un total de 526 médicos y 162 enfermeras fallecidos por COVID-19.
Criminalización de organizaciones humanitarias y defensoras de DDHH
La persecución a Organizaciones no Gubernamentales en el contexto de pandemia, vista durante el 2020, continuó en el 2021.
Uno de los casos más emblemáticos fue la detención arbitraria de miembros de la ONG Azul Positivo, dedicada a la asistencia de personas vulnerables con VIH-SIDA en el Estado Zulia.
A los activistas los detuvieron por el uso de tarjetas prepagadas para la transferencia de recursos a personas en situación de vulnerabilidad.
Durante el proceso, la sede de Azul Positivo sufrió un allanamiento por parte de funcionarios de la Dgcim, quienes incautaron equipos y documentos sin presentar la autorización de un juez para ello.
Después de casi un mes de arbitraria detención y ante la denuncia de su arresto , fueron puestos en libertad bajo un régimen de presentación cada treinta días.
Detención de los miembros de FundaRedes
La ONG FundaRedes ha sido crucial en el rol de informar sobre lo que ocurre en las zonas de conflicto, dada la opacidad en torno a este tema que sostienen los medios oficiales.
El director de la ONG, Javier Tarazona, ha promovido el análisis y difusión de esta información, siendo una de las caras visibles de la organización en sus boletines informativos.
Así pues, el 2 de julio de 2021, Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar García fueron detenidos arbitrariamente por funcionarios del SEBIN.
Pasados varios meses, el 26 de octubre de 2021, liberaron a Rafael Tarazona y Omar García con una medida cautelar de presentación ante los tribunales cada ocho días.
Por su parte, Javier Tarazona se mantiene detenido.
