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Los 17 puntos de torturas de la Dgcim en Caracas que identificó la Misión de la ONU

El tercer informe de la Misión Independiente de la ONU identificó 17 residencias o «casas de seguridad» cerca del área metropolitana de Caracas, lugares clasificados como lugares de detención y secuestro clandestinos o no oficiales
Solo una de las instalaciones de torturas y secuestros no está activa

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela identificó en su más reciente informe al menos 17 centros de «tortura y secuestro clandestino» de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Caracas

«El Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y a sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual», señaló el tercer informe de la misión de las Naciones Unidas. 

De acuerdo con el documento, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) son las principales instituciones que perpetran torturas en el país. 

La actualización del informe del 2022 identificó 17 residencias o «casas de seguridad» cerca del área metropolitana de Caracas, clasificados como lugares de detención y secuestro clandestinos o no oficiales. 

Hasta el momento de la publicación, solo un lugar no estaba participando activamente en las torturas, agresiones sexuales y otros métodos de violación de Derechos Humanos, destaca la ONU. 

Todas las «casas de seguridad» están ligadas a la sede de la DGCIM que se encuentra en una zona industrial de Boleíta Norte, al noreste de Caracas.

Los 17 puntos de detención y secuestro clandestino

Un solar en el barrio de Prados del Este en Caracas;

«Una de las víctimas describió la casa de seguridad del barrio de Prados del Este, en Caracas, como la casa de un antiguo empresario que acabó en manos de militares. Estimó que estaba situada a unos 15 minutos de Boleíta», detalló la ONU. 

Casa Tamanco, cerca del Hotel Tamanco, en Caracas;

Casa La Trinidad, en Caracas;

Casa Galpón, en el barrio de Guarenas, en Caracas;

Un sitio en San Bernardino, cerca del restaurante Crema Paraíso, en Caracas (ahora inactivo);

Una casa en el barrio de Bello Monte, en Caracas;

Una casa en el sector de La Mariposa, denominada “Casa de Granko nº 1”;

Una casa llamada Galpón, en la Mariposa;

Una casa en el sector de Los Naranjos;

Una casa en el sector Lomas de Las Mercedes;

Una casa en la urbanización San José, en Fuerte Tiuna o en sus alrededores, en Caracas;

Un sitio en el Fuerte Tiuna, donde tienen su sede el Ministerio del Poder Popular para la Defensa y el Comando del Ejército.

«Este lugar consta de 12 celdas que son administradas por la DGCIM, separadas de la prisión administrada por la Policía Militar», se lee en el documento;

Un sitio llamado Sorocaima o La Mariposa en la zona militar de San Antonio de Los Altos, en el estado Miranda;

Un sitio en la zona montañosa del municipio El Hatillo, en el estado Miranda;

Una casa en Alto Prado, cerca del Centro Comercial Plaza;

Un sitio cerca del aeropuerto de La Carlota;

El “cerro”, situado dentro de Caracas —«a una media hora en coche desde Boleíta»—.

Más de 122 víctimas

Testigos con acceso a información privilegiada le dijeron a la Misión que la DAE (Dirección de Asuntos Especiales) de la Dgcim, dirigida por Granko Arteaga, administra las casas de seguridad.

También, dijeron que dos capitanes, que responden a Granko Arteaga, están a cargo de la gestión de las casas de seguridad, incluyendo la logística y el «suministro de materiales utilizados para llevar a cabo la tortura, los actos de violencia sexual y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes», aclara el informe. 

La misión ha documentado los casos de 122 víctimas sometidas a tortura, violencia sexual y a otros tratos inhumanos en los centros de la Dgcim, tanto en su sede principal en Boleíta como en una de sus casas de seguridad, y 51 por parte de agentes del Sebin, principalmente en el Helicoide, contra políticos opositores, periodistas, manifestantes, activistas y civiles.

La actualización del informe recopiló 471 entrevistas entre enero del 2019 y abril del 2022. Más de la mitad de los casos se recopilaron entre 2020 y abril de 2022.

«A partir de finales de 2021, la gestión de los centros de detención del SEBIN y de la DGCIM en Caracas fue transferida al Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario», aclara el documento.

Hasta los momentos, la ONU documentó un mínimo de 16 casos de detenciones arbitrarias ligadas a estas «casas de seguridad». Las víctimas se mantuvieron cautivas sin la supervisión legal entre 48 horas o 2 meses. 

«Durante este lapso, no tuvieron contacto con nadie más que con sus captores y no se les permitió llamar a familiares o abogados/as», recalca la Misión.

Lista de torturas y violaciones

«Tanto el Sebin como la Dgcim hicieron uso de la violencia sexual y de género para torturar y humillar a sus detenidos (…) Las autoridades venezolanas no han investigado ni procesado a los responsables ni han proporcionado reparaciones a las víctimas, en un contexto en el cual las reformas anunciadas a partir de 2021 tampoco solucionaron la falta de independencia e imparcialidad que aqueja al sistema de justicia. Las violaciones y los crímenes del Sebiny la Dgcim continúan hasta hoy. Se mantienen las mismas estructuras, patrones y prácticas», asegura la Misión.

La ONU también estableció que «la DGCIM regularmente plantaba, fabricaba y/o manipulaba» pruebas contra opositores  

Algunas de las prácticas violatorias de Derechos Humanos que se documentaron dentro de las «casas de seguridad» son las siguientes: 

  • Fuertes golpes con bates y objetos punzantes;
  • Descargas eléctricas en partes sensibles del cuerpo, incluidos los genitales;
  • Asfixia con sustancias tóxicas y con agua;
  • Cortes y mutilaciones en distintas zonas del cuerpo, especialmente en las piernas, en la planta de los pies y debajo de las uñas;
  • Esposas excesivamente apretadas;
  • Posiciones de tensión corporal como las «crucifixiones»;
  • Uso de un aparato llamado “señorita”, para levantar y deformar cuerpos y bajarlos a tanques de agua.
  • Violaciones y agresiones de origen sexual y de género con objetos (incluidos objetos punzantes o armas de fuego);
  • Amenazas de violación;
  • Desnudez forzada;
  • Degradación a través de insultos homofóbicos;
  • Condición de detenciones arbitrarias y denigrantes: encierro total por periodos indefinidos de tiempo, privación de alimentos y agua, iluminación u oscuridad completa en el campo de visión de manera constante, privación de inodoros y otros productos de aseo personal, alimentación forzada de heces y vómitos;
  • Privación de tratamientos médicos;
  • Tortura psicológica: amenaza de muerte y torturas más severas tanto a la víctima como a sus seres queridos (incluidas mascotas);

Distintos orígenes, un mismo destino

La Misión de la ONU identificó que la mayoría de las víctimas que  fueron retenidas en «casas de seguridad» eran llevadas a Boleíta en Caracas.

También, mencionan que los familiares de los detenidos fueron víctimas de agresiones físicas y sexuales por parte de los cuerpos de seguridad venezolanos. 

El informe detalla distintos orígenes para esas «casas de seguridad». Entre las más destacados, se mencionan que los recintos fueron «casas que habían sido confiscadas a narcotraficantes» o establecimientos que originalmente eran «para la protección de funcionarios y funcionarias en caso de amenazas o golpes de Estado». 

«Al menos uno de estos sitios también funcionaba como centro de entrenamiento para las y los agentes de la Dgcim», agrega el informe. 

La Misión establece que todas las «casas de seguridad» y sus cadenas de mando son administradas por Granko Arteaga, teniente coronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). 

Los objetivos de estos centros clandestinos de torturas se enfocaban en extraer confesiones, obtener información, castigar, intimidar, humillar o coaccionar a las víctimas. 

La ONU aclaró que, si bien los casos son documentados entre 2017 y 2019, no niegan que existen casos más actuales, impunes y en proceso.

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