La Misión de la ONU instó a la CPI a analizar si se están llevando a cabo procedimientos contra los individuos identificados como violadores de derechos humanos en su tercer informe sobre Venezuela, en particular, los de nivel medio y alto de responsabilidad
En el tercer informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU se menciona a varios funcionarios del Estado con distintos niveles de implicación en violaciones de derechos humanos. Entre ellos, destacan Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, el director del Sebin y el jefe de la DAE de la Dgcim, Alexander Granko Arteaga
La Misión determinó que figuras políticas como Cilia Flores, Tareck El Aissami «también ordenaron detenciones políticas» y que Delcy Rodríguez era notificada «a diario» de las escuchas telefónicas y vigilancia a opositores que hacía el Sebin a petición de Maduro
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los hechos de las Naciones Unidas (ONU) sobre la República Bolivariana de Venezuela, recomendóa la Corte Penal Internacional (CPI) seguir investigando los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela y que caen en su jurisdicción.
El informe de la Misión también insta a la CPI a analizar si se están llevando a cabo procedimientos contra los individuos identificados en el tercer informe que presentó la Misión de la ONU este 20 de septiembre, en particular, los de nivel medio y alto de responsabilidad.
«La Corte Penal Internacional debería tener en cuenta, en la aplicación de su mandato de asistencia y cuando se alcance el estadio procesal pertinente, los daños sufridos por las víctimas expuestos en el presente informe«, señaló la Misión.
La cadena de mando de violación de DDHH según la Misión
En el tercer informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU se menciona a varios funcionarios del Estado con distintos niveles de implicación en violaciones de derechos humanos.
A continuación, la lista de los mencionados.
Nicolás Maduro
En su tercer informe, la Misión de Determinación de Hechos de la ONU señaló al presidente Nicolás Maduro de emitir órdenes para detener y torturar a disidentes, esto según las versiones de exfuncionarios del Sebin y la Dgcim.
“Las pruebas recabadas durante las investigaciones permitieron sostener, con motivos razonables para creer, que el Presidente tenía conocimiento de las violaciones y delitos y que en ocasiones daba órdenes al director General y a los directores de otras unidades del Sebin. La Misión también constató que el o la vicepresidente conocía o debió haber conocido la comisión de esos delitos en el Sebin. A pesar de que tenía la autoridad efectiva para hacerlo, no evitó los crímenes y violaciones ni los reprimió”, se lee en el informe.
Un exagente del Sebin informó a la misión que el organismo recurre habitualmente a escuchas telefónicas, intervención física de habitaciones y cámaras ocultas para vigilar a los “objetivos opositores” y que estos reportes se envían diariamente a Maduro.
El grupo de la ONU denunció la “tortura y malos tratos” del Sebin a detenidos políticos durante los actos de interrogatorio para “extraer confesiones o información».
En este punto, señalan a Maduro como una de las figuras que ordenaba practicar estos actos violatorios de los derechos humanos: “Exempleados del SEBIN dijeron que la tortura era ordenada directamente por el presidente Maduro, por las y los directores de línea o por el director general”.
A juicio de la Misión de la ONU, hay “motivos razonables para creer” que “el Presidente tenía conocimiento de las violaciones y delitos y que, en ocasiones, daba órdenes al director general y a los directores de otras unidades del Sebin”.
Diosdado Cabello
La Misión también constató que Diosdado Cabello ejercía una influencia significativa dentro del Sebin, a pesar de que durante el período examinado no tuvo una posición dentro de la jerarquía de la organización”, se lee en uno de los apartados del reporte detallado de la Misión de la ONU sobre la utilización de organismos de inteligencia para reprimir y torturar.
Esa «influencia significativa» le permitía, incluso «dar órdenes al director general» de la institución.
Esas «órdenes» incluían “a qué personas detener, liberar y/o torturar”, según aportes de “numerosas fuentes” a la Misión de la ONU.
Cilia Flores y Tareck El Aissami
El informe menciona brevemente a la primera dama y al actual viceministro económico como “otras figuras chavistas” que ordenaron detenciones políticas.
“Además, la Misión ha recibido información consistente de fuentes calificadas con conocimiento interno sobre reuniones semanales en las que participan el Ministro de Defensa, el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro del Interior y de Justicia, así como los Directores Generales de la Dgcim, el Sebin y el Cesspa, en las que se toman decisiones en apoyo de la política que incluyen la comisión de delitos. Información interna fiable indica que el Presidente tiene un círculo íntimo de asesores de confianza, entre ellos Diosdado Cabello, Tareck Zaidan El Aissami Maddah y el Ministro del Interior, a quienes consulta para impartir esas órdenes.Las decisiones se comunican luego a la cadena de mando, lo que da lugar a la comisión de violaciones y delitos”, concluyen.
Gustavo González López, director del Sebin
La Misión encontró motivos razonables para creer que Gustavo González López tuvo conocimiento, participó y contribuyó en la comisión de graves violaciones y delitos contra opositores políticos al Gobierno que tuvieron lugar en el Sebin a partir de 2014, incluyendo detenciones arbitrarias y torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluyendo actos de violencia sexual.
Gustavo González López se desempeñó como director del SEBIN durante los momentos en los que funcionarios, bajo su máxima autoridad cometieron actos de detención arbitraria, tortura y tratos crueles e inhumanos, incluyendo violencia sexual en El Helicoide.
La Misión recibió información de «fuentes privilegiadas» de que Gustavo González López ordenó a funcionarios cometer actos de tortura o tratos crueles e inhumanos. Los testigos también indicaron que desempeñó un papel en varias detenciones arbitrarias, incluso, por no ejecutar las órdenes de liberación.
Alexander Granko Arteaga, jefe de la Dirección de Asuntos Especiales de la Dgcim
La Misión informa que recibió pruebas de que, entre 2017 y 2022, Alexander Granko Arteaga ordenó, supervisó y participó directamente en arrestos, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de corta duración y torturas, incluida la violencia sexual, y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Además, el grupo de la ONU pide a las autoridades investigar la actuación de Granko Arteaga por la tortura con la consiguiente muerte del Capitán Acosta Arévalo, así como también su participación directa en la operación «El Junquito», la cual dirigió y en la que el piloto Óscar Pérez resultó muerto junto con al menos otras seis personas el 15 de enero de 2018.
Carlos Alberto Calderón Chirinos, jefe de la Dirección de de Investigaciones Estratégicas del Sebin
La Misión encontró motivos razonables para creer que funcionarios del Sebin de la Dirección de Investigaciones Estratégicas, bajo el liderazgo de Carlos Calderón Chirinos, director de Investigaciones Estratégicas, eran responsables de la inteligencia realizada sobre personas sospechosas de afiliación a la oposición política.
Los testigos también declararon a la Misión que Calderón Chirinos participaba directamente y ordenaba a sus subordinados cometer detenciones ilegales y actos de tortura u otras formas de maltrato.
«Como se demostró, personas que trabajaban para la Dirección de Investigaciones Estratégicas bajo su supervisión cometieron detenciones ilegales, así como actos de tortura y otros malos tratos y violencia sexual y de género. También, fue responsable de la falta de ejecución de las órdenes de liberación», expresa textualmente el documento.
Ronny González Montesinos, coordinador de “ Investigaciones de Campo” en la sede del Sebin, en El Helicoide.
La Misión recopiló información sobre la participación de Ronny González Montesinos en la identificación de objetivos afiliados a la oposición política para su vigilancia y detención.
La Misión dispone de copias de informes de inteligencia ordenados por González Montesinos contra personas y organizaciones sospechosas de estar afiliadas a la oposición política y realizados sin orden judicial.
«Los individuos de estas organizaciones fueron posteriormente detenidos de forma arbitraria, sin orden de arresto. Al menos uno de los detenidos fue torturado, incluso con violencia sexual», se denuncia.
Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la República
De igual forma, en el informe que Rodríguez era notificada de las escuchas telefónicas y vigilancia a opositores que hacía el Sebin.
Era una de las funcionarias que, según los testimonios, recibía la información y la transmitía a Maduro.
Iván Hernández Dala
La Misión de la ONU determinó que Hernández Dala, en su condición de jefe de la Guardia de Honor Presidencial, está en constante cercanía física con el Presidente Maduro y facilita el intercambio de información entre ambos.
Señalan que Hernández Dala «ordenó torturas tanto físicas como psicológicas», manteniendo a las personas detenidas en completo aislamiento, lo que se conoce internamente en la DGCIM como la “psicología del olvido”.
Esta práctica consistía en proporcionarle a la persona detenida una hidratación y alimentación mínimas, prohibirle el contacto con sus familiares y ordenarle que durmieran en el suelo bajo una iluminación constante.