54 ONG de Venezuela enviaron una carta a la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, en la que mostraron preocupación por las «conflictivas» relaciones en la frontera común, por lo que esperan que víctimas, organizaciones indígenas y de derechos humanos venezolanas sean incluidas en el proceso de paz, informó este jueves la ONG Provea.
Las organizaciones indicaron que la presencia y control de grupos armados y disidentes afectan «gravemente» a las condiciones de vida de migrantes venezolanos, refugiados colombianos y poblaciones indígenas. Además de su preocupación por las distintas violencias que sufren los residentes de los estados Bolívar y Amazonas, especialmente en la zona del Arco Minero del Orinoco.
«Le solicitamos transmita estas preocupaciones al presidente Gustavo Petro y al alto comisionado para la Paz, Iván Danilo Rueda, y consigne nuestra solicitud de que los Gobiernos de Colombia y Venezuela acuerden como necesaria la participación de las víctimas y organizaciones indígenas, de derechos humanos y ambientalistas venezolanas en el proceso de paz total«, añadieron.
Las más de 50 organizaciones que firman la carta a Francia Márquez le recuerdan que la frontera entre Colombia y Venezuela está bajo el control del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otras estructuras armadas ilegales, como disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Clan del Golfo y otros grupos más pequeños como el Cartel de Sinaloa, La Frontera, La Línea, el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Tren de Aragua.
Es por esto que, aseguran, «los hechos de mayor gravedad se presentan en territorio venezolano».
La carta está dirigida a la vicepresidenta colombiana por su extensa experiencia de activismo por los derechos de las comunidades campesinas e indígenas, así como por los derechos ambientales.
Desde su llegada al poder, el pasado 7 de agosto, el presidente Gustavo Petro ha insistido en impulsar una «paz total», una ambiciosa apuesta con la que busca negociar con los grupos al margen de la ley que todavía operan en el país y lograr un acuerdo como el que se alcanzó en su momento con las FARC o que incluya algún tipo de arreglo jurídico o de sometimiento a la Justicia.
El pasado 26 de octubre, la Cámara de Representantes de Colombia aprobó el proyecto de «paz total», que con esta votación ya tiene luz verde del Congreso para abrir las vías de negociación y sometimiento judicial para grupos armados.
Petro asegura que ha recibido cartas de casi todos los grupos armados ilegales que operan en el país en las que le expresan su deseo de sumarse a la «paz total», aunque ha subrayado que por el momento son simples misivas y no sabe lo sinceras que son.
Con información de TalCual