La ONG Defiende Venezuela, llevó el caso ante organismos internacionales de protección en la búsqueda de justicia
El pasado 6 de julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso del alcalde Omar Lares y su hijo Juan Pedro Lares Rangel, quienes fueron víctimas de violación de los derechos humanos.
El 30 de julio de 2017, en el marco de las protestas sociales en el estado Mérida, a Juan Pedro Lares lo detuvieron arbitrariamente funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB), quienes ingresaron violentamente a su residencia familiar con la finalidad de arrestar a su padre, Omar Lares, exalcalde del Municipio Campo Elías de la ciudad de Mérida.
La detención de Lares Rangel fue seguida de un interrogatorio violento con amenazas de muerte. Posteriormente, se lo llevaron a la sede del SEBIN en Caracas, sin ser presentado ante un juez.
A Juan Pedro Lares Rangel lo liberaron un año después, el 1 de junio de 2018. La familia denunció los hechos concernientes a la detención ante el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, pero ninguno de estos órganos intervino para investigar los hechos.
Decisión de la CIDH
La ONG Defiende Venezuela llevó el caso ante organismos internacionales de protección en la búsqueda de justicia. La CIDH, en su informe de fondo, concluyó que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal y la libertad personal.
Asimismo, señaló que estos hechos constituyen una desaparición forzada, teniendo en cuenta que la detención fue llevada a cabo por agentes estatales de forma ilegal y arbitraria, sin incluir su nombre en el listado de detenidos y ocultando su paradero.
Por último, el Estado violó los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, pues no se cuenta con información sobre respuestas, resultados o avances de las investigaciones por parte de las autoridades, ni se inició una investigación sobre las denuncias de tortura.
La ONG Defiende Venezuela celebró que el caso fuese remitido a la Corte IDH, ya que esto constituye un patrón de persecución a los dirigentes políticos opositores y sus familiares. Asimismo, exige que las recomendaciones emitidas por la CIDH sean ejecutadas por el Estado y se haga justicia.