«El derecho a la identidad no es una gracia del Estado, es su obligación, y este simplemente debe reflejar lo que el ciudadano decida como identidad y no imponerla, y mucho menos sujetar a la mujer a tratos ajenos a la dignidad humana», finalizó denunciando la ONG.
Según Acceso a la Justicia, para tal exigencia no existe base constitucional ni legal alguna, para imponerle a los ciudadanos un «código de vestimenta»
Este miércoles, 24 de mayo, la ONG Acceso a la Justicia afirmó que el código de vestimenta que recientemente impuso el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) es discriminatorio y viola los derechos humanos de los venezolanos.
Según Acceso a la Justicia, no existe base constitucional ni legal alguna para imponerle a los ciudadanos un «código de vestimenta».
En un video publicado por el Saime, el cual fue borrado horas después, se afirma que existe dicho código, el cual implica entre otras limitaciones, las siguientes: prohibición de «ropa informal», lo que se traduce explícitamente en ir en shorts, minifaldas, monos deportivos, leggins, camisas con escotes o pantalones con roturas.
"SAIME" es tendencia por el vídeo que publicaron sobre su "código de vestimenta" para poder ingresar a cualquiera de sus instalacionespic.twitter.com/2F0WziuAlE
— ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) May 20, 2023
A criterio de la ONG la mayoría de las prohibiciones son claramente contra las mujeres, y en nada se diferencian de las establecidas en aquellos países donde estas son «ciudadanas de segunda categoría», en la medida en que se imponen para que las mujeres no «estimulen» o peor aún, «provoquen a los funcionarios».
Darle más importancia a una vestimenta determinada que a ofrecerte la prestación de un servicio, por ejemplo, ante el Saime, es una violación a tu derecho a la identidad. Lo explicó @alijdaniels a @amilagrosparra y @rdelbufalo en una nueva entrevista de @AMediasPod #JusticiaVe pic.twitter.com/odsT1cYo0K
— Acceso a la Justicia (@AccesoaJusticia) May 24, 2023
«Consideramos que estas exigencias configuran una especie de ‘burka criollo’ al negarles a las mujeres la libre expresión de su identidad, aseveró la ONG.
Los códigos de vestimenta
Acceso a la Justicia cuestiona en manos de quién queda determinar cuándo una falda es muy corta, si existe o no un escote o qué tan recatada es la vestimenta de una mujer, lo que otorga a los funcionarios del Saime una discrecionalidad para atender a las personas.
«La discriminación no termina allí, pues también se prohíben los pantalones cortos o shorts, lo cual, sin que sepamos por qué, también acoge a los bermudas, pantalón particularmente cuestionado por funcionarios a lo largo y ancho de la administración pública venezolana», agrega Acceso a la Justicia.
La organización sumó que el uso de sandalias tampoco está permitido, lo cual, «una vez más, niega nuestro carácter de país tropical y, sobre todo, la pobreza, pues para muchos venezolanos optar por un calzado diferente no es una opción».
Acceso a la Justicia afirma que lo exigido por el Saime no es más que la expresión oficial de una costumbre que lleva años, en la que además se incluye el color del pelo y muchas otras exigencias discriminatorias en las que el Estado impone una identidad al ciudadano.
