Aunque en 2022 volvió a disminuir la cifra de asesinados por fuerzas militares y policiales Lupa por la Vida destaca que no hay razones sólidas para señalar un cambio en la política de alta letalidad, ni medidas eficaces para superar la impunidad
Advirtieron sobre el resurgimiento de «prácticas abusivas» de las OLP en áreas geográficas pobres, con «activa presencia» de altos oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la planificación y conducción de los operativos y un «alto número de víctimas civiles» en cada intervención
El informe 2002 de ejecuciones extrajudiciales de la organización Lupa por la Vida denunció que policías y militares dieron muerte a 824 personas el pasado año en distintas circunstancias.
Lupa por la Vida resalta que 2022 se caracterizó por un «alto número de privaciones arbitrarias de la vida por parte de funcionarios policiales y militares, los cuales pueden constituir crímenes de lesa humanidad de asesinato».
El alto número de muertes, consideran, representa la «continuidad de una política de Estado de violaciones masivas y, a su vez, sistemáticas al derecho a la vida. La impunidad estructural conlleva a que la casi totalidad de estos homicidios no se investiguen. Dicha impunidad es también una política de Estado», denunciaron.
Insisten en que tampoco existe voluntad de adelantar» investigaciones genuinas de los más altos responsables de los crímenes». Además, consideran que los funcionarios policiales y militares reciben respaldo de las altas autoridades y altos mandos en el uso letal de la fuerza.
«De este modo, se ha institucionalizado la acción deliberada de producir muerte», alertan.
El informe se sustentó en una base de datos que construyeron en conjunto la Fundación Centro Gumilla –Centro de Investigación y Acción Social (CIAS) de la Compañía de Jesús en Venezuela– y Provea, a través del proyecto Lupa por la Vida.
Las fuentes del documento son fundamentalmente abiertas, a partir del monitoreo a medios de comunicación en los 23 estados del país y el Distrito Capital, información de minutas policiales a las que se tuvo acceso y páginas web y redes sociales de ministerios y cuerpos policiales.
Asimismo, se incluyeron denuncias de las víctimas en organizaciones de derechos humanos y entrevistas a familiares en algunas morgues del país.
A continuación, los elementos más resaltantes del informe
Datos generales y perfil de las víctimas
- De las 824 personas asesinadas, 501 (61%) pudieron ser identificadas y 323 (39%) no fue posible identificar.
- En cuanto a género, 806 (97,82%) fueron hombres y 18 (2,18%) mujeres. Lupa por la Vida destacó el incremento porcentual de víctimas mujeres al pasar del 1.04% en 2021 al 2,18% en 2022.
- La mayoría de estas víctimas eran jóvenes de entre 18 y 30 años de edad (66%), que viven en zonas populares.
- La disminución del número de víctimas se refleja en las siguientes cifras de los últimos tres años. En 2020, se contabilizaron 3.034 víctimas; en 2021, la cifra disminuyó a 1.414 y en 2022, hubo 824. La reducción porcentual entre 2020 y 2021 fue de 46,6% mientras que en 2022, en contraste con 2021, fue de 58,2%.
- El año 2022 mostró una continuidad en la disminución del número de víctimas reflejado en el informe 2021. Si bien este aspecto es positivo, «no hay razones sólidas para afirmar la existencia de una política de reducción significativa de la violencia policial y militar. Tampoco hay indicadores claros para señalar un cambio en la política de alta letalidad ni medidas eficaces para superar la impunidad», destaca el informe..
- El gobierno sigue sin dar información oficial sobre el número de personas asesinadas por las fuerzas públicas.
Se retoman prácticas de las OLP
El documento indica que bajo la gestión de la almirante Carmen Meléndez en el Ministerio del Interior, se desplegaron las llamadas acciones de seguridad ciudadana “Gran Cacique Indio Guaicaipuro”. Y, cuando la reemplazó Remigio Ceballos, se iniciaron las llamadas “Operaciones Trueno”.
«En esencia, se mantuvo el mismo modo de operar, repitiendo prácticas de las cuestionadas Operaciones de Liberación del Pueblo que se desarrollaron desde julio 2015 hasta 2017, con la perpetración de presuntos crímenes de lesa humanidad. Nuevamente, se toman policial y militarmente áreas geográficas de poblaciones pobres, donde se realizan allanamientos masivos, sin orden judicial, y se producen numerosas detenciones arbitrarias», denuncian
En estos operativos hay una «activa presencia» de altos oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la planificación y conducción de los mismos y «un alto número de víctimas civiles en cada intervención, con escaso registro de heridos o muertos por parte de los entes armados del Estado y la misma justificación de estar buscando a los lideres de las bandas armadas».
Lupa por la Vida considera que, hasta ahora, hay elementos suficientes para considerar que se pudiesen «estar perpetrando crímenes de lesa humanidad» en estos operativos.
PNB, el organismo más letal
El organismo más letal del año 2022 fue la Policía Nacional Bolivariana, a quien se le atribuyen 96 víctimas, equivalente al 24% del total nacional. Todo esto a pesar de que en julio de 2021 se anunció un proceso de reestructuración del cuerpo para que adoptaran prácticas respetuosas en DDHH.
De ellas, 36 corresponden a la Dirección Contra la Delincuencia Organizada (DCDO) y 2 a la extinta FAES.
Las policías estadales son las segundas que más producen muertes, con 193 asesinados. Las policías más letales son las Carabobo (49), Zulia (41), Aragua (22), Yaracuy (17) y Portuguesa (12).
En tercer lugar, en alto nivel de letalidad, se encuentra el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) con 142 asesinatos (17%).
Le sigue la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) con 129 presuntas ejecuciones extrajudiciales (16%). De sus componentes, el más letal es la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) con 111, se reportan también 21 ejecuciones por actuación del Comando Nacional Antisecuestro (CONAS), 12 por el componente Ejército y 2 por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
En 2022, además, resaltan cuatro ejecuciones del componente Aviación.
Del total de asesinatos, 115 fueron perpetrados en operativos de carácter mixto (14%), donde participan simultáneamente varios organismos policiales y militares.
Entretanto, las policías municipales fueron responsables de 45 presuntas ejecuciones extrajudiciales (6%) y aunque legalmente deben ser policías de carácter preventivo, «siguen asumiendo prácticas de intervención alejadas de su función principal».
Llama la atención las Cuadrillas de Paz (Cupaz), dadas a conocer por Nicolás Maduro en 2019, aparezcan como responsables de una ejecución.
«Es preocupante que le sea atribuible el asesinato de una persona a estos grupos que, en principio, no tienen legalmente responsabilidad para el uso de armas ni para realizar labores de seguridad ciudadana», consta en el texto.
Operaciones Trueno aumentaron el balance de víctimas
En el primer trimestre del año, la política de Estado de uso abusivo de la fuerza letal fue más intensa con la muerte de 328 personas (39%), del total de 824
Pero el mes con mayor cantidad de víctimas fue septiembre de 2022, con 121 asesinatos, algo que Lupa por la Vida relaciona con el despliegue de las “operaciones trueno”.
Y es que en ese mes se produjeron cinco operativos de esa naturaleza en los que murieron 53 personas.
Operativos de seguridad ciudadana militarizados
La casi totalidad de las víctimas contabilizadas en este informe murieron en el marco de los denominados “operativos de seguridad ciudadana” «cada vez más militarizados y con una destacada opacidad por parte de las autoridades sobre sus resultados».
Se precisa que cuando eventualmente se emite información no se identifica a las personas a las cuales se les causó la muerte ni hay información sobre los detenidos y lugares de detención.
Municipios con más víctimas
En 30 municipios del país se concentran la mayor cantidad de muertes a manos de cuerpos de seguridad: se asesinó en ellos a 520 personas durante 2022.
Las poblaciones de los municipios Sucre y Lander del estado Miranda son las que «sufrieron más el uso abusivo de la fuerza letal». En ellos se desplegaron las llamadas operaciones trueno.
¿Disolución de las FAES o reciclaje?
En junio de 2022, la exalta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, informó que había tomado nota de la disolución del cuerpo en atención a sus recomendaciones anteriores.
Pero, a la fecha, no se conoce ninguna información oficial escrita o declaración de algún alto funcionario del Estado sobre el tema.
El monitoreo de Lupa por la Vida constató la «desaparición progresiva de la actuación de las FAES en operativos de seguridad» y el cambio de las fachadas de las sedes operativas «sustituyendo las siglas FAES por la Dirección General contra la Delincuencia Organizada (DGCO) y las siglas Dirección de Investigaciones Penales (DIP)».
No obstante, oficialmente no se ha informado sobre el proceso de depuración policial o si se han abierto investigaciones administrativas o de la Fiscalía contra funcionarios del componente FAES señalados como presuntos responsables de ejecuciones, incluyendo lo que fue su cadena de mando.
Masacre contra yanomamis impune
Lupa por la Vida recordó que el 20 de marzo de 2022 se registró el asesinato de 4 indígenas del pueblo Yanomami en la localidad de Parima B, municipio Alto Orinoco, estado Amazonas, por parte de funcionarios de la Aviación.
En el hecho también resultó herido el joven indígena Borges Sifontes, quien luego de ser atendido en el hospital de Puerto Ayacucho fue trasladado de manera arbitraria al hospital militar Carlos Arvelo de Caracas.
«La actuación del componente Aviación, ratifica lo perjudicial que resulta la actuación de la fuerza armada no preparada para el uso proporcional y diferenciado de la fuerza y
lo vulnerable de los pueblos indígenas en un contexto de existencia de grupos armados irregulares y alta presencia militar en sus territorios», reclaman.
Indican que aunque fueron designados fiscales del Ministerio Público para investigar el suceso, «no existe información sobre avances en las investigaciones y, a septiembre de 2022, los militares presuntamente responsables se encontraban en libertad».
Primer año desde 2013 sin muertes en protestas
Un elemento positivo a destacar es que, por primera vez, desde 2013, no se registraron muertes de manifestantes en protestas en Venezuela.
En 2021 se registró el asesinato de un manifestante, mientras que en 2020 hubo seis.
Desde 2013 hasta 2022 perdieron la vida 284 personas en contexto de protestas, la mayoría por agentes de seguridad del Estado y por grupos paramilitares progobierno.
