García Arocha exige ante el TSJ explicar formalmente cuáles fueron las razones por las que multaron a los asesores jurídicos y a los rectores de las universidades
El 15 de septiembre, Celilia García Arocha, rectora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), y Rita Áñez, rectora de la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (Unexpo), afirmaron que los representantes de las universidades públicas de Venezuela demandarán ante organismos internacionales las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que atentan contra el salario de los docentes.
En concreto, se refirieron a la sentencia del 24 de agosto que declaró inexistente el instructivo Onapre y multó a los demandantes.
En una entrevista radial al Circuito Onda, Áñez aseveró que desde hace mucho tiempo «se está reduciendo el salario de los docentes de forma indiscriminada».
«La multa que recibimos es insólita. Además de que nos quitan lo que ya ha sido admitido antes, ahora vamos a ser multados», reclamó.
El gremio docente denuncia que desde marzo de 2022, y por el instructivo Onapre, el salario de los educadores del sector público se redujo entre el 40% y 70%.
Representantes de las universidades públicas del país llevaron el caso al TSJ en julio del mismo año para corregir o anular el instructivo, amparándose en el artículo 91 de la Constitución.
Pero el organismo judicial anuló la petición y multó a los demandantes.
Retos de la formalidad
García Arocha estableció que, hasta la fecha, ninguna institución ha sido notificada oficialmente de la multa que impuso el TSJ.
«Necesitamos que nos digan formalmente cuáles fueron las razones por las que multaron a los asesores jurídicos y a los rectores de las universidades. A partir de allí, haremos las acciones que se deben hacer», anunció.
Las rectoras dijeron tener «la esperanza» de que el proceso sea llevado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
«Lo que sí no tengo mucha esperanza es que acá (en Venezuela) repercuta la decisión de las instituciones internacionales», declaró García Arocha. «Lo haremos, claro que sí, pero no sabemos si (el Estado venezolano) acatará las repercusiones».
La demanda contra la Onapre
Desde julio del 2022, profesores de distintos estados del país protestaron por los ajustes salariales expresados en el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre).
El gremio docente aseveró que el instructivo violenta el punto de partida de la tabla salarial, ya que modifica el tabulador de los obreros. El obrero grado 2 percibía 70% más del salario mínimo, dicho porcentaje fue reducido al 7%, lo que transfigura y vulnera los criterios salariales de titularidad y antigüedad.
El 24 de agosto, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) multó a los rectores de seis universidades públicas venezolanas y a sus asistentes jurídicos a través de una sentencia que declara inadmisible la demanda hecha en el mes de julio contra la Onapre.
La Sala Político-Administrativa del TSJ, en su sentencia n° 444, declaró que la demanda no tiene validez «por inexistencia del acto administrativo como documento fundamental de la demanda (la Onapre)».
Según el documento, fechado el 11 de agosto, las seis universidades afectadas son: la Universidad Central de Venezuela (UCV), Universidad de Carabobo (UC), Universidad de los Andres (ULA),Universidad de Oriente (UDO), Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (Unexpo) y la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Upel).
García Arocha destacó que la Universidad del Zula (LUZ) no está presente en la multa porque «su rectora y su representante legal no pudieron asistir. Pero las demás universidades decidieron representar el proceso legal en su representación».
La multa impuesta está dirigida a cada uno de los demandantes y a sus representantes en el caso y es de «50 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, establecido por el Banco Central de Venezuela (BCV)».
La ONG Acceso a la Justicia precisó que cada uno de los 20 accionantes deberá cancelar Bs. 350,5.
Si se suman todas las multas, el monto total a pagar al Estado será de Bs. 7.360,50, equivalente a $ 1.050.